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Miles de personas piden en Barcelona el referéndum independentista

Miles de personas piden en Barcelona el referéndum independentista

Miles de personas piden en Barcelona el referéndum independentista

BARCELONA.- Decenas de miles de personas tomaron hoy el centro de Barcelona en el día de la fiesta oficial de Cataluña exigiendo al gobierno de Mariano Rajoy que se celebre la consulta independentista del 9 de noviembre en la región del noreste de España.

Dos multitudinarias columnas de manifestantes formaron una “V” en el centro de la ciudad entre consignas secesionistas, banderas independentistas catalanas y el lema “9-N votaremos. 9-N ganaremos”.

Fue a las 17:14 horas local, recordando el año 1714, en el que el 11 de septiembre las tropas borbónicas de Felipe V tomaron Barcelona en la Guerra de Sucesión española. La caída supuso la abolición de las instituciones catalanas. Y cada 11 de septiembre, Cataluña celebra la Diada en recuerdo de aquello.

El 9 de noviembre es el día en el que el jefe del Ejecutivo regional de Cataluña, Artur Mas, ha fechado el referéndum de autodeterminación que Rajoy asegura que impedirá porque es inconstitucional.

Hubo caras conocidas entre los manifestantes, vestidos bajo el sol y el calor con camisetas rojas y amarillas, los colores de la bandera catalana. Uno de ellos fue el jugador del Barça Gerard Piqué, acompañado por Milan, el hijo que tiene con la cantante colombiana Shakira.
Formación en V

Medio millón de personas se inscribió para la formación de la “V” a lo largo de 11 kilómetros sobre la Gran Vía y la Avenida Diagonal, dos de las grandes arterias de la segunda ciudad de España.

La manifestación fue organizada por la plataforma ciudadana Asamblea Nacional Catalana (ANC) y la entidad Ómnium Cultural, que promociona la lengua catalana.

El jefe del gobierno regional catalán no participó, como ya ocurrió el año pasado, cuando una cadena humana atravesó Cataluña de norte a sur pidiendo la consulta en la región, de 7,6 millones de habitantes. Sí estuvieron el portavoz de su gobierno y el alcalde de Barcelona.

Mas habló por la mañana y aseguró su compromiso con el referéndum. “En este momento no hablaré de otro escenario que no sea la consulta del 9 de noviembre, manifestó. Dijo tener “todo a punto” para celebrarla y pidió a Rajoy pararse a “escuchar el clamor de los que quieren votar para decidir su futuro político en un plano de entendimiento con los pueblos de España”.

La respuesta del jefe del Ejecutivo español llegó poco después a modo de metáfora, durante una visita a la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), en Madrid, donde destacó los beneficios de la solidaridad y la unidad. “Esta realidad hace que por ejemplo un andaluz viva con un corazón catalán” gracias a un trasplante, dijo.

En esta Diada se movilizan también los defensores de la unidad. Societat Civil Catalana, una plataforma ciudadana contra la independencia, llamó a una marcha en la ciudad catalana de Tarragona.

El porcentaje de catalanes a favor de la secesión no está claro. Las encuestas van desde el 35 al 55 por ciento. Lo que sí muestran todas es una mayoría que quiere votar sobre su futuro.

Agencias EFE y DPA.

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La Asamblea General dispuesta a aprobar un marco regulador para procesos sobre deuda

La Asamblea General dispuesta a aprobar un marco regulador para procesos sobre deuda

Asamblea Generalde la ONU Foto archivo: ONU/Ryan BrownVER PROYECTO DE RESOLUCION (A/68/L.57/Rev.1)

09 de septiembre, 2014 — La Asamblea General de la ONU adoptó hoy una resolución en la que pugna por el establecimiento de un marco jurídico multilateral para regular la reestructuración de la deuda pública de los países. Promovido por Bolivia en su calidad de presidente del G77 más China, el texto obtuvo 124 votos a favor, 11 en contra y 41 abstenciones.

La votación del documento ocurrió mientras Argentina libra una batalla con varios fondos especulativos o “buitres” que se negaron a aceptar el acuerdo de reestructuración negociado entre el país y más del 90% de sus acreedores.

La resolución pide intensificar los esfuerzos por prevenir las crisis de deuda mejorando los mecanismos financieros internacionales de prevención y solución de crisis, en cooperación con el sector privado con miras a hallar soluciones aceptables para todos.

Asimismo, anticipa que durante el próximo periodo de sesiones de la Asamblea General negociará y aprobará antes de que termine 2014 el marco regulador para los procesos de reestructuración de deuda soberana.

El texto explica que el propósito de ese marco jurídico será aumentar la eficiencia, estabilidad y previsibilidad del sistema financiero internacional y lograr un crecimiento y desarrollo económico sostenido, inclusivo y equitativo de conformidad con las circunstancias y prioridades nacionales.

A la votación acudió el ministro de Exteriores de Argentina, Héctor Timmerman, quien opinó que esa normativa permitirá que los países salgan de las crisis de manera sustentable y respetando a la mayoría de sus acreedores.

Entre los Estados que votaron en contra estuvo Estados Unidos, que argumentó que la resolución suscitaría incertidumbre en el mercado.

El representante de Bolivia ante la ONU, el embajador Sacha Llorenti, cuyo país ostenta la presidencia del Grupo 77 más China, consideró “histórica” la adopción por la Asamblea de esta resolución, que abre un proceso para establecer un mecanismo jurídico multilateral que permita reestructurar las deudas soberanas.

En conferencia de prensa, manifestó que el texto coloca por primera vez este tema en la instancia más democrática y legítima del sistema multilateral: la Asamblea General de la ONU donde, subrayó, todos los países tienen un voto sin tener en cuenta el tamaño de sus economías o su poderío militar.

“Se nos ha dicho que se apresuran las cosas y que esta decisión es prematura. Creemos que esta resolución viene en algunos casos demasiado tarde y que la comunidad internacional no había estado hasta este momento a la altura de las responsabilidades para tratar un tema que no es solamente financiero”, afirmó.

El diplomático boliviano destacó que este tema también tiene que ver con el crecimiento económico de los países, con el desarrollo y con el respeto de los derechos humanos de los pueblos.

Argentina acogió con beneplácito la adopción de esta resolución. El canciller argentino, Hector Timmerman, que presenció la votación del texto en la máxima instancia de Naciones Unidas, subrayó en conferencia de prensa que no debe repetirse la situación que atraviesa su país, por la existencia de distintos marcos legales para la restructuración de deuda.

“La Argentina está orgullosa de que 124 países, el 70 % de los presentes en el debate haya expresado tan claramente que teníamos razón en venir a las Naciones Unidas. Lo que se ha logrado hoy, debe ser continuado con el impulso y el trabajo de todos los países miembros”, afirmó.

Explicó que Argentina se va a reunir con aquellos Estados que no acompañaron la resolución para escucharlos y para que contribuyan con sus opiniones a redactar el mejor marco legal regulatorio.

Estados Unidos, el Reino Unido, Japón, Canadá, Australia e Israel votaron en contra, entre otros países, en tanto que México, Francia, Italia y España se incluyeron en el grupo de los que se abstuvieron.

El canciller argentino consideró que el nuevo mecanismo pondrá límites a los fondos especulativos, también conocidos como “fondos buitres”, que se aprovechan de la ausencia de reglas internacionales para bloquear la restructuración acordada de deudas.

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“Que Hamás use escudos humanos, no autoriza a Israel a dispararlos”

“Que Hamás use escudos humanos, no autoriza a Israel a dispararlos”

“Que Hamás use escudos humanos, no autoriza a Israel a dispararlos”“En ninguna ofensiva anterior, el nivel de destrucción había sido tan brutal”. Antonio Zubillaga, responsable de protección de derechos de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados (UNRWA) en Gaza, fue testigo de los bombardeos durante la Operación Margen Protector, que el Ejército de Israel lanzó contra Hamás en la Franja, entre el 8 de julio y el 26 de agosto. “Cuando empezaron los ceses al fuego fallidos en las últimas semanas, la gente salía a la calle y pensaba que todo se había acabado, pero a la noche siguiente el bombardeo era mucho más fuerte y la gente llegaba y nos decía ‘no me queda otra más que morir, lo que no sé es dónde y cuándo”.

 Como consecuencia de los ataques, Gaza ha perdido, según Zubillaga, sus infraestructuras físicas. “Se han destruido la única planta eléctrica que hay en Gaza, toda la infraestructura de agua y la de saneamiento. Así que todo está lleno de aguas sucias y fecales y el mar está contaminado, explica el trabajador de UNRWA. Según los recuentos de la ONU, 20.000 casas han sido derruidas, “lo que significa que unas 100.000 personas, a una media de cinco personas por casa, no tienen dónde ir una vez que han terminado las hostilidades”, añade.

 Pero hay un tercer nivel de destrucción, el del tejido social. “Han muerto familias enteras, así que hay niños, niñas y ancianos que se han quedado solos”, lamenta Zubillaga. La UNRWA calcula que “hay 143 familias en las que han muerto al menos tres de sus miembros”, durante 50 días de conflicto en los que han fallecido 2.138 palestinos -490 menores- y 70 israelíes.

 Las instalaciones de la ONU no se han librado tampoco de la devastación. Al menos 100 edificios “sufrieron daños colaterales”. “Significa que la instalación no fue atacada directamente, pero no dice nada sobre la gravedad, porque muchas de estas instalaciones quedaron completamente destruidas”, aclara el responsable de derechos de la UNRWA.

 Además, según puntualiza Zubillaga, cinco escuelas con refugiados “fueron atacadas directamente, y en tres de ellas hubo muertes de civiles y de personal de la ONU, en total, 40 fallecidos”. El Ejército de Israel se justificó “diciendo primero que no habían sido ellos, luego dijo que podía haber sido Hamás y por último que les habían atacado desde dentro”. Pero, para Zubillaga, ninguna explicación es válida: “En ninguna escuela encontramos indicios de que se estuviera disparando o de que hubiera miembros de Hamás o de cualquier otra facción armada palestina”, defiende el trabajador humanitario, que cada día informaba al Ejército de Israel de la posición exacta de las instalaciones de la ONU. Sin embargo, recuerda, “encontramos armas almacenadas en tres escuelas donde no había civiles y se lo comunicamos al Ejército de Israel”.

 Zubillaga colabora ahora recopilando información para buscar responsabilidades. “1.500 civiles han muerto en Gaza y no puede haber impunidad”, denuncia. Según el trabajador de la UNRWA “ha habido una violación permanente de los derechos de los palestinos”, aunque, según admite, las dos partes del conflicto han violado los derechos humanos, por ejemplo, en la alteración del principio de distinción, que exige diferenciar entre civiles y no civiles en una acción militar. También han sido violados los principios de proporcionalidad, es decir, responder a un ataque con una intensidad similar, y de precaución, para minimizar los daños colaterales. “El atentado contra la población civil más claro es el desplazamiento forzado de la gente, que llegó a un pico de 300.000 personas, entre los palestinos registrados en los albergues de la ONU, aunque se calcula que había 200.000 más, y eso, en una población de 1,8 millones de personas, es una absoluta barbaridad”.

 Zubillaga admite que Hamás ha utilizado en ocasiones a la población civil como escudos humanos y que ha disparado sus cohetes desde zonas densamente pobladas. Pero el delito de la organización islamista, sostiene, “no autoriza a Israel a disparar a la población civil”. “En el derecho internacional no existe el principio de reciprocidad, es decir, que si yo hago una cosa mal no te autorizo a ti para hacer otra cosa mal”, defiende el experto. Y pone un ejemplo: “¿Qué haría Israel si uno de los famosos túneles de Hamás sale a una escuela con 500 niños israelíes y se pone a disparar? ¿Bombardearía y mataría a los 500 niños? Obviamente no”. Entonces, se pregunta, “¿por qué sí en Palestina?”.

 

 

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Sovereign Debt Litigation Against Argentina: An Aberration or A New Routine?

Sovereign Debt Litigation Against Argentina: An Aberration or A New Routine?

haykHayk Kupelyants is a PhD candidate at Sidney Sussex College, University of Cambridge.

Argentina’s 2001 economic crisis led to one of the most extensive sovereign debt restructurings in history. In hindsight, it was also one of the harshest, in terms of Argentina’s negotiating stance and the losses incurred by bondholders. Ninety-three percent of holders of Argentine sovereign bonds eventually accepted the terms of two restructurings in 2005 and 2010, but seven percent of bondholders, holding an approximate US $4 billion of Argentine sovereign bonds “held out,” or declined to accept restructured bonds. The plaintiffs in the litigation discussed in this post hold US $1.7 billion, which they seek to recover through litigation in US courts.

NML Capital and other hedge funds purchased the Argentine bonds on the ‘secondary market’, i.e. on the market of previously issued financial instruments, from the original owners of bonds. The business model of hedge funds specialising in distressed debt is to purchase sovereign debt or judgments against a sovereign on the secondary market at a deeply reduced price to their par and, by consistently holding out from the renegotiation process and aggressively litigating, recover the full value of the bonds. The Argentine bonds purchased by the hedge funds contained choice of forum clauses in favour of New York courts, choice of law clauses in favour of New York law and broad waivers of sovereign immunity. The combination of these clauses should havemade the effort of recovering the debt much less painful. However, the hedge funds’ continuous efforts  to enforce US judgments in their favour around the world have so far been modestly successful at best.

In the view of many, the balance of powers may change as a result of the recent US litigation. The US court litigation discussed in this blog post has been called ‘the trial of the century’ or the litigation that will change the landscape of sovereign debt restructurings. It has been remarkable, as the hedge funds have come close to being repaid under the bonds purchased on the secondary market. In an unprecendented turn of the litigation, the holdout creditors have obtained third-party injunctions from US courts that have driven a sovereign state to default.

The US Litigation

The recent litigation in the US courts has focused on the nebulous pari passu clause in the Argentine bonds, which provides:

“The Securities will constitute … direct, unconditional, unsecured and unsubordinated obligations of the Republic and shall at all times rankpari passu without any preference among themselves. The payment obligations of the Republic under the Securities shall at all times rank at least equally with all its other present and future unsecured and unsubordinated External Indebtedness.”

The meaning and scope of the pari passu clause is controversial. Two main interpretations of the clause have been put forward. The first and more controversial construction argues that the clause requires equal payment to all bondholders. Under this construction, a sovereign debtor is obliged to pay to all bondholders, even those who held out from the sovereign debt restructuring. The second, conventional interpretation argues that the clause merely ensures equal legal ranking and no factual equality in terms of payment. Under this interpretation, the sovereign debtor may not legally subordinate the sovereign bondholders (e.g., through legislation that gives preference to another group of creditors), however the clause does not require payments to all bondholders. (See my blog post offering a third alternative reading of the clause.)

The Second Circuit Court of Appeal in NML v. Argentina has endorsed the former interpretation. The Court of Appeal found that:

“[W]e conclude that in pairing the two sentences of its Pari Passu Clause, the FAA manifested an intention to protect bondholders from more than just formal subordination. The second sentence (“[t]he payment obligations … shall at all times rank at least equally with all its other present and future unsecured and unsubordinated External Indebtedness.”) prohibits Argentina, as bond payor, from paying on other bonds without paying on the FAA Bonds.

Enforcement

It has never been easy to enforce judgments against sovereigns. It was no great surprise, then, that the Argentine Republic did not comply with the judgment ordering it to pay its debts to the plaintiff bondholders. To date, the holdout creditors remain unpaid. But what is unique about this litigation is that the plaintiffs were able to secure injunctions from the US court preventing third parties located in the United States from executing Argentina’s payments to the restructured bondholders.

On the basis of the expansive interpretation of the pari passu clause, the third-party orders enjoined, under the risk of contempt of court, financial institutions—including the trustee under the bonds, Bank of New York Mellon—to make payments to the holders of the debt restructured in 2005 and 2010, until Argentina complied with the judgment and paid the plaintiffs in full.

As the deadline for payment under the restructured bonds approached, the rather reasonable expectation of the plaintiff bondholders was that Argentina would eventually prefer to pay the holdouts rather than default on the restructured bonds. This assumption proved incorrect. Failing all expectations, Argentina missed payments on its restructured bonds on 30 June 2014, which technically led it to default (though Argentina contests the default).

Argentina’s President, Cristina Fernández de Kirchner, introduced draft legislation that would offer restructured bondholders the option of shifting the situs of bond payments to Argentina and the applicable law to Argentinean domestic law. The aim of this legislation is to circumvent the enforcement of US judicial injunctions. The plaintiff bondholders argue that this would deal a fatal blow to their enforcement strategies. The legislation would also remove BNY Mellon as the trustee under the bonds and would replace it with a local financial institution not subject to the jurisdiction of US courts. Many have doubted the legality of the proposed swaps. Because the swaps are designed to evade the application of the US court judgments, any parties involved in making payments to the restructured bondholders that would ‘aid and abet’ them may be found in contempt of court. In addition, if done through a majority action clause (a contractual provision that allows the majority of bondholders to modify sovereign bonds, with binding effect upon minority bondholders) contained in a restructured bond, such a modification may be in breach of the implied good faith obligation owed by majority to minority bondholders.

More Litigation and Diplomatic Action

The failure of BNY Mellon to channel the payments to bondholders has sparked litigation by bondholders claiming that the BNY Mellon has failed to meet its obligations as trustee towards the bondholders by refusing to transfer money escrowed by the Argentine Republic to pay the bonds. A pending action before the Belgian Commercial Court seeks to force Euroclear and Bank of New York Mellon Brussels to honour their obligations to pass through funds received for the benefit of the Belgian plaintiffs under their euro-denominated exchange bonds. A similarly-drafted action has been brought before English courts.

The pari passu litigation has also prompted actions on the international level. First, Argentina repeatedly appealed to the White House to rein in the consequences of the pari passu decision, only to receive no positive response. Then, the Argentine Republic filed a complaint against the United States before the ICJ on the ground of “violations of Argentine sovereignty and immunities and other related violations as a result of judicial decisions adopted by US tribunals concerning the restructuring of the Argentine public debt.” The claim is predicted by many to fail for want of jurisdiction over the United States.

Broader Ramifications

Following the pari passu litigation, many argued that there is an acute need to reform sovereign debt restructurings. IMF Chief Christine Lagarde suggested review of debt restructuring principles should Argentina default on its payment obligations as a result of the pari passu litigation.

Such reactions are somewhat exaggerated. A recent decision of the District Court for SDNY in Export–Import Bank of the Republic of China v Grenada, 2013 WL 4414875, 4 (S.D.N.Y. 2013) read narrowly the holding in NML v Argentina. In NML v Argentina, the court considered that Argentina passed legislative enactments and executive declarations that seriously affected the entitlements of creditors, in particular, the so-called “Lock Law” that prohibited the State from opening negotiations with holdout creditors. This stood in contrast from the less shocking case before the court where Grenada made payments to consenting bondholders and refused to pay to non-consenting bondholders ‘unless resources become available to do so’. Although some doubts remain, it still seems that the fears of collateral damage arising from the ruling in NML v Argentina are largely dissipated by this ruling. A general sense is that the judgment of the Second Circuit in NML v Argentina was largely predicated upon Argentina’s uniquely recalcitrant stance during its restructuring.

The force of the plaintiffs’ actions in the US court litigation lay in the combination of the pari passu clause and the equitable third-party orders. Absent third-party orders, the pari passu argument would not have gotten the plaintiffs so far. Sovereign immunity, the inability to compel a foreign sovereign and the weakness of contempt of court sanctions in respect of a foreign sovereign would have enabled Argentina to ignore the US court judgment. Only with the addition of third-party orders were the plaintiffs able to lead Argentina to default. Third-party injunctions are equitable in nature, and the judge enjoys broad discretion in their issuance. The overall context of any future sovereign bond litigation would be relevant to the decision whether to issue equitable third-party orders, and it may be reasonably assumed that such orders will be used sparingly – only in the most extreme of the situations.

 

 

 

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“Soberanía argentina en Malvinas a 50 años del alegato Ruda”

El Canciller Timerman presentó hoy el libro “Soberanía argentina en Malvinas a 50 años del alegato Ruda”

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina alegato_ruda.pdf

Jueves 04 de Septiembre de 2014. Información para la Prensa N°: 233/14

El Canciller Héctor Timerman, junto al Secretario de Asuntos Relativos a Islas Malvinas, Daniel Filmus, presentó hoy en el Palacio San Martín el libro “Soberanía argentina en Malvinas a 50 años del Alegato Ruda”, editado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto para conmemorar el 50º aniversario de la histórica presentación sobre la Cuestión de las Islas Malvinas realizada por el Embajador José María Ruda, Delegado Argentino ante el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas.

Así, se rindió homenaje al Embajador José María Ruda, a 50 años de su histórico alegato, a través del cual por primera vez la Argentina expuso ante las Naciones Unidas los fundamentos de sus derechos en la Cuestión Malvinas.

“La publicación recuerda el inicio de nuestra defensa de las Islas, de la soberanía argentina en la ONU. En el año 1960 se desarrolló el derecho a la independencia de los pueblos subyugados y el fin del colonialismo en las Naciones Unidas; en el año 1964 Ruda realiza su alegato y en 1965 se reafirma que las islas Malvinas y sus espacios marítimos circundantes son un problema de colonialismo pero un caso especial de colonialismo”.

“Esta semana se cumplen 50 años de ese alegato tan importante de un embajador argentino y también se cumple algo de lo cual siempre tenemos que estar orgullosos: un gobierno radical en el año 64 y un gobierno peronista en el año 1948 con un político socialista (Atilio Bramuglia, entonces Canciller) todos defendiendo una sola causa, que es la recuperación de las islas Malvinas, y la recuperación de las islas Malvinas es nuestra forma de luchar contra el colonialismo siendo que la Argentina es un país que nace de la lucha contra el colonialismo y siendo que el pueblo argentino siempre apoyó todas las lucha contra el colonialismo”.

“La argentina, siempre, repito, es un país que no está completo hasta que no recupere la soberanía sobre toda su geografía, y esa geografía incluye las islas Malvinas, las Georgias del Sur, las Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. No hay ningún país del mundo que apoye la, posición británica, y has mas de 190 países que han expresado públicamente, que han firmado declaraciones apoyando la posición argentina porque es la posición de la justicia; es la posición del derecho internacional”,

Por su parte, el Secretario Filmus destacó la necesidad de afianzar la Cuestión Malvinas como una cuestión de Estado en la Argentina. “Estas publicaciones que a lo largo y a la ancho del mundo defienden la perspectiva argentina respecto al ejercicio de la soberanía sobre Malvinas tienen por objetivo mostrar que esto es efectivamente una política de Estado”.

“Hace 50 años que Reino Unido, basado en su poderío militar, desconoce la obligación de negociar que se desprende de la Resolución 2065 y mantiene una insostenible situación colonial en pleno Siglo XXI. La comunidad de naciones sigue apoyando fuertemente el reclamo argentino y en todos los organismos multilaterales respalda la posición argentina. Se trata de una política de Estado que han sostenido todos los gobiernos democráticos independientemente de su color político”, agregó Filmus.

 

 

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Diez años de la Argentina como sede de la Secretaría del Tratado Antártico

Diez años de la Argentina como sede de la Secretaría del Tratado Antártico

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República ArgentinaEl Canciller Héctor Timerman y el Secretario Ejecutivo de la Secretaría del Tratado Antártico, Manfred Reinke, presidieron esta mañana en el Salón Libertador del Palacio San Martín el acto de celebración por los primeros diez años del funcionamiento de la Secretaría del Tratado Antártico en nuestro país.

Luego de que el Secretario Reinke agradeciera la colaboración constante, el compromiso efectivo y la permanente disposición de la Argentina con las acciones y tareas de la Secretaría del Tratado Antártico, el Canciller recordó que “la Argentina ha sido protagonista desde los inicios del proceso evolutivo del Sistema del Tratado Antártico y contribuye sostenidamente a mantener el espíritu que lo identifica”.

El Canciller argentino recordó que “a fines de la década de 1980, las Partes Consultivas del Tratado Antártico advirtieron la necesidad de contar con una estructura administrativa estable que concentrara y circulara la información y documentos producidos y, a la vez, apoyara los circuitos de negociación, en un contexto de creciente complejidad y variedad de las agendas. De esta manera comenzaron las negociaciones tendientes a establecer una Secretaría del Tratado Antártico, la cual debería ser pequeña y eficiente, procurando evitar la creación de una gran estructura burocrática”.

“Hoy podemos decir que ese objetivo se ha logrado. La Secretaría del Tratado Antártico es el fruto de los esfuerzos mancomunados que todas las Partes Consultivas realizaron durante muchos años. Ser Sede de esta trascendente institución constituye un motivo de orgullo, pero también un compromiso y una responsabilidad que excede a la Secretaría como tal, proyectándose a todos los Estados miembros del Tratado que depositaron su confianza en nosotros al momento de decidir el lugar en que la misma se emplazaría”, afirmó el Canciller.

Timerman añadió que el aniversario por los primeros diez años del funcionamiento de la Secretaría del Tratado Antártico en nuestro país “adquiere especial relevancia frente al contexto de un escenario internacional que presenta múltiples focos de conflicto y desencuentros”.

“Aún antes de la entrada en vigor del Tratado, cabe señalar como hitos de nuestra antigua relación con la Antártida el privilegio de tener en funcionamiento la estación científica más antigua de la Antártida: la base Orcadas, establecida en 1904 y el primer organismo en el mundo dedicado exclusivamente a las investigaciones antárticas, el Instituto Antártico Argentino, creado en 1951”, añadió.

El jefe de la diplomacia argentina subrayó que desde la entrada en vigor del Tratado en 1961, “la plena vigencia de los principios de paz, libertad de investigación científica y cooperación en él consagrados, han garantizado la utilización de la Antártida exclusivamente para fines pacíficos, tal como lo destaca su preámbulo. El Sistema del Tratado Antártico no sólo se ha mantenido en el tiempo, lo que de por sí es ya un logro importante, sino que, con el paso de los años, ha ido ampliando la protección acordada a este Continente a través de nuevos instrumentos jurídicos internacionales”. -

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Bolivia explica en la ONU los detalles de su demanda contra Chile

Bolivia explica en la ONU los detalles de su demanda contra Chile

Bolivia explica en la ONU los detalles de su demanda contra Chile05 de septiembre, 2014 — El ex presidente de Bolivia, Carlos Mesa, representante internacional de su país para la causa marítima, se reunió este viernes con el Secretario General de la ONU y le presentó los argumentos en los que se basa la demanda contra Chile presentada ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Mesa explicó en una conferencia de prensa en la sede de la ONU que Bolivia busca acceso soberano al mar tras haberlo perdido después de la guerra del Pacífico en 1879.

En 1904, Bolivia y Chile firmaron un acuerdo de paz que no alcanzó a resolver esa disputa, agregó.

El diplomático boliviano indicó que su país lleva 110 años de conversaciones bilaterales con Chile sobre la cuestión y que aún no se ha logrado una solución al problema, por lo cual se decidió llevar el caso a la Corte en la Haya.

“A pesar de haber firmado el Tratado de 1904 el propio Estado chileno reconoció que el tema no estaba resuelto y durante más de 80 años, seis gobiernos de Chile, le hicieron varias veces, siete en concreto, ofertas a Bolivia para otorgarle una salida soberana al Océano Pacífico”, explicó el ex presidente.

Especificó además que a pesar de esos compromisos, Chile nunca concretó esas ofertas por lo cual se justifica una demanda jurídica.

En la guerra de 1879, Bolivia perdió 120.000 kilómetros cuadrados de territorio y 400 kilómetros lineales de costa.

Chile impugnó la competencia de la Corte Internacional y dijo que no puede juzgar el caso porque ese órgano judicial se constituyó después de la firma del acuerdo de 1904 entre Chile y Bolivia.

 

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Entrada en vigor de la Convención de Naciones Unidas sobre Cursos de Agua Internacionales de 1997, por Nicolas Boeglin

Entrada en vigor de la Convención de Naciones Unidas sobre Cursos de Agua Internacionales de 1997, por Nicolas Boeglinpor Nicolas Boeglin*

 El pasado 17 de agosto del 2014, entró oficialmente en vigor la “Convención sobre el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación” adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1997 (ver texto completo). Ello obedece al hecho que en esa fecha se cumplieron los 90 días posteriores a la ratificación número 35 (la de Vietnam, obtenida el 17 de mayo del 2014), tal y como lo establece el texto de este tratado internacional, en su artículo 36.

Han sido muchos años de espera para los que pretendieron lograr, pocos años después de la adopción de la Declaración de Río sobre Ambiente y Desarrollo de 1992, que los miembros de la comunidad internacional aceptaran, en un instrumento a vocación universal, un mínimo de reglas (incluyendo las de carácter ambiental) para permitir una gestión y aprovechamiento conjuntos y armoniosos entre Estados de cuerpos de agua compartidos.

Un instrumento novedoso:

Se trata de un instrumento internacional que, como viene siendo la práctica cuando se intenta explorar un ámbito del derecho internacional desde una nueva perspectiva, recurre a la técnica de la convención marco (“convention-cadre” en francés o “framework convention” según la denominación en inglés): esta expresión refiere a un tipo muy peculiar de convención internacional, usualmente utilizada en materia de salud, de energía, de transporte o de protección del ambiente, que sistematiza un conjunto de principios generales que puedan servir de base para establecer una cooperación entre Estados. Se les reconoce a estos últimos un margen de maniobra para detallar y finiquitar en acuerdos posteriores más específicos, y con reglas mucho más precisas, el contenido de esta cooperación. “The character of an agreement as a framewok is mainly established by the decision of the contracting parties to delegate questions that are relevant for achieving the agreement´s objective to additional regulations” (Nota 1).

En el caso de la Convención de 1997, el conjunto de reglas ofrecido pretende servir de base para facilitar la cooperación entre Estados en todo lo relacionado a la gestión, aprovechamiento, uso y protección de los cursos de agua internacionales. Uno de los primeros artículos (el artículo 3) refiere precisamente (y de manera sumamente detallada) a los acuerdos bilaterales o regionales preexistentes o a los que los Estados quisieran adoptar con posterioridad a esta Convención: el artículo 3 es uno de los artículos más extensos de la Convención, con 6 incisos. Además de evidenciar la preocupación de los Estados con relación a los efectos de esta Convención sobre acuerdos previos, este artículo 3 también confirma el carácter de “acuerdo marco” antes mencionado de la misma.

El conjunto de reglas generales recogido en esta Convención parte de una noción mucho más integral que la clásicamente usada de “rio internacional” o de “río fronterizo” al definir su artículo 2 la noción de “curso de agua internacional” de la siguiente manera: “A los efectos de la presente Convención: a) Por “curso de agua” se entenderá un sistema de aguas de superficie y subterráneas que, en virtud de su relación física, constituyen un conjunto unitario y normalmente fluyen a una desembocadura común; b) Por “curso de agua internacional” se entenderá un curso de agua algunas de cuyas partes se encuentran en Estados distintos;“. Como se puede apreciar, esta definición va más allá que la de un caudal de agua contenido en el cauce de un río (o la de la superficie lacustre en el caso de un lago), y se extiende tanto a las aguas superficiales como a las aguas subterráneas. En consonancia con este esfuerzo conceptual, podemos citar, a modo de ejemplo las recientes iniciativas en España para delimitar oficialmente “la parte española de las demarcaciones hidrográficas correspondientes a las cuencas hidrográficas compartidas con otros países” (ver artículo 3 del Real Decreto 125/2007 – 2 de febrero del 2007-, por el que se fija el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas en territorio español). En disonancia con este avance conceptual, podemos recordar que, en la primera controversia con relación a los derechos de navegación en el Río San Juan entre Costa Rica y Nicaragua llevada ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), ambos Estados no lograron una calificación del San Juan como “río nacional” o como “río internacional” por parte del juez internacional (pese a los intensos esfuerzos desplegados en su contienda entre el 2005 y el 2009). En su decisión del 13 de julio del 2009 (ver texto integral en la versión oficial inglés/francés), la CIJ afirma que “…no cree tampoco, en consecuencia, deber decidir sobre el punto de saber si el San Juan entra en la categoría de los “ríos internacionales” – tal como lo sostiene Costa Rica – o si constituye un río nacional que comporta un elemento internacional – según la tesis del Nicaragua” (párrafo 34, traducción libre del autor): se puede considerar que la prudente posición del juez internacional se explica debido al hecho que ambas nociones esgrimidas ya no corresponden a la nomenclatura moderna del derecho internacional en materia de recursos hídricos compartidos.

La convención de 1997 establece además una serie de principios generales (los artículos 5 a 10) que deben guiar a los Estados de un curso de agua internacional en la gestión y en el aprovechamiento de este, varios de ellos muy similares a los adoptados en la Convención de Helsinki de marzo de 1992 (Nota 2). Por ejemplo, el artículo 7 sobre la obligación de no causar daños sensibles indica: “1. Los Estados del curso de agua, al utilizar un curso de agua internacional en sus territorios, adoptarán todas las medidas apropiadas para impedir que se causen daños sensibles a otros Estados del curso de agua. 2. Cuando a pesar de ello se causen daños sensibles a otro Estado del curso de agua, el Estado cuyo uso los cause deberá, a falta de acuerdo con respecto a ese uso, adoptar todas las medidas apropiadas, teniendo debidamente en cuenta lo dispuesto en los artículos 5 y 6 y en consulta con el Estado afectado, para eliminar o mitigar esos daños y, cuando proceda, examinar la cuestión de la indemnización”.

La lectura (y relectura) del artículo 7 y de algunos otros artículos posiblemente llame a la memoria un sin fin de controversias acaecidas en los últimos años entre Estados ribereños de un río internacional, o que comparten una cuenca hidrográfica en diversas partes del mundo. Muchos de estos conflictos no encuentran solución satisfactoria debido al uso de nociones jurídicas que limitan un enfoque necesariamente integral, que conlleva cualquier intento de regular un recurso como el agua: a este enfoque precisamente recurre la técnica jurídica en materia de protección del ambiente.

 

Un instrumento casi ignorado en América Latina:

Al consultar el estado de firmas y ratificaciones según la tabla oficial de Naciones Unidas (disponible  aquí), resulta llamativo que el continente que concentra mayores recursos hídricos, que cuenta con una práctica sostenida en materia de acuerdos bilaterales o regionales en la materia (Nota 3) y en el que se contabilizan una gran cantidad de fronteras internacionales localizadas en ríos fronterizos (o cuencas hídricas compartidas) esté prácticamente ausente de dicha tabla: nos referimos a América Latina. Una firma de Venezuela (1997) y una de Paraguay (1998) parecieran ser los únicos “logros” obtenidos durante 17 años de diversas campañas a favor de su ratificación promovidas por diversas organizaciones regionales y ONG en un (también sin fin …) número de foros y reuniones en la región. A la fecha, ningún Estado de América Latina es parte a este instrumento, ya que, como bien se sabe, además de firmar un tratado, hay que ratificarlo. Una evaluación rigurosa (y ojalá crítica) de las distintas campañas de ratificación realizadas por algunas organizaciones se impone, ya que raramente se ha observado un impacto tan limitado de una campaña en favor de la ratificación de un instrumento a vocación universal.

Independientemente de su entrada en vigor, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha hecho referencias expresas en su jurisprudencia a los principios contenidos en esta Convención adoptada en 1997: lo hizo incluso en el mismo año de 1997, con ocasión del asunto de la represa Gabcikovo Nagymaros (Hungría c. Eslovaquia, sentencia del 25 de septiembre de 1997) (Nota 4). Cabe recordar que el texto de la Convención es el resultado de más de más de 20 años de arduas discusiones en el seno de la Comisión de Derecho Internacional (CDI), órgano técnico encargado de codificar las reglas del derecho internacional público según el organigrama de las Naciones Unidas: los inicios de los trabajos sobre este tema en el seno de la CDI datan de 1974, y el anteproyecto de Convención fue aprobado por este órgano tan solo en 1994. Durante esos 20 años, la CDI tuvo siempre la ocasión de contraponer los avances de su proyecto con las posiciones oficiales defendidas por los Estados, en las valoraciones de estos al texto propuesto, expuestas anuallmente en el seno de la VI Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas. Después de 1994, año en que fue aprobado el anteproyecto por parte de la CDI, los Estados miembros de Naciones Unidas conformaron, en el seno de la VI Comisión antes mencionada, un grupo de trabajo inter-estatal. Lograron adecuar el texto para garantizarle una adopción final mediante la resolución A/RES/517229 de la Asamblea General de Naciones Unidas. Esta última resolución fue adoptada en 1997 por 103 votos a favor, 3 en contra (Burundi, China y Turquía) y 27 abstenciones. Por parte de América Latina votaron a favor: Brasil, Chile, Costa Rica, Haití, Honduras, México, Uruguay y Venezuela. Se abstuvieron los siguientes Estados de la región: Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, Honduras, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú. Por su parte, Belice, El Salvador, Nicaragua y República Dominicana aparecen entre los “No shows” que sumaron en total 52 Estados: se trata de un número extremadamente elevado para la práctica usual en materia de votaciones en el seno del órgano plenario de las Naciones Unidas (ver detalle del voto).

 

La protección de un curso de agua internacional:

La Parte IV de esta convención (reglas aplicables a cursos de agua internacionales en materia de protección del ambiente) constituye una útil herramienta para Estados partes a una cuenca hidrográfica compartida. Varias de esas reglas pueden ser interpretadas como un eco cercano a lo dispuesto en la Declaración de Río de 1992. La formulación de estas reglas puede ser contrastada con las reglas enunciadas por la CIJ en el caso de las Plantas de Celulosa (Argentina c. Uruguay, sentencia de abril del 2010): este caso, resuelto de manera sumamente cuestionable – y cuestionada – por parte de los jueces de la CIJ, recientemente dio lugar a tensiones entre Argentina y Uruguay que tuvimos la oportunidad de analizar brevemente en este artículo. De la misma manera el contenido de la Parte IV de la Convención deberá ser comparado con las reglas que sean enunciadas por parte de la CIJ con ocasión de los dos casos que enfrentan a Costa Rica y Nicaragua con relación al Río San Juan: el asunto del dragado del río, con la demanda interpuesta por Costa Rica en el 2010 contra Nicaragua (ver enlace con texto de la demanda); y la denominada “trocha fronteriza” construida por Costa Rica, objeto de la demanda interpuesta por Nicaragua en el 2011 contra Costa Rica (ver enlace con texto de la demanda). Ambos contenciosos fueron objeto de una inusual – y totalmente inédita – “unión” por parte de los jueces de la CIJ en el 2013 (Nota 5) a solicitud de Nicaragua. Tuvimos de igual manera la posibilidad de analizar en su momento el proyecto minero ubicado en la localidad de Las Crucitas en Costa Rica desde la perspectiva de las implicaciones (para Costa Rica) de las regulaciones internacionales sobre recursos hidrográficos compartidos (Nota 6).

Conclusión:

Como suele a veces suceder en algunos campos de la ciencia jurídica, el derecho internacional tiende a modernizar de manera mucho más ágil que el derecho nacional un marco jurídico existente, ofreciendo a los Estados una útil herramienta para guiarlos en álgidos campos donde deben encontrar soluciones de manera conjunta y consensuada. Es el caso de la Convención de 1997 sobre cursos de agua internacionales. Por ejemplo, dos Estados partes a esta Convención, España y Portugal, han entendido de manera muy clara la invitación a la cooperación que les extiende la Convención de 1997: han logrado encontrar en ella una valiosa guía para el aprovechamiento, gestión y protección comunes de las numerosas cuencas hidrográficas que comparten, sean estas superficiales o subterráneas: la Convención de 1997 ha servido de motor para articular una impresionante lista de acuerdos técnicos de aprovechamiento y de cooperación de las aguas superficiales y subterráneas que ambos Estados comparten. Leemos incluso que el primero de ellos, el convenio de Albufeira de 1998 titulado “Convenio sobre Cooperación para la Protección y el Aprovechamiento Sostenible de las Aguas de las Cuencas Hidrográficas Hispano-Portuguesas” resulta de la influencia directa del texto de 1997 al precisar el autor de un artículo reciente que: “…Finalmente tras cinco años de intensas negociaciones técnicas y diplomáticas, el Convenio sobre Cooperación para la Protección y el Aprovechamiento Sostenible de las Aguas de las Cuencas Hidrográficas Hispano-Portuguesas, se firmó en la ciudad portuguesa de Albufeira en noviembre de 1998, y entró en vigor en el ordenamiento jurídico de Portugal y España el 17 de enero de 2000. No hay dudas de que ha sido claramente influenciada por la Convención de las Naciones Unidas, firmada en Nueva York, en 1997, sobre el Derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación” (Nota 7).

Es de esperar que esta entrada en vigor reciente sirva también para inspirar a muchos Estados y los incite a ratificar este instrumento internacional. Ello en aras de facilitar, en acuerdos posteriores, la gestión conjunta de muchos cursos de agua internacionales, en particular en América Latina.

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Nota 1: Véase MATZ-LUCK N., “Framework conventions as a regulatory tool”, Goettingen Journal of International Law, 2009, Vol. 3, pp. 439-458, p. 441. Disponible aquí.

 Nota 2: Véase artículo publicado en el Anuario de Derecho Internacional (ADI), en el año 2000, sobre el Convenio de Helsinki: TORRES CAZORLA M.I., “Otra vuelta de tuerca del derecho internacional para regular los cursos de agua internacionales: el convenio de Helsinki de 17 de marzo de 1992“, disponible aquí.

 Nota 3: Véase estudio publicado por la CEPAL de QUEROL M., “Estudio sobre los convenios y acuerdos de cooperación entre los países de América Latina y el Caribe, en relación con sistemas hídricos y cuerpos de agua transfronterizos”, CEPAL, 2003. Disponible aquí.

 Nota 4: Véase por ejemplo: RODRIGUEZ HERNANDEZ J.I., “La aportación del asunto Gabcikovo-Nagymaros al derecho internacional del medioambiente”, disponible aquí.

 Nota 5: Véase nuestro modesto análisis, BOEGLIN N., “Costa Rica /Nicaragua et CIJ, Une procédure incidente revisitée: la jonction d´instances”, Publicado en el Boletín Sentinelle de la Société Francaise pour le Droit International (SFDI), Mayo 2013. Disponible aquí. Lo inaudito se mantuvo unos meses después con el rechazo por parte de la CIJ de solicitudes de ambas partes de modificar la medida provisional ordenada el 8 de marzo del 2011, rechazo que tuvimos la oportunidad de analizar brevemente en esta pequeña nota en Elpais.cr (edición del 10/08/2013).

 Nota 6: Véase nuestro artículo BOEGLIN N., “Minería química a cielo abierto en el trópico húmedo fronterizo entre Costa Rica y Nicaragua: el proyecto minero Crucitas y sus implicaciones internacionales“, Sociedad Latinoamericana para el Derecho Internacional, Perspectivas, Julio 2009 disponible aquí. Con posterioridad al histórico fallo del Tribunal Contencioso Administrativo de noviembre del 2010 que anula los permisos, la viabilidad ambiental y famoso decreto de “conveniencia nacional” (texto integral de la sentencia disponible aquí), se analizó el tema desde la perspectiva de los acuíferos transfronterizos en un breve artículo, titulado “Acuíferos transfronterizos: respuestas desde el derecho internacional y vacíos en Centroamérica”, Boletín Geológico y Minero (España), 2012, disponible aquí.

 Nota 7: Véase OLIVEIRA DO PRADO R.C., “La obligación de cooperar en la gestión de cuencas hidrográficas internacionales. El caso del convenio de Albufeira analizado a la luz del derecho internacional del medio ambiente”, Revista Monfragüe (España), 2012. Disponible aquí.

(*) Nicolás Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR).

 

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Abbas dice que Netanyahu acepta una Palestina con los límites de 1967

Abbas dice que Netanyahu acepta una Palestina con los límites de 1967

Abbas dice que Netanyahu acepta una Palestina con los límites de 1967El presidente palestino Mahmud Abbas ha hecho esta noche un anuncio que, de confirmarse, puede calificarse de histórico. Según ha dicho en una intervención televisiva desde la Mukata de Ramala, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu habría aceptado “delante de él” un Estado palestino sobre las fronteras de 1967, las previas a la ocupación israelí. Nunca antes se había comprometido con esas lindes. Estas declaraciones confirman de forma implícita que ambos líderes se han visto cara a cara, como esta mañana indicaba la prensa de Jordania, un encuentro que ninguna de las partes implicadas había confirmado hasta ahora.

 Aunque Netanyahu todavía no se ha pronunciado, si lo ha hecho su oficina, que niega rotundamente las declaraciones de Abbas: “Una cosa así nunca ha ocurrido”, ha dicho una fuente de la oficina del primer ministro israelí al diario Haaretz.

 Según Abbas, en este supuesto encuentro, que se habría producido en Amman el lunes, se habría acordado abrir ahora un proceso negociador para afinar esas fronteras, ya que la realidad ha cambiado desde hace 47 años y ahora, por ejemplo, hay que ver qué ocurre con los 600.000 colonos que residen en suelo ocupado palestino, tanto en Cisjordania como en el este de Jerusalén. El estatus de la capital triplemente santa, cuya zona oriental Abbas reclama como capital de su futuro país de pleno derecho, es otro de los principales escollos en el debate.

 Hasta ahora, Netanyahu había reconocido la necesidad de crear un Estado palestino pero no había aclarado qué dimensiones tendría y, de hecho, ha seguido ampliando a un ritmo acelerado los asentamientos. En 2009, en un discurso en la Universidad de Bar Ilan, dijo que defendía una “solución de dos Estados para dos pueblos”, pero nunca ha aceptado que sea sobre esas fronteras del 67, que incluirían toda Cisjordania, Gaza y el este de Jerusalén.

 Abbas ha confirmado esta noche que no va a “aceptar” una independencia parcial, es decir, que no tolera que la soberanía se entregue se forma progresiva, por ejemplo, sobre los territorios llamados A (bajo pleno control palestino), B (bajo control civil palestino pero bajo control militar israelí) y C (bajo pleno control de Israel, que supone el 62% del suelo cisjordano). “Queremos algo definitivo”, ha remarcado. Israel, denuncia, “es el único país del mundo que no tiene delimitadas sus fronteras”.

 El máximo negociador palestino, Saeb Erekat, va a liderar una comitiva que la semana que viene se reunirá con el secretario de Estado norteamericano, John Kerry, en una cita que no ha trascendido dónde tendrá lugar. En ella le expondrán estos supuestos avances con Israel. El presidente Barack Obama, como la Unión Europea, ha defendido en público y reiteradamente que desea un estado palestino sobre la base del 67. “Nosotros preguntaremos a Estados Unidos y a Israel y esperaremos un día, una semana, un mes”, ha manifestado Abbas.

 Si hay un acuerdo, Palestina, dice, será “libre”. “No podemos esperar otros 20 años [el tiempo en el que han fracasado los sucesivos procesos de paz] y no aceptamos que cada dos años Israel desencadene otra guerra sobre nosotros”, denuncia.

 Justo en la noche del martes, cuando entró en vigor la tregua indefinida entre las facciones palestinas e Israel en Gaza, Abbas presentó al liderazgo palestino un plan por el que proponía alcanzar la plena independencia -desde noviembre de 2012 Palestina es Estado observador, no miembro, en Naciones Unidas- fijando un calendario con la comunidad internacional, bien mediante una conferencia, bien mediante una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Abbas apostaba por ir por una nueva senda, sin tener que negociar con Israel.

 A falta de que las palabras se concreten en hechos, no hay respuesta alguna de Israel a las palabras del rais palestino. Sin embargo, varios medios locales confirmaron que esta noche se ha reunido el Gabinete de Netanyahu. Algunas fuentes señalan que la cita ya estaba prevista para evaluar el levantamiento parcial del cerco de Gaza, pero otras añaden que esta entrevista con Abbas estará forzosamente en el orden del día. Nada ha trascendido por el momento.

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Hamás apoya llevar a Israel ante la Corte Penal Internacional

Hamás apoya llevar a Israel ante la Corte Penal Internacional

Hamás apoya llevar a Israel ante la Corte Penal InternacionalHamás ha confirmado esta mañana que apoya al presidente palestino, Mahmud Abbas, en su plan de reconocer a la Corte Penal Internacional (CPI), el tribunal de La Haya en el que podría denunciar a Israel por crímenes de guerra, contra la humanidad y genocidio. Los islamistas se suman a la iniciativa pese a que, en el momento en el que el Gobierno palestino asuma que este Alto Tribunal tiene jurisdicción en sus territorios, automáticamente también su milicia puede ser investigada por los mismos crímenes. [Las milicias palestinas ajusticiaron hoy a otras cuatro personas a las que acusaron de colaborar con Israel, acción que eleva a 25 el número de ejecuciones extrajudiciales en Gaza en las últimas 72 horas, informa la agencia Efe. Según testigos, hombres armados tirotearon a las cuatro personas en una plaza junto a la conocida mezquita de Al Jilafa ante cientos de personas. La Autoridad Nacional Palestina (APN) condenó hoy esta práctica, que calificó de acción a sangre fría al margen de la ley que el pueblo palestino condena. Sostiene que el proceso judicial por el que se les condenó a muerte es “ilegal”, está “fuera del sistema palestino”. “Fueron asesinados a sangre fría bajo la premisa de Hamás de que quien no está conmigo, está contra mí”, han dicho un portavoz del presidente Abbas].

 Abbas envió a principios de mes un documento a todos los grupos palestinos pidiendo que lo respaldasen en este paso. El 5 de agosto su ministro de Exteriores, Riyad al Malki, viajó a Holanda para interesarse por el proceso de incorporación a la CPI. Entonces aún se esperaba la respuesta de Hamás y la Yihad Islámica. Hoy todos han firmado ya ese papel. El aval de las facciones palestinas es pleno.

 Moussa Abu Marzouk, un portavoz de Hamás con residencia en El Cairo, ha confirmado que los suyos han dado ya ese visto bueno por escrito a Abbas. Y lo han hecho porque “no hay nada que temer”. “Nuestra resistencia es legítima y por eso puede someterse a las leyes internacionales, porque ejercemos la autodefensa”, ha abundado Mushir Al Masri, otro portavoz de los islamistas, informa Reuters.

 Hasta noviembre de 2012, el Ejecutivo palestino no tenía posibilidad de reconocer la CPI. Sin embargo, entonces Palestina fue abrumadoramente reconocida como Estado observador (no miembro) en la Asamblea General de Naciones Unidas, lo que le abría las puertas a su incorporación a organismos y convenios internacionales. Entre ellos se encuentra el Estatuto de Roma, por el que se constituyó el tribunal de La Haya. La población palestina es muy favorable a la denuncia contra Israel en este organismo, pero Abbas se ha refrenado desde entonces, en parte por la petición –más bien exigencia- de Estados Unidos de que así lo hiciera, y en parte por la amenaza de represalias de Israel –desde anexiones en Cisjordania a congelación de transferencias-.

 Israel firmó el Estatuto de Roma pero no lo ratificó, por lo que en la práctica no se siente vinculado por lo que haga la CPI. Sin embargo, una denuncia puede ser un golpe moral importante, además de acarrear notables problemas en los países que sí reconocen el tribunal para aquellos políticos o militares demandados.

 El presidente Abbas ha dado esta mañana una rueda de prensa en El Cairo en la que ha mostrado su optimismo por este frente común palestino, aunque no ha indicado cuándo podrían efectivamente dar el paso y sumarse a la Corte. Ha informado de que está tratando de impulsar un alto el fuego prolongado, con la ayuda de potencias internacionales. Va a pedir ayuda a Naciones Unidas y, anuncia, el texto podría incluso contemplar un calendario para la declaración de un estado palestino pleno. Abu Marzouk ha dicho a Al Yazira que, de hecho, Hamás no va a admitir más treguas parciales sino que sus “esfuerzos” se centran en lograr una solución “a largo plazo” con “ayuda internacional”, palabras en la línea de las de Abbas.

 La oficina del presidente egipcio Abdelfatá al Sisi, con quien se ha visto Abbas hoy, ha confirmado que va a invitar oficialmente a Hamás y a Israel, de nuevo, a volver a la mesa de negociaciones.

 En Gaza, el día deja al menos cinco muertos más, en un ataque en el barrio central de Al Zawayda; entre ellos tres menores de edad con lo que serían ya 480 los niños asesinados desde que comenzaron las hostilidades, y 17 heridos después de que un ataque aéreo israelí destruyera un edificio residencial de 12 plantas en pleno centro de la ciudad. Ambos bandos reconocieron el ataque, aunque fuentes isralíes arguyeron que se trataba de un inmueble utilizado como comando central de Hamás. En total ya la cifra de muertos asciende a 2.098, indica el Ministerio de Salud de Gaza. Este sábado, Israel ha golpeado además otros 30 objetivos y las milicias han lanzado 17 cohetes, que han dejado dos heridos moderados. Esta madrugada, el Ejército israelí ha tenido que mandar una nota de rectificación, después de que anoche dijera que el mortero que acabó con la vida de un niño de cuatro años había sido lanzado desde una escuela de Naciones Unidas. La información no era cierta. UNRWA ha hecho un llamamiento a Israel para que “compruebe” sus datos antes de hacerlos públicos. A través de mensajes y notas, además, el Ejército está pidiendo a los gazatíes que eviten las zonas de “actividad terrorista”- “La campaña no ha terminado. Cuidado”, advierte.

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La OMC sentenció contra la República Argentina, por Martín Nicolás Roqué

Por Martín Nicolás Roqué [i]

Se trata de un litigio en el cual los demandantes son la Unión Europea, Estados Unidos y Japón en conjunto. El objeto del reclamo son las trabas a las importaciones aplicadas desde 2011 en adelante. En un futuro los países afectados podrán limitar las importaciones de productos argentinos. Asimismo se deberá revisar en el país el sistema de Licencias No Automáticas (LNA) aplicadas al comercio internacional.

Que es la OMC?

La OMC es una Organización Internacional gubernamental que se encarga de administrar los Tratados suscriptos por los estados por los cuales se regula el comercio Internacional así como solucionar las diferencias que surjan entre los estados en lo atinente a la aplicación de esos tratados o acuerdos.-

La OMC no forma parte del sistema de las Naciones Unidas, y tampoco de los “organismos de Bretton Woods” como el Banco Mundial y el FMI.

Su finalidad es liberalizar el comercio internacional mediante la eliminación de todas aquellas normas o conductas que frenen el avance y el desarrollo del libre comercio o distorsionen el mismo.-

ANTECEDENTES E HISTORIA DE LA OMC

En 1947 se suscribe el GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio) que en esencia fue el primer antecedente de la liberalización comercial a nivel mundial. Antes de este acuerdo los países tendían a ser proteccionistas mediante el establecimiento de aranceles aduaneros.- La realidad es que el GATT fue producto de la preocupación de los países desarrollados para que los menos desarrollados no traben o arancelen la importación de sus productos, y tuvieron tan buen resultado que hasta el año 70 se desarrolló la “belle epoque” del libre comercio.-

Este acuerdo general estableció una estructura que luego fue cooptada y mejorada por la OMC que se crea en 1995 al finalizar la Ronda de Uruguay que comenzara en 1986.-

FUNCIONES

La OMC administra unos 60 acuerdos comerciales. Entre los principales está “el acuerdo sobre agricultura”, el acuerdo sobre “subvenciones” el de “propiedad intelectual” y el de solución de diferencias.-

Cuenta con un Órgano de solución de Diferencias integrado por todos los miembros de la organización que puede establecer grupos especiales de expertos que analicen los hechos alegados por las partes.-

En cuanto al procedimiento es sencillo y los plazos aproximados de resolución son de 1 año o año y medio. Normalmente solo uno de cada tres problemas llega a resolverse con dictamen del Órgano, la mayoría se negocian y se acuerdan antes.-

Como alternativa a este procedimiento los países pueden optar por el ARBITRAJE designando a tal evento un cuerpo de árbitros o un árbitro único para que solucione la controversia planteada.-

LOS LITIGIOS ARGENTINOS EN LA OMC

Como reclamante o presunto infractor, a lo largo de la historia de la OMC la Argentina participó en 42 procesos. Muchos vinculados a las trabas a las exportaciones de calzado de cuero y alimentos en general y a las subvenciones a productos agrícolas de países europeos.

El pasado miércoles 5 de diciembre de 2013 el canciller Timerman anunció que la Argentina efectuó denuncias ante la OMC:

-    La primera de ellas a EEUU por el impedimento de dicho estado al ingreso de limones y carnes.

Actualmente trámite por Expedientes DS448 y DS447 respectivamente.

-    La segunda contra la Unión Europea por lastrabas a las importaciones de Biodiesel Argentino.

Esta denuncia tramita por expediente DS 473 y tiene como antecedentes la denuncia expediente DS 443 motivada por la Orden Ministerial de España de Impedir el uso de Biodiesel Argentino en transporte y la denuncia Argentina Expediente DS 459 por los subsidios al biodiesel en Europa.-

Asimismo según Información Oficial de la Secretaría de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales Argentina participó en varios paneles para solución de diferencias comerciales como tercero afectado. Esto es adhiriéndose a los intereses de otro país en alguna utilización del sistema de solución de diferencias. Por ejemplo somos adherentes de EEUU en una denuncia contra la UE por restringir importación de alimentos o productos transgénicos.-

Contra EEUU tenemos un proceso ganado en dos instancias (Expediente DS 268) por medidas de este país para impedir entrada de Tubos de Acero para campos petrolíferos. En este expediente la República Argentina motivó su reclamo el 20 de junio de 2006 patrocinando en parte la actividad económica del Grupo Techint mediante su empresa TENARIS que se encontraba afectada por las trabas Estadounidenses. En dicho caso el panel de expertos falló a favor de Argentina en las dos instancias previstas, concediéndose en dicho pronunciamiento un plazo razonable a EEUU para la modificación de su comercio.

Ante la falta de adecuación de EEUU, la Argentina nuevamente reclamó, pero ya con el fallo en su favor y se decidió que un cuerpo de Árbitros juzgara cual era ese plazo razonable. Finalmente el 21/07/2007 las partes presentaron un escrito en conjunto solicitando se suspenda el procedimiento arbitral hasta que cualquier parte decida reabrir el mismo avisando 30 días antes a la otra. Ello aún no sucedió.

¿QUE PASA SI EL ESTADO QUE PIERDE EL LITIGIO NO CUMPLE?

Aquí entramos en el terreno de la responsabilidad internacional, en resumidas cuentas nadie puede obligar a un estado a cumplir nada, lo que puede hacer el otro estado es “compensar” su perjuicio generando otro perjuicio proporcional en una llamada contramedida o medida compensatoria.-

RESPECTO DEL PRONUNCIAMIENTO ACTUAL

El reclamo ante la OMC por las trabas impuestas por el país a las importaciones, fue motivado por EEUU, la Unión Europea y Japón principalmente, sin embargo contó con adhesiones de varios estados como India, Israel, Noruega y Ecuador.

La controversia comenzó cuando nuestro país comenzó a suspender el sistema de licencias automáticas para la entrada de productos, reemplazándolo por el sistema de licencias no automáticas (LNA). La diferencia en el otorgamiento de las mismas está vinculada al aspecto temporal, y al análisis del estado receptor de las mercaderías, pero no significa un cierre del comercio. En el caso de las Licencias Automáticas (LA) el ingreso de mercaderías no tiene restricciones de tiempo. En el caso de las LNA el tiempo de análisis es de 60 días, sin embargo en el caso Argentino se denuncian demoras de mas de 6 meses.

Las LNA son autorizadas en el marco de los convenios de la OMC, sin embargo, no se permite su utilización generalizada para todos los productos, como el caso Argentino, dado que podría ser considerado dicho mecanismo como configurativo de un impedimento al libre comercio. De hecho esta fue la postura del comité de expertos que analizó el caso argentino.

Asimismo estuvieron en discusión los sistemas de Declaración Jurada Anticipada de Importación (DJAI) implementadas por el Ex Secretario de Comercio Guillermo Moreno, son una restricción a la importación de mercaderías. Este sistema consistía en exigirles a las empresas un crecimiento en sus exportaciones para solo así otorgar permisos para importar las mercaderías necesarias para su producción.

Lejos de significar un problema actual y concreto para nuestro país, más allá del descrédito internacional, lo cierto es que la decisión en cuestión ya está apelada por la República Argentina. Luego de dicha apelación se le concede al país un plazo para readecuar su comercio y recién allí (en caso de incumplimiento) los estados vencedores pueden aplicar medidas “compensatorias”.

CONCLUSIÓN

Como puede verse el asunto se enmarca en el Sistema Internacional de Comercio y no debiera ser muy llamativo. Así como nuestro país a veces gana, otras veces pierde, pero siempre dentro de las reglas del mercado.

El andamiaje jurídico internacional no permite a los estados desarrollar cierta política económica independiente de las reglas de la economía del libre mercado, y en caso de apartarse de las mismas, entonces vienen los reclamos por incumplimiento y las sanciones pertinentes.

En materia estrictamente económica la significación del presente caso en caso de confirmarse el pronunciamiento es, según previsiones privadas, de entre 3000 y 5000 millones de dólares que deberá afrontar el próximo gobierno. Para evitar dichas previsiones se deben (dentro de estas reglas de juego) efectuar concesiones comerciales liberalizando aún más la economía.

En cuanto a la posición Argentina, el modo de plantear modificaciones debiera ser en Bloque con los países del MERCOSUR para lograr un mayor peso y medidas concretas en el ámbito internacional.

[i] Abogado, profesor adjunto Cátedra I Derecho Internacional Público UCALP (Universidad Católica de La Plata), Secretario del Instituto de Derecho del Seguro del CALP (Colegio de Abogados de La Plata) y columnista del programa radial AL DORSO de FM La Tribu Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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Chile reacciona con molestia por el nuevo mapa presentado por Perú

Chile reacciona con molestia por el nuevo mapa presentado por Perú

Chile reacciona con molestia por el nuevo mapa presentado por Perú

La cartografía oficial difundida por el Gobierno peruano esta semana, en el marco de la implementación de la sentencia de enero de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), ha generado una contundente reacción de las autoridades chilenas, que consideran que la Administración de Ollanta Humala insiste en una pretensión que no se sustenta en los acuerdos vigentes: “El Gobierno de Chile hace expresa reserva en lo que atañe a la representación de la frontera terrestre entre ambos países”, señaló el canciller Heraldo Muñoz tras conocer la nueva carta de demarcación. “El dictamen de La Haya no se pronunció sobre el límite terrestre, por lo que en el documento peruano se abordan materias que exceden lo dispuesto en aquel fallo”.

 La posición chilena se sustenta en que, en su demanda contra Chile ante la Corte de La Haya, Perú nunca sostuvo que existiría una diferencia entre el punto de inicio del límite marítimo y el punto final del límite terrestre entre ambos países. Para Chile, este comienza en el Hito 1. El Gobierno peruano, en tanto, lo ha ubicado en el Punto de la Concordia, unos 260 metros al sur, dejando bajo su dominio el llamado triángulo terrestre, de unas cuatro hectáreas. El Ejecutivo chileno también ha reiterado que el mapa presentado el martes por Humala —que se ajusta a la sentencia en lo relativo a los límites marítimos— no guarda relación con los acuerdos alcanzados en el grupo de trabajo técnico y cartográfico que ambos países iniciaron en 2014 para la implementación de la sentencia del tribunal.

 El Parlamento chileno ha rechazado transversalmente la publicación del mapa de Perú y lo ha calificado como “una actitud provocadora” que “dificulta gravemente la construcción de una verdadera y amplia integración”. Este jueves, tanto la Cámara de Diputados como el Senado aprobó en forma unánime un proyecto de acuerdo contrario a la cartografía. Resuelve, entre otros asuntos, “llamar a que en el actual proceso de implementación del fallo de La Haya, el Gobierno del Perú cumpla íntegramente con las normas de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar”. El documento que ha sido respaldado por todas las fuerzas políticas recuerda que en el territorio en disputa —el triángulo terrestre— “Chile ejerce plena jurisdicción y soberanía”.

 Aunque no fue incluido en el proyecto de acuerdo, diversos parlamentarios solicitan al Gobierno de Michelle Bachelet para que envíe una nota de protesta a Perú. “La actitud peruana ha sido demasiado fuerte con respecto a Chile y eso exige una reacción política”, señaló el senador Hernán Larraín, de la Unión Demócrata Independiente (UDI). En la misma línea se ha mostrado el presidente de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Jorge Tarud, del Partido por la Democracia (PPD): “Ha llegado el momento de ponernos muy firmes frente a esta situación”. El canciller Muñoz no ha descartado que el Gobierno tome una nueva medida, pero ha precisado que “lo que importa es que la posición de Chile ya está tomada”. “El límite terrestre, fue establecido por el Tratado de 1929”, aclaró.

 

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Unasur se muda a la Mitad del Mundo en Quito

Unasur se muda a la Mitad del Mundo en Quito

Unasur se muda a la Mitad del Mundo en QuitoLa Secretaría General de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) se mudará de una casa colonial del centro-norte de Quito a un edificio moderno que se levanta junto al monumento de la Mitad del Mundo (noroccidente de la urbe). Con el nuevo edificio, que ha costado 44 millones de dólares, se espera fortalecer al organismo regional que nació en 2008 e integra a 12 países. Pero de momento la propaganda se centra en alimentar el orgullo local: el presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha sostenido en sus espacios televisivos semanales que “el edificio es un orgullo para Quito” y que la ciudad se convertirá en “la capital de América”.

 La nueva edificación, que estará terminada en septiembre, ha sido un reto arquitectónico porque tiene dos volados o brazos que surgen de la estructura principal sin ningún apoyo. Uno de ellos tiene más de 50 metros de longitud y allí funcionará la oficina de Ernesto Sámper, quien asumirá la secretaría general del organismo el próximo viernes. El exmandatario colombiano, tras constatar el avance de las obras el pasado 11 de agosto, declaró a los medios locales que espera que “Quito sea a la Unasur lo que Washington es a la OEA”.

 Pero todo está en entredicho. “Si la Unasur logra despegar, no hay duda que Quito como sede se fortalecerá y con ella la diplomacia del presidente Correa, que mucho ha apostado por este proyecto”, opina el excanciller ecuatoriano Francisco Carrión.

 Correa reconoce la debilidad del organismo y ha aventurado algunas explicaciones: la desaceleración del proceso integracionista “puede ser por descuido de los presidentes”, pero también por “un poco de mala suerte” con la muerte de algunos de sus impulsores, como Néstor Kirchner y Hugo Chávez, explicó durante una entrevista en Lyon (Francia) el año pasado.

 El mandatario ecuatoriano es el líder más entusiasta dentro de ese resquebrajado organismo. Durante la reunión entre la Unasur y los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) el pasado mes de julio en Brasil, destacó la importancia de los bloques económicos y regionales: “Para tener un orden mundial más justo y un mundo multipolar debemos conformar los bloques. Los BRICS han conformado el suyo, Unasur debe seguir consolidándolo”.

 Pero los desafíos de la Unasur van más allá de tener un edificio comparable al de las Naciones Unidas en Nueva York o al de la OTAN en Bruselas, como dice Correa. El bloque “debe consolidar su identidad e institucionalidad y demostrar que, junto con América Latina, es una región históricamente madura, más democrática y con una situación económica más consolidada que hace un cuarto de siglo”, señala Carrión. Sus países miembros deben manifestar ” su voluntad política de fortalecer la región”, concluye el exfuncionario ecuatoriano.

 Una muestra del escaso compromiso que existe entre los miembros de la Unasur es la reciente suspensión de la VIII Cumbre de Presidentes en Montevideo, que estaba prevista para el 22 de agosto. Según fuentes de la cancillería uruguaya, el encuentro se ha postergado hasta octubre por problemas de agenda de algunos mandatarios.

 La nueva sede del organismo, que llevará el nombre del desaparecido expresidente de Argentina Néstor Kirchner, llega con retraso: la primera piedra se colocó en marzo de 2011. Correa, sin embargo, aceleró la obra desde diciembre de 2013 y ha hecho continuas visitas para asegurarse de que se pueda inaugurarla este año.

 El arquitecto Diego Guayasamín, responsable por el diseño, explica que el edificio tiene una connotación escultórica, que se proyecta como metáfora de libertad. “La idea es dar un mensaje positivo de Ecuador y la región al mundo”, dice.

 El edificio ocupa 25.000 metros cuadrados de construcción y será parte de un complejo de 80.000 metros cuadrados que incluirá un hotel cinco estrellas y una plataforma para helicópteros. Más adelante, el complejo absorberá a la Ciudad Mitad del Mundo, que es visitada por miles de turistas que quieren tomarse una foto en el punto donde se cruzan todos los hemisferios.

 Pero de momento la futura sede y sus brazos flotantes desentonan completamente con el entorno. La zona está rodeada de cerros que han perdido su vegetación y que están asentados sobre una falla geológica. Los sismos que se registraron la semana pasada tuvieron su origen en esa falla y los deslizamientos de tierra de los cerros que se produjeron sepultaron a dos obreros que trabajaban en una solución vial para conectar la Mitad del Mundo con Quito. Los constructores del complejo de la Unasur aseguran que el edificio principal está hecho para resistir terremotos de hasta 8 grados Richter y que se han seguido todas las normas de seguridad.

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Amnistía y HRW denuncian que Israel no les deja entrar en Gaza

Amnistía y HRW denuncian que Israel no les deja entrar en Gaza

Amnistía y HRW denuncian que Israel no les deja entrar en GazaAmnistía Internacional (AI) y Human Right Watch (HRW) han denunciado este miércoles los “juegos burocráticos” a los que Israel está sometiendo a estas dos organizaciones de derechos humanos, que han solicitado “acceso inmediato” a la franja de Gaza para “investigar las denuncias de graves violaciones del derecho internacional humanitario por todas las partes del conflicto”. “Condicionan nuestra entrada a criterios totalmente inaceptables”, ha protestado la directora de Investigación y Respuesta de Crisis de AI, Anne Fitzgerald.

 Aunque tanto Amnistía Internacional como Human Right Watch ya cuentan con algunos investigadores en Gaza, han pedido poder enviar “cuanto antes” a más trabajadores para “recoger las evidencias de las violaciones de derechos humanos”. Según ha señalado en conversación telefónica la investigadora de Amnistía Internacional Deborah Hyams, la ONG ha documentado, con testimonios y datos, muchas pruebas del incumplimiento del derecho internacional humanitario. “Tenemos documentos de ataques israelíes a hospitales, de ataques contra civiles, de bombardeos de edificios en los que vivían familias enteras y a las que no avisaron y de escuelas en las que había refugiados”, asegura Hyams. Del lado palestino, Amnistía Internacional también ha constatado sobre el terreno el lanzamiento de cohetes en zonas en las que vivían civiles. “Además, Hamás ha lanzado armas que no tienen precisión, lo que supone que no ha tomado las medidas necesarias para no herir a civiles”, añade.

 Desde el 7 de julio –la Operación Margen Protector, lanzada por Israel en la Franja, comenzó el día 8- Amnistía Internacional ha hecho tres solicitudes para entrar en Gaza a través del paso de Erez. “En las tres ocasiones, la Administración Civil de Israel dijo que no podía procesar las peticiones y que el paso de Erez estaba cerrado”, ha lamentado AI. Sin embargo, según la ONG, periodistas, personal de la ONU, trabajadores humanitarios y otras personas con permisos “han entrado y salido vía Erez durante este periodo”. También Human Right Watch ha obtenido una respuesta similar a su petición de entrada en la Franja.

 Las autoridades israelíes reclaman a las dos organizaciones que se registren en el Ministerio de Exteriores, que solo inscribe a personal de la ONU o a diplomáticos, o en el de Bienestar Social, que es al que suelen recurrir las ONG. Sin embargo, esta opción tampoco es factible para ninguna de las dos instituciones puesto que no tienen oficinas permanentes ni en Israel ni en los Territorios Ocupados. Israel no exigió esa premisa a Amnistía Internacional en 2006, cuando sí pudo acceder a Gaza, o a Human Right Watch en noviembre de 2012.

 Tampoco Egipto les ha permitido entrar a Gaza por el paso de Rafah. “No tenemos una negativa oficial pero tampoco tenemos ni permiso ni garantías para poder entrar”, ha explicado Deborah Hyams.

 “El derecho de las víctimas y de los ciudadanos a conocer lo que ocurrió durante las hostilidades exige que las autoridades israelíes garanticen una completa transparencia sobre sus actuaciones y que se contengan de evitar una investigación independiente e imparcial de todas las supuestas violaciones”, ha pedido Fitzgerald. Hasta el momento, han muerto 1.976 palestinos, entre los que hay 1.417 civiles y 459 niños, y 67 israelís, según datos de la ONU (el Ministerio de Salud de Gaza asegura que hay más de 2.000 fallecidos palestinos).

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El Consejo de Seguridad llama a palestinos e Israel a reanudar las negociaciones

El Consejo de Seguridad llama a palestinos e Israel a reanudar las negociaciones

El Consejo de Seguridad llama a palestinos e Israel a reanudar las negociaciones20 de agosto, 2014 — Los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU hicieron hoy un llamamiento a palestinos e israelíes a reanudar las negociaciones y a alcanzar con urgencia un alto el fuego sostenible y duradero. Así lo comunicó a la prensa el embajador británico Mark Lyall Grant, presidente de turno de ese órgano, al término de una sesión cerrada de consultas.

Añadió que el Consejo está muy preocupado tras el retorno a las hostilidades después del incumplimiento del cese el fuego humanitario logrado con la mediación de Egipto.

“Los miembros del Consejo piden a las partes que eviten una escalada de la situación y que lleguen a un alto el fuego de inmediato”, señaló el representante del Reino Unido.

Resaltó también la preocupación del Consejo de Seguridad por la pérdida de vidas civiles y otras víctimas, y añadió que ese órgano da un respaldo total a la iniciativa egipcia.

El Secretario General de la ONU también condenó de forma enérgica la ruptura de la tregua humanitaria de 24 horas acordada a instancia de Egipto y la reanudación de las hostilidades entre Israel y los palestinos.

En un comunicado, Ban Ki-moon expresó profunda decepción por la reanudación de los enfrentamientos y recordó a las partes su responsabilidad de no permitir un agravamiento de la situación.

Añadió que las esperanzas del pueblo de Gaza en un futuro mejor y las de los israelíes de alcanzar una seguridad duradera están puestas en las negociaciones entre ambas partes que se celebran en el Cairo desde el domingo.

Ban instó a las delegaciones a estar a la altura de esas expectativas y las urgió a alcanzar un acuerdo inmediato que permita un cese de las hostilidades permanente y que afronte los problemas subyacentes que afectan a Gaza.

Desde que comenzó el conflicto han muerto alrededor de dos mil palestinos y 66 israelíes, en su gran mayoría soldados.

 

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Debate general en sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre situación en Gaza

Nicolas Boeglin

Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).

El pasado 6 de agosto del 2014, en medio de diversas manifestaciones de repudio de la comunidad internacional en contra de Israel, la Asamblea General de Naciones Unidas examino mediante un debate general la situación acaecida en la Franja de Gaza desde varias semanas debido a la ofensiva israelí denominada “Margen Protector”.

Un saldo escalofriante:

El saldo en muertes de esta operación se ha ido elevando, según los datos de la OCHA de las Naciones Unidas (informes oficiales) de la siguiente manera:

- a unos días antes de dicha reunión en Nueva York (3/08/2014) (ver informe de la OCHA), era de 3 muertes de civiles israelíes, 63 muertes de soldados israelíes y a 1525 víctimas mortales palestinas;

- en la víspera de dicha reunión. el día 5/08/2014 (ver informe), se elevó a: 3 muertes de civiles israelíes, 64 muertes de soldados israelíes y a 1814 víctimas mortales palestinas;

- al día siguiente de esta reunión, el 7/08/2014, (ver informe disponible aquí): a 3 muertes de civiles israelíes, 64 muertes de soldados israelíes y a 1869 víctimas mortales palestinas;

- al 10/08/2014: a idéntico saldo de muertes de israelíes antes mencionado y a 1948 víctimas mortales (ver informe de la OCHA al 10/08/2014);

-al 13/08/2014: a idéntico saldo de muertes de israelíes antes mencionado y a 1965 víctimas mortales palestinas (ver informe de la OCHA del 13/08/2014, el último disponible al momento de redactar esta nota).

Se trataba de una sesión urgente de la Asamblea General que respondió a una solicitud formal de Argelia (ver nota en francés). La sesión inició con la participación de los representantes de distintos departamentos de las Naciones Unidas, seguidos por las intervenciones de Palestina, Israel, y de algunos Estados miembros de Naciones Unidas que tomaron la palabra: el debate se extendió por varias horas (se puede consultar –audio y video – en este enlace oficial de Naciones Unidas)

En la exposición realizada durante el debate general, la delegación de Costa Rica afirmó que: “Costa Rica reitera su llamado para que finalmente el Consejo de Seguridad, en cumplimiento de las obligaciones que le exige la Carta de las Naciones Unidas, asuma su rol en un conflicto que ha alcanzado límites irrazonables. El conflicto de las últimas semanas en Medio Oriente simplemente plasma la pérdida por el respeto de la vida humana” (ver nota).

El precedente reciente de diciembre del 2008:

En el mes de noviembre del 2009, con relación a la operación militar denominada “Plomo Fundido” realizada en diciembre del 2008 en Gaza (con un saldo de 14 víctimas israelíes y más de 1400 víctimas palestinas), y luego de la presentación del informe Goldstone (versión en español disponible en la letra S (Spanish) – a la derecha – en este enlace oficial de Naciones Unidas), la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la resolución 64/10 titulada: “Seguimiento del informe de la Misión de Investigación de las Naciones Unidas sobre el Conflicto de Gaza” (ver texto reproducido al final de esta nota). En aquella oportunidad, el texto fue adoptado por

- 114 votos a favor,

- 18 en contra (Alemania, Australia, Canadá, Eslovaquia, Estados Unidos, Hungría, Islas Marshall, Israel, Italia, Macedonia (República de la Ex Yugoslavia), Micronesia, Naurú, Países Bajos, Palau, Panamá, Polonia, República Checa y Ucrania),

- 44 abstenciones, (entre las que se cuenta por parte de América Latina a Colombia, Costa Rica y Uruguay), y;

- 16 “No Shows”, en los que aparece por parte de América Latina, Honduras.

Se puede consultar aquí el detalle del registro de voto oficial de Naciones Unidas de noviembre del 2009, que permite dar una idea de las estrategias desplegadas por los opositores a la adopción del texto y la de sus promotores, así como apreciar los aliados más leales de Estados Unidos e Israel en América Latina (Panamá) y en Europa (Alemania, Eslovaquia, Hungría, Italia, Países Bajos, República Checa y Ucrania) al votar en contra de esta resolución. Un interesante ejercicio comparativo espera a esos mismos Estados de cara a la próxima Asamblea General de Naciones Unidas a iniciarse en septiembre del 2014, el cual arrojará probablemente resultados un tanto diferentes en esta ocasión.

Israel y el derecho penal internacional: en procura de su no aplicación en Gaza


La reunión celebrada en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York el pasado 6 de agosto del 2014 coincide con la visita del Primer Ministro de Israel a congresistas de Estados Unidos en aras de solicitarles ayuda para frenar investigaciones por posibles crímenes de guerra de sus militares: referimos al lector a la nota de Itongadol y a la nota del JerusalemPost del 07/08/2014 titulada “‘Help Israel avoid war crimes charges,’ Netanyahu urges US lawmakers“. Como tuvimos la oportunidad de indicarlo en una reciente nota sobre las reacciones de algunos Estados de América Latina a lo ocurrido en la franja de Gaza (ver modesto artículo publicado en Derechoaldia.com en Costa Rica), el derecho penal internacional pareciera convertirse en un ámbito especialmente temido por parte de las actuales autoridades de Israel. Sus gestiones ante los Estados Unidos para limitar el alcance de las reglas que aplican en la materia parecieran ser una constante, independientemente de quién se hospede en la Casa Blanca.

Un cable de la Embajada de Estados Unidos en Tel Aviv del 23/02/2010 (ver texto completo) dado a conocer por Wikileaks en el 2011 ya indicaba el gran temor de Israel que generaba en aquel año a su diplomacia la Corte PenaI Internacional (CPI), en estos términos: “Libman noted that the ICC was the most dangerous issue for Israel and wondered whether the U.S. could simply state publicly its position that the ICC has no jurisdiction over Israel regarding the Gaza operation”.

Un cable anterior de mayo del 2009 revelado por Wikileaks pone en conocimiento público las gestiones hechas directamente por la misma Secretaría de Estado de Estados Unidos con el Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki-moon con relación a las investigaciones realizadas por las Naciones Unidas relativas a la operación en Gaza de diciembre del 2008. En el cable se deja entrever la profunda preocupación de Estados Unidos a la hora que el Secretario General de Naciones Unidas remita un informe a los demás miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Leemos en este cable diplomático (texto completo) que: “Ambassador Rice spoke with the Secretary-General two additional times. In the second conversation, she underscored the importance of having a strong cover letter that made clear that no further action was needed and would close out this issue. Secretary-General Ban called her after the letter had been finalized to report that he believed they had arrived at a satisfactory cover letter. Rice thanked the Secretary-General for his exceptional efforts on such a sensitive issue”. En una parte del mismo cable se informa además de gestiones del Secretario General un tanto soprendentes para el máximo representante de Naciones Unidas: “(C) Ambassador Rice urged the Secretary-General to make clear in his cover letter when he transmits the summary to the Security Council that those recommendations exceeded the scope of the terms of reference and no further action is needed. The Secretary-General said his staff was working with an Israeli delegation on the text of the cover letter. Ambassador Rice asked the Secretary-General to be back in touch with her before the letter and summary are released to the Council”.

Conclusión:

No cabe duda que el elevado saldo de víctimas mortales palestinas registrado en estas últimas semanas (al que hay que añadir el de personas heridas que yacen en situación sumamente crítica en hospitales, refugios y escuelas parcialmente destruidos, con escaza atención médica y limitado acceso a agua y electricidad) ha provocado reacciones muy diversas en el seno de la comunidad internacional. Por parte de varios especialistas del derecho internacional, no hay ninguna duda con respecto a la plena aplicación del derecho internacional humanitario a los actos perpetrados en la franja de Gaza: en una carta colectiva (ver texto completo) circulada cuando el saldo se situaba a unas 800 víctimas mortales palestinas, estos especialistas, muchos de ellos de renombre, indicaban de manera vehemente que: “Los ataques indiscriminados y desproporcionados, la focalización de los objetivos que no proporcionan ninguna ventaja militar efectiva, y el ataque intencionado sobre civiles y viviendas de civiles han sido rasgos persistentes de la antigua política de Israel de castigar a toda la población de la Franja de Gaza, que, desde hace más de siete años, ha sido en la práctica prisionero del cierre impuesto por Israel. Tal régimen equivale a una forma de castigo colectivo, que vulnera la prohibición incondicional establecida en el artículo 33 de la Cuarta Convención de Ginebra y ha sido condenado internacionalmente por su ilegalidad. Sin embargo, lejos de una oposición efectiva de los actores internacionales, la política ilegal de Israel del cierre absoluto impuesto a la Franja de Gaza ha continuado sin descanso, bajo la mirada cómplice de la comunidad internacional de los Estados”.

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TEXTO DE LA RESOLUCIÓN 64/10 DE NOVIEMBRE DEL 2009 ADOPTADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS

Resolución aprobada por la Asamblea General el 5 de noviembre de 2009 [sin remisión previa a una Comisión Principal (A/64/L.11 y Add.1)] 64/10.

Seguimiento del informe de la Misión de Investigación de las Naciones Unidas sobre el Conflicto de Gaza

La Asamblea General,

Guiada por los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, Recordando las normas y principios pertinentes del derecho internacional, incluidos el derecho internacional humanitario y las normas de derechos humanos, en particular el Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra, de 12 de agosto de 1949 , que es de aplicación al territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental, Recordando también la Declaración Universal de Derechos Humanos y los demás pactos de derechos humanos, incluidos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos , el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención sobre los Derechos del Niño ,

Recordando además sus resoluciones pertinentes, incluida la resolución ES-10/18, de 16 de enero de 2009, aprobada en su décimo período extraordinario de sesiones de emergencia,

Recordando las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, incluida la resolución 1860 (2009), de 8 de enero de 2009,

Recordando también las resoluciones pertinentes del Consejo de Derechos Humanos, incluida la resolución S-12/1, de 16 de octubre de 2009,

Expresando su reconocimiento a la Misión de Investigación de las Naciones Unidas sobre el Conflicto de Gaza, encabezada por el Magistrado Richard Goldstone, por su completo informe,

Afirmando la obligación de todas las partes de respetar el derecho internacional humanitario y las normas internacionales de derechos humanos,

Poniendo de relieve la importancia de la seguridad y el bienestar de todos los civiles y reafirmando la obligación de asegurar la protección de los civiles en los conflictos armados,

Gravemente preocupada por las informaciones relativas a serias violaciones de los derechos humanos e infracciones graves del derecho internacional humanitario cometidas durante las operaciones militares israelíes en la Franja de Gaza que se iniciaron el 27 de diciembre de 2008, incluidas las conclusiones de la Misión de Investigación y de la Junta de Investigación establecida por el Secretario General ,

Condenando que se tome como blanco a personas civiles, así como la infraestructura e instituciones civiles, incluidas las instalaciones de las Naciones Unidas,

Destacando la necesidad de asegurar que los responsables de todas las violaciones del derecho internacional humanitario y las normas internacionales de derechos humanos rindan cuentas para prevenir la impunidad, asegurar la justicia, disuadir de la comisión de nuevas violaciones y promover la paz, Convencida de que el logro de una solución justa, duradera y completa de la cuestión de Palestina, núcleo del conflicto árabe-israelí, es indispensable para la consecución de una paz y una estabilidad completas, justas y duraderas en el Oriente Medio,

1. Hace suyo el informe del Consejo de Derechos Humanos sobre su 12° período extraordinario de sesiones, celebrado los días 15 y 16 de octubre de 2009;

2. Solicita al Secretario General que transmita el informe de la Misión de Investigación de las Naciones Unidas sobre el Conflicto de Gaza al Consejo de Seguridad;

3. Exhorta al Gobierno de Israel a que adopte todas las medidas apropiadas, en el plazo de tres meses, para emprender investigaciones que sean independientes, fidedignas y conformes a las normas internacionales, de las graves violaciones del derecho internacional humanitario y las normas internacionales de derechos humanos señaladas por la Misión de Investigación para asegurar que los responsables rindan cuentas y se haga justicia;

4. Insta, de conformidad con la recomendación de la Misión de Investigación, a que la parte palestina emprenda, en el plazo de tres meses, investigaciones que sean independientes, fidedignas y conformes a las normas internacionales de las graves violaciones del derecho internacional humanitario y las normas internacionales de derechos humanos señaladas por la Misión de Investigación para asegurar que los responsables rindan cuentas y se haga justicia;

5. Recomienda al Gobierno de Suiza, en su calidad de depositario del Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra , que adopte cuanto antes las medidas necesarias para volver a convocar la Conferencia de las Altas Partes Contratantes del Cuarto Convenio de Ginebra a fin de examinar medidas encaminadas a hacer cumplir el Convenio en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y de asegurar su observancia de conformidad con el artículo 1;

6. Solicita al Secretario General que la informe, en el plazo de tres meses, sobre la aplicación de la presente resolución con miras a considerar la posibilidad de que, de ser necesario, los órganos competentes de las Naciones Unidas, incluido el Consejo de Seguridad, adopten nuevas medidas;

7. Decide seguir ocupándose de la cuestión.

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