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Discurso del Canciller Héctor Timerman ante el Comité Especial de Descolonización de la ONU, en Nueva York

Discurso del Canciller Héctor Timerman ante el Comité Especial de Descolonización de la ONU, en Nueva York

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República ArgentinaJueves 26 de Junio de 2014. Información para la Prensa N°: 167/14

Sr. Presidente, Sres. Miembros de la Mesa, Jefes de Delegación:

Una vez más, vengo a este Comité Especial de Descolonización a reafirmar los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes; a llamar nuevamente a la solidaridad de este foro y a agradecer este permanente apoyo que nos brinda, año tras año, a la solución de la disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido.

En estos años, he desarrollado ante este auditorio las distintas razones que sustentan la posición argentina. Me he referido, entre otros temas, a la invasión de 1833 perpetuada por la Armada Real a un territorio de un país amigo, a la expulsión de los habitantes y autoridades argentinas de las islas, a la implantación de súbditos británicos y a las permanentes protestas de nuestros delegados desde el primer día de la ocupación.

Señor Presidente, estimados Delegados:

Hoy, permítanme concentrarme en el objeto de la resolución que estamos considerando, que se enmarca en la búsqueda de un orden internacional más justo, en el que impere el derecho internacional y las controversias sean resueltas por medios pacíficos. Me refiero a un orden en el que las aspiraciones y los intereses de los países medianos y pequeños no sean ignorados, especialmente cuando nuestras pretensiones se encarnan en los principios esenciales del Derecho Internacional.

Es en este sentido que quiero invitarlos a releer la Resolución que adoptamos todos los años en este Comité y constatar el sencillo y justo mandato que ella consagra al reiterar,  cito: “que la manera de poner fin a la especial y particular situación colonial en la cuestión de las Islas Malvinas (…) es la solución pacífica y negociada de la controversia sobre soberanía que existe entre los Gobiernos de la República Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.” Por lo cual  pide y cito nuevamente: “a los Gobiernos de la Argentina y del Reino Unido (…) la reanudación de las negociaciones a fin de encontrar a la mayor brevedad posible una solución pacífica a la controversia sobre soberanía relacionada con la cuestión de las Islas Malvinas (…) de conformidad con lo establecido” en las 10 resoluciones sobre la Cuestión de las Islas Malvinas de la Asamblea General.

Lo que las Naciones Unidas vienen pidiendo desde 1982, año tras año, es la reanudación de la negociación entre las dos partes, acorde a su mandato de 1965, pues la solución pacífica de las controversias es el corazón mismo del sistema jurídico de la Comunidad de las Naciones.

La conflagración iniciada hace un siglo en las trincheras europeas, el fracaso posterior de la Liga de las Naciones y la  inconmensurablemente terrible Segunda Guerra Mundial nos enseñaron que no es la fuerza el argumento para la solución de las disputas, sino la diplomacia; así, es imprescindible que el Reino Unido se vuelva a sentar a la mesa del diálogo tal como lo hizo en el pasado.

No obstante ello, el abrumador respaldo al llamado a negociar es desoído sistemáticamente por el lado británico, dada la asimetría de poder entre las dos partes de la disputa.

La Argentina, como la gran mayoría de los países que integran las Naciones Unidas, sostiene la firme convicción de que la construcción de un orden internacional en el cual todas las naciones, absolutamente todas, tengan la posibilidad de hacer valer sus derechos, exige que las resoluciones que se adoptan en este foro sean efectivamente cumplidas.

Es decir, no solamente está en juego la solución de la disputa en sí misma, sino también el concepto de que debe prevalecer el mandato negociador y la noción de que no deben existir países que desconozcan sistemáticamente las resoluciones que se adoptan en esta Organización.

Hace décadas que Argentina es consecuente en la reiteración del reclamo porque cree que no hay otro mecanismo para arribar pacíficamente a una solución justa. ¿Qué otra posibilidad tenemos las naciones que confiamos en la justicia y el derecho internacional como los únicos instrumentos idóneos para dirimir las controversias entre los países?

Tengan por seguro que nuestra afirmación acerca de la falta de vigencia de un orden internacional igualitario no hace referencia únicamente a la cuestión de las Islas Malvinas.  Hay numerosas situaciones por las que atraviesan nuestros países, principalmente los más débiles, que requieren del cumplimiento de las resoluciones que aprueban por amplia mayoría los órganos resolutivos de  organismos internacionales como la ONU.  En algunos casos, está en juego su propia supervivencia.

Por ello, así como agradecemos permanentemente el apoyo y la solidaridad de este Comité en nuestro reclamo,  también la Argentina se manifiesta profundamente solidaria con las causas de los países que son ignorados cuando plantean sus cuestiones en un escenario internacional que pareciera tener tiempo y espacio solamente para la implementación de acciones en situaciones que afectan a los países más poderosos.

Cabe, en este punto, recordar la norma del artículo 2 inciso 3 de la Carta de las Naciones Unidas que establece que “los miembros de la Organización, arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad internacionales ni la justicia”. Esta obligación de arreglo de las controversias es incumplida por el Reino Unido.

Oponerse al diálogo es negar al otro el derecho a expresar en forma pacífica su posición sobre una disputa. Oponerse al diálogo significa dejar  sentada una posición de fuerza frente a la debilidad del que ha sido despojado.   ¿Cómo puede un país negarse a cumplir una decisión que fue expresada más de 40 veces en las Naciones Unidas? ¿Qué derecho tiene el Reino Unido a exigir a otro país que se atenga a las resoluciones de las Naciones Unidas cuando es él quien no las cumple? No existe una Carta de las Naciones Unidas para unos y otra para otros; ni resoluciones de aplicación selectiva o antojadiza según la conveniencia de cada uno. Admitir lo contrario es permitir un doble estándar en el respeto del derecho internacional que a todos y cada uno de nosotros nos obliga y nos protege.

Sr. Presidente:

La negativa del Reino Unido a dialogar es una conducta que data del mismo momento de la ocupación del territorio. Sin embargo, la resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas allanó el camino hacia la recuperación del ejercicio soberano pleno, por cuanto determinó que el Reino Unido, que durante 130 años se había negado a dialogar, iniciara las negociaciones con nuestro país. Resultado de este claro llamamiento, a partir de 1966, ambos países mantuvimos negociaciones bilaterales que contemplaron diversas fórmulas de solución, habiendo llegado a redactar documentos, acordados e incluso inicialados, en los que el Reino Unido aceptó reconocer la soberanía. Estos intercambios persistieron hasta 1982. Basta recordar, entre otros, el Memorándum de Entendimiento de 1968 que delegaciones de los dos gobiernos analizamos o, como diera cuenta la Presidenta de la Nación Argentina ante este Comité en 2012, la propuesta británica de 1974 de establecer un condominio sobre las islas, que mereció una contrapropuesta argentina.

Sr Presidente:

Quiero enfatizar que nada cambió desde entonces. El conflicto del Atlántico Sur en 1982 no alteró la vigencia ni la naturaleza de la disputa y así lo reconoció la resolución 37/9 del 4 de noviembre de 1982 de la Asamblea General, a menos de cinco meses de finalizado el conflicto, y todas sus resoluciones posteriores. Al igual que antes de 1982, la comunidad internacional continuó reconociendo la vigencia y naturaleza de la controversia a través de reiterados pronunciamientos, año tras año, de la Asamblea General y del Comité Especial de Descolonización.

Asimismo, la Organización de los Estados Americanos (OEA), las Cumbres Iberoamericanas, la Cumbre de Países Sudamericanos y Países Árabes (ASPA), la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur (ZPCAS), el Grupo de los 77 más China, y el Sistema de Integración Centroamericano (SICA) se han venido manifestando reiteradamente a favor de la reanudación de las negociaciones bilaterales. En sus manos pueden apreciar un libro, que hemos editado recientemente, que recopila  la totalidad de tales pronunciamientos.

Señor Presidente:

Desde 1982, tampoco se registraron importantes cambios demográficos en la población de las Islas que justifiquen la negativa del Reino Unido a dialogar, más aún, teniendo en cuenta todos los censos realizados por el Gobierno colonial británico, puede decirse que desde 1901 hasta 2012, año del último censo publicado, no ha habido grandes variaciones en la población. En efecto, el control migratorio cerrado y poco transparente mediante el cual se alimenta la población de las Islas y que determina mínimos cambios en el número de pobladores a través de los años, ha tenido y tiene como único objetivo el mantenimiento de la ocupación.  Quiero citar aquí palabras de funcionarios coloniales recogidas en el periódico británico “The Guardian”  del 13 de septiembre de 2012 donde  se dice y cito: que “Funcionarios del Gobierno [Británico] han dicho que si no se controla cuidadosamente la inmigración, los argentinos podrán ingresar y votar para reclamar el territorio”.

El  Reino Unido promueve la  inmigración de población británica, de sus colonias, ex colonias o miembros del Commonwealth principalmente a través de dos herramientas como son su política de enajenación de tierras y el llamado –y cito textual- “Falkland Status”. Este último es concedido directamente por el Gobernador colonial que nombra el Reino Unido en las Islas Malvinas y que representa a la Corona británica. Según las ilegítimas disposiciones coloniales, una persona a la cual se adjudica esta categoría puede residir en las Islas, figurar en el Registro electoral para votar o ser electo para cargos públicos. Es el Gobernador colonial quien concede esta categoría y sólo lo hace respecto de ciudadanos británicos, ciudadanos británicos de ultramar, o aquellos que hayan sido a un cierto tiempo ciudadanos del Reino Unido y Colonias, o un ciudadano británico de los Territorios Dependientes, o un súbdito británico. En cuanto a la posibilidad de trabajar en las Islas para los puestos que no pueden ser cubiertos por residentes, se recluta personal del exterior de las Islas, usualmente del Reino Unido, Santa Elena, Australia o Nueva Zelanda, con un contrato a plazo fijo. Para trabajar en las Islas se requiere permiso. Todo ello hace que en la práctica el 90% de los habitantes de las Islas sea de nacionalidad británica, miembros del Commonwealth o de territorios dependientes del Reino Unido. Hábilmente, la legislación ilegal no discrimina entre “nacionalidades”, pero sí lo hace al sujetar todo el proceso a la decisión última del representante de la metrópoli en las islas del Gobierno de Su Majestad Británica.

Por más que se esfuerce en querer presentar a las islas como una sociedad abierta, cosmopolita y hasta multicultural, se trata de una población artificialmente mantenida a medida para sostener la ocupación, discriminando contra los argentinos continentales.

El último censo colonial del año 2012 arroja cifras que ilustran la alta rotación de la población de las Islas. Así, la política británica de controles migratorios cerrados que describo, sumada al éxodo de las Islas por parte de algunos pobladores, determina que el 38% de la población fluctúe cada diez años, manteniéndose su número de habitantes prácticamente inalterado y, según propios datos demográficos británicos, menos del 40% de los habitantes de las Islas son nacidos en ellas. Resulta revelador, al respecto, que uno de los peticionarios isleños que hemos escuchado hoy,  es un ex oficial de la Armada Real británica.

Sr. Presidente:

Con respecto a la política de enajenación de tierras, las ilegítimas regulaciones que impone el Reino Unido hacen que sólo los residentes puedan adquirir tierras u otros derechos reales sin autorización del gobernador colonial, un funcionario diplomático británico.

Quiero destacar a esta audiencia que los habitantes de las islas tienen derecho a adquirir tierras en forma ilimitada en la Argentina continental, a la educación gratuita incluyendo el nivel universitario, a la salud sin costo alguno, tienen derecho a votar y a ser elegidos. En contrapartida, los nacidos del lado de la costa patagónica y los demás argentinos continentales no pueden ir a vivir libremente a las Malvinas, a comprar un terreno, una casa, menos aún acceder a servicios públicos gratuitos.

Señor Presidente:

Ahora bien, la Argentina no permitirá la expoliación de los recursos naturales del mar argentino. Ello sin olvidar que dicha explotación inconsulta y arbitraria también es contraria al derecho internacional, pues contraviene la resolución 31/49 de las Naciones Unidas, que insta a las dos partes a que se abstengan de adoptar decisiones que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación, mientras las Islas están atravesando por el proceso recomendado en las resoluciones de la Organización.

A efectos de poder ilustrar la magnitud del perjuicio que sufre mi país, deseo destacar que la pesquería de calamar illex que se encuentra en el Atlántico Sudoccidental, así como las de merluzas, se ubican entre las más importantes de ambas especies a nivel mundial. El Reino Unido usurpa anualmente riquezas ictícolas por más de 600 millones de dólares y percibe, además, más de 34 millones de dólares en concepto de recaudación anual por los diferentes tipos de licencias ilegítimamente otorgadas a empresas pesqueras por plazos de hasta 25 años.

En cuanto a hidrocarburos, según algunas estimaciones, las tres cuencas hidrocarburíferas alrededor de las Islas podrían contener reservas de hasta 60.000 millones de barriles de petróleo, sin perjuicio de las posibles reservas de gas. De acuerdo a ello, podría existir un potencial de 6 billones de dólares, solamente de  hidrocarburos en la región; lo que evidencia la magnitud del despojo que mi país sufre, y nuestra preocupación por su eventual agotamiento, así como por la contaminación del medio ambiente.

La preocupación por estas medidas unilaterales ha sido expresamente resaltada por las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe, en su Declaración de Riviera Maya, México, el 23 de febrero de 2010, y por  diversos pronunciamientos de UNASUR, CELAC, MERCOSUR, ZPCAS, Cumbre Iberoamericana y ASPA y, más recientemente, por la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE).

Señor Presidente:

Cuando el 3 de enero de 1833 Gran Bretaña ocupó militarmente las Islas Malvinas, esta acción se inscribió en una práctica habitual en el proceso de expansión del Imperio Británico, consistente en el control de los pasos interoceánicos, en un contexto de acceso forzado a cañonazos de los productos manufacturados en la metrópolis, a rincones del globo a los que se les imponía una participación en el comercio internacional, limitada a la provisión de insumos primarios.

La sucesión y cronología de conquistas que describo a continuación, ponen de manifiesto esta visión imperial estratégica británica de asegurarse los principales pasos marítimos, además de territorios. Y paso a enumerar: Sudáfrica, en 1806; Omán-Muscat, en 1809; Isla Mauricio, e Islas Seychelles, en 1810; Indonesia (Java), en 1811; Singapur, en 1819; Birmania, en 1824; Malaca, en 1824; Islas Malvinas, en 1833; Hong Kong, en 1839; Aden, en 1839; Afganistán en 1839; Nueva Zelandia en 1840; Shangai-Cantón en 1842.  Hay que tener en cuenta que en esos tiempos no existían ni el Canal de Suez, ni el Canal de Panamá, razón por la cual tanto el control del Cabo de Buena Esperanza como del Cabo de Hornos cobraron una importancia superlativa en la política imperial británica. Es en esta lógica que conquista por la fuerza las Islas Malvinas, en 1833, para controlar el único paso natural entre el Océano Atlántico y el Pacífico.

Esta lógica imperial persiste hasta nuestros días. En el pasado, la explotación indiscriminada por parte del Reino Unido del ganado vacuno salvaje que había introducido Vernet, llevó a su desaparición y reemplazo por la explotación ovejera. Como si esto hubiese sido poco, también se cometieron abusos en cuanto a la pesca de focas y de ballenas, que el Gobierno de Buenos Aires había protegido mediante legislación muy severa para evitar su extinción. Hoy en día, el Reino Unido intenta explotar nuestro petróleo, depreda nuestros mares vendiendo licencias de pesca y mantiene, para ello, la más grande base militar al Sur del paralelo de 50 grados Sur; presencia que ha motivado la preocupación de la región, expresada en múltiples pronunciamientos.

He aquí, entonces, las verdaderas razones por las cuales el Reino Unido permanece en las Islas Malvinas, intentando legitimar una situación neocolonial bajo un disfraz contemporáneo, al que describe como un relacionamiento “moderno” y “basado en valores comunes”, al tiempo que desprecia la existencia misma de este Comité Especial, cuestiona públicamente su mandato respecto de éste y el resto de los nueve territorios bajo su poder en la lista, y ni siquiera participa de sus actividades; a pesar de las obligaciones que le imponen no sólo la Carta sino las resoluciones de estas Naciones Unidas, opinio juris de la comunidad internacional en la materia.

Quienes fundamos las Naciones Unidas lo hicimos con el convencimiento de que ser el más fuerte no era un argumento válido para rehusarse al diálogo. La falta de diálogo solo trae más guerras, más muertes y más injusticias. La negativa del Reino Unido a cumplir con su obligación de negociar con la Argentina es la antítesis de la idea fundacional de las Naciones Unidas. Es contraria a la paz y es ofensiva para quienes dieron la vida por un mundo justo, donde los argumentos son el derecho internacional y no el tamaño de sus arsenales o su poderío económico.

Señoras y señores:

Como expresé el año pasado en atención a lo que el Reino Unido llamó “referéndum” en el que 1500 súbditos británicos manifestaron su voluntad de seguir siendo británicos:  la Argentina no tiene problemas con su nacionalidad, sino con el hecho de que el Reino Unido ocupa un territorio argentino contra el Derecho Internacional; y las Naciones Unidas expresamente rechazaron aplicar a la cuestión el principio de libre determinación. Según la consideración de la Organización, la población de las Islas Malvinas no es un “pueblo”, y menos aún un “pueblo” dominado o subyugado por una potencia colonial que pueda ser sujeto titular del derecho de libre determinación. Se trata por el contrario, de una población implantada por la propia potencia colonial, como hemos referido claramente con anterioridad.

Aplicar el principio de libre determinación significaría promover el quiebre de la integridad territorial de la Argentina y convalidar la ocupación por la fuerza de parte de su territorio. Significaría darle voz a parte de la población de la potencia ocupante para que se erija en una suerte de árbitro de una disputa en la que su propio país es parte, tal como reconoce este Comité y la comunidad internacional toda.

Repito entonces, la Cuestión Malvinas es una disputa de soberanía entre el Reino Unido y la Argentina, por lo tanto, su solución pasa por una mesa de diálogo entre las dos partes cuyo eje es precisamente el objeto del diferendo. No es casual ni mucho menos irrelevante que el Proyecto de Resolución que hoy consideramos se centre en este aspecto. Ni quiere decir ello que los intereses de los habitantes de las islas no deban ser debidamente tenidos en cuenta en el marco de las negociaciones bilaterales que exigen las Naciones Unidas.

Como tantas veces hemos reafirmado ante ustedes, la Argentina nada tiene contra los habitantes de las islas. El compromiso con su modo de vida y el respeto de sus intereses está consagrado al más alto nivel del orden jurídico argentino, nada menos que en la Constitución Nacional. Hemos dado prueba de ello y no sólo durante las décadas en que sí negociamos con el Reino Unido sobre la soberanía. La Argentina no tiene la menor intención de alterar la nacionalidad o la forma de vida de la actual población de las islas y  tiene en cuenta sus intereses, tal y como nos ha mandado esta Organización.

Su integración plena a nuestro país les ofrecerá un futuro rico en oportunidades de progreso en todas las materias. Basta ver cómo se han integrado a nuestra patria las muchas comunidades venidas de otros países, españoles, italianos, ingleses, alemanes, galeses, no voy a enumerarlos a todos para no olvidarme de ninguno; vinieron a estas tierras en busca de un futuro y hoy conviven afianzados a nuestro suelo, gozando de empresas, oportunidades laborales, bienestar y lazos afectivos que han construido en libertad para ellos y su descendencia.

Señor Presidente:

No quisiera dejar de incluir una especial mención a la generosidad con la que países del  mundo entero se brindan a nuestra causa en favor de la solución pacifica de la controversia.

La Argentina no está sola en su reclamo. Multiplicidad de foros alzaron su voz en apoyo a mi país con la aprobación unánime de sus miembros. Así ha sido el caso de la  CELAC, UNASUR y Mercosur, que han asumido como una causa propia el respaldo a los legítimos derechos de la Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Estos últimos dos foros han adoptado, además, medidas concretas para contrarrestar la exploración y explotación ilegal de recursos naturales que pertenecen a la Argentina.

Mi país recibió, también, el invalorable apoyo a sus derechos de las naciones africanas en la histórica Cumbre América del Sur – África de Malabo, de febrero de 2013, y el de las naciones árabes, en ocasión de la Cumbre América del Sur – Países Árabes de 2012 en Lima, llamando al Reino Unido a reiniciar las negociaciones de soberanía.

Asimismo, los 133 Estados miembros del Grupo de los 77 y China, reunidos en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, reafirmaron este 15 de junio, una vez más, la necesidad de que la Argentina y el Reino Unido reanuden sus negociaciones de conformidad con los principios y objetivos de la Carta de las Naciones Unidas y las resoluciones pertinentes de la Asamblea General, para encontrar una solución pacífica a la disputa de soberanía relacionada con “La Cuestión de las Islas Malvinas”; señalando que ésta “perjudica gravemente la capacidad económica de la República Argentina”.

Sr. Presidente:

La democracia argentina ha asumido este reclamo histórico como una Política de Estado, habiendo incluido en la Constitución de la Nación Argentina el mandato de recuperar mediante los medios pacíficos previstos en la Carta de las Naciones Unidas el ejercicio efectivo de soberanía sobre los territorios ilegítimamente ocupados.

Tuvimos y tenemos paciencia, pero las disposiciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos sobre la Cuestión de las Islas Malvinas siguen esperando su puesta en práctica efectiva por parte del Reino Unido desde hace décadas. Insisto en que los países que creemos en la justicia y el derecho internacional como único mecanismo para dirimir controversias, necesitamos que estas disposiciones se conviertan en acciones.

Una vez más, reafirmo aquí, la voluntad del Gobierno argentino de continuar explorando todas las vías posibles para lograr la solución pacifica de la controversia, teniendo presente los intereses y respetando el modo de vida de los habitantes de las Islas Malvinas.

Señores delegados:

En síntesis, hago hoy un llamado a no perder de vista el objeto de la Resolución sobre la Cuestión Malvinas.

Nada más y nada menos, se trata de apoyar la esencia misma del Derecho Internacional a favor de la solución pacífica de las controversias. Tal como le expresé al Canciller del Reino Unido, en las negociaciones estarán todos los temas, sin exclusiones.

Como dije en el pasado, la Argentina espera en la mesa del diálogo.

Sr Presidente:

Quiero concluir este encuentro con una nota positiva. La relación bilateral entre la Argentina y el Reino Unido está marcada por lazos históricos; y los puntos de cooperación, trabajo conjunto y coincidencias son abrumadoramente mayoritarios.

Estoy convencido de que si le damos una oportunidad al diálogo también en la Cuestión Malvinas, habremos dado un paso gigante hacia la solución de este diferendo que empaña nuestra relación.

Sr. Presidente, Señores Delegados:

Apelo entonces a la solidaridad de este Comité y, con toda humildad, pido su apoyo a esta resolución que es el reflejo de una causa justa.

Muchas gracias

resolucion_cuestion_malvinas_2014_comite_especial_de_descolonizacion_de_la_onu.pdf

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La ONU llama a Israel a respetar las leyes en la búsqueda de los jóvenes desaparecidos

La ONU llama a Israel a respetar las leyes en la búsqueda de los jóvenes desaparecidos

El secretario general adjunto de la ONU para asuntos Políticos, Jeffrey Feltman Foto.ONU/JC McIlwaine 23 de junio, 2014 — El secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Políticos, Jeffrey Feltman, instó hoy al gobierno de Israel a respetar las leyes internacionales en la búsqueda de los tres jóvenes desaparecidos en los territorios palestinos ocupados.

En su informe periódico sobre Oriente Medio al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Jeffrey Feltman se refirió a la desaparición de tres colonos israelíes el pasado 12 de junio y a la reacción de Israel, que ha dejado cuatro palestinos muertos, un número indeterminado de heridos y más de 350 arrestados.

“Mientras continúe la búsqueda de los jóvenes desaparecidos, llamamos a la contención y a que las operaciones de seguridad se ajusten estrictamente a la ley internacional, y eviten castigar a las personas por ofensas que no cometieron”, apuntó Feltman.

Agregó que el creciente número de muertos como resultado de ese operativo en Cisjordiania es alarmante y pidió que se abra una investigación.

Feltman afirmó que Medio Oriente vive un momento de crisis de dimensiones nuevas en el que las fuerzas negativas en múltiples frentes frustran las opciones viables de una solución política.

En este contexto, consideró que israelíes y palestinos tienen la responsabilidad de actuar con la máxima mesura para restaurar la calma y estudiar vías que permitan volver a la mesa de negociaciones.

 

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Argentina anuncia que demandará nuevamente a Uruguay ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ)

 Argentina anuncia que demandará nuevamente a Uruguay ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ)

 Nicolás Boeglin

 Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, UCR

 El pasado Viernes 13 de junio, Argentina indicó oficialmente a las autoridades de Uruguay que recurrirá nuevamente a la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Ello debido a la decisión uruguaya unilateral de aumentar el volumen de producción de la planta de celulosa de capital finlandés UPM (antiguamente Botnia) ubicada en la orilla del río Uruguay, río fronterizo entre ambos Estados del Sur de América Latina.

 Advertencias desoídas de Argentina:

En meses anteriores, Argentina había notificado en varias ocasiones a Uruguay que este último estaba tomando decisiones que podrían llevar a ambos nuevamente ante el máximo estrado judicial de las Naciones Unidas. Según todo pareciera indicar, estas advertencias oficiales no surtieron mayor efecto, por lo que la vía judicial es el paso siguiente al que ahora recurre Argentina. Es de recordar que en el año 2006, con relación a este misma planta de celulosa finlandesa, Argentina había demandado a Uruguay ante la Corte de La Haya, obteniendo en abril del 2010 una decisión (ver texto completo) de los jueces de la CIJ que había creado muchas expectativas, al tratarse de uno de las primeras controversias en materia ambiental entre Estados sometidas al juez internacional. El proceso de “ecologización” de la CIJ (ver artículo titulado de esta forma publicado en México) corresponde a un anhelo de larga data de muchos sectores que no puede sino avanzar en función de las oportunidades que se presenten ocasionalmente al juez internacional.

 La decisión de la CIJ del 2010 entre Argentina y Uruguay:

Si bien una parte de la doctrina acogió con beneplácito la recepción hecha en el 2010 por la CIJ de varios principios jurídicos modernos en materia ambiental (principio precautorio, principio preventivo, obligación de carácter consuetudinaria de realizar un estudio de impacto ambiental en caso de proyecto susceptible de provocar un daño de carácter transfronterizo), una parte de la doctrina especializada se mostró extremadamente dura con relación al hecho que la CIJ no suspendiera el proyecto uruguayo y se limitara a indicar que Uruguay había violado algunas reglas convencionales vigentes entre ambos Estados, recomendando a ambos Estados monitorear conjuntamente los niveles de contaminación de las aguas del Río Uruguay. En efecto, el texto de la decisión del 20 de abril del 2010 evidenció una lectura sumamente reservada en cuanto a los alcances de algunos principios básicos del derecho internacional ambiental contemporáneo: además de las opiniones separadas de los dos jueces ad hoc designados por Argentina y por Chile, siete jueces titulares de la CIJ (de quince) se sintieron obligados a hacer ver su profunda disconformidad con algunas partes de esta cuestionada decisión (ver listado y texto de opiniones y declaraciones separadas).

 Un artículo de la doctrina sobre esta polémica decisión refiere incluso en su título a “lo lejos de la noción de recurso natural compartido” que implica este fallo de la CIJ. En uno más reciente editado en el Anuario Mexicano de Derecho Internacional (AMDI) (ver texto completo) se concluye que: “La resolución de la Corte del asunto de las plantas de celulosa en el río Uruguay, enmarcado en el derecho internacional ambiental, ha dejado una mala percepción respecto del avance y progresión del desarrollo jurisprudencial de nuestro máximo tribunal internacional en lo que al aprovechamiento de recursos naturales compartidos y contaminación transfronteriza se refiere; pues la violación de Uruguay de sus obligaciones previstas en el Estatuto del río y de los principios de cooperación, uso equitativo y razonable, prevención y buena fe, tan arraigados en la práctica consuetudinaria internacional, no tuvo implicaciones jurídicas; simplemente, carecieron de fuerza vinculante en la valoración y resolución de este caso“.  Levemente más esperanzador, un análisis de este mismo fallo de la CIJ del Annuaire Français de Droit International publicado en el año 2011 concluye por su parte que los jueces de La Haya en esta decisión sentaron las bases del edificio, y que nuevos ejercicios ante ellos serán los que permitirán precisar las reglas ahí consagradas: “… cette affaire est la première épreuve d´un travail qui appelera surement quelques correctifs mais dont la ligne et d´ores et déjà déssinée” (Nota 1).

El derecho ambiental en espera:

Las consecuencias exactas de las reglas enunciadas en esta misma decisión del 2010 ameritaban nuevos desarrollos en cuanto a sus alcances. Se pensó que este paso se daría con ocasión de otra demanda planteada por dos Estados de América Latina: la demanda planteada por Ecuador contra Colombia ante la CIJ en el 2008 por aspersiones químicas aéreas en zonas fronterizas (ver texto de la demanda presentada el 31 de marzo del 2008 por Ecuador). Iniciado en el 2008, el caso dio lugar a un extenso intercambio de documentos escritos entre las partes (ver listadooficial de las piezas escritas) desde entonces: como bien se sabe, el procedimiento contencioso en La Haya prevé una primera ronda de alegatos escritos (memoria y contra memoria) seguida habitualmente por una segunda (réplica y dúplica) entre las partes ante la CIJ. En octubre del año 2011, Colombia solicitó a la CIJ un plazo adicional para presentar sus alegatos escritos finales o “dúplica” (Nota 2). Posiblemente en aras de evitarse (otra) decisión desfavorable de la CIJ, la diplomacia colombiana logró obtener a finales del 2013 de Ecuador el retiro de la demanda (ver comunicado oficial de la CIJ) a cambio de un acuerdo (poco conocido) suscrito entre ambos Estados. Criticado por algunos sectores en Colombia (ver notade la revista Semana), el acuerdo establece, además del reconocimiento por parte de Colombia de daños a Ecuador (punto 3), mecanismos conjuntos de notificación en materia ambiental (punto 5) y una zona de exclusión de 10 km para aspersiones aéreas (punto 4), entre otros puntos (ver texto completo). Adicionalmente, Colombia aceptó pagarle a Ecuador 15 millones de US$ destinados a desarrollar las zonas fronterizas (punto 9). Se lee en medios de prensa que adicionalmente Colombia aceptó sufragar los gastos por conceptos de honorarios de abogados de Ecuador ante la CIJ sin que se precisara a cuánto asciende el monto exacto de esta generosa e inédita contribución colombiana (ver declaraciones del Presidente Correa citadas en nota de prensa y en otra nota). Sin duda alguna se trata de un ejercicio diplomático que deja entrever la urgente necesidad de uno de los dos Estados de evitar a como diera lugar un fallo de la CIJ.

 Las razones alegadas por Argentina:

Con relación a la planta de celulosa ubicada en la orilla del río Uruguay, se lee en la vehemente nota oficial emitida por el Ministro de Relaciones Exteriores de Argentina el pasado Viernes 13 de junio (ver artículo de prensa de El Pais, España) que:

 El día de ayer el Gobierno argentino tomó conocimiento a través de una nota presentada por la Delegación Uruguaya ante la Comisión Administradora del Río Uruguay, que su Gobierno ha autorizado hace seis días en forma definitiva el aumento de producción de UPM a 1.365.000 toneladas anuales.
Se trata de un gesto inamistoso de parte de su gobierno en un tema que desde octubre de 2013 ha surgido como una nueva etapa de la controversia entre nuestros países en torno a la violación por parte del Uruguay del Estatuto del Río Uruguay.
Esta nueva medida uruguaya confirma la ruptura unilateral por parte de su gobierno del mecanismo de información y consulta previa establecido en los artículos 7 al 12 del referido Estatuto, que se encontraba en pleno desarrollo en octubre de 2013 cuando fue interrumpido de manera arbitraria por su gobierno.
Al igual que lo hiciera en mi nota del 15 de octubre de 2013, el Gobierno argentino reclama por mi intermedio que el Gobierno uruguayo deje de inmediato sin efecto esta nueva resolución y se atenga al cumplimiento estricto y de buena fe de las normas contenidas en el citado Estatuto.
Al confirmar en todos sus términos mis notas del 15 de octubre, del 23 de octubre y del 22 de noviembre de 2013, por las que he rechazado la autorización provisoria del aumento unilateral de la producción de UPM, señalo que el Gobierno argentino ha decido recurrir en forma inmediata a la Corte Internacional de Justicia por el incumplimiento uruguayo del Estatuto del Río Uruguay y de la propia sentencia del Tribunal del 20 de abril de 2010, para lo cual he dado instrucciones de comenzar los procedimientos correspondientes.
Por último, le comunico que el gobierno argentino procederá a reevaluar todas las políticas de relacionamiento bilateral con el Uruguay, así como el funcionamiento de las respectivas comisiones binacionales
.”

Solicitado por la prensa, el jefe de la diplomacia uruguaya “declinó hacer cualquier declaración aduciendo que “la respuesta será formal y por nota” (ver nota de prensa), la cual al momento de redactar esta nota no ha sido posible encontrar.

Conclusión:

Es probable que, de mantener su posición Uruguay, Argentina intente obtener de la CIJ un resultado que explicite con mayor precisión el alcance de los principios esgrimidos en su decisión del año 2010. Es previsible que cuente para ello con la simpatía y el apoyo de varios especialistas y organizaciones en materia ambiental (un tanto impacientes de ver claramente establecidos los alcances de los principios de esta rama del derecho internacional público). En un reciente caso que opone Nicaragua a Costa Rica ante la CIJ por la construcción de la denominada “trocha fronteriza” por parte de Costa Rica (Nota 3), este último Estado evitó, a finales del 2013, que la CIJ le ordenara a título provisional suspender la “obra” objeto de la controversia, al comprometerse públicamente ante los jueces de la CIJ a no reiniciar los trabajos antes de finales del 2014 o inicios del 2015 y a realizar un “diagnóstico ambiental” sobre los impactos provocados (ver modesta nota al respecto publicada a finales del 2013 con mapas cartográficos en el sitio de Tribuglobal). Se trata, en nuestra modesta opinión, de una lectura correcta de un Estado ante la CIJ con relación a los alcances (aún no precisados) de algunos principios que aparecen mencionados en la decisión de la CIJ del 2010, en particular el carácter consuetudinario del Estado ribereño de la obligación de realizar un estudio de impacto ambiental en caso de daño de carácter transfronterizo.

No cabe duda que el caso de Nicaragua contra Costa Rica en relación a la denominada “trocha fronteriza” y el de Costa Rica contra Nicaragua en relación al dragado del río San Juan, unidos en un solo caso por la CIJ en el 2013, así como el que eventualmente Argentina presente en los próximos días, permitan a los jueces de la CIJ enmendar su deuda con el ambiente y asentar con mucha mayor determinación las reglas imperantes entre Estados ribereños de un mismo río. La decisión de Argentina antecede por lo demás de varios meses la entrada en vigor de la “Convención de Naciones Unidas de 1997 sobre el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación” (ver texto completo), prevista para el próximo 17 de agosto del 2014 (tres meses después del depósito de la 35avo instrumento de ratificación por parte de Vietnam el 19 de mayo del 2014). Pese al tiempo transcurrido desde 1997, y a las experiencias notables desarrolladas por dos Estados como España y Portugal (partes a este instrumento) para desarrollar conjuntamente el uso de los recursos hídricos que comparten (Nota 4), es de notar la ausencia (inversamente notable …) de Estados de América Latina en el listado oficial de ratificaciones obtenidas por este novedoso instrumento universal, que pretende regular los usos y en particular proteger los cursos de agua internacionales a partir de modernos conceptos y normas del derecho ambiental internacional contemporáneo aplicables a Estados ribereños (ver listado).

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 Nota 1: Véase TRIGEAUD L., “La (non) spécificité du droit international de l´environnement: à propos de l´affaire relative à des usines de pate à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay). Arrêt du 20 avril 2010, Annuaire Français de Droit International (AFDI), (2010), pp.249-275, p. 275. Un colega canadiense por su parte es más enfático en sus conclusiones: “ L’arrêt rendu en l’affaire des Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay se prête à une grande variété d’appréciations. Prononcé à la satisfaction des deux parties, il porte la marque du savant équilibre qui imprègne la jurisprudence de la Cour mondiale. L’arrêt manifeste, par ailleurs, la sensibilité de la CIJ à la question environnementale, dans la mesure où elle ne manque pas, par le truchement d’une démarche évolutive, de faire application de ces principes fondamentaux du droit international de l’environnement que constituent le développement durable, le principe de prévention et de diligence, et le principe de coopération. Appréciable est également la consécration explicite du statut coutumier du devoir de réaliser une étude d’impact environnementale. S’il est incontestablement satisfaisant sur ces différents aspects, l’arrêt n’en restera pas moins dans l’histoire de la Cour internationale de justice comme celui des occasions manquées. Manquée l’occasion de préciser le statut de l’emblématique principe de précaution. Manquée l’occasion de faire la démonstration de son aptitude à trancher avec efficacité un contentieux complexe, parce que éminemment technique et scientifique”. Véase artículo (cita del texto de las pp. 55-56) del profesor VATNA L., “L’affaire des usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay) : un nouveau différend environnemental devant la Cour Internationale de Justice”, publicado en la Revue Quebécoise de Droit International, disponible aquí.

 Nota 2: Leemos en el comunicado oficial de prensa de la CIJ de finales de octubre del 2011 que Colombia adujó no contar con tiempo suficiente para valorar la información técnica presentada por Ecuador, información cuya obtención se hizo en virtud, segun Colombia, de la legislación vigente en Estados Unidos, al precisar a la CIJ que: “In his Order of 19 October 2011, the President of the International Court of Justice pointed out that, in a letter dated 6 October 2011 and received in the Registry on the same day, the Agent of the Republic of Colombia had referred to “the time necessary to obtain the complete file of documents obtained by Ecuador under the United States Freedom of Information Act (some of which were tendered with the Reply)”, and had asked the Court, “[t]aking into account the difficulties posed by the December holiday season, which will delay printing and proofing of the Rejoinder until January”, to extend the time-limit for the filing of the Rejoinder of Colombia until 1 February 2012”.

 Nota 3: Remitimos al lector poco familiarizado con el término de “trocha” y con las peculiaridades de su uso en el discurso oficial de las autoridades de Costa Rica, a nuestro modesto análisis: BOEGLIN N., “La denominada “trocha fronteriza” en Costa Rica desde una perspectiva internacional: breve análisis”, Revista Estudios, UCR, 2012, texto disponible aquí.

 Nota 4: Leemos que el convenio de Albufeira de 1998 entre España y Portugal titulado “Convenio sobre Cooperación para la Protección y el Aprovechamiento Sostenible de las Aguas de las Cuencas Hidrográficas Hispano-Portuguesas” resulta de la influencia del texto de 1997 al precisar el autor de un artículo que: “…Finalmente tras cinco años de intensas negociaciones técnicas y diplomáticas, el Convenio sobre Cooperación para la Protección y el Aprovechamiento Sostenible de las Aguas de las Cuencas Hidrográficas Hispano-Portuguesas, se firmó en la ciudad portuguesa de Albufeira en noviembre de 1998, y entró en vigor en el ordenamiento jurídico de Portugal y España el 17 de enero de 2000. No hay dudas de que ha sido claramente influenciada por la Convención de las Naciones Unidas, firmada en Nueva York, en 1997, sobre el Derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación, el Convenio de Albufeira preveía por siete años, es decir, hasta 2007, quedando prorrogado automáticamente por períodos de tres años, a no ser que una de las Partes notifique la denuncia del Convenio al menos diez meses antes de finalizar el período inicial de los siete años o de cualquiera de los períodos subsiguientes de tres años”. Véase OLIVEIRA DO PRADO R.C, “La obligación de cooperar en la gestión de cuencas hidrográficas internacionales. El caso del convenio de Albufeira analizado a la luz del derecho internacional del medio ambiente”, Revista Monfragüe, 2012. Disponible aquí.

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Los “buitres” planean sobre el futuro de Argentina

Los “buitres” planean sobre el futuro de Argentina

Los “buitres” planean sobre el futuro de ArgentinaEn 1981, Paul Volcker, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, subió de la noche a la mañana los tipos de interés americanos al 20%. Las consecuencias de este shock fueron demoledoras para las economías latinoamericanas, que acumulaban volúmenes considerables de deuda pública a lo largo de las décadas anteriores. Esta vez, el shock a la economía argentina no lo ha descargado la Fed, pero sí otro órgano a que el electorado estadounidense no ha votado: la Corte Suprema.

 La historia en cuestión se remonta a las dos restructuraciones de la deuda de Argentina que tuvieron lugar durante los gobiernos de Néstor Kirchner. El volumen a negociar era de 81.000 millones de dólares, la mayor suma de la historia en un proceso de este tipo. Aunque el 93% de los acreedores aceptaron la reestructuración, un 7%, aprovechando la ausencia de cláusulas de acción colectiva, se negó a aceptar el resultado, exigiendo una compensación mayor. Entre esa minoría, dos fondos de inversión –NML y Aurelius, conocidos ya como “fondos buitre” en Argentina– lograron en 2012 que Thomas Griesa, juez del distrito de Nueva York, emitiese un fallo en su favor.

 El fallo de Griesa obligaba al gobierno argentino a pagar 1.300 millones de dólares, más intereses, a ambos fondos. También impide el pago del resto de la deuda reestructurada a través de Nueva York mientras no se pague a los fondos. De cumplir el fallo, Cristina Fernández de Kirchner se vería en la obligación de desembolsar un total de 16.500 millones para aplacar al resto del 7% que no aceptó las restructuraciones. Perder semejante suma –la mitad de las reservas del Banco Central–, desbordaría a la economía argentina, actualmente debilitada por elevados índices de inflación.

 El gobierno argentino recurrió a la Corte Suprema de EE UU, que, el 16 de junio, ratificó el fallo contra Argentina. Así las cosas, y con el día 30 como fecha de vencimiento de un pago de la deuda reestructurada, Férnandez de Kirchner se encuentra en una situación delicada. Axel Kicillof, ministro de Economía argentino, ha comenzado un proceso de negociación con Griesa mediante abogados de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton.  También ha anunciado que desembolsar los 16.500 millones condenaría a Argentina al impago de su deuda.

 La gestión económica de los Kirchner con frecuencia se ha caracterizado por una seguridad jurídica que brilla por su ausencia. Así ocurrió, por ejemplo, con la expropiación de YPF. Esta vez, sin embargo, la presidenta no está desencaminada al catalogar el fallo como una extorsión. Pagar sin negociar supondría dar preferencia al 7% que rechazó las condiciones de la reestructuración, en detrimento de la inmensa mayoría que las aceptó.

 En un momento en que los niveles de endeudamiento público y privado se han disparado a lo largo del mundo, acatar el fallo supondría un varapalo para futuros procesos de restructuración de deuda. Como en su momento señaló el Financial Times, “si el fallo de Griesa asienta un precedente, un solo acreedor será capaz de excluir a un deudor soberano de los mercados internacionales indefinidamente”. Reestructurar la deuda soberana es, con frecuencia, el último cartucho que les queda por quemar a países acorralados en una espiral de endeudamiento insostenible. La agencia de calificación Moody’s calcula que en los últimos 15 años han tenido lugar 36 procesos de restructuración de deuda soberana.

 El peligro que encierra el fallo no ha pasado desapercibido en el resto del mundo. Brasil, México, y Francia han criticado la posición de Griesa. Incluso el Fondo Monetario Internacional y la administración de Barack Obama, poco sospechosos de actuar al servicio de Argentina, se han distanciado de la decisión de Griesa. La solvencia de Argentina, sin embargo, la decidirán los tribunales –y agencias de calificación como Standard & Poor’s, que acaban de rebajar su calificación de deuda.

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Más de 51 millones de desplazados en el mundo, la cifra más alta desde la Segunda Guerra Mundial

Más de 51 millones de desplazados en el mundo, la cifra más alta desde la Segunda Guerra Mundial

Refugiados de Sudán del Sur en Etiopia Foto:UNHCR/L. Godinho20 de junio, 2014 — La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) informó hoy que 51,2 millones de personas se vieron obligadas el pasado año a abandonar sus hogares a causa de crisis y conflictos, la cifra más alta después de la Segunda Guerra Mundial.

En un informe difundido al conmemorarse este viernes el Día Mundial de los Refugiados, ACNUR señaló que el incremento de seis millones de desplazados respecto de 2012 se debió en gran parte a la guerra en Siria y a otras crisis en África, especialmente en la República Centroafricana y Sudán del Sur.

“Todo esto pone a las agencias humanitarias del mundo bajo una presión enorme. Los recursos disponibles no son suficientes. La ayuda financiera que conseguimos no basta para responder a las necesidades tan dramáticas de la gente que tanto está sufriendo”, afirmó Antonio Guterres, el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados

Agregó que esas agencias pueden ser una ayuda paliativa, “pero las soluciones políticas son necesarias de una forma crucial”

Los más de 51 millones de refugiados, solicitantes de asilo y desplazados internos a nivel mundial representan una cantidad enorme de personas necesitadas, que tiene un impacto en la capacidad de ayudar de los donantes internacionales y en los recursos de los países de acogida, subrayó ACNUR.

El informe de esta agencia de la ONU precisa que al final del pasado año había 16,7 millones de refugiados en el mundo, la cifra más alta desde 2001 y la mayor parte de ellos dependiendo de la asistencia de ACNUR. Más de la mitad de esa cifra ha vivido en el exilio por más de cinco años.

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La Asamblea General aprobó al príncipe jordano Zeid como próximo Alto Comisionado para los Derechos Humanos

La Asamblea General aprobó al príncipe jordano Zeid como próximo Alto Comisionado para los Derechos Humanos

http://static.un.org/News/dh/photos/large/2014/June/575932Rights_Commissioner.jpgEl príncipe Zeid bin Ra’ad fue confirmado hoy por la Asamblea General de la ONU como el próximo Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

16 de junio, 2014 — El príncipe Zeid bin Ra’ad fue confirmado hoy por la Asamblea General de la ONU como el próximo Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

El príncipe Zeid sustituirá en ese puesto a Navi Pillay, cuyo mandato expira el próximo 31 de agosto.

El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, propuso al representante jordano hace diez días para desempeñar esa responsabilidad, después de consultar con los presidentes de los grupos regionales de los Estados miembros.

En la actualidad es el representante permanente de Jordania ante Naciones Unidas, cargo que ya ocupó entre el año 2000 y 2007.

Desde ese último año y hasta 2010 fue el embajador de Jordania en Estados Unidos y embajador no residente en México.

Este diplomático se doctoró en Historia y estudió en la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido y en la Universidad de Johns Hopkins en Estados Unidos.

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Reino Unido anuncia la reapertura de su embajada en Teherán

Reino Unido anuncia la reapertura de su embajada en Teherán

Reino Unido anuncia la reapertura de su embajada en TeheránEl Reino Unido ha anunciado la intención de reabrir su embajada en Teherán, que permanece cerrada desde que en 2011 fue objeto del asalto de centenares de airados estudiantes, como “un importante paso” en el deshielo de las relaciones entre ambos países. La decisión se produce en un contexto de acercamiento entre los aliados occidentales y el régimen iraní, que se ha comprometido a asistir a Irak, su histórico rival, ante el avance de los yihadistas suníes.

 “Irán es un país importante en una región volátil, y mantener embajadas en el mundo, incluso en condiciones difíciles, es un pilar central de nuestra diplomacia global”, ha subrayado el misnistro de Exteriores, William Hague, para justificar ese paso. La legación británica en la capital iraní, precisó, será reabierta tan pronto como el Gobierno de Londres reciba garantìas de que su personal estará a salvo.

 Hace dos años y medio, fue Hague quien responsabilizó al régimen teocrático del asalto contra la embajada británica en Teherán (noviembre 2011) que obligó a su evacuación y al cierre del recinto. Aquel suceso, que entonces halló su paralelismo histórico en el ataque contra la legación de Estados Unidos en 1979 y su secuestro durante 444 días, marcó uno de los puntos más bajos en la siempre difícil relación entre los dos Gobiernos.

 La reciente elección en Irán del presidente Hasan Rohaní —más moderado que su antecesor Mahmud Ahmadineyad— y la aproximación de posiciones entre Teherán y los países occidentales sobre cómo encarar la cuestión del programa nuclear iraní se han traducido en un incremento de los contactos con Londres a lo largo de 2014. Hague acaba de confirmarlo al calificar las relaciones como de “creciente confianza”.

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Ex Botnia: La Argentina recurre a la Corte Internacional de Justicia y reevalúa su relación con el Uruguay

Ex Botnia: La Argentina recurre a la Corte Internacional de Justicia y reevalúa su relación con el Uruguay

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República ArgentinaViernes 13 de Junio de 2014 Información para la Prensa N°: 151/14

Se transcribe a continuación el texto completo de la carta remitida hoy por el canciller Héctor Timerman a su par del Uruguay, Luis Almagro.

Señor Ministro:

El día de ayer el Gobierno argentino tomó conocimiento a través de una nota presentada por la Delegación Uruguaya ante la Comisión Administradora del Río Uruguay, que su Gobierno ha autorizado hace seis días en forma definitiva el aumento de producción de UPM a 1.365.000 toneladas anuales.

Se trata de un gesto inamistoso de parte de su gobierno en un tema que desde octubre de 2013 ha surgido como una nueva etapa de la controversia entre nuestros países en torno a la violación por parte del Uruguay del Estatuto del Río Uruguay.

Esta nueva medida uruguaya confirma la ruptura unilateral por parte de su gobierno del mecanismo de información y consulta previa establecido en los artículos 7 al 12 del referido Estatuto, que se encontraba en pleno desarrollo en octubre de 2013 cuando fue interrumpido de manera arbitraria por su gobierno.

Al igual que lo hiciera en mi nota del 15 de octubre de 2013, el Gobierno argentino reclama por mi intermedio que el Gobierno uruguayo deje de inmediato sin efecto esta nueva resolución y se atenga al cumplimiento estricto y de buena fe de las normas contenidas en el citado Estatuto.

Al confirmar en todos sus términos mis notas del 15 de octubre, del 23 de octubre y del 22 de noviembre de 2013, por las que he rechazado la autorización provisoria del aumento unilateral de la producción de UPM, señalo que el Gobierno argentino ha decido recurrir en forma inmediata a la Corte Internacional de Justicia por el incumplimiento uruguayo del Estatuto del Río Uruguay y de la propia sentencia del Tribunal del 20 de abril de 2010, para lo cual he dado instrucciones de comenzar los procedimientos correspondientes.

Por último, le comunico que el gobierno argentino procederá a reevaluar todas las políticas de relacionamiento bilateral con el Uruguay, así como el funcionamiento de las respectivas comisiones binacionales.

Sin otro particular, lo saludo atentamente,

AL SEÑOR MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES

DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

D. LUIS LEONARDO ALMAGRO LEMES

MONTEVIDEO

 

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Unánime respaldo del G77 más China a la Argentina en Malvinas y deuda externa

Unánime respaldo del G77 más China a la Argentina en Malvinas y deuda externa

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República ArgentinaDomingo 15 de Junio de 2014 Información para la Prensa N°: 154/14

En el marco de la Cumbre Extraordinaria por el 50° Aniversario del G77 más China, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, bajo el lema “Por un Nuevo Orden Mundial para vivir Bien”, los Representantes de 133 países aprobaron por consenso una declaración que incluyó un importante respaldo a la posición argentina en la cuestión de la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas y el conflicto con los fondos buitres. Los párrafos aprobados fueron los siguientes:

“Reafirmamos la necesidad de que los Gobiernos de la Argentina y del Reino Unido reanuden sus negociaciones de conformidad con los principios y objetivos de la Carta de las Naciones Unidas y las resoluciones pertinentes de la Asamblea General, a fin de encontrar a la mayor brevedad posible, una solución pacífica a la disputa de soberanía relacionada con “La Cuestión de las Islas Malvinas”, que perjudica gravemente la capacidad económica de la República Argentina, y la necesidad de que ambas partes se abstengan de tomar decisiones que entrañarían la introducción de modificaciones unilaterales de la situación mientras las islas se encuentran en medio del proceso recomendado por la Asamblea General.”

“También recordamos que en decenios anteriores y en los últimos años la gestión de la deuda soberana ha sido una cuestión crucial para los países en desarrollo. En los últimos tiempos, ha surgido una nueva preocupación relacionada con las actividades de los fondos buitres. Algunos ejemplos recientes de las acciones de los fondos buitres en los tribunales internacionales han puesto de manifiesto su carácter altamente especulativo. Esos fondos plantean un peligro para todos los procesos futuros de reestructuración de la deuda, tanto para los países en desarrollo como para los países desarrollados. Por consiguiente, reiteramos la importancia de no permitir que los fondos buitres paralicen las actividades de reestructuración de la deuda de los países en desarrollo ni priven a los Estados de su derecho a proteger su pueblo conforme al derecho internacional.”

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10 de junio: Día de la afirmación de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y los espacios marítimos circundantes

10 de junio: Día de la afirmación de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y los espacios marítimos circundantes

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República ArgentinaMartes 10 de Junio de 2014. Información para la Prensa N°: 148/14

Cada 10 de junio, la República Argentina conmemora la fecha de creación, en 1829, de la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas y las adyacentes al Cabo de Hornos por parte del Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

Desde su primeros pasos como Nación independiente, la Argentina, en su condición de heredera de los territorios del Atlántico Sur que habían pertenecido a España, ejerció sus derechos de manera permanente, procediendo al dictado de las normas y el establecimiento de las estructuras jurídicas y administrativas que consolidaran el ejercicio de su soberanía, fomentando el desarrollo de actividades comerciales, el establecimiento de población y una oficina administrativa local. La culminación de dicho proceso fue el dictado del Decreto estableciendo la Comandancia Cívica Militar de Malvinas, en la fecha que hoy recordamos, a cuyo frente fue designado D. Luis Vernet.

El 3 de enero de 1833, quebrantando la integridad territorial argentina, el Reino Unido ocupó las islas y desalojó a los habitantes y las autoridades argentinas, procediendo a ejercer un férreo control migratorio e impidiendo la radicación de argentinos provenientes del territorio continental con la finalidad de configurar una población a la medida de sus pretensiones coloniales. En más de 180 años, la Argentina nunca consintió la usurpación británica.

La posición argentina cuenta con un amplio respaldo internacional. América Latina y el Caribe apoyan firmemente nuestros legítimos derechos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Dicha solidaridad se extiende también a países de otras regiones, como las 54 naciones africanas que en 2013 suscribieron la declaración de Malabo (Guinea Ecuatorial) en la que reconocieron los derechos de soberanía argentinos.

Por su parte, múltiples organismos y foros internacionales instan a la Argentina y al Reino Unido a reanudar las negociaciones para poner fin a la disputa de soberanía de manera pacífica y definitiva, entre ellos se destacan la Organización de las Naciones Unidas, la OEA, el Grupo de los 77 y China, las Cumbres Iberoamericanas y las Cumbres de Países Sudamericanos y Árabes (ASPA).

Es importante destacar que este apoyo fue renovado en la reciente Asamblea de la OEA que se celebró el pasado 6 de junio en Asunción. En la misma se aprobó por aclamación una Resolución llamando a retomar el diálogo entre Argentina y el Reino Unido por la Cuestión Malvinas. En esta reunión hubo un récord de países que pidieron la palabra para expresar su apoyo explícito al cumplimiento de las Resoluciones de las Naciones Unidas, lo que demuestra la creciente solidaridad regional con la causa.

Las numerosas y contundentes manifestaciones de foros regionales y multilaterales a favor de una resolución pacífica de la disputa de soberanía mediante negociaciones bilaterales han sido compiladas en la publicación “La Comunidad Internacional y la Cuestión Malvinas”, publicada recientemente por este Ministerio.

A pesar del tiempo transcurrido y de las innumerables invitaciones al diálogo de la República Argentina, el Reino Unido se niega a reanudar las negociaciones de soberanía. Negociaciones – que en cumplimiento de la Resolución 2065 (XX) de las Naciones Unidas – desde 1966 y durante 16 años llevaron a que las Partes consideraran diferentes alternativas para resolver la disputa. Londres no dudó en ese entonces en negociar la cuestión de fondo con la Argentina, aún con un gobierno de facto. Resulta incomprensible e inadmisible su negativa a volver a la mesa de negociaciones con sucesivos Gobiernos democráticos.

El principio de libre determinación de los pueblos, que es el único elemento en el que el Reino Unido pretende basar su posición y que plantea exclusivamente en relación con las Islas Malvinas, resulta total y evidentemente improcedente e inaplicable a la controversia sobre la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y los espacios marítimos circundantes. Tal pretensión no encuentra sustento alguno en el derecho internacional ni en ninguna de las 40 Resoluciones de la ONU sobre la Cuestión Malvinas, que definen la naturaleza bilateral de la disputa de soberanía y no puede servir de excusa para relevar al Reino Unido del deber que le cabe de conformidad con el derecho internacional de resolver pacíficamente la controversia mediante la reanudación de negociaciones con la Argentina.

La negativa al diálogo encubre, además, una injustificada presencia militar británica en el Atlántico Sur, la que ha generado una creciente preocupación en la comunidad internacional, conforme ha sido expresado por diversos foros regionales y birregionales, así como por países de nuestra subregión que han señalado que la presencia de una potencia extra regional en las Islas Malvinas incide negativamente en el Atlántico Sur como Zona de Paz y Cooperación y constituye una amenaza latente.

A esto deben sumarse las ilegítimas actividades de exploración y explotación de recursos naturales desarrolladas por el Reino Unido en el Atlántico Sur, que son contrarias a la resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas que insta a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación mientras la controversia esté pendiente de resolución, lo que también ha sido señalado por otros foros de América Latina y otras regiones. Los países del MERCOSUR y la UNASUR, en tanto, asumieron compromisos concretos a fin de no facilitar las actividades de naves que tengan por fin apoyar de manera directa las actividades hidrocarburíferas que afecten los derechos argentinos en su plataforma continental e impedir el ingreso a sus puertos de embarcaciones que enarbolen la bandera ilegal de las Islas. A su vez, el MERCOSUR y la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) reconocieron el derecho que asiste a la Argentina para adoptar acciones legales contra las actividades no autorizadas de hidrocarburos en la zona en disputa.

La recuperación pacífica de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, respetando el modo de vida de sus habitantes y de conformidad con el derecho internacional, constituye un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino, tal como lo establece la Cláusula Transitoria Primera de la Constitución Nacional. Asimismo, los representantes de todas las fuerzas políticas expresaron en la Declaración de Ushuaia su posición común en defensa de los derechos argentinos en la disputa de soberanía con el Reino Unido.

La creación de la Secretaría de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes en el Atlántico Sur a fines de 2013 ilustra el firme compromiso del Gobierno nacional con la defensa de los derechos argentinos y la búsqueda de una solución pacífica a la disputa; en tanto que la inauguración en el día de la fecha del “Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur”, ubicado en el predio del Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA), constituye una clara demostración de la voluntad política de difundir entre las nuevas generaciones los sólidos argumentos que sustentan la posición nacional y recordar a los argentinos que entregaron sus vidas en defensa de las Islas.

La República Argentina reitera una vez más su derecho inalienable sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, así como su firme disposición a reanudar a la brevedad las negociaciones con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a las que nos exhorta las Naciones Unidas para dar una solución definitiva a esta tan inaceptable como anacrónica situación colonial.

Timerman presentó el libro “La Comunidad Internacional y la Cuestión Malvinas”

Lunes 09 de Junio de 2014. Información para la Prensa N°: 146/14

El Canciller argentino, Héctor Timerman, presentó esta mañana en el Salón Dorado del Palacio San Martín el libro “La Comunidad Internacional y la Cuestión Malvinas”, que aborda los antecedentes históricos de la disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes y agrupa los pronunciamientos de la comunidad internacional y las expresiones de foros regionales que apoyan a la República Argentina en su búsqueda del diálogo para arribar a una solución.

Timerman estuvo acompañado por el secretario y el subsecretario de Asuntos Relativos a Islas Malvinas, Daniel Filmus y Javier Figueroa respectivamente, además de senadores, diputados, embajadores y representantes del ámbito académico y universitario.

En el prólogo, el titular del Palacio San Martín expresa que el libro logra reflejar la “solidez, claridad y contundencia de la percepción de la comunidad internacional en su genuina aspiración de que la disputa pueda ser solucionada del modo pacífico indicado por las Naciones Unidas y pueda superarse la persistente negativa del Reino Unido a reanudar el diálogo bilateral”.

“Los documentos que se han compilado resultan también una muestra concreta de la más amplia solidaridad de esa comunidad de naciones frente a la subsistencia de este anacronismo colonial en el Atlántico Sur en pleno siglo XXI. Por su parte, animada por el creciente respaldo internacional, la Nación Argentina, a través de todos los Gobiernos de todos los signos políticos, continuará expresando su voluntad negociadora como una verdadera política de Estado, firme e indeclinable, hasta lograr de una vez por todas la solución definitiva a esta disputa de soberanía”, concluye el Canciller en su prólogo.

 

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La OEA aprobó por aclamación la declaración sobre Malvinas

La OEA aprobó por aclamación la declaración sobre Malvinas

La OEA aprobó por aclamación la declaración sobre MalvinasJueves 05 de Junio de 2014. Información para la Prensa N°: 141/14

La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó hoy en Paraguay por aclamación una Declaración sobre la Cuestión de las Islas Malvinas, llamando una vez más al Reino Unido y a la República Argentina a reanudar las negociaciones sobre la disputa de soberanía.

En la Declaración aprobada hoy en la ciudad de Asunción, los países americanos reafirmaron “la necesidad de que los Gobiernos de la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte reanuden, cuanto antes, las negociaciones sobre la disputa de soberanía, con el objeto de encontrar una solución pacífica a esta prolongada controversia.”

En su intervención ante el plenario del Organismo, el canciller Héctor Timerman dijo que “la Argentina, como la gran mayoría de los países que integran esta Asamblea, sostiene la firme convicción de que la construcción de un orden internacional en el cual todas las naciones, absolutamente todas, tengan la posibilidad de hacer valer sus derechos exige que las resoluciones que se adoptan en este tipo de organizaciones sean efectivamente cumplidas. Es decir que no solamente está en juego la solución de la disputa en sí misma, sino también el concepto de que debe prevalecer el principio negociador y la noción de que no existen países en condiciones de desconocer sistemáticamente las resoluciones que se producen en este tipo de organizaciones.”

Al referirse a la ilegal exploración de los recursos naturales del mar argentino, el Canciller subrayó que “dicha explotación inconsulta y arbitraria también es contraria al derecho internacional, pues contraviene una resolución previa de la ONU que insta a las Partes a abstenerse de tomar medidas unilaterales susceptibles de agravar el conflicto.”

Por último, Timerman reafirmó “la voluntad del Gobierno argentino de continuar explorando todas las vías posibles para lograr la solución pacifica de la controversia, teniendo presente los intereses y respetando el modo de vida de los habitantes de las Islas Malvinas.”

En el marco de la presentación del Canciller ante la Asamblea de la OEA, la delegación argentina distribuyó entre todas los países miembro un libro de reciente edición que contiene toda la documentación sobre la Cuestión Malvinas aprobada por la ONU, la OEA y otros foros internacionales y regionales, como una muestra del importante apoyo internacional que tiene la causa argentina.

 

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Deuda Externa, Entendimiento con Club de Paris e Implicancias con el Caso Bonistas: Confusos Presagios

PRIMERO Y PRINCIPAL se trata de situación creada y encabalgada en los coletazos de una deuda externa ilegitima y fraudulenta, como que ella ha sido manejada contra leguen incluso por gobiernos dictatoriales, sin intervención del congreso y en los términos que la jurisprudencia y practica de los Estados – incluso de los Estados Unidos – considera indigna de ser pagada en todo tiempo y lugar, y, también, el contemporáneo riesgo originado en costumbres ruines, carentes de previsión, oficiadas desde la inidoneidad y el interés crematístico de agentes públicos que manejan a los gobiernos y al sistema financiero mundial y nacional al margen del bien común. Véase del autor arts. en internet.

           Haciendo pasar los repertorios del record bursátil sin causa ni motivación, del caos a la depresión, al influjo de maniobras especulativas más poderosas – cincuenta veces – que el segmento económico, al que asfixian y esquilman perversamente. Se agrega, para nuestro caso, la circunstancia de contar con un fallo, pronunciamiento de un juez federal, que ha proclamado la inviabilidad jurídica, administrativa y moral de tales supuestos adeudos que, por su naturaleza preñada de ilegitimidad y de anulabilidad, revisten la condición de incobrables ad perpetuán. Porque, y además, como lo tiene establecido jurisprudencia de Corte, el vicio de origen por ilegitimidad es irredimible e imprescriptible, y no valen los argumentos por razón de invocar supuestas convalidaciones legislativas, (C. Civil), que no pueden conducir sino a configurar delitos contra la Administración.

           Hoy, cuando es posible concebir el triunfo de la verdad por encima de todo, con apelación a la reinterpretación del contrato, a la irrititud de la cosa juzgada, a la abrogación por imperativos del jus cogens, la sanción a delitos graves preteridos contra la Humanidad – Pacto Universal de Derechos Humanos Civiles e Políticos Art. XV con aplicación del sistema punitivo universal.   SEGUNDO. Cabe la advertencia acerca de un excesivo optimismo, alentado por una concepción pueril, utilitaria y carente de solidez, respecto del objetivo y fin del acuerdo, que lo constituye el logro de conseguir inversiones, con nuevos compromisos con la banca internacional. Pero, hete aquí que el método aceptado para la cancelación de los supuestos adeudos, consistente en pagos escalonados– que ponen la mayor carga en gobiernos del porvenir, violentando al principio de sustentabilidad, a la progresividad y a la solidaridad intergeneracional –tienen la virtud, o el defecto, de poner de manifiesto la insuficiencia de recursos que hace aplicable la pauta por la que no se da por cumplido el pago hasta que el acreedor ha recibido el último centavo. Consiguientemente, ello no podría pasar desapercibido, en el cumulo de circunstancias a ser escrutadas desde el azimut observador del inversionista , del clima en el contexto del Estado pedigüeño, que debiera considerar, conjuntamente, no incurrir en contradicciones, en incumplimientos, en violaciones a los Derechos Humanos protegidos con la sanción a los créditos del sistema internacional incluso con apoyo en los respectivos Defensores del Pueblo como ha ocurrido en nuestra Casa de las Leyes – diputados – caso del autor.

           Ni producir intentos de perturbar al funcionamiento de las instituciones de otros Estados interponiendo gestiones hostiles al principio cardinal del constitucionalismo democrático de la separación de poderes, como cuando se reclama del Ejecutivo, en los EEUU intervención determinante en el pronunciamiento de su Corte Suprema, interfiriendo en la gestión y tranquilidad de ella, creando así, mayores riesgos finales.

          Por extraño que parezca, cuesta hallar fundamentos sólidos a la postura argentina si es que ella está en la búsqueda de una seria consideración argumental para sustento de los propósitos así como respecto de sus consecuencias. Porque este acto, se inscribe en el marco definido por el ansia oficial en vista de conseguir nuevamente el acceso a los mercados internacionales de crédito, con la segura secuela del incremento mayor de la deuda externa hoy rondando 300.000 millones UIS, del enriquecimiento del segmento financiero a expensas de la economía y dependencia de poder ajeno ingobernable, por cuanto revelan los términos del acuerdo, al que la Argentina ha ido con predisposición de convenir a cualquier precio desde baja posición de fuerza, pagando tributo a política cuyo comportamiento ha sido signado endémicamente por el afán de postergar solución a cuestiones clave cuando están en medio conveniencias de política menuda, interna, partidocracia, para ganar tiempo. Aun cuando, como en el caso ocurre, se hacía evidente el daño irreparable irrogado al Tesoro, al prestigio del Estado, a todos los argentinos por la demora articulada deliberadamente.

         En tiempos cuando se fraguaba para beneficio de los acreedores la prórroga de jurisdicción, vale decir, la renuncia por anticipado ilegal e inconstitucional del ejercicio del poder natural de jueces y legislación argentinos en los litigios a suscitarse por razón de las acreencias internacionales. Increíblemente, concesión gravosa y delictual que clama todavía, por su expiración, ya que continúa siendo aprovechada en sucesivos endeudamientos de la Nación y de provincias. El acuerdo de marras constituye paradigma de la desnaturalización del deber de proceder de buena fe y de servir ciertamente al interés del público con todos los recursos disponibles – lo que se contrapone con las onerosas contrataciones de abogados extranjeros que sirvieron para entregar el caso argentino y con actos profusos incompatibles con el estándar señalado en la Carta de la OEA y en las Convenciones Universal y Hemisférica contra la Corrupción – porque, debe decirse, a manera de sermón al orden presidencial, no existe ejecución ni políticas correctas, inteligentes, en tanto ellas atienden prioritariamente a lo más conveniente o a lo más práctico. Porque ha de atenderse a la vigencia ecuménica y suprema de los principios generales del derecho, guía insoslayable, rectora, cada día con mayor intensidad en las decisiones de los Estados, cuyos gobiernos y sus cortes supremas ya no pueden contradecirse impunemente ni hacer su voluntad omnímodamente, regulado como está el sistema mundial por la Carta de la ONU, el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia art.38, la Convención de Viena 1969 arts. 27, 53 y 64 y el sistema del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. De ahí, el reproche a la conducta contradictoria, por ende incursa en ESTOPELL, de quien, proclamada su intención de desendeudarse, concurre a un acuerdo con la intención manifiesta de fortificar su posición de exposición para acceder a nuevas líneas de créditos internacionales mientras y en tanto desde el discurso desacredita al sistema tachándolo – con justicia – de depredatorio.

         Debe decirse de la insólita cuan torpe declaración en el juicio de los bonistas –holdoughts que, proferida por un abogado extranjero representando a la República, en una gestión en desafío al tribunal y a la Justicia de los Estados Unidos, en el sentido de que la Argentina no habría de acatar un fallo desfavorable, lo que mereció, aun que muy tardíamente y por razón de circunstancias, rectificación.

         Pero, el daño está hecho, incluso por motivar explicables irritación y desaliento en el juez Griesa y en otros magistrados. Debe decirse, también, del imperativo legal internacional con que opera el principio de IGUALDAD, por encima de consideraciones políticas y de su relevancia en atingencia a la cláusula pari passu de la que es sustento, para las determinaciones de la Corte Suprema de Estados Unidos, de la cual no debiera ilusionarse fuera a ceder ante argumentaciones fundadas en proposiciones meta-jurídicas que hieren al constitucionalismo republicano y democrático como atender a los intereses de Wall Street y de la banca de Nueva York, o apelar a la salvaguardia del sistema financiero mundial hoy en el ápice de su descrédito por afectación injusta, generalizada, a la mayor parte de la Humanidad.

         Cuando el tratamiento igualitario venía siendo reclamado e impuesto por la razonabilidad y la legalidad, la equidad y correcta aplicación de las decisiones del gobierno, y este, cegado por la ignorancia y la soberbia hermanastras de la arbitrariedad y del desatino, en vez de abordar el despliegue valioso del poder político, internacional, con apoyatura en los modernos desarrollos progresivos del derecho de gentes que han incorporado inmensas convenciones para combatir a la corrupción instilada por los fondos buitre, se entretuvo en disputas irrisorias concurrentes, paradojalmente a fortificar su presencia.

         En el mismo orden de ideas, la cuestión suscitada con los miembros del club de Paris, grupo poderoso pero que carece de personalidad jurídica, inhábil para concertar tratados y al que no seria fácil perseguir judicialmente si se reputara un día que incurrió en alguna ilicitud relevante, tal sería el caso de amenaza, irregular presentación de sus acreencias, corrupción, etc.

         De manera que aparece nítido el desconocimiento del valor y peso, actualísimo y poderoso del derecho internacional cuyo imperativo reviste garantías para sancionar a los actos materiales y también omisivos que configuran corrupción – convenciones Universal y Hemisférica contra la Corrupción – las que se enriquecen con la noción vigente del JUS COGENS Y, POR ENDE, SU CARÁCTER OPERATIVO para castigar a funcionarios y particulares réprobos y aun cuando no exista beneficio económico. De ahí, entonces, exista una relación simbiótica con la cuestión de los bonistas y holtdoughts, sobre la que recaen con disfavor y recíprocamente las consecuencias de la presentación del comportamiento defectuoso, inhábil, de doble discurso inmerso en contradicciones y, por ende, insatisfactorio a efecto de articular, eventualmente, una causa. Ejemplificativamente, dado que no sería impensable una posible reclamación de los acreedores por falta de fehaciente prueba de capacidad de pago ante la situación claudicante, además, en el otro caso, y en la posición de buscador de nuevos fondos como definición en el sistema financiero, con triunfo de los acreedores en toda la línea.

         Los horrores en la ponderación de la categoría temporal, cuando la hay, también se pagan, así como ignorar que el DERECHO INTERNACIONAL juega y actúa también en las decisiones judiciales en los Estados Unidos, donde es receptado como LA LEY DEL ESTADO, y así promulgado por sus presidentes en declaraciones históricas. Ahí radican principios generales del derecho, IGUALDAD, RAZONABILIDAD, PROPORCIONALIDAD, BUENA FE, JUSTICIA, EQUIDAD, que, instalados en la Carta de la ONU, en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia – Art. 38 – y en la Convención sobre el Derecho de los Tratados – Art. 27 – consagran las bases insoslayables para los tribunales de todo el mundo.

         Por cuanto resulta problemática la aspiración de los funcionarios y apoderados del caso argentino que resiente más y más su perspectiva en la medida que se ejerce presión sobre la Corte norteamericana. Se impone – Clement dixit, acogiendo nuestras recomendaciones dadas a manera de amistoso   sermón en anteriores aportes – cuidar de manifestaciones que pueden comprometer la fuerza de la causa, convirtiéndose en manifestaciones hostiles. Porque, incluso declaraciones acerca de la necesidad, urgencia y conveniencia de ganar tiempo, constituyen un atentado a la condición de dar celeridad al proceso.

           A este procedimiento, contradictorio de las obligaciones internacionales, al que adhieren funcionarios y algunos miembros de la grilla abogadil – el autor viene de padecer, victorioso, el tormento de cuatro destituciones sucesivas con auspicio letrado operadas en la H. Cámara de Diputados de la Nación obra de Eduardo Camaño y de sus sucesores, que llevaron la defensa en el colmo de la perversidad y cebados en la impunidad, a ignorar los derechos humanos agraviados y a dilatar por DIEZ años la sentencia definitiva, todavía estéril y baldía, sin restitución al cargo y con indemnización tan ruin que constituye motivo de agravio autónomo – están en camino de ser enfrentados con las pragmáticas del Papa Francisco, protector del trabajo, de los trabajadores, de los mayores, que debieran interesar vivamente al presidente de la H. Cámara, así como al requerimiento que ha formulado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por violación de la Convención Pacto de San José de Costa Rica en el caso del Dr. Camilo Rodríguez Berrutti. Sin perjuicio de apoderamiento de los haberes del Dr.Rodríguez Berrutti correspondientes a diferencias de sueldo por el desempeño de función Secretario de Comisión ( Planta Permanente ) dictaminado por el DEFENSOR DEL PUEBLO DESDE 1992, que admitió en intercambio de cartas documento del presente año.

         PORQUE EL INCUMPLIMIENTO POR LA ADMINISTRACION DE SUS DEBERES ES UN ESPEJO DE MALSANOS REFLEJOS PARA SU IMAGEN INTERNACIONAL, Y, EN DEFINITIVA, TODO IMPORTA, INCLUSO PARA EL RUDO CUAN SUTIL ESCRUTINIO DEL INVERSOR.

Junio de 2014
Dr. Camilo Hugo Rodriguez Berrutti
Montañeses número 1823 6º “D”
CP C1428AQA – Ciudad Autónoma de Buenos Aires -
República Argentina
Teléfono: (0054) 011-4782-7492
Correo electrónico: [email protected]; [email protected]
Sitio Web: www.rodriguezberrutti.com.ar

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Los países donde es más barato comprar el pasaporte

Los países donde es más barato comprar el pasaporte

San Cristóbal y Nieves tiene el programa más antiguo de ciudadanía por inversión.Antigua y Barbuda, Granada, Malta, Holanda y España introdujeron nuevos programas que otorgan la ciudadanía directa u ofrecen una ruta a la ciudadanía a aquellos que inviertan grandes sumas en el país.

En la mayoría de las películas de espionaje, desde James Bond hasta Jason Bourne, no falta la clásica y trillada escena del agente abriendo un maletín lleno de dinero y múltiples pasaportes para emprender un rápido escape. Pero con mayor frecuencia ya no son los espías los que buscan un segundo pasaporte, sino un creciente número de “ciudadanos económicos”.

 Christian Kalin, experto en temas de ciudadanía de Henly and Partners -una empresa consultora que aconseja a sus clientes de los mejores lugares para invertir su dinero- estima que cada año varios miles de personas gastan conjuntamente US$2.000 millones para agregar un segundo, inclusive un tercer, pasaporte a su colección de documentos.

 “De la misma manera que uno diversifica su portafolio de inversiones, uno busca diversificar el portafolio de pasaportes”, señala. Es una opción que se ha vuelto popular con ciudadanos chinos y rusos, así como aquellos de Medio Oriente.

 Países que atraviesan dificultades económicas han tomado nota. Sólo el año pasado, Antigua y Barbuda, Granada, Malta, Holanda y España introdujeron nuevos programas que otorgan la ciudadanía directa u ofrecen una ruta a la ciudadanía a aquellos que inviertan grandes sumas en el país.

 No obstante, la práctica ha generado preocupaciones sobre la transparencia y control de los programas.

 En enero, Vivienne Reding, vicepresidente de la Comisión Europea, declaró en un discurso que “la ciudadanía no puede estar a la venta”.

 Pero, por lo pronto, parece que aquellos con dinero de sobra cuentan con suerte pues hay seis países que están ofreciendo una ruta directa a la ciudadanía basada en la inversión sin necesidad de residencia.

 Es, esencialmente, ciudadanía a la venta.

Dominicana

 Dominica tiene una población de 71.000 y unos 3.000 cuidadanos inversionistas.La ciudadanía más barata en este mercado la ofrece la pequeña isla caribeña de Dominica.

 Por una inversión de US$100.000 más tarifas varias, así como una entrevista en persona en la isla, se puede comprar la nacionalidad.

 Sin embargo, los expertos advierten cautela porque el comité de entrevistas se reúne sólo una vez al mes y la expedición de un pasaporte dominiqués puede durar entre cinco y 14 meses.

 Como Dominica es una nación de la Mancomunidad Británica, los ciudadanos gozan de privilegios especiales en Reino Unido y también pueden viajar sin visa a 50 países, incluyendo Suiza.

San Cristóbal y Nieves

 Portugal ofrece la llamada    Las islas caribeñas de San Cristóbal y Nieves tiene el programa más antiguo de ciudadanía por inversión (CIP, por sus siglas en inglés) en el mundo, fundado en 1984.

 Hay dos maneras de obtener la ciudadanía; la más barata siendo una donación no reembolsable a la Fundación para la Diversificación de la Industria Azucarera de San Cristóbal y Nieves, una organización benéfica. La segunda opción prevé una inversión mínima de US$400.000 en el ámbito inmobiliario del país.

 Recientemente, el programa fue señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que advirtió sobre la posibilidad de ciudadanos iraníes de obtener pasaportes que les permitirían viajar o invertir en EE.UU., en violación de las sanciones impuestas por este país a Irán. (San Cristóbal y Nieves clausuró el programa para iraníes en diciembre de 2011).

 Christian Kalin de Henley and Parners, que ayudó a instalar el programa, dice que, a pesar de algunos problemas, “San Cristóbal está bien administrado -es, de alguna manera, un sistema modelo”.

 Añade que los sitios caribeños sirven para obtener pasaportes interinos para “ciudadanos globales” que buscan eventualmente establecerse por medio de inversiones en otros programas de “ciudadanía económica” como Portugal y Singapur.

Antigua y Barbuda

 Antigua y Barbuda instituyó el programa CIP en 2013.    Este conglomerado de islas introdujo su CIP a finales de 2013, siguiendo parámetros parecidos al modelo de San Cristóbal: una inversión inmobiliaria de US$400.000 o una donación de US$200.000 a una beneficencia.

 En un discurso en el que anunció el programa, el primer ministro Baldwin Spencer citó una causa común por la cual hay cada vez más países adoptando los CIP: la desaceleración económica y “la virtual desaparición de fuetes tradicionales de financiamiento”.

Estados Unidos ofrece una visa de residencia a empresarios que inviertan en sectores selectos que generen empleo.

Hizo referencia tanto al ejemplo de San Cristóbal como el de EE.UU., que otorga una visa EB-5 de residencia (conocida como Green Card) con una inversión de US$500.000 en un “sector selecto de empleo” y crean 10 trabajos. (Desde 1990, la inversión extranjera ha superado los US$6.800 millones y EE.UU. ha entregado 29.000 visas a través del programa EB-5, aunque hay un cupo máximo anual de 10.000).

 Pero el primer ministro Spencer advirtió que “el programa de ciudadanía por inversión de Antigua y Barbuda no es un ‘ábrete sésamo’ para cualquier suerte de persona”.

Malta

 Malta se vio forzada a aumentar el monto de inversión tras la presión de la UE. Foto: BBC“Los programas de ciudadanía por inversión ciertamente van en aumento, especialmente en Europa”, comenta Ayelet Shachar, profesora de leyes de la Universidad de Toronto, Canadá.

 La pequeña nación mediterránea de Malta recientemente fue objeto de críticas cuando anunció planes para permitir a extranjeros ricos obtener un pasaporte por una inversión de 650.000 euros sin el requerimiento de establecer residencia, lo que la hubiera convertido en la nación más barata de la Unión Europea para comprar la ciudadanía.

 El primer ministro Joseph Muscat estimó que unas 45 personas solicitarían el primer año, lo que representaría 30 millones de euros en ingresos.

 Tras recibir presión de funcionarios de la UE, las autoridades cambiaron las reglas para exigir que los aspirantes al pasaporte residieran en Malta un año e incrementaron el monto de inversión a 1,15 millones de euros.

 Estas diferencias expusieron las tensiones generadas en torno a la definición de nacionalidad, según la profesora Sachar.

 “Lo que está en juego es la decisión más importante y sensible que enfrenta una comunidad política: cómo definir quién pertenece, o debería pertenecer, en su círculo de miembros”, comentó.

 “La respuesta es el que tenga la billetera más gruesa, de acuerdo a los programas de ciudadanía por inversión. Eso es una violación de nuestro estándar de requerimientos de naturalización y ciudadanía que se enfocan en establecer un vínculo genuino entre el individuo y su nuevo país de residencia”.

Chipre

 Chipre ha reducido varias veces el costo del CIP, en parte para aplacar a inversinistas que perdieron dinero tras el rescate económico de la UE.Chipre es otra nación de la UE que ofrece la ruta de ciudadanía por inversión.

 El costo del programa se redujo drásticamente a dos millones de euros, en marzo, en un intento parcial para aplacar a la mayoría de inversionistas rusos que perdieron dinero cuando Chipre se vio forzada a aceptar un paquete de rescate de la Unión Europea.

 (La cifra de dos millones de euros se aplica cuando se invierte como parte de un grupo más grande cuya inversión total conjunta supera los 12,5 millones de euros; una persona independiente todavía debe invertir cinco millones de euros en inmuebles o bancos).

 Pero Christian Kalin advierte contra las inversiones en Chipre, señalando que el programa en un principio costó 28 millones de euros, luego 10 millones y, finalmente, 5 millones.

 “Es un buen ejemplo de cómo no hacerlo -introducir un producto en el mercado, con un precio completamente mal juzgado y tener que reducirlo cada seis meses. Es ridículo”, opinó..

 

[via El Mundo - lanacion.com]
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DEUDA Y NUEVO ARREGLO CON EL CLUB DE PARIS. Por Héctor Giuliano

DEUDA Y NUEVO ARREGLO CON EL CLUB DE PARIS. Por Héctor Giuliano

Por Héctor Giuliano (31.5.2014).

En el contexto de la nueva ola de endeudamiento público que está llevando a cabo la administración Kirchner acaba de anunciarse (el 29.5) un nuevo arreglo sobre la deuda externa con los países del Club de París.

Esta noticia se suma a toda una serie de novedades que se están produciendo aceleradamente en materia de deuda: bonos para pago a Repsol y laudos del CIADI, obligaciones negociables de YPF, nueva deuda dolarizada de las Provincias, nuevos bonos nacionales colocados en el mercado bursátil, más Deuda intra-Estado – fundamentalmente con la ANSES, el BCRA y el BNA – negociaciones para el pago de juicios con bonos a los holdouts y refinanciamiento sistemático de todos los vencimientos de capital a medida que van cayendo.

El nuevo acuerdo con el Club de París es uno de los pilares centrales de la Hoja de Ruta Boudou para el retorno de la Argentina al Mercado Internacional de Capitales, es decir, para volver a tomar Deuda Externa en gran escala.

Según la última información oficial disponible – Ministerio de Economía (MECON), Informe trimestral de la Deuda Pública al 30.9.2013 – el Estado Central le debía al Club de París unos 6.100 MD (Millones de Dólares): 5.100 por Capital y 1.000 por Intereses.

El Club le reclamaba a la Argentina, en cambio, 9.700 MD – con cifras cerradas al 30.4.2014 – donde el grueso de la diferencia (unos 3.600 MD) se entiende corresponde a intereses punitorios e intereses corridos hasta esa fecha.

El MECON no ha dado, hasta el momento, ninguna información detallada acerca del acuerdo suscripto – las negociaciones entre las partes han sido absolutamente secretas – no se conocen los términos exactos de lo pactado, no se cuenta con información desagregada de las sumas que integran el total aceptado con el allanamiento argentino ni se conoce cómo ha sido la evolución de dicho endeudamiento para llegar a las cifras actuales, ya que al momento del default de fines de 2001 la deuda directa con el Club de París era algo menor a los 2.000 MD y ahora ha crecido prácticamente 5 veces.

Se supone que las principales causas de este aumento han sido los intereses devengados acumulados durante el período de cesación de pagos (12 años), la incorporación de otras deudas bilaterales al paquete de las deudas directas con los países del Club y la gran diferencia de cambio producida entre el dólar y el euro; pero no se cuenta con información oficial al respecto.

No se sabe, además, si ha habido capitalización de intereses (anatocismo) y si la Argentina tiene que afrontar además otras erogaciones, como gastos y honorarios propios y de la contraparte.

El gobierno Kirchner – como en todo lo relativo a la Deuda Pública – no suministra información desagregada ni mucho menos permite el acceso a la documentación probatoria de las acreencias que reconoce a individuos, empresas y/o países reclamantes.

Este punto es particularmente importante en este caso porque las obligaciones involucradas en la renegociación están siendo teóricamente investigadas por la justicia argentina en la causa Olmos II – que abarca las irregularidades de la Deuda Pública bajo los gobiernos democráticos sucesores del Proceso – según la denuncia respectiva de Alejandro Olmos, que data de 1998 (casi 20 años) y que está paralizada en el Juzgado Federal número 2.

Aproximadamente la mitad de esa deuda proviene de la época del Proceso Militar, es decir, que se viene arrastrando y aumentando desde hace unos 40 años; y la misma, en su conjunto, ha sido motivo de sucesivas reprogramaciones: entre 1985 y la actualidad ha habido – contando la que termina de cerrarse – 6 rondas o acuerdos en ese sentido; todos ellos motivados por el fracaso de los precedentes dada la incapacidad de pago de la Argentina.

En este último capítulo, sin embargo, han aparecido algunos elementos nuevos a ser tenidos especialmente en cuenta:

  1. El primero y principal es la falta de capacidad de pago demostrada, punto que veremos enseguida.

  1. El segundo – que en realidad debiera ser el primero, dada su categoría institucional – es el de la falta de análisis y aprobación expresa por parte del Congreso (que también veremos a continuación).

  1. Pero el tercero toca a las características peculiares de este nuevo convenio con el Club de París – en base a lo poco conocido hasta ahora – debido a ciertas cláusulas discutibles.

Vamos a precisar solamente algunos de estos puntos cuestionables y/o no claros dentro del pacto firmado que justifican lo que estamos diciendo:

  1. La falta ya citada del desagregado y de las informaciones detalladas que respaldan la llegada al monto de los 9.700 MD en cuanto a origen y evolución del endeudamiento que da lugar al presente arreglo, que hacen que técnicamente no se conozca lo que se ha pactado ni el contenido de las operaciones involucradas en el acuerdo.

  1. La necesidad lógica que las obligaciones que van a ser traspasadas a la futura administración sean conocidas, analizadas y discutidas por las fuerzas políticas con representación parlamentaria para su aprobación definitiva o no antes que entren en vigor. O sea, que dicho convenio tenga ratificación del Poder Legislativo.

  1. Si el gobierno Kirchner remitió al Congreso proyectos de relevancia tales como la estatización de las acciones de Repsol en YPF y el posterior acuerdo de pago con bonos a la empresa española, por qué no sometería un arreglo con el Club de París de la importancia extraordinaria que éste conlleva, máxime cuando la Ley de Presupuesto 2014 – que le confería indebidamente facultades extraordinarias en este campo – ha quedado ahora totalmente distorsionada por los cambios introducidos unilateralmente por el gobierno y debe ser consiguientemente revisada en todos sus puntos ?

  1. La aceptación de un pago inicial de 1.150 MD – desdoblado en dos remesas, de 650 MD en Julio de 2014 y 500 MD en Mayo de 2015 – traspasándole a la próxima administración la gran mayoría de los vencimientos (8.550 MD) configura el mismo tipo de maniobra que en el caso de Repsol y muy probablemente también en el próximo de los holdouts.

  1. Presentar como logro de la negociación un supuesto compromiso de inversiones a cambio de los pagos a ser efectuados – que pueden ir desde los 1.500 a los 2.200 MD por año – es invertir la lógica del razonamiento porque no es que la Argentina va a negociar inversiones sino al revés: la Argentina va a comprometer la refinanciación de la Deuda y los acreedores del Club de París, entre otros condicionamientos, la comprometen a aceptar inversiones extranjeras, en un mundo con excedentes de capitales, inversiones éstas que – de grado o por fuerza – supondrán más condicionamientos y mas endeudamiento externo, público y privado. Esto se amplía en el punto h).

  1. La relativa baja tasa de interés acordada – entre 3.0 y 3.8 % en dólares – no es un logro excepcional ni relevante en una negociación internacional con organismos oficiales. De hecho, según el propio MECON – último informe de Deuda Pública al 30.9.2013 – la tasa de interés promedio ponderada con Organismos Internacionales es del 3.03 % (la misma que con el Club de París, al que si hasta ahora se le pagaba casi el 7 % era porque se le agregaban los intereses punitorios y otros cargos). Incluso si se tomara como referencia la tasa promedio con “Organismos Oficiales” (que no se sabe si están considerados dentro de este convenio con el Club), la misma figura en el orden del 5.09 %, lo que implicaría – en el mejor de los casos – haber obtenido una rebaja de sólo un punto porcentual.

  1. El plazo de pago a 5 ó 7 años (en caso de descalce contra ingresos por Inversiones Extranjeras Directas, aunque contra aumento de la tasa de interés en 0.8 %) es algo que no está muy claro en cuanto a responsabilidades de las partes, es decir, sobre qué pasa si tales inversiones no vienen a la Argentina por reticencia de los inversores o por falta de acuerdo sobre los proyectos en nuestro país.

  1. El punto anterior – y también lo adelantado en el e) – es muy delicado porque las presiones extranjeras para entrar con inversiones pueden ser un arma de doble filo en cuanto a tipos y prioridades de proyectos públicos versus privados, localización y vinculaciones internacionales de los mismos, concesiones y privilegios al amparo de los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) y, fundamentalmente, en cuanto a inversiones que aumenten las importaciones, transferencias de utilidades y, sobre todo, que provoquen aumento de la Deuda Externa Privada.

  1. La combinación de condiciones negociadas en materia de plazos y tasas de interés se compensa con la aceptación por allanamiento al mayor monto reclamado por los acreedores del Club. De hecho, el convenio suscripto parece un híbrido a la luz del “enfoque de Evian” del 2003, que es el criterio consensuado entre los miembros del Club de París para los casos de reprogramación de obligaciones con los países deudores y que contempla mayores plazos, tasas más bajas y menores condicionamientos que los conseguidos por la Argentina.

  1. Por último, la baladronada sobre la no intervención del FMI como un supuesto logro de la negociación es cuasi infantil: la no participación del Fondo no sólo sirve para “no mostrarle las cuentas públicas” argentinas sino que, al revés, conviene al FMI para no tener que expedirse sobre la situación fiscal de nuestro país, de modo de no quedar pegado a un dictamen u opinión que racional y técnicamente no podría ser favorable frente a un país con sobre-endeudamiento público, déficits gemelos crecientes y crisis de Deuda por iliquidez e insolvencia. Los directivos del Fondo seguramente están ahora incluso más tranquilos: mejor dejar que el gobierno K se lleve “los laureles” de haberlos excluido del arreglo que haberlos involucrado haciéndoles asumir la responsabilidad de opinar sobre un país que se auto-define como “pagador serial” mientras vive en crisis de Deuda a la vez que necesitando siempre más deuda que no puede pagar.

Como en todas las operaciones de endeudamiento público, este tipo de acuerdos de refinanciación de compromisos así como la emisión de títulos oficiales en general, se hace sin demostración de la capacidad de pago.

Por definición – y por lógica – el Estado Argentino está contrayendo pasivos que no puede pagar, como no sea tomando nuevas deudas:

  1. El Fisco tiene déficit fiscal creciente – el Resultado Financiero fue negativo de 31.700 M$ (Millones de Pesos) en 2011, de 55.600 M$ en 2012 y de 64.500 M$ en 2013 – y ese déficit ya lo está cubriendo sistemáticamente con deuda a un ritmo de 15.000 MD (Millones de Dólares) anuales o más aún (fueron 14.600 MD en 2011, 18.800 MD en 2012 y todavía no se tienen los datos del 2013).

  1. Los datos del punto anterior (datos oficiales del MECON), empero, no son completos ni realistas porque tales déficits del Estado están atenuados en forma artificial con grandes transferencias de fondos provenientes fundamentalmente de la ANSES y del BCRA.

  1. El saldo de la Balanza Comercial es fuertemente decreciente (fue de 14.700 MD en 2012 y bajó a sólo 1.700 MD en 2013, según el Balance Cambiario del BCRA, aunque el INDEC computa en este último año un saldo de 9.000 MD a favor) y la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos es directamente negativa (13.300 MD en 2013), pese al cepo cambiario.

  1. El BCRA carece de una verdadera disponibilidad de Reservas Netas: al 30.4.2014, sobre un total de Reservas Brutas de 28.200 MD, las Reservas Netas quedan reducidas a 11.600 MD si se le restan 16.600 MD de divisas que no le son propias: 7.000 MD de Depósitos en Moneda Extranjera y 9.600 MD de Otros Pasivos (que son préstamos de otros bancos centrales e internacionales). Sin contar la masa de la deuda cuasi-fiscal por Lebac/Nobac, que está creciendo en forma extraordinaria (hoy equivalente a 23.500 MD).

No existe ninguna demostración de la capacidad de pago de la Argentina sobre cómo se van a afrontar las deudas actuales ni las deudas futuras que se están contrayendo.

El nuevo acuerdo con el Club de París, lo mismo que la deuda pública en general, sólo puede cancelarse a costa de colocar nuevas deudas.

Y tal es el objetivo expreso de la política de endeudamiento del gobierno Kirchner en función de la Hoja de Ruta Boudou y después de haber traspasado la mayoría de la deuda impagable a los jubilados desfinanciando la ANSES y de haber descapitalizado el BCRA con el uso masivo de reservas para pagar deuda externa y empapelado el Activo del Banco con títulos sin garantía de cumplimiento.

Cumplida así la etapa de usar la Deuda intra-Estado como “préstamo-puente” mientras se marcaban récords de pagos de la deuda con terceros – Acreedores Privados y Organismos Financieros Internacionales (FMI, Banco Mundial, BID y CAF) – ahora ha llegado el momento de la verdad: la falsía del “des-endeudamiento” no sólo no era cierta (la deuda pública aumenta y no disminuye) sino que se desnuda que el objetivo de la maniobra era descargar gran parte de la deuda externa traspasándola como costo al Estado y al Pueblo Argentino para volver al mercado externo a contraer más deuda.

Ergo, el gobierno ha terminado así ahondando la trampa de Deuda en que está metido: sólo puede responder a los actuales y futuros vencimientos – que se están incrementando en línea con las nuevas obligaciones en curso – con más emisiones de deuda.

El nuevo arreglo de la deuda con el Club de París tiene que ser sometido a la aprobación del Congreso: la delegación de facultades parlamentarias al Poder Ejecutivo en materia de Deuda Pública es inconstitucional y la ley de Presupuesto 2014 tiene que ser revisada no sólo para reformular las partidas presupuestarias debido al cambio de los supuestos macro-económicos oficiales sino también para replantear la concesión indebida de facultades especiales hechas al gobierno para concertar compromisos impagables.

El gobierno Kirchner, siguiendo su tradición de presentar las concesiones o derrotas como victorias ante la opinión pública, ha dado otro paso flagrante en este sentido cerrando un nuevo convenio que pesará sobre las presentes y las futuras generaciones de argentinos.

El reconocimiento y arreglo de esta nueva deuda con el Club de París se suma así a la oleada de obligaciones sin capacidad de repago que la administración Kirchner está contrayendo en las postrimerías de su gestión, bajo condiciones de manifiesta debilidad política, fuertes inconsistencias en sus medidas financieras y graves denuncias en su contra por corrupción generalizada.

Hoy nuevamente, con manifestaciones exultantes del gobierno K, con elogios de la mayoría de la partidocracia pseudo-opositora y apoyo de los grandes medios de comunicación, el establishment financiero – local e internacional – festeja la nueva ola de endeudamiento de la Argentina que compromete tanto el final de la gestión de esta administración como, sobre todo, la que asuma con el futuro gobierno.

La Clase Política – y la Clase Dirigente en general – debiera ser forzada a no evadir sus responsabilidades y responder a la “pregunta del millón”: quién y cómo pagará todo esto, como no sea con más Deuda ?

Lic. Héctor L. GIULIANO

Buenos Aires, 31.5.2014

Asesor del Foro Argentino de la Deuda Externa

Foro Regional La Plata, Berisso y Ensenada

Archivo: GIULIANO ARTICULO 2014 05 31 CLUB PARIS

[via Foro Argentino de la Deuda Externa La Plata]

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Rusia avanza en sus planes para reagrupar el espacio postsoviético

Rusia avanza en sus planes para reagrupar el espacio postsoviético

Rusia avanza en sus planes para reagrupar el espacio postsoviéticoLa Unión Económica Euroasiática ya es una realidad. Bielorrusia, Rusia y Kazajistán han firmado este jueves el acuerdo correspondiente en Astaná, la capital de este último país cuyo presidente, Nursultán Nazarbáyev, había presentado la idea de su creación hace ya 20 años. El líder ruso, Vladímir Putin, se ha convertido más tarde en el principal impulsor de la Unión, un elemento clave en el proyecto político del Kremlin para reaglutinar el espacio postsoviético. La firma del tratado se produce una semana después de que el Kremlin sellara un importante acuerdo gasístico con China, en un claro esfuerzo de Moscú por consolidar su proyección en Asia y reducir el posible impacto de eventuales sanciones occidentales vinculadas a la crisis en Ucrania.

 El tratado sellado está lejos de lo que el Kremlin hubiera querido lograr: Ucrania no formará parte de la alianza y esta será exclusivamente económica. Los aspectos políticos propugnados por Moscú fueron abandonados por la férrea oposición de Nazarbáyev, aunque sí se incluyeron esferas económicas que se pensaba excluir, como la industria farmacéutica y de equipos médicos y los mercados de hidrocarburos y energía eléctrica. La posibilidad de una moneda común ha quedado para futuros debates. Aún así, la rúbrica es una victoria —y muy importante— para Putin, quien, en momentos de dificultades económicas y, debido a la crisis ucrania, políticas, demuestra tener margen de maniobra.

 A pesar de que Rusia no ha logrado todo lo que esperaba, confía en que, en el futuro, la Unión Euroasiática pueda expandirse no solo a otros países que en su tiempo formaron parte de la extinta URSS —Armenia y Kirguizistán, que estuvieron en la cumbre de Astaná, ya manifestaron su intención de adherirse antes de fin de año— sino también a gigantes orientales como China e Irán.

 Putin solo expresó entusiasmo por el buen término de las negociaciones, mientras que el bielorruso Alexandr Lukashenko, lamentó que la Unión hubiera “perdido a Ucrania en el camino”. El presidente ruso celebró lo que una semana antes, en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, había calificado de “acontecimiento central del año” y dijo que no dudaba de que los países firmantes han creado “un potente y atractivo polo de desarrollo económico”.

 El nuevo mercado común que comenzará a funcionar el primero de enero de 2015 en el territorio de Bielorrusia, Kazajstán y Rusia cuenta con una población de más de 170 millones de habitantes. En este espacio —donde habrá, como subrayó Putin “libre movimiento de capitales, mercancías, servicios y mano de obra”— se concentra el 20% de las reservas mundiales de gas y casi el 15% de las de petróleo.

 Las negociaciones que permitieron llegar a la firma del jueves fueron difíciles, tanto por razones económicas —Bielorrusia luchó apasionadamente por conservar algunos privilegios— como políticas. Kazajistán logró que se eliminaran los aspectos políticos que Moscú quería que se incluyeran en la Unión: ciudadanía común, política exterior, colaboración interparlamentaria, defensa de fronteras…

 Nazarbáyev estaba categóricamente en contra de la politización de la Unión Euroasiática y sostenía que lo principal era conservar la soberanía de los estados miembros. El viceprimer ministro ruso Ígor Shuválov reconoció en una entrevista dada la víspera al periódico Kazajstánskaya Pravda que a Rusia le costó apaciguar los temores de Astaná.

 “No oculto que tuvimos que emplear mucho tiempo convenciendo a nuestros socios kazajos de que tras las soluciones que proponíamos no se escondía ninguna amenaza a su soberanía”, señaló Shuválov, agregando que a veces “es bastante difícil de determinar dónde pasa la frontera entre la economía y la no economía”.

 El resultado ha sido un tratado muy diferente al que se proponía en un comienzo. Como dijo el viceministro de Exteriores kazajo, Samat Ordabáyev, el texto del proyecto que se les presentó “era enorme”. Tenía casi 2.000 páginas en las que, en esencia, se pretendía reglamentar todas las esferas de la vida estatal: cooperación política, ciudadanía, política exterior, política migratoria y de visados, problemas de seguridad. Nada de eso ha sido incluido en el acuerdo firmado, que se concentra, como resaltó el diplomático, en lo económico.

 El jefe de Aduanas ruso, Andréi Belianínov, confirmó indirectamente que no habrá pérdida de soberanía, como ya había subrayado Kazajstán. Afirmó que los países que han rubricado la alianza, que también firmaron la Unión Aduanera en 2010, conservarán sus propios servicios y no se integrarán en un órgano supranacional. “Permanecerán como agencias independientes, subordinadas al Gobierno de su respectivo país”, dijo —se concentra el 20% de las reservas mundiales de gas y casi el 15% de las de petróleo.

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La doctrina Obama

La doctrina Obama

La doctrina Obama

Con su discurso en la academia militar de West Point, el 28 de mayo, Barack Obama ha comenzado una campaña dedicada a la política exterior, para corregir la impresión, bastante difundida en la opinión pública, de la debilidad de su jefatura, el declive de Estados Unidos al que ha conducido y la subsiguiente falta de confianza que ha inspirado en general en el mundo entero. Estamos ante un discurso con una redacción brillante, muy equilibrado. En su modestia, que contrasta con la altura de los temas que trata, es la expresión de un “hombre de bien”.

 En realidad, el discurso del presidente no hace más que definir lo que ha caracterizado a su política exterior desde su elección en 2008, de manera más coherente y continuada que la de muchos de sus predecesores, a pesar de los errores y confusiones de que adolece toda política. Es una repetición y una clarificación de multitud de pronunciamientos de meses y años pasados, y en último término de su discurso ante las Naciones Unidas en otoño de 2013.

 Ha señalado rotundamente que EE UU nunca ha sido tan fuerte como ahora, no solo militarmente, si no por la fuerza de sus innovaciones, la inspiración de sus principios políticos y la asistencia que presta al mundo entero en multitud de campos: es y continuará siendo “la nación indispensable”. Pero al mismo tiempo ha tenido el acierto de señalar por qué muchos americanos sienten esa aparente debilidad y declive de su país: “El mundo está cambiando en acelerada velocidad… Sabemos ciertamente bien, después del 11-S, cómo la tecnología y la globalización han puesto en manos de los individuos el poder que antes estaba reservado a los Estados… Desde Brasil a India emergen clases medias que compiten con las nuestras y gobiernos que se afanan por tener más voz en el foro global…”.

 Ante esta nueva circunstancia de la política exterior, ha señalado, no se trata de saber si EE UU ha de intervenir, sino de cómo lo haga. El aislacionismo es tan peligroso como un intervencionismo inconsecuente.

Obama ha definido su doctrina en cuatro puntos:

 1. EE UU empleará su fuerza militar, unilateralmente si es necesario, cuando lo exijan sus intereses esenciales: amenazas a la nación, a sus vidas o a la seguridad de sus aliados… “aunque de manera proporcional, efectiva y justa”. Pero otro tipo de cuestiones globales deberán ser resueltas mediante una acción colectiva de diplomacia, sanciones y la aplicación del Derecho Internacional.

 2. Este es el caso del terrorismo que se cierne de manera difusa por diversas regiones del mundo. Es “ingenuo e insostenible” contrarrestarlo mediante intervenciones militares en los países afectados. Es mejor ayudarles para que lo hagan por sí mismos, para lo que  anunció un fondo de 5.000 millones de dólares.

 También es el caso de conflictos como Ucrania y Siria. Por muy graves que sean, no todos los problemas se resuelven por medios militares. Después de haber sido acusado de no respetar las “líneas rojas” con las que advirtió a Siria, Obama anunció que pediría al Congreso apoyo a los insurrectos que mejor puedan derrotar al terrorismo y la brutal dictadura de ese desgraciado país.

 3. Después de la Segunda Guerra mundial, EE UU tuvo el acierto de establecer  multitud de instituciones internacionales para el mantenimiento de la paz y el fomento del desarrollo. La ONU siguen siendo una plataforma esencial para esos fines. Apoyar y actuar a través de esas organizaciones internacionales no es un signo de debilidad, sino la mejor manera de garantizar la seguridad nacional.

 4. Si EE UU debe ver la realidad tal como es, y no lanzarse alocadamente en pos de quimeras irrealizables, también debe de recordar cómo debiera ser. En este sentido, deberá ser siempre el campeón de la dignidad humana y de la democracia. Fomentar la construcción de sociedades civiles por el mundo entero es la mejor garantía de la seguridad de EE UU.

 Estos cuatro puntos sientan una auténtica doctrina. En el futuro, serán una guía contra el Miles gloriosus tan del agrado de América.

 El presidente Obama ha condenado el intervencionismo militar al que muchos en EE UU han sido tan adictos, precisamente en el corazón militar del país, la academia de West Point. Pero también logró su aplauso al recordar que ha puesto fin a la intervención militar en Irak y Afganistán.

 Aunque su alocución es quizá más académica que retórica y serán muchos los que no se sientan convencidos de su prudente internacionalismo, le apoya ciertamente el hastío que la opinión pública siente por toda complicación exterior. La semana próxima viajará a Europa para conmemorar el 70º aniversario del desembarco en Normandía. Cabe esperar que aprovechará para remachar estas ideas.

 Jaime de Ojeda es profesor de la Universidad del Shenandoah, Virginia. Fue embajador de España en Estados Unidos entre 1990 y 1996.

Para más información:

 Jaime de Ojeda, “Carta de América: ¿El momento de la política exterior?“. Política Exterior 159, mayo-junio 2014.

 Jaime de Ojeda, “Carta de América: Un balance de éxitos empañado por la desilusión”. Política Exterior 158, marzo-abril 2014.

 Norman Birnbaum, “Paradojas de la presidencia de Obama”. Política Exterior 157, enero-febero 2014.

 Jaime de Ojeda, “Balance 2013: batalla interna e incertidumbre exterior”. Política Exterior 157, enero-febero 2014.

 Karl rove, “Reacttions To President Obama’s West Point Speech”. Fox News, 28-05-2014.

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