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Malaysia Airlines MH17 derribado por un misil SAM (surface to air missile)

Malaysia Airlines MH17 derribado por un misil SAM (surface to air missile)
BUK-MA1 autotransportado.El Ministerio del Interior ucraniano informó que un avión del vuelo MH17 de Malaysia Airlines, que viajaba desde Amsterdam a Kuala Lumpur con 295 personas a bordo fue derribado hoy por un misil en el este de Ucrania, cerca de la frontera con Rusia,en Donetsk.

El Ministro del Interior de Ucrania, Anton Gerachtenko declaró que el avión fue derribado por un misil de fabricación soviética desarrollado en épocas de la guerra fría y responsabilizó a los rebeldes prorrusos, tildó el hecho como un acto de terrorismo y anunció que invitó a especialistas holandeses para que participen de la investigación.

En tanto, la contraparte en el conflicto, anunció a través del Gobernador autoproclamado de la República Popular de Donestk, Alexander Borodai, que todo se trata de una grave provocación de la Fuerza Aérea Ucraniana y descartó que las fuerzas separatistas posean la capacidad misilística para derribar una aeronave comercial a 30.000 pies (10.000 metros) de altitud, ya que sus misiles portátiles apenas alcanzan los 5.000 metros.

Todo apunta a un tipo de misiles SAM (tierra-aire) del tipo BUK autotransportados de origen ruso.

El spotter (aficionado a la fotografía en aeropuertos)  Tom Warners de Amsterdam tomó hoy esta foto mientras despegaba por última vez de Schiphol el Boeing 777-200 9M-MRD de Malaysia Airlines que, se sospecha, fue derribado en Ucrania por misiles tierra aire (SAM) rusos del tipo BUK-MA1 autotransportados.

La aviación civil se organiza a nivel mundial a partir de las normas y métodos recomendados aprobados por el Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI-ICAO), cuyo origen es el Convenio de Aviación Civil Internacional o Convenio de Chicago de 1944.

Dando lectura al Convenio de Aviación Civil Internacional, en el Artículo 3 inciso a dice que el Convenio se aplica a las aeronaves civiles y no a las aeronaves del Estado, definiendo en el inciso b como aeronaves del Estado a las militares, de aduana y policía.

Aunque no podemos dejar de observar el hecho de que a pesar de no estar la aviación militar dentro de los objetivos del Convenio de Aviación Civil Internacional (Art.44), y que las normas y métodos recomendados por el Consejo de OACI están diseñadas para el transporte aéreo civil internacional, se reconoce que por un tema de soberanía,  cada Estado establece las regulaciones aplicable a las operaciones militares y de otras aeronaves del Estado.

Además, instalaciones y servicios a la aeronavegación son de uso compartido entre aviación civil y militar. Por eso se han establecido (a nivel mundial) mecanismos de coordinación entre los  Servicios de tránsito Aéreo (ATS) de la aviación civil y las autoridades militares.

Es por eso que el  Anexo 11 al Convenio de Aviación Civil Internacional  habla de coordinación entre los Servicios de Tránsito Aéreo (ATS) y las autoridades o dependencias militares.

También el Documento 4444, el Documento 9554 y así algunos otros documentos.

La OACI publicó la Circular 330 AN/189 Cooperación Cívico Militar para la Gestión del Tránsito Aéreo.

Ahi se explica bien el concepto de Gestión del Tráfico Aéreo  (ATM) en situaciones de crisis y como ha integrado EEUU el control de los vuelos militares con los Servicios de Tránsito Aéreo (ATS) de la aviación civil.

La interceptación de aeronaves civiles y el Protocolo de Montreal.

Este tema tiene una gran importancia tanto para el derecho constitucional como para el derecho internacional y el derecho aéreo, pues se refiere a la forma como los Estados regulan el ejercicio de su soberanía en el espacio aéreo que cubre su territorio, frente a una posible violación por vuelos que realicen aeronaves civiles.

La reglamentación  surgió ante la conmoción que causó en la comunidad internacional el derribo del avión de Korean Airlines, en septiembre de 1983.

Este lamentable hecho, donde murieron 269 personas, hizo que la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), se dedicara al estudio de una reglamentación clara y precisa, que conjugara los intereses del Estado territorial relacionados con el ejercicio de su soberanía en el espacio aéreo y los de la comunidad internacional referidos a la seguridad de la aviación civil.

Resultado de los estudios preparatorios y de la Asamblea Extraordinaria de la OACI que para tal fin se convocó, fue la aprobación del “Protocolo relativo a una enmienda al Convenio de Aviación Civil Internacional”, firmado en Montreal el 10 de mayo de 1984, por el cual se introdujo un nuevo artículo, el 3º bis, a la codificación precitada.

En la adopción unánime del Protocolo de Montreal del 10 de mayo de 1984 del Artículo 3 bis del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, por parte del 25º período de sesiones (extraordinario) de la Asamblea de la OACI, los Estados contratantes han reconocido que “todo Estado debe abstenerse de recurrir al uso de las armas en contra de las aeronaves civiles en vuelo”.

Además, para la seguridad de la navegación de las aeronaves civiles, y de acuerdo a las Normas y Métodos recomendados en el Anexo 2 “Reglamento de Aire” al Convenio de Aviación Civil Internacional deberán seguirse los siguientes procedimientos:

-Solamente en última instancia se recurrirá a la interceptación de aeronaves civiles;

-Si se recurriera a la interceptación, esta se limitará a a determinar la identidad de la aeronave, a menos que sea necesario hacerla regresar a la derrota planeada o dirigirla mas allá de los límites del espacio aéreo de soberanía, guiarla fuera de una zona prohibida, restringida o peligrosa o darle instrucciones para que aterrice en un aeródromo designado;

-Si se puede establecer contacto por radio se proporcionará a la aeronave interceptada toda la información correspondiente y la guía para la navegación;

-Si en la zona de interceptación se dispone de un radar secundario se deberá utilizarlo a los efectos de identificar a las aeronaves civiles que podrían ser objeto de interceptación.

Lo que sucedió con el vuelo MH17 es a todas luces un acto contrario al derecho internacional. Ha violado todos los protocolos de seguridad existentes y ha significado el asesinato de civiles inocentes.

 

[via AIRPREVAC]
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La Unión Euroasiática apuesta por el Mercosur

La Unión Euroasiática apuesta por el Mercosur

La Unión Euroasiática apuesta por el MercosurEl evento inaugural que fue organizado con el apoyo de RBTH, tuvo como invitados a representantes gubernamentales y empresariales de Rusia y varios países latinoamericanos.

Entre los participantes llegados desde Rusia destacaron Rustam Minniajanov, presidente de la República de Tartarstán, miembro del Consejo de Estado de la Federación Rusa; Tatiana Valovaia, ministra de Integración y Macroeconomía de la Comisión Económica Eurosiática, Mijaíll Sújkhov, vicepresidente del Banco de Rusia. Por Uruguay asistieron el vicepresidente de la República, Danilo Astori, y el ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kreimerman. Pero además llegaron representantes de importantes instituciones bancarias rusas, otras dedicadas en Desarrollo y a las inversiones, representantes de otras regiones rusas, Kaluga y Vladímir, y de grandes empresas.

 El periodista ruso Sergey Brilev, cofundador del IBBA, no ocultó su orgullo por la repercusión alcanzada por la conferencia ya que “es la primera vez que se produce un encuentro entre autoridades de la Comisión Eurosiática y del Mercosur”.

 Brilev también explicó por qué eligió Montevideo como lugar para constituir y localizar la sede del IBBA. Según este reconocido periodista ruso, entiende a “Uruguay como la puerta de entrada a América del Sur, no solo por su localización geográfica sino también por su estabilidad política y económica”. Brilev entiende que el IBBA es una plataforma a través de la cual puedan interrelacionarse los más diversos ámbitos de cooperación entre ambas regiones, ya que no solo implica los aspectos económicos y comerciales, sino también los culturales e incluso lo relacionado con los medios de comunicación, de hecho, muchos de los principales medios rusos estuvieron representados en el encuentro.

 La conferencia con la que entró en funciones el IBBA se tituló “Globalización y los nuevos centros de influencia” y coincidió con la primera gira por América Latina del presidente ruso Vladímir Putin –quien pocos días antes se había reunido en Buenos Aires con la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner y el mandatario uruguayo José Mujica- y con la realización del encuentro de los BRICS en Brasil.

 En la apertura del la Conferencia celebrada en Montevideo, Danilo Astori,  vicepresidente uruguayo, se encargó de destacar la importancia de contar con formas de gobierno que estén más acorde a un mundo multipolar y en ese sentido llamó a “buscar nuevas formas de gobernabilidad global” y que en ese sentido “va la reforma que apoya Uruguay de las Naciones Unidas”.

 Astori también señaló que “el desarrollo implica la integración con otros bloques del mundo” y que en sentido “la creación de la Unión Euroasiática es una oportunidad para bloques como el Mercosur y la Alianza del Pacífico”. En el mismo sentido se expresó Tatiana Valovaia, “nuestro proceso de integración nació a la par del Mercosur (…) al principio éramos tres estados, hoy tenemos pedidos de asociación de 40 bloques y países. En estos momentos estamos estableciendo acuerdos con Israel e India, por ejemplo”. 

En busca de alternativas al dólar

 Por más que se plantearon ideas de cooperación en ámbitos como la cultura, sin duda el principal punto de interés de los asistentes al encuentro fueron los temas comerciales y de inversiones.

 Una de las iniciativas planteadas en este ámbito estaba referida a la excesiva dependencia del dólar que existe en el comercio entre Rusia y América Latina, y en ese sentido el vicepresidente del Banco de Rusia, Mijaíl Sújov, anunció que su institución “está dispuesta a trabajar con los bancos centrales de la región para colaborar con intercambio comercial ayudando a que las transacciones se hagan en moneda local”.

 En el ámbito comercial surgieron otras propuestas concretas como la de generar fondos de garantías, la conformación de una agencia de calificación que funcione como una alternativa a las agencias de EEUU y Europa. Pero uno de los anuncios que despertó mayor expectativa fue el del director general de desarrollo internacional de la Agencia Rusa de Seguros de Exportación, Alexéi Tyupanov, quien afirmó que su agencia apoyará la inversión en América Latina aportando seguros a los exportadores rusos.

 “En la actualidad tenemos destinados 4.000 millones de dólares, sin embargo solo se han utilizado 300.000 dólares, pero lejos de mostrarnos pesimistas, creo que estas cifras nos permiten ver el potencial que existe con vista al futuro”, afirmó Tyupanov.

 Y es que el tema planteado por este expositor toca de lleno uno de los principales obstáculos que existe hoy en las relaciones comerciales entre Rusia y América Latina: el exceso de cautela de los inversores para invertir en una región que prácticamente desconocen. “Este instituto nos puede ayudar a fortalecer nuestra relación comercial, en especial porque aún no nos conocemos en forma profunda”, concluyó Tyupanov.

El atractivo de Uruguay para Rusia

 “Una visión estructural a largo plazo requiere lineamientos estratégicos y uno de ellos es la apertura al mundo”, así comenzó su intervención en el conferencia del Instituto Bering-Bellingshausen (IBBA)el vicepresidente de la República, Danilo Astori, quien afirmó que ese estrategia incluye la búsqueda de la excelencia, la equidad y la formación del capital humano. A continuación Astori defendió la idea de un regionalismo abierto que permita la asociación con otros bloques del mundo. “El Mercosur necesita indispensablemente mejorar su funcionamiento y para ello se requiere flexibilidad”, concluyó el Vicepresidente.

 Los principales intereses de parte de Uruguay en Rusia consiste en la inversiones en infraestructura y en la mejora de la calidad de comercio, en tanto que de parte de Rusia se mostró un interés en temas de complementariedad productiva y en especial en el funcionamiento del modelo uruguayo de zonas francas.

 “Montevideo es una especie de Bruselas, desde donde se desarrollan varias políticas de integración”, manifestó Tatiana Valovaia, ministra de integración y Macroeconomía de la Comisión Económica Euroasiática, dando un ejemplo del carácter estratégico que tiene el país más allá de sus dimensiones geográficas.

 Elena Danílova, directora del Departamento de Europa y América, del Ministerio de Desarrollo Económico de la Federación Rusa, enumeró los atractivos que tiene Uruguay para Rusia: “En este país hay muchos parques tecnológicos y zonas francas, hay un buen desarrollo farmacéutico y los servicios portuarios son atractivos. Además es atractivo por los yacimiento en alta mar y también notamos una necesidad de modernizar sus vías férreas para vincularse con el puerto, tenemos interés en el ensamblado de autos y de aviación de pequeño porte, sin hablar del agro”.

 Durante la conferencia Danílova mantuvo una entrevista con el ministro de Industria, Roberto Kreimerman y se comprometieron en avanzar en los temas comerciales y de cooperación. “Estuvimos hablando de los cluster tecnológicos y los negocios con los pymes, donde puede haber colaboración a través de los sistemas financieros y un sistema de seguros. La idea es que los cluster rusos busquen socios en Uruguay y viceversa. Otro tema, es que las empresas rusas y las uruguayas puedan desarrollar productos en conjunto, para luego venderlos dentro del Mercosur”.

 Gerardo Bleier, periodista uruguayo y cofundador del IBBA, explicó además el interés que existe desde Rusia en la experiencia de las zonas francas uruguayas. “Existe interés por parte de empresas, provincias y autoridades rusas, en el conocimiento de la ingeniería con la que se construyeron las zonas francas en Uruguay. Nuestras zonas francas, son absolutamente modélicas, y como consecuencia de 15 años de experiencia han ido acumulando una gran experiencia en temas jurídicos, de relaciones internacionales, en términos de acuerdos y compromisos internacionales, acerca de lo que se puede y lo que no se puede hacer, tanto desde la prestación de servicios logístico como los financieros. Ese aprendizaje que se ha alcanzado en Uruguay diría que es casi único en el mundo”.

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Los BRICS se rebelan contra el FMI con un banco propio

Los BRICS se rebelan contra el FMI con un banco propio

Los BRICS se rebelan contra el FMI con un banco propioEl Banco de Desarrollo que los países emergentes van a crear en su cumbre de Brasil aspira a rivalizar con el Banco Mundial y las instituciones de Bretton Woods.

En julio de 1944, representantes de 44 países se reunieron en un hotel en Bretton Woods, en New Hampshire, Estados Unidos, para diseñar el nuevo modelo de relaciones comerciales y financieras entre los principales países del mundo. Han pasado ya 70 años y los países emergentes se han cansado de esperar un cambio de régimen en las instituciones financieras internacionales que salieron de aquella reunión y han dado un paso adelante para cambiar el orden existente y reivindicar su nuevo papel en la economía mundial.

 Los presidentes de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (los que conforman los BRICS) tienen previsto firmar el martes 15 de julio en Fortaleza, Brasil, la constitución de un Banco de Desarrollo, con una aportación inicial de 50.000 millones de dólares (36.000 millones de euros) al capital del banco y 100.000 millones de dólares de capacidad de préstamo, así como un fondo de reservas por otros 100.000 millones de dólares para ayudar a los países del grupo en caso de una posible crisis de liquidez, como las vividas en algunos países europeos durante la crisis financiera. Son unos 200.000 millones de dólares, la divisa que se utilizará, al igual que hacen el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), en las transacciones de esta organización, para poner en valor el grupo y hacer una demostración de su fortaleza económica.

 “La conclusión de estas dos iniciativas propiciará un fuerte mensaje sobre la voluntad de los BRICS de profundizar y reforzar su asociación económica y financiera”, subrayaba ante la prensa la semana pasada el diplomático brasileño José Alfredo Graça Lima. “Las instituciones financieras creadas funcionarán de forma similar al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional”, aseguraba. Sin duda, la creación del banco es un paso decisivo en la consolidación del grupo. “Es importante que las mayores economías emergentes hayan sido capaces de poner en marcha un proyecto así, de lo contrario su credibilidad como grupo se habría visto cuestionada. Es un primer paso evidente, pero ahora necesitan pasar a la acción”, asegura Jim O’Neill, inventor del término BRICS en su etapa de economista jefe de Goldman Sachs, y actualmente investigador en el think tank Bruegel.

 La iniciativa suscita dudas sobre su alcance y sobre cómo de efectiva o ineficiente resultará la coordinación del grupo. Su creación se ha demorado casi dos años por las discrepancias internas, que finalmente se han saldado con una participación a partes iguales en el capital, frente a la intención inicial de China de alzarse como socio mayoritario, y con la sede de la entidad en Shanghái. “La verdadera cuestión es para qué quieren realmente estos países ese nuevo banco y qué quieren apoyar con él. No se sabe si es un mecanismo para explorar cómo asumir una mayor responsabilidad global, algo más fácil que lograr más representación en el FMI o el BM, o si quieren financiar conjuntamente proyectos de infraestructuras en los países del grupo”, apunta O’Neill. “No estoy seguro, ¡solo el tiempo lo dirá!”.

 El FMI aprobó en 2010 una reforma de sus cuotas para dar un mayor peso en el organismo a las potencias emergentes, sobre todo a China. Pero la reforma está empantanada en el enfrentamiento entre demócratas y republicanos en el Congreso de Estados Unidos y, a estas alturas, la iniciativa se ha quedado incluso obsoleta. “Es realmente ridículo y decepcionante que el Congreso estadounidense no haya aprobado el cambio en las cuotas. De hecho, el peso otorgado entonces a algunos países emergentes ya se ha quedado viejo y es cada vez más evidente que la gobernanza global actual dista mucho de ser la óptima”, admite O’Neill.

 Hasta ahora los BRICS no se han caracterizado por su gran capacidad de coordinación en la escena internacional, pese a su constitución oficial como grupo en 2009 en plena crisis financiera, aunque el protagonismo entonces se concentró en el G20, ahora también en declive. “La intención es que el banco de los BRICS se convierta, con el tiempo, en una alternativa al BM y al FMI y que sea un nuevo actor entre las instituciones financieras globales. Es un objetivo ambicioso que requerirá un grado de coordinación y armonía que no siempre hemos visto en este grupo” añade desde Nueva Delhi Vivek Dehejia, profesor de Económicas de la Universidad Carleton, Canadá.

 En diversos artículos, Nicholas Stern, presidente del Grantham Research Institute en la London School of Economics y de la Academia Británica, ha defendido junto al premio Nobel Joseph Stiglitz la necesidad un nuevo banco de desarrollo que dé respuesta a las ingentes necesidades que tienen los países emergentes en materia de infraestructuras. Sostiene Lord Stern que el gasto en infraestructuras en estos países deberá aumentar desde los 800.000 millones de dólares actuales a, al menos, dos billones en la próxima década. “De lo contrario, será imposible lograr una reducción de la pobreza a largo plazo y un crecimiento inclusivo”, defiende en su análisis. Las salvaguardas impuestas por el Banco y por el Fondo en su funcionamiento, así como la dura condicionalidad asociada a sus préstamos han restado eficiencia a la financiación procedente de estos organismos pero no será fácil poner en marcha un modelo operativo desde cero y los desembolsos, augura Dehejia, aún tardarán en producirse. “Por ahora, su importancia se debe más a su simbolismo geopolítico, de que los BRICS son algo más que unas siglas. Representa una promesa, pero habrá que esperar y ver cómo se concreta”, añade el economista indio.

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La ruta escogida por Nicaragua para el futuro canal interoceánico

Por Nicolás Boeglin (Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, UCR)

Desde mediados del siglo XIX, el canal interoceánico ha causado un sin número de controversias en el istmo centroamericano, y conflictos diplomáticos entre Estados orquestados por dos potenciales rivales procurando controlarlo, Gran Bretaña y Estados Unidos. El peculiar régimen de la frontera entre Costa Rica y Nicaragua acordado en 1858 responde en gran medida al futuro proyecto canalero: dos bahías en sus extremidades declaradas “comunes”, un solo Estado ejerciendo el dominio y sumo imperio sobre las aguas del río San Juan, y competencias conjuntas en su defensa completados por dos artículos en el tratado de 1858 que refieren a sus efectos sobre contratos de canalización. El proyecto de un segundo canal interoceánico, que ahora deberá cumplir con reglas en materia de protección del ambiente y otras reglas del derecho internacional contemporáneo aplicables, pareciera ahora interesar a dos potencias extra regionales, a saber China y Rusia.

A inicios de la semana pasada se anunció en Nicaragua la ruta escogida para el futuro canal interoceánico que pretende construir el país vecino: este atravesará el Gran Lago Cocibolca (8.264 kilómetros cuadrados), considerado como el segundo más grande en América Latina después del lago Titicaca (8.562 kilómetros cuadrados), según lo anunciado por el Gobierno y la empresa concesionaria china HKND. De los 278 kilómetros del canal proyectado con la opción de la “ruta 4”, unos 105 corresponderán al sector del lago. En esta nota de un medio de prensa de Nicaragua, están disponibles las presentaciones detalladas del proyecto realizadas por las autoridades y por la empresa china concesionaria el pasado Lunes (ver nota de Confidencial).

Es de recalcar que se estima que el costo de este futuro canal asciende a más de 40.000 millones de US$, mientras que en el 2006, se preveía un costo de 18.000 millones de US$ (ver presentación oficial de agosto del 2006) para una obra con similares características.

La profundidad promedio del Lago Cocibolca en Nicaragua es de unos 12 metros y pareciera existir información técnica más reciente, desde la campaña de sondeos realizada en 1972, que no se deja entrever en documentos públicos. En algunos artículos, se precisa que al sur de la Isla de Ometepe, la profundidad es mayor a 70 metros, pero en otros estudios (ver por ejemplo primera página de esta ficha) se precisa que: “aunque se ha afirmado que la profundidad llega a 70 metros al sureste de la Isla de Ometepe, sondeos practicados únicamente en la mitad occidental del Lago no sobrepasaron los 23 metros”. Esta misma aseveración se encuentra en un estudio publicado en 1973 (p. 11).

Independientemente de la incertidumbre con relación a la profundidad del lago, varias organizaciones de Nicaragua, entre ellas el Centro Humboldt, han externado serias dudas con relación al impacto al ambiente de este megaproyecto en Nicaragua. Estas consideraciones han encontrado de igual manera eco en la revista Nature (ver artículo) o National Geographic (ver artículo) del año en curso.

De la misma manera, sectores académicos en Nicaragua han unido esfuerzos y publicado recientemente (en el mes de julio del 2014) una muy completa compilación de estudios auspiciada por la Academia de Ciencias de Nicaragua titulada “El canal interoceánico por Nicaragua: aportes al debate” (Nota 1). En varios artículos se percibe la misma preocupación de los universitarios llamados a contribuir a esta obra, en gran parte debido al hermetismo con el que se han manejado los datos técnicos por parte de las autoridades nicaragüenses. Varios de ellos concluyen sus artículos exigiendo que entes independientes y que la academia en Nicaragua sea tomada en consideración para valorar los supuestos beneficios del proyecto y evaluar los riesgos que conlleva. Las páginas 111-112 de este estudio sobre los beneficios otorgados a las dos empresas chinas revisten particular interés.

La posición de Costa Rica:

Tal y como indicado en una modesto artículo publicado en Elpais.cr en su edición del 15/06/2013, Costa Rica se consideró en el 2013 satisfecha con el hecho que la ruta escogida no fuera la del río San Juan, río fronterizo entre ambos Estados. Habíamos no obstante indicado en aquel momento que la cuenca del río San Juan (de la que el lago es parte), y que los acuíferos que posiblemente comparten ambos Estados (a los que no es ajeno la masa lacustre que representa el lago), dependen en gran parte de los equilibrios naturales de esta compleja cuenca hidrográfica. En lo relacionado con el río San Juan, nos permitimos indicar que “Costa Rica no debiera conformarse con este “alejamiento” (según el vocablo de la nota de prensa antes citada) del proyecto de canal del Río San Juan: en efecto, el nombre antiguo de este rio es “Rio Desaguadero” del Lago de Nicaragua y a la fecha no se tiene certeza sobre la proporción existente entre el desaguadero natural del lago (el Río San Juan) en relación con el desaguadero artificial planeado (el canal interoceánico de 20 metros de ancho, 24 metros de profundidad y 286 kilómetros de largo, según reportes en prensa). Tratándose de una zona que será impactada por cambios en el régimen de precipitación en años venideros, ambos Estados ribereños del San Juan deberían de encontrar un acuerdo para garantizar que siga fluyendo por el río San Juan un caudal ecológico o “caudal ambiental”, tal como definido en la Declaración de Brisbarne del 2007, que se caracteriza de la siguiente manera: “Los caudales ambientales incluyen la cantidad, periodicidad y calidad del agua que se requiere para sostener los ecosistemas dulceacuícolas, estuarios y el bienestar humano que depende de éstos ecosistemas”. Una versión más resumida del mismo artículo fue también publicada el 19/06/2013 en La Nación.

Con relación a los acuíferos que comparten Costa Rica y Nicaragua, los estudios técnicos del proyecto minero ubicado en la localidad de las Crucitas evidenciaron la existencia de un acuífero regional en la zona, así como la falta de estudios por parte del Servicio Nacional de Agua y Avenamiento (SENARA) de Costa Rica sobre los acuíferos en la Zona Norte. Un intercambio público (pero inconcluso) de opiniones del suscrito con el Ministro de Ambiente de la época examina este aspecto preciso (Nota 2) con relación al faltante de información del Estado costarricense. Una valiente denuncia de un funcionario de SENARA ante el fallo (¿fallonazo?) de la Sala Constitucional del 16 de abril del 2010 en el caso Crucitas ahonda de igual manera en ese sentido (ver el artículo de Miguel Ramírez); la denuncia fue ratificada públicamente por un geólogo y especialista en evaluación ambiental, unos meses después (ver artículo de Allan Astorga).

Remitimos al lector a algunas consideraciones sobre estas y muchas otras lagunas existentes en América Central en materia de gestión conjunta de acuíferos compartidos, pese a las respuestas que el derecho internacional público ofrece a Estados que comparten acuíferos transfronterizos desde el 2009 (ver nuestro modesto estudio).

Algunos detalles legales:

Haciendo a un lado la renuencia de los Estados de la región centroamericana a desarrollar una gestión conjunta de sus acuíferos compartidos, y volviendo al tema del canal interoceánico de Nicaragua, es menester indicar que la ley 800 aprobada el 3 de julio del 2012 por el Poder Legislativo de Nicaragua (ver texto) establece (artículos 20 a 28) los principios modernos de la gestión ambiental a los que se sujeta a la nueva autoridad pública a cargo del canal en Nicaragua. No obstante, el artículo 16 de la ley 840 aprobada un año después en junio del 2013(ver texto)por el mismo Congreso de Nicaragua permite aclarar sus alcances con relación a las responsabilidades del concesionario: se lee en efecto en este artículo que: “Ni El Concesionario ni ninguna otra Parte de Sub-Proyecto serán responsables o tendrán responsabilidades frente a ninguna persona, incluyendo Entidades Gubernamentales, con respecto a condiciones ambientales preexistentes ya sean de limpieza, manejo o alguna otra acción vinculada a condición ambiental preexistente de ninguna de las áreas donde El Proyecto está ubicado o de las áreas que podrían utilizarse en El Proyecto, incluyendo en cada caso las superficies de tales áreas así como el espacio aéreo, subterráneo y el agua ubicada bajo, sobre o a través de tales áreas. En ese sentido, tanto El Concesionario como cada Parte de Sub-Proyecto no tendrán, ni conjunta ni individualmente, obligación de asumir cualquier remedio o de pagar ninguna compensación, daños u otra cantidad relacionada con condiciones ambientales preexistentes de ninguna de las áreas donde El Proyecto está ubicado o de las áreas que podrían utilizarse en El Proyecto incluyendo en cada caso, las superficies de tales áreas así como el espacio aéreo, subterráneo y el agua ubicada bajo, sobre o a través de tales áreas.

En ese sentido, tanto El Concesionario como cada Parte de Sub-Proyecto no tendrán, ni conjunta ni individualmente, obligación de asumir cualquier remedio o de pagar ninguna compensación, daños u otra cantidad relacionada con condiciones ambientales preexistentes de ninguna de las áreas donde El Proyecto está ubicado o de las áreas que podrían utilizarse en El Proyecto incluyendo en cada caso, las superficies de tales áreas así como el espacio aéreo, subterráneo y el agua ubicada bajo, sobre o a través de tales áreas. “.
En lo que concierne a otros aspectos legales, el análisis del jurista Alejandro Aguilar titulado “Aspectos jurídicos-contractuales de la concesión canalera” que contiene la publicación de la Academia de Ciencias de Nicaragua precitada reviste especial interés, denunciando, entre muchas otras incongruencias, la “traducción incomprensible” (pp. 112-113) del contrato oficial de concesión, con “partes del documento que son ininteligibles en la lengua de Cervantes” (p. 112).

Un estudio comparativo entre Costa Rica y Nicaragua con relación a las cláusulas de exoneración de responsabilidad en materia ambiental insertas en los contratos con concesionarios chinos arrojaría posiblemente algunas luces sobre las políticas que en materia contractual pareciera llevar adelante China en sus relaciones con los Estados de Centroamérica. Varios de los últimos escándalos políticos en Costa Rica se relacionan con intentos de aprobaciones expeditas de proyectos de China (caso de la refinería china de RECOPE en el 2012, considerado como una verdadera “estafa” por algunos analistas costarricenses, caso de la ampliación de cuatro carriles de la ruta a la costa Atlántica, conocida como Ruta 32, en el 2013, concesionada a una corporación china cuestionada, entre otros, por el Banco Mundial): se trata de concesiones de megaproyectos a empresas de capital chino acordadas con la diplomacia china por Costa Rica en años recientes. Estos escándalos, que se desmenuzan en otros de factura más modesta (ver reciente nota del Semanario Universidad) ilustran a su manera una frase leída recientemente en un análisis crítico de la diplomacia china, según la cual. “The real business of Chinese diplomacy is, in fact, business” (ver artículo).

Un interés reciente en concretar el proyecto:

Desde la firma del tratado Cañas-Jerez de 1858 entre Costa Rica y Nicaragua, Costa Rica posee derechos perpetuos de navegación en el río San Juan para fines comerciales. La frontera entre Costa Rica y Nicaragua acordada en 1858 responde en gran medida al futuro proyecto canalero: dos bahías en sus extremidades declaradas “comunes”, un solo Estado ejerciendo el “dominio y sumo imperio” sobre las aguas del río San Juan, y competencias conjuntas en materia de defensa del río. El tratado es completado con dos artículos que refieren a sus efectos sobre los contratos de canalización. Este tratado de 1858 retoma la línea acordada entre Estados Unidos y Gran Bretaña unos años antes para definir la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, tal como lo estipula el artículo III del tratado Webster-Crampton (suscrito el 30 de abril de 1852). La diferencia entre ambas líneas refiere a que la de 1852 (pactada entre las dos potencias anglosajonas) menciona que inicia en el “South Bank of Colorado at its confluence with the sea at high water mark on said river” mientras que la de 1858 (acordada entre San José y Managua) la ubica en “la extremidad de Punta Castilla en la desembocadura del río San Juan de Nicaragua”. Esta diferencia intentó luego ser remediada por los dos ribereños del San Juan mediante la firma de varios tratados que nunca llegaron a ser debidamente ratificados: el tratado del 13 de julio de 1868 sobre “el mejoramiento de uno de los ríos Colorado o San Juan”, la Convención Esquivel-Rivas del 21 de diciembre de 1868 – en la que Costa Rica concede las aguas del Río Colorado para que Nicaragua las desvíe y “pueda obtener el restablecimiento o mejora del puerto de San Juan de Nicaragua” (Art. 1); y el tratado del 2 de junio de 1869 en igual sentido. El 5 de febrero de 1883 un nuevo tratado fue firmado y, esta vez, Costa Rica aceptaba que la frontera con Nicaragua iniciara en la desembocadura del Rio Colorado (art. 1), lo que confirmaría el tratado sobre el canal inter-oceánico del 19 de enero de 1884 (art. V). Estos cinco tratados adoptados en menos de 20 años no surtieron efecto al adolecer de aprobación de los respectivos congresos de la época, pero evidencian las presiones ejercidas para intentar ajustar la línea fronteriza a la acordada entre Estados Unidos y Gran Bretaña en 1852.

Morfología del delta del río San Juan entre Costa Rica y Nicaragua. Figura facilitada por el Dr. Allan Astorga Gattgens, Profesor, Escuela Centroamericana de Geología, UCR.

Morfología del delta del río San Juan entre Costa Rica y Nicaragua. Figura facilitada por el Dr. Allan Astorga Gattgens, Profesor, Escuela Centroamericana de Geología, UCR.

Pese a estos intentos de modificar el trazado acordado en 1858, una constante aparece: desde 1858, los derechos de navegación para fines comerciales fueron siempre invocados por Costa Rica a lo largo de la historia para detener o frenar cualquier intento unilateral de Nicaragua de canalizar el río San Juan. Un tratado suscrito el 5 de abril de 1940 entre ambos Estados pareciera ser el último intento concertado para canalizar las aguas del río San Juan. El hecho que desde el 2011, en declaraciones de sus máximas autoridades, Costa Rica haya anunciado que con la construcción de la denominada “trocha fronteriza”, los costarricenses “ya no tendrán que depender de Nicaragua” para navegar por el río San Juan, ha posiblemente tenido un efecto indirecto: el de revivir el proyecto de canal interoceánico (ver nuestras declaraciones en nota del Semanario Univesridad).

Remitimos al lector a un breve análisis sobre las razones oficiales dadas por Costa Rica para justificar semejante “obra” paralela al río San Juan (con una longitud de 154 kilómetros) publicado en un breve artículo desde la perspectiva del derecho internacional. Si bien Nicaragua descartó años después del año 2011 la opción de un canal por el río San Juan, la solución alternativa para “no tener que depender de Nicaragua” en el ejercicio de sus derechos de navegación en las aguas del San Juan por parte de Costa Rica puede haber influido de alguna u otra manera en reactivar este proyecto de canal interoceánico a partir del 2011. Entre dos sujetos de derecho, la renuncia tácita al ejercicio de un derecho y la renuncia a dicho derecho son separadas por un hilo bastante delgado. Este último se vuelve particularmente tenue cuando se trata de dos Estados, y de competencias territoriales o derechos soberanos.

Precisamente (y posiblemente consciente del error cometido) en el mes de junio del 2012, sin tener aún claridad sobre la ruta escogida por Nicaragua para el futuro canal, el Ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica había oficialmente emitido una nota diplomática a Nicaragua en los siguientes términos (ver breve nota al respecto de junio del 2012) en la que expresaba que: “Mi Gobierno solicita al de Nicaragua el envío, por los canales diplomáticos correspondientes, de toda la documentación relacionada con la posible construcción del referido canal, en cumplimiento con lo dispuesto por estos instrumentos y el derecho internacional. Dicha documentación debe incluir los estudios respectivos, el marco jurídico y la ruta del canal, al igual que la estimación de las afectaciones al caudal del río San Juan y su navegabilidad, las afectaciones al río Colorado y a la ribera derecha costarricense del río San Juan”.

Los socios de Nicaragua:

Desde varios años, se ha hecho ver que es China quién apoyará a Nicaragua en este proyecto, y que la concesionaria del canal es una empresa china. No obstante, una nota reciente de Russia Today indica que las autoridades rusas estudian la factibilidad de contribuir de igual manera con China y con Nicaragua a la construcción del antes mencionado proyecto de canal interoceánico a través del territorio nicaragüense. La renovada cooperación entre Nicaragua y Rusia en otros ámbitos fue objeto de las últimas declaraciones del canciller saliente de la administración (2010-2014) en Costa Rica (ver nota del Tico Times).

Con relación a los estudios técnicos, se mencionó durante el 2013 que serán empresas consultoras de diversos países europeos las que tendrán a su cargo los estudios. Según una nota de la BBC de mayo del 2014, será una empresa británica la que estará a cargo de realizar los diversos estudios técnicos, incluyendo los estudios de impacto ambiental.

Ambiente y concertación en la cuenca del San Juan:
Cabe recordar que en 1997, Costa Rica y Nicaragua, con la colaboración de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) realizaron de manera conjunta un “Estudio de Diagnóstico de la Cuenca del Rio San Juan y lineamientos del Plan de Acción“, en el marco del programa conjunto denominado “Pro Cuenca San Juan” (ver enlace oficial). Se trata de un estudio preliminar sobre la vulnerabilidad de la cuenca hidrográfica del San Juan que ambos Estados comparten que se realizó en un período de cierta distensión y entendimiento de ambos ribereños del San Juan, y que corresponde a la administración (1994 -1998) en Costa Rica. Además de dicho estudio realizado por técnicos de ambos lados del río, ambos Estados procedieron a la “densificación” (colocación de mojones o hitos intermediarios) de parte de la frontera norte durante este mismo período. Asimismo intentaron resolver mediante negociaciones diplomáticas el delicado tema de la portación de armas de policías de Costa Rica en tareas de operaciones de vigilancia y de abastecimiento de puestos fronterizos en las aguas del río San Juan. Costa Rica basaba este uso en las disposiciones del tratado de 1858 que refieren a competencias en materia de “guarda” del San Juan (artículo IV), mientras que Nicaragua objetaba el uso de armas de cierto calibre para estas tareas y cuestionaba que Costa Rica pudiera navegar sin pedir autorización alguna para tareas policiales. El acuerdo alcanzado conocido como el acuerdo Cuadra-Lizano suscrito en julio de 1998, en tan solo cuatro artículos (ver texto del acuerdo), logró plasmar una solución técnica a un problema técnico, en lo que pareciera ser el último ejercicio de negociación bilateral exitoso entre ambos Estados. Lamentablemente, Nicaragua desconocería días después este acuerdo debido a cuestionamientos en Nicaragua (ver nota de La Nación de agosto de 1998). Leemos en esta misma nota un detalle de interés: “ /…/ el director de la Policía de Fronteras, coronel Max Cayetano Vega, circuló una nota entre los guardias civiles donde les notifica que podrán transitar el río siempre y cuando informen a los soldados nicaragüenses. La nota advirtió a los policías que “deberán observar una conducta adecuada, sin hacer alardes de prepotencia o exhibicionismo” /…/”

La posterior denuncia del acuerdo Cuadra Lizano por parte de Nicaragua iniciaría una fase de incertidumbre y de turbulencia entre ambos Estados. Posteriormente, Costa Rica acudió a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el 2005 para defender este y otros derechos de navegación, obteniendo un fallo adverso sobre el uso de las aguas del San Juan por parte de sus policías (ver texto de la sentencia del 13 de julio del 2009 de la CIJ, párr. 156 inciso h, adoptado por unanimidad por los jueces de la CIJ): se trata de un interesante caso en el que un derecho de un Estado estipulado en un tratado de 1858 (cuyo ejercicio es aceptado de manera reticente por el otro Estado más no ignorado) finaliza ante la CIJ (a solicitud de su titular) con su negación. Un poco más de un año después de la decisión de a CIJ, la crisis de Isla Portillos en el 2010 desnudaría la total ausencia de mecanismos de vigilancia policiales de Costa Rica en el extremo noreste de su territorio y parte de su frontera norte.

Paralelamente, desde inicios de los años 2000, ambos Estados se enfrascarían en lo que algunos politólogos han denominado la “sanjuanización” de sus relaciones bilaterales, de la que las consideraciones ambientales no salen ilesas, tal y como lo hemos podido apreciar en años recientes (y tal y como lo muestra la degradación sostenida de la cuenca del San Juan desde el punto de vista ambiental). Así lo evidencian por ejemplo, una secuencia de preocupaciones ambientales que fueron obviadas en los últimos años y que a continuación desglosamos. Se trata básicamente de:

- Las legítimas preocupaciones ambientales de Nicaragua no atendidas por Costa Rica en el 2008 en el caso del proyecto minero de Crucitas (ver texto del comunicado de prensade Costa Rica del 5 de junio del 2008)

- Las legítimas preocupaciones de Costa Rica con relación al dragado del San Juan en el 2010 (con una pequeña digresión del entonces canciller René Castro en su viaje a Managua en julio del 2010 y unas extrañas declaraciones ante sus propios diputados el 8 de septiembre del 2010: ver solicitudes de aclaración del entonces diputado Claudio Monde Pereira en Actas del 4/10/2010 de la Asamblea Legislativa, pp. 16-21. Dichas aseveraciones del canciller René Castro fueron invocadas por la misma Nicaragua ante los jueces en La Haya en enero del 2011 durante las audiencias orales) (Nota 3).

- Las preocupaciones de igual índole externadas por Nicaragua a Costa Rica ante la construcción de la denominada “trocha fronteriza” paralela al río San Juan realizada por Costa Rica a partir de mediados del 2011 sin ningún tipo de estudio aduciendo una “emergencia” declarada en los 6 cantones fronterizos. Esta emergencia decretada en marzo del 2011, muchos meses después de la ocupación ilegal de su territorio por parte de Nicaragua constatada en octubre del 2010 en Isla Portillos, fue considerada recientemente por un jurista como inexistente (ver artículo del jurista Luis Roberto Zamora Bolaños, La trocha: el elefante en el cuarto que precisa que: “El elefante es que el Decreto de Emergencia fue publicado el día antes de la sentencia de medidas cautelares de la Corte Internacional de Justicia que ordenó a ambos gobiernos mantener la zona despejada y abstenerse de enviar personal. Dicho lo anterior… ¡la emergencia dejó de existir el día después de publicado el decreto! En otras palabras, el decreto de “emergencia” perdió toda su vigencia el día después de publicado, ergo, la Trocha nunca debió haber sido construida por haber cesado la situación material que daba fundamento al Decreto”.

Conclusiones:

Más allá de las extrañezas que a veces nos encontramos en algunos decretos ejecutivos, como el antes mencionado (siempre vigente a la hora de redactar esta nota), será posiblemente la Corte Internacional de Justicia (CIJ) la llamada a recordar, dentro de unos años, a ambos Estados ribereños del San Juan (en los dos últimos casos) una mayor consistencia a la hora de invocar normas relativas a la protección del ambiente cuando se es ribereño de un río fronterizo. Es muy probable que el único ganador de la larga y desgastante contienda que se libran Costa Rica y Nicaragua ante la CIJ sea el conjunto de reglas internacionales atinentes a la protección del ambiente que ambos ribereños del San Juan han invocado en sus respectivas demandas internacionales. Una visión integral de la CIJ de lo que se denomina “cuenca hidrográfica” en geografía y “curso de agua internacional” (y ya no “río internacional”) en derecho internacional contemporáneo (según la definición dada en la “Convención de Naciones Unidas de 1997 sobre el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación” (ver texto completo) podría precisar el alcance de estas reglas a ambos Estados. Gracias al depósito del instrumento de ratificación número 35 (ver listado oficial) por parte de Vietnam en mayo pasado, esta convención (que debiera de interesar más a Estados que comparten cuencas hidrográficas) entrará en vigor el próximo mes de agosto del 2014.

Nota 1: Academia de Ciencias de Nicaragua (ACN), El canal interoceánico por Nicaragua: aportes al debate, Serie Ciencia, Técnica y Sociedad, Managua, ACN, 2014, 173 páginas.

Nota 2: Remitimos al lector al siguiente debate público con las autoridades con relación a este polémico proyecto minero: nuestra notade febrero del 2009 publicada en La Nación y nuestra respuesta de marzo del 2009 al artículo del señor Vice Ministro de Ambiente Jorge Rodríguez en reacción a la primera. La sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) de noviembre del 2010 refiere expresamente a este tema indicando que: “Mediante ese actuar, la empresa demandada llevó a error a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y ese proceder malicioso de la referida empresa no se puede obviar, ni siquiera por el hecho de que los funcionarios de la indicada Secretaría también actuaron con total desapego a su deber de verificar las condiciones impuestas por la Dirección de Geología y Minas antes de aprobar lo requerido por Industrias Infinito”. (párr. IXX de la sentencia cuyo texto completo está disponible aquí). Los jueces del TCA concluyen este párrafo de la sentencia con una declaratoria de nulidad del acto impugnado de la siguiente manera: “Por todo lo anterior, independientemente de otras razones que se exponen en la presente sentencia, considera este Tribunal que la resolución número 170-2008-SETENA es absolutamente nula, toda vez que carece de la adecuada fundamentación, así como de motivo lícito, en el tanto obvió la limitación técnica establecida en el oficio DGM-DC-2085-2001 de la Dirección de Geología y Minas y avaló los cambios propuestos al proyecto, los cuales era legalmente imposible siquiera examinar dada la condición técnica aludida. Y, a su vez, dado que la resolución 170-2008-SETENA era esencial para el dictado de la resolución R-217-2008-MINAE, al ser nula la primera, la segunda también deviene nula y así deben declararse ambas”.

Nota 3: Nos permitimos referir al lector a nuestro breve artículo publicado en Ambientico (UNA), “Implicaciones internacionales del dragado del San Juan: de advertencias desatendidas a riesgos de sanjuanización” (Núm. 209, Febrero 2011), disponibleaquí, pp. 15-17.

 

 

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Israel ordena a palestinos evacuar Franja de Gaza por su seguridad

Israel ordena a palestinos evacuar Franja de Gaza por su seguridad

Artillería, vehículos armados y soldados israelíes se mueven junto a la frontera con Gaza (AP)

 Sábado 12 de julio de 2014. Jerusalén.- El Ejército israelí ordenó a los palestinos que viven en la Franja de Gaza que evacuen esa zona del norte “por su propia seguridad”.

En un comunicado emitido el sábado, las fuerzas militares de Israel informaron que enviarían mensajes a los habitantes durante la noche para que abandonen en área, aseguró AP.

El general brigadier Motti Almoz, portavoz del Ejército, dijo que Israel planea bombardear fuertemente la zona en las próximas 24 horas mientras se intensifica una ofensiva contra militantes en Gaza.

Los funcionarios israelíes han dicho que la zona ha sido usada para disparar cohetes hacia Tel Aviv.

La medida se anunció luego que ataques aéreos israelíes contra Hamas golpearon una mezquita en Gaza que según el Ejército israelí ocultaba armas del grupo miliciano, mientras la cifra de muertos palestinos alcanzaba las 125 personas en una ofensiva que no da signos de amainar.

El Ejército dijo que alcanzó más de 1.100 blancos, entre lanzacohetes, centros de mando y fábricas y depósitos de armamentos, en un intento por detener el incesante fuego de misiles desde Gaza. Funcionarios palestinos dijeron que los bombardeos alcanzaron bancos y un hogar para discapacitados donde murieron dos mujeres.

Decenas de los muertos son civiles, aunque la cantidad exacta sigue sin conocerse.

Mezquitas atacadas

Por primera vez, Israel golpeó dos mezquitas en su ofensiva, según Hamas. El grupo miliciano espera que el incidente les ayude a recabar apoyo en el mundo musulmán.

“El bombardeo de dos mezquitas en Gaza durante la noche muestra lo bárbaro que es este enemigo y lo hostil que es hacia el Islam”, afirmó en Doha, Qatar, el portavoz de Hamas Husam Badran. “Este terrorismo nos da el derecho a ampliar nuestra respuesta para frenar a este invasor”, mencionó.

Funcionarios de Salud de Gaza indicaron que 15 personas murieron en el bombardeo de la mezquita.

El Ejército israelí divulgó una fotografía de la mezquita atacada, afirmando que ocultaba cohetes justo al lado de otro lugar religioso y viviendas civiles. El Ejército afirmó que Hamas, Yihad Islámica y otros grupos milicianos utilizan de forma sistemática esta estrategia de abusar de los lugares de culto para para ocultar armas y establecer redes de túneles subterráneos, poniendo en peligro a sus civiles de forma deliberada.

Los milicianos de Gaza han disparado casi 700 misiles y morteros hacia Israel en cinco días de combates. El Domo de Hierro, un sistema defensivo financiado por Estados Unidos y desarrollado por Israel, ha interceptado más de 130 cohetes, impidiendo por ahora muertes israelíes.

La ofensiva ha traído los enfrentamientos más duros desde noviembre de 2012, cuando se produjo una ofensiva similar de ocho días para detener el fuego de misiles desde Gaza. El brote de violencia sigue al secuestro y asesinato de tres adolescentes en Cisjordania, y la captura y asesinato de un adolescente palestino en un aparente ataque de venganza.

Israel ha golpeado Gaza con el doble de intensidad que en la operación de 2012, y el primer ministro Benjamín Netanyahu ha prometido seguir adelante con la campaña hasta que los ataques desde el territorio costero palestino se detengan por completo. Israel ha desplegado miles de soldados a la frontera en preparación de una posible invasión por tierra.

Tras varios días con pocas críticas, Israel ha empezado a verse bajo creciente presión internacional conforme aumentan las bajas palestinas.

Un alto cargo de la Liga Árabe dijo que los ministros de exteriores de los países miembros celebrarían el lunes una reunión de emergencia en El Cairo para abordar la ofensiva israelí y medidas para instar a la comunidad internacional a presionar a Tel Aviv.

Mientras, los palestinos y sus aliados internacionales trabajan sobre un borrador de resolución de Naciones Unidas que condenaría toda violencia contra civiles en el conflicto y pide “un alto el fuego inmediato, duradero y respetado por completo”. Sin embargo, el texto no menciona los cientos de cohetes disparados por Hamas contra Israel, lo que probablemente lo hace inaceptable para Estados Unidos si el documento se presenta ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Cohetes caen desde Líbano

Dos cohetes procedentes de Líbano impactaron en el norte de la localidad israelí de Nahariya, sin que se produjeran víctimas o daños, notificó el Ejército israelí.

Las fuerzas armadas del país respondieron con el empleo de artillería en dirección al lugar de procedencia de los proyectiles, cuyo disparo no ha sido reconocido por ningún grupo, agregó Efe.

El ataque es el segundo de esta naturaleza desde ayer, cuando un cohete de dos disparados desde el sur de Líbano cayó en la ciudad de Metula, la más septentrional de Israel.

Ningún grupo de los operantes en la zona, entre los que destaca Hezbolá, se ha responsabilizado del lanzamiento, en el que tampoco se registraron víctimas.

Fuerzas de seguridad libanesas y de paz de la Organización de Naciones Unidas (ONU) se desplazaron hasta el lugar para iniciar una investigación sobre el mismo.

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Comité contra la Desaparición Forzada: Observaciones finales sobre el informe presentado por la Argentina en virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención

Naciones Unidas

Naciones Unidas

CED/C/ARG/CO/ 1

Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas

Distr. general

12 de diciembre de 2013

Original: español

Comité contra la Desaparición Forzada

Observaciones finales sobre el informe presentado por la Argentina en virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención*

El Comité contra la Desaparición Forzada examinó el informe presentado por la Argentina en virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención (CED/C/ARG/1) en sus sesiones 60ª y 61ª (CED/C/SR.60 y 61), celebradas los días 4 y 5 de noviembre de 2013. En su 73ª sesión, celebrada el 13 de noviembre de 2013, el Comité aprobó las siguientes observaciones finales.

A.Introducción

El Comité acoge con satisfacción la presentación del informe de la Argentina en virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención, elaborado de conformidad con las directrices para la presentación de informes, y la información en él expuesta. Asimismo, el Comité expresa su reconocimiento por el diálogo constructivo que mantuvo con la delegación de alto nivel del Estado parte sobre las medidas adoptadas por éste para aplicar las disposiciones de la Convención, lo que le ha permitido despejar muchas de sus inquietudes. El Comité agradece además al Estado parte sus respuestas por escrito (CED/C/ARG/Q/1/Add.1) a la lista de cuestiones (CED/C/ARG/Q/1), que fueron complementadas con las intervenciones de la delegación.

B.Aspectos positivos

El Comité celebra que el Estado parte haya ratificado la totalidad de los instrumentos fundamentales de derechos humanos de las Naciones Unidas y sus protocolos facultativos en vigor, así como el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

El Comité acoge con satisfacción asimismo que el Estado parte haya reconocido la competencia del Comité en virtud de los artículos 31 y 32 de la Convención, sobre comunicaciones individuales e interestatales, respectivamente.

El Comité celebra también las medidas legislativas y de otra índole adoptadas por el Estado parte sobre aspectos que guardan relación con la Convención, en particular las relacionadas con la reforma de la justicia militar (Ley 26394); la regulación del Banco Nacional de Datos Genéticos (Ley 26548); el régimen de la ausencia por desaparición forzada (Ley 24321); y las diversas leyes de reparación.

El Comité observa con satisfacción que el Estado parte haya cursado una invitación permanente a todos los titulares de mandatos de procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos para que visiten el país.

C.Principales motivos de preocupación y recomendaciones

El Comité reconoce que el marco legislativo en vigor en el Estado parte para prevenir y sancionar las desapariciones forzadas son en su mayoría conformes con las disposiciones de la Convención y las obligaciones que ésta impone a los Estados. El Comité observa, sin embargo, la ausencia de información estadística que permita apreciar la implementación de las obligaciones derivadas de la Convención. Las preocupaciones que se expresan a continuación y las recomendaciones que se realizan tienen como objetivo asistir al Estado parte a reforzar el marco normativo existente, asegurando que el mismo se ajuste plenamente a todas las disposiciones de la Convención, y a garantizar que la implementación de estas normas y su aplicación estén también conformes con los derechos y obligaciones contenidos en la Convención.

Información general

El Comité acoge con beneplácito la intención del Estado parte de otorgar jerarquía constitucional a la Convención. Asimismo, el Comité nota la invocación de la Convención que se hace en la jurisprudencia de los tribunales nacionales, a pesar de que la aplicabilidad directa de sus disposiciones no está claramente definida en la legislación nacional.

El Comité invita a l Estado parte a acelerar el proceso legislativo con vistas a otorgar jerarquía c onstitucional a la Convención , como ha sido recomendado por el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias ( A/HRC/10/9/Add.1 y Corr.1, párr. 84 ) . Asimismo, e l Comité exhorta a l Estado parte a adoptar todas las medidas necesarias con miras a reconocer de manera expresa la aplicabilidad directa de las disposiciones de la Convención .

El Comité toma nota de las iniciativas de coordinación a nivel federal y provincial, sin embargo le preocupa que no se garantice la aplicación de la Convención de manera uniforme en todo el territorio nacional.

El Comit é alienta al Estado a fortalecer las medidas de coordinación en el territorio nacional y a garantizar la plena aplicación de la Convención en todo su territorio sin limitación ni excepción alguna.

Definición y criminalización de las desapariciones forzadas (artículos 1 a 7)

El Comité acoge con satisfacción que el Estado parte haya tipificado la desaparición forzada de personas en su Código Penal. Sin embargo observa con preocupación que la aplicación del delito de desaparición forzada presenta algunas dificultades en la práctica. El Comité toma nota con interés la información brindada por el Estado parte acerca de la iniciativa de reforma del Código Penal (art. 2).

El Comité alienta al Estado parte a asegurar que la reforma del Código P enal se ajuste plenamente a las obligaciones contenidas en la Convención , incorporando las modificaciones que sean necesarias para asegurarse que en su aplicación se cumple efectivamente el mandato contenido en su artículo 2.

Responsabilidad penal y cooperación judicial en materia de desaparición forzada (artículos 8 a 15)

El Comité acoge con beneplácito la información recibida por el Estado parte relativa a los avances en las investigaciones y enjuiciamiento de personas responsables de delitos de desapariciones forzadas ocurridas durante la dictadura militar. Sin embargo, el Comité expresa su preocupación por la existencia en la actualidad de nuevos casos de desaparición forzada de los cuales son víctimas, particularmente, personas jóvenes en situación de extrema pobreza y marginación social; estas desapariciones son realizadas aplicando métodos policiales violentos, haciendo un uso arbitrario de la detención y utilizando la desaparición como un método para encubrir los delitos cometidos y procurarse la impunidad (arts. 6 y 12).

El Comité alienta al Estado parte a adoptar todas las medidas que resulten necesarias e incrementar los esfuerzos con miras a combatir eficazmente estas formas contemporáneas de desaparición forzada . El Comité recomienda, asimismo, que el Estado parte promueva reformas institucionales en el seno de los cuerpos policiales para erradicar la violencia y asegurar que los policías responsables de e stas violaciones sean debidamente inve stigados, enjuiciados y sancionados.

El Comité toma nota con preocupación de los informes recibidos que dan cuenta de casos recientes de desapariciones forzadas, que no han sido investigados de manera debida, particularmente casos en los que hubo un retraso injustificado en el inicio de las investigaciones o en los que no se investigó a todas las personas supuestamente involucradas en el delito (art. 12).

Al respecto, el Comité insta al Estado parte a que adopte todas las medidas necesarias para garantizar que las investigaciones de todos los casos de desaparición forzada sean exhaustivas e imparciales y se realicen diligente y eficazmente, aun cuando no se haya presentado denuncia formal, así como que las investigaciones continúen hasta que se establezca la suerte o se determine el paradero de la persona desaparecida.

El Comité reconoce la labor de los fiscales en la investigación de violaciones de derechos humanos ocurridos durante la dictadura; sin embargo recibe con preocupación la noticia de que algunos fiscales con amplia experiencia en casos de desaparición forzada hayan sido relevados de su función (art. 12).

Al respecto, el Comité recomienda que en razón de su gran complejidad, la investigación de los crímenes de desaparición forzada se encuentre a cargo de órganos especialmente capacitados, y en particular que las fiscalías cuenten con la debida especialización y experiencia en la investigación de éstos delitos.

El Comité acoge con beneplácito las medidas de protección a víctimas y testigos existentes en el Estado parte. Sin embargo, el Comité muestra su preocupación sobre los siguientes aspectos:

a)Que el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados no contemple expresamente los casos de desapariciones forzadas como uno de los supuestos de intervención del programa;

b)Las condiciones en que las víctimas y testigos deben comparecer y prestar testimonio, en muchos casos, traumáticas y revictimizantes;

c)La insuficiencia de las medidas de protección específicas a testigos privados de libertad;

d)El caso ejemplar de desaparición forzada del testigo Jorge Julio López, aún no esclarecido, que sigue teniendo en la actualidad un efecto intimidatorio sobre otros posibles testigos (art. 12).

El Comité insta al Estado parte a que realice todas las actuaciones necesarias , legislativas o de otra índole, para asegurar la efectiva implementación de las medidas de protección existentes y que las mismas se extiendan a todas las personas a las que se refiere el artículo 12, párrafo 1, de la Convención . En particular, lo alienta a implementar las medidas necesarias para proteger a los testigos que se encuentren privados de libertad.

El Comité nota con preocupación la falta de claridad acerca de las garantías existentes en la legislación para evitar que las personas que se supone hayan cometido un delito de desaparición forzada puedan influir en el curso de las investigaciones. El Comité también nota con preocupación los informes que dan cuenta de casos en que los funcionarios judiciales no han adoptado las medidas necesarias para apartar de las investigaciones a las instituciones policiales o a las personas sometidas a sospecha (art. 12).

El Comité recomienda al Estado parte que, de conformidad con el artículo 12, párrafo 4, de la Convención, adopte las medidas necesarias para garantizar que las personas de las que se s ospech e que han cometido un delito de desaparición forzada no estén en condiciones de influir y/u obstruir , directa o indirectamente, el curso de las investigaciones. En ese sentido, también le recomienda que adopte una disposición legal expresa en virtud de la cual se establezca un mecanismo que garantice que las fuerzas de seguridad de las que se sospeche que han cometido una desaparición forzada no participen en la s investigaciones de la misma , y que se adopten todas las medidas que resulten necesarias para asegurar que esta garantía será observada en todas las investigaciones.

Medidas para prevenir las desapariciones forzadas (artículos 16 a 23)

El Comité toma nota de la declaración del Estado parte de que no hay ninguna detención secreta en Argentina. Sin embargo, el Comité observa con preocupación la existencia de normas nacionales que permiten la detención administrativa, sin orden judicial previa o control judicial posterior y fuera de los supuestos de flagrancia. El Comité observa que por las informaciones recibidas, las desapariciones forzadas que se producen en la actualidad están, en gran medida, relacionadas con detenciones administrativas que se practican de un modo arbitrario (art. 17).

El Comité recomienda que el Estado parte adopte todas las medidas necesarias, incluyendo medidas legislativas, para asegurar que toda persona detenida en el territorio nacional sea sometida a un control judicial inmediato .

El Comité toma nota con gran preocupación de las informaciones que dan cuenta de que en la actualidad se están produciendo traslados de los centros de detención de un modo arbitrario o para encubrir sanciones que no se imponen a través de un procedimiento regular, lo que en algunos casos expone al interno al riesgo de desaparición forzada (art. 17).

El Comité recomienda al Estado parte que disponga todas las medidas necesarias, incluyendo medidas legisla tivas, para establecer que todos los traslados estén sometidos a un control de la autoridad judicial y se realicen siempre con conocimiento del abogado y de los familiares o allegados del interno. Asimismo, el Comité exhorta al Estado parte a que adopte todas las medidas de inspección y control que resulten necesarias para prevenir la realización de los traslados ilegales, así como que se sancione adecuadamente la realización de estas prácticas.

El Comité nota con interés la información suministrada por el Estado parte de que se encuentra en trámite de implementación un registro informatizado de detenidos. Sin embargo, expresa su preocupación sobre:

a)La falta de un protocolo de actuación uniforme para todas las autoridades del Estado parte a cuyo cargo se encuentran personas privadas de libertad, que se ajuste plenamente con el artículo 17, párrafo 3, de la Convención;

b)La falta de un sistema de registros informatizado y uniforme que cubra todo el territorio nacional;

c)La falta de un control suficiente y adecuado sobre la actuación de las personas responsables de efectuar el registro en comisarías de policía y en los centros de detención;

d)Informes que dan cuenta de que no en todos los casos los registros son completados y/o actualizados de manera adecuada(art. 17).

El Comité recomienda que el Estado parte :

a) D esarrolle un protocolo de actuación uniforme y un sistema de control equivalente para todos los centros, en todo el territorio nacional, donde se encuentren personas privadas de libertad , que se ajuste plenamente a l artículo 17, párrafo 3, de la Convención;

b) A dopte todas las medidas para asegurar de que el Registro Informatizado de Detenidos se implemente de manera urgente y a la mayor brevedad y se ajuste plenamente al artículo 17, párrafo 3, de la Convención;

c) V ele por que todos los registros y/o expedientes en los que se anoten datos acerca de personas privadas de libertad sean debidamente completados y/o regularmente actualizados con la información requerida en virtud del artículo 17, párrafo 3, de la Convención;

d) E stablezca medidas eficaces de inspección para asegurarse de que los registros se an realizados y actualizados de acuerdo con lo establecido en la Convención y, en su caso, se sancionen adecuadamente las omisiones .

El Comité acoge con satisfacción la aprobación de la ley que establece el Mecanismo Nacional de Prevención (MNP), pero lamenta que todavía no se encuentre totalmente operativo. El Comité recuerda la importancia de los mecanismos independientes de monitoreo de centros de privación de libertad. Asimismo, recuerda que deben tener acceso a todos los lugares donde se encuentren personas privadas de libertad en el territorio nacional. El Comité nota con preocupación la información recibida de que el Procurador Penitenciario no tiene acceso a los centros de detención de menores (art. 17).

El Comité recomienda la pronta y plena puesta en funcionamiento del MNP . Asimismo, insta al Estado parte a asegurar su independencia, así como a velar por que los mecanismos de monitoreo de centros de privación de libertad tengan acceso efectivo e inmediato a todos los lugares donde se encuentren personas privadas de libertad en cualquier parte del territorio.

Si bien toma nota con satisfacción de la formación existente en derechos humanos brindada a los agentes del Estado, el Comité lamenta que no se imparta formación específica y regular sobre las disposiciones de la Convención (art. 23).

El Comité recomienda que el Estado parte incremente sus esfuerzos en materia de formación sobre las disposiciones de la Convención a los funcionarios públicos , de conformidad con el artículo 23 de la Convención .

Medidas de reparación y de protección de niños contra las desapariciones forzadas (artículos 24 y 25)

El Comité nota con satisfacción las diversas leyes que disponen medidas de reparación a víctimas de violaciones de los derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar. Sin embargo, el Comité lamenta que las disposiciones de las respectivas leyes cubran solamente a las víctimas de los sucesos ocurridos hasta diciembre de 1983 y que no exista una legislación similar para las víctimas de las desapariciones forzadas desde esa fecha. El Comité recuerda que la reparación de las victimas y la recuperación de la verdad sobre las circunstancias de las desapariciones forzadas son un compromiso permanente del Estado parte (art. 24).

El Comité alienta al Estado parte a continuar sus esfuerzos para velar por que su sistema legal garantice a todas la s víctima s de una desaparición forzada el derecho a la reparación , a la verdad y a una indemnización rápida, justa y adecuada. Asimismo, el Comité insta al Estado parte a eliminar la limitación temporal contenida en las leyes a que se refiere el párrafo anterior.

El Comité ha tomado nota con preocupación de la falta de datos estadísticos sistemáticos sobre las medidas de reparación otorgadas a las víctimas, en particular sobre los casos recientes de desapariciones forzadas (art. 24).

El Comité recomienda al Estado parte que recopile estadísticas sobre las medidas de reparación otorgadas a las víctimas de desaparición forzada, con el fin de tener los elementos necesarios para mejorar las medidas de reparación.

El Comité toma nota de la Ley 24321 que establece la posibilidad de declarar la ausencia por desaparición forzada en relación con desapariciones ocurridas hasta el 10 de diciembre de 1983. El Comité lamenta que la declaración de ausencia no se aplique a las desapariciones forzadas ocurridas después de la referida fecha (art. 24).

El Comité recomienda al Estado parte que adopte las medidas necesarias para que se reconozca el derecho a los familiares de los desaparecidos después de l 10 de diciembre de 1983 la posibilidad de solicitar la declaración de ausen cia por desaparición forzada .

D.Difusión y seguimiento

El Comité desea recordar las obligaciones contraídas por los Estados al ratificar la Convención y, en ese sentido, insta al Estado parte a asegurarse de que todas las medidas que adopte, sean de la naturaleza que sean y emanen del poder que emanen, se conformen plenamente a las obligaciones que asumió al ratificar la Convención y otros instrumentos internacionales pertinentes. Al respecto, el Comité insta particularmente al Estado parte a garantizar la investigación eficaz de todas las desapariciones forzadas y la satisfacción plena de los derechos de las víctimas tal y como están consagrados en la Convención.

Asimismo, el Comité desea enfatizar la singular crueldad con la que las desapariciones forzadas afectan a los derechos humanos de las mujeres y los niños. Las mujeres que son sometidas a desaparición forzada son particularmente vulnerables a violencia sexual y otras formas de violencia de género. Las mujeres que son miembros de la familia de una persona desaparecida son particularmente vulnerables a sufrir serios efectos sociales y económicos adversos así como a padecer violencia, persecución y represalias como resultado de sus esfuerzos para localizar a sus seres queridos. Por su parte, los niños víctimas de desaparición forzada, ya sea porque ellos mismos son sometidos a desaparición o porque sufren a consecuencia de la desaparición de sus familiares, son particularmente vulnerables a múltiples violaciones de los derechos humanos, incluida la sustitución de su identidad. En este contexto, el Comité pone especial énfasis en la necesidad de que el Estado parte integre perspectivas de género y adaptadas a la sensibilidad de los niños y niñas en la aplicación de los derechos y obligaciones derivados de la Convención.

Se alienta al Estado parte a difundir ampliamente la Convención, el texto de su informe presentado en virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención, las respuestas escritas que ha facilitado en relación con la lista de cuestiones preparada por el Comité y las presentes observaciones finales para sensibilizar a las autoridades judiciales, legislativas y administrativas, la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales que actúan en el Estado parte, así como a la población en general. Asimismo, el Comité alienta al Estado parte a favorecer la participación de la sociedad civil, en particular las organizaciones de familiares de víctimas, en el proceso de implementación de las presentes observaciones finales.

Observando que el Estado parte presentó su documento básico en 1996 (HRI/CORE/1/Add.74), el Comité invita al Estado parte a que lo actualice de conformidad con los requisitos del documento básico común enunciados en las Directrices armonizadas para la presentación de informes a los órganos creados en virtud de tratados internacionales de derechos humanos (HRI/GEN.2/Rev.6, cap. I).

De conformidad con el reglamento del Comité, el Estado parte debe facilitar, a más tardar el 15 de noviembre de 2014, información pertinente sobre su implementación de las recomendaciones del Comité que figuran en los párrafos 15, 25 y 27.

En virtud del artículo 29, párrafo 4, de la Convención, el Comité solicita al Estado parte que presente, a más tardar el 15 de noviembre de 2019, información concreta y actualizada acerca de la implementación de todas sus recomendaciones, así como cualquier otra información nueva relativa al cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Convención, en un documento elaborado con arreglo al párrafo 39 de las Directrices relativas a la forma y el contenido de los informes que deben presentar los Estados partes en virtud del artículo 29 de la Convención (CED/C/2). El Comité alienta al Estado parte a que, en el proceso de elaboración de esa información, fomente y facilite la participación de la sociedad civil, en particular de las organizaciones de familiares de víctimas.

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Navi Pillay alarmada por el creciente número de víctimas civiles en Gaza

Navi Pillay alarmada por el creciente número de víctimas civiles en Gaza

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay Foto: BINUCA/Dany Balepe

11 de julio, 2014 — La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, expresó hoy alarma por los ataques indiscriminados contra civiles en Gaza, que han causado un gran número de muertos, y por el lanzamiento de cohetes desde este territorio a Israel en los últimos días.

Señaló que desde el martes el ejército israelí ha ordenado más de 800 bombardeos contra Gaza. Unos cien palestinos han muerto como consecuencia de esas operaciones. Entre las víctimas mortales hay una veintena de niños. Además indicó que cientos de civiles palestinos han resultado heridos.

Por su parte, los grupos armados palestinos han lanzado más de 800 cohetes y unos 60 morteros, causando heridas a una decena de civiles israelíes que intentaban llegar hasta un refugio.

La portavoz de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los derechos Humanos, Ravina Shamdasani, instó a las partes a respetar la legislación de derechos humanos y la legislación internacional humanitaria.

“Una vez más, los civiles se llevan la peor parte. El gobierno de Israel debe tomar todas las medidas posibles para garantizar el respeto de los principios de proporcionalidad, distinción y de las necesarias precauciones durante los ataques, como requiere la legislación internacional humanitaria”, manifestó Shamdasani.

La portavoz recordó que los civiles, sus casas y equipamientos como hospitales y escuelas no pueden ser blanco de ataques.

Agregó que las partes tienen que abstenerse de situar material militar en áreas que estén densamente pobladas.

 

 

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La guerra se ceba con la franja de Gaza

La guerra se ceba con la franja de Gaza

La guerra se ceba con la franja de GazaLos bombardeos israelíes habían matado el viernes a 103 palestinos al término del cuarto día de la operación militar contra Gaza ordenada por el Ejecutivo de Benjamín Netanyahu. Según las autoridades palestinas, 74 de las víctimas eran civiles. Entre ellas se cuentan 23 niños.

 La del viernes resultó una jornada relativamente tranquila tras los tremendos ataques del día y la noche anterior. Pero al caer la tarde volvieron a retumbar las bombas y los rotores de los helicópteros de combate sobre Gaza. De madrugada, ese sonido suele preceder a explosiones ubicuas en la ciudad.

 La zona está bajo el permanente control de aviones no tripulados de Israel, que también se ocupan de “asesinatos selectivos” como el que mató el viernes al farmacéutico Matas Abu Alkas en su céntrica vivienda. Tres misiles de precisión reventaron el piso entero, matándolo a él e hiriendo a varios de sus familiares. Dicen sus vecinos que trabajaba en un hospital de Gaza y que no tenía filiación política. Los enseres de su casa, en el primer piso, llegaban hasta la mitad de la calle vacía de tráfico. El desmoronamiento de las fachadas por las bombas es uno de los peligros que acechan a los escasos conductores que estos días atraviesan Gaza.

 Durante el día, las calles estaban el viernes casi vacías cuando no se llamaba a la oración en las mezquitas. Cunde el miedo a las bombas y a los misiles, que a veces vienen precedidos por explosiones o llamadas de aviso. Otras, no. Además, entre los cohetes de aviso y el misil que mata transcurre un lapso de tiempo impredecible: la muerte puede llegar unos minutos después de la advertencia o, en ocasiones, horas más tarde. Otras veces, solo son cohetes de ruido que no anuncian ningún ataque. La tensión entre la hospitalaria población de Gaza crece, así, cada minuto. El cansancio por las muertes empieza a alcanzar, incluso, a los más jóvenes de la ciudad.

 Mientras las bombas de Israel seguían golpeando Gaza, la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Navi Pillay, expresaba el viernes sus “serias dudas” de que Israel esté cumpliendo con las leyes internacionales que prohíben matar civiles intencionadamente. Pillay dijo que la ONU está “recibiendo inquietantes noticias de que muchas de las bajas civiles, incluidos niños, están ocurriendo en bombardeos a viviendas”.

 Hay casas particulares reventadas por las bombas en casi todos los distritos de la pequeña franja de Gaza. La mayoría de los niños han muerto en estos ataques, que según Israel se dirigen contra militantes de Hamás. Hasta el momento no han anunciado la muerte de ningún dirigente significativo de la organización extremista. El abuelo de la familia Hamad, que el martes perdió seis parientes en un ataque con drones en su casa, se quejaba en el jardín de “la perversidad” que supone acusarlo de haber usado a su nieto de tres años de escudo humano. Herido por las bombas que le dejaron sin padres, el crío estaba jugando en su propio jardín.

 Al día siguiente, Nidal y Mohamed Nawasra, de cinco y dos años, jugaban en la planta baja cuando los mató otro misil en la casa familiar. Minutos antes del inicio del sabbat, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, compareció para acusar a Hamás y la Yihad Islámica de “todas las bajas” que está produciendo la escalada. “Sus líderes se están escondiendo tras los ciudadanos de Gaza”, acusó, eludiendo las críticas por el elevado número de muertos civiles de su operación. Netanyahu celebró el éxito de haber golpeado unos 1.100 objetivos relacionados con los islamistas, a un ritmo que duplica el de la Operación Pilar Defensivo (2012). La ofensiva, no obstante, tendrá que continuar “hasta que los cohetes cesen”.

 Solemne, aseguró a los israelíes que ellos son su “primera consideración” y hará “todo lo necesario” para defenderlos. Ni siquiera los tibios movimientos para intentar arrancar una tregua le hacen modificar su discurso. “La presión internacional —advirtió— no va a impedir que Israel actúe contra los terroristas”. Netanyahu también avisó de que la opción de una ofensiva terrestre con tanques en Gaza está sobre la mesa.

 Contra suelo israelí se han disparado en cuatro días más de 550 cohetes, de los que un centenar han sido interceptados por el sistema de defensa antiaérea Cúpula de Hierro. El viernes, las sirenas sonaron en Tel Aviv —donde todos los impactos fueron evitados— y en los alrededores del aeropuerto Ben Gurión –de hecho, Hamás ha pedido a las compañías que “paren” su actividad por los “peligros” de la escalada–, lo que provocó retrasos de apenas minutos. También en Haifa, a 140 kilómetros de la Franja, el punto más alejado amenazado por las milicias hasta ahora.

 Ya hay siete heridos por estos disparos. Uno de ellos está grave, después de que un proyectil impactase en una gasolinera de Ashdod, en la costa central, causando un incendio. Dos soldados sufren heridas leves tras un ataque con misiles antiaéreos en la valla fronteriza. Una anciana murió por un infarto cuando entraba en un refugio en Haifa.

 Desde Líbano, dos cohetes fueron igualmente lanzados contra Israel. Uno se desintegró y el otro impactó, sin daños, en Metula, la ciudad que se halla más al norte del país. El Ejército israelí respondió con 25 disparos de artillería, que no causaron bajas. Fuentes militares trabajan con la hipótesis de que es una provocación de algún grupo palestino o yihadista menor, que trata de atraer la atención en plena crisis con Gaza. La Fuerza Provisional de la ONU para Líbano investiga el caso.

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El Consejo de Seguridad celebra una sesión urgente sobre la situación en Gaza

El Consejo de Seguridad celebra una sesión urgente sobre la situación en Gaza

http://static.un.org/News/dh/photos/large/2014/June/586351Assembly_Banki.jpg10 de julio, 2014 — El Consejo de Seguridad de la ONU abordó hoy la situación en la Franja de Gaza, donde unas 90 personas han muerto y casi 350 han sido heridas durante los más de 500 ataques aéreos de Israel, que explica estos bombardeos como defensa por una serie de cohetes disparados desde ese territorio ocupado.

El Secretario General de la ONU presentó al Consejo un informe durante la sesión urgente solicitada por la Liga Árabe, la Organización para la Cooperación Islámica, los países No Alineados y el Comité de los Derechos del Pueblo Palestino.

Durante su intervención, Ban Ki-moon expresó gran alarma por la escalada de violencia y advirtió que esa espiral puede acelerarse dada la amenaza palpable de una incursión terrestre israelí si Hamas continúa disparando cohetes.

Ban reiteró que es más urgente que nunca encontrar una base común para volver a la calma y llegar a un alto el fuego puesto que, una vez más, los civiles son los que están pagando el precio del conflicto.

“Gaza, como la región en su conjunto, no puede permitirse otra guerra ni otra falla. Además, es impredecible el potencial de que la violencia se contagie a Cisjordania, donde la situación es de por sí inflamable”, apuntó.

Ban agregó que esta crisis subraya nuevamente que el estatus quo es insostenible y pugnó nuevamente por la solución de dos Estados.

Al concluir la reunión, los miembros del Consejo iniciaron una sesión cerrada de consultas.

 

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Chile impugnará la competencia de La Haya por la demanda de Bolivia

Chile impugnará la competencia de La Haya por la demanda de Bolivia

Chile impugnará la competencia de La Haya por la demanda de Bolivia

Ocho días antes de que se cumpla el plazo y luego de una consulta transversal a expresidentes, excancilleres, parlamentarios y líderes de todas las fuerzas políticas chilenas, el Gobierno de Michelle Bachelet ha decidido impugnar la competencia del Tribunal Internacional de Justicia de la ONU (TIJ) para resolver la demanda marítima boliviana de abril de 2013. El anuncio lo ha hecho la propia mandataria por cadena nacional desde el Palacio de La Moneda, en un mensaje donde ha resaltado la unidad con que Chile está abordando el problema limítrofe: “En este importante momento sé que cuento con el apoyo y la unidad de mis compatriotas. El interés nacional está en juego y sabremos defenderlo con toda la fuerza, determinación y sobriedad que exige este desafío”.

Bachelet ha reiterado la línea fundamental de la defensa chilena: no existen asuntos pendientes con Bolivia y el tratado de 1904, que fijó definitivamente los límites entre ambos países, se encuentra totalmente vigente. “Ha sido respetado e implementado por ambos Estados por más de un siglo, dando Chile cumplimiento al más amplio y libre derecho de tránsito comercial por su territorio y puertos del Pacífico a Bolivia”, ha señalado la jefa de Estado en un discurso de poco más de cuatro minutos.

El Gobierno, ha explicado Bachelet, ha tomado esta decisión sobre la base de los principios fundamentales que inspiran la acción de política exterior de Chile. Y uno de ellos, ha señalado la socialista, “es la defensa inclaudicable de nuestra integridad territorial y de nuestros intereses nacionales, que coinciden con principios esenciales del derecho internacional y de las relaciones entre los Estados, incluyendo de manera principal la inviolabilidad de los tratados y la estabilidad de las fronteras”.

El 24 de abril de 2013, Bolivia solicitó a la TIJ que declare que Chile tiene la obligación de negociar un acuerdo que permita una salida soberana al Pacífico, cediendo parte de su territorio. El pasado 15 de abril, el Gobierno de Evo Morales depositó la memoria de la demanda ante el tribunal internacional y, desde entonces, Chile tenía un plazo de tres meses para impugnar la competencia de La Haya. Bachelet ha explicado a los ciudadanos que el Ejecutivo chileno realizó una consulta minuciosa con expertos nacionales y extranjeros y con todas las fuerzas políticas nacionales. Y que para tomar la decisión que ha anunciado esta noche, dijo, se han escuchado todos los argumentos: “En los desafíos que tenemos como país, la unidad es un valor insustituible que refuerza y da solidez a nuestras posiciones”.

Bachelet ha informado que se presentarán objeciones preliminares a la jurisdicción de la corte antes de que finalice el plazo el 15 de julio y que, para ello, los equipos chilenos se encuentran reunidos en París. El canciller, Heraldo Muñoz, liderará el grupo que afinará el escrito que intenta que el tribunal internacional se declare incompetente. La Presidenta recordó que los argumentos de Chile en este etapa son confidenciales y que se harán públicos recién cuando comiencen los alegatos orales.

Fue un anuncio inesperado: algunos pensaban que Chile debía impugnar la competencia de la TIJ en febrero de 2015, fecha en que se presentará la contramemoria. De esa forma se reducía el riesgo de que la corte rechace el recurso de Chile y que este hecho fuera interpretado como un primer triunfo de Bolivia. El Gobierno de Bachelet, sin embargo, decidió no esperar. “Las relaciones entre Chile y Bolivia deben sustentarse en principios y valores permanentes, los que el Gobierno de Chile reafirma en esta oportunidad, en el marco de relaciones de vecindad pacífica y en el irrenunciable respeto al derecho internacional”, ha dicho Bachelet. Y en particular, ha señalado, “al tratado de paz y amistad de 1904 que fijó definitivamente las fronteras entre los dos países”.

 

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NOTAS 1º PARCIAL – COMISIÓN “A” – 03/07/2014

Apellido y nombre Nota
ABEDIN, MARIA ALEJANDRA 4
AGUIRRE BUSTOS, MATEO 2
AMERISE, MELINA ELISABET 2
ARRIETA, CRISTIAN FABIAN 2
AUBIA, DELFINA 2
CARRION, ALFONSO BALTASAR 4
CHAFLOQUE ESCAJADILLO, LADY LIZBETH 4
CURIZZI, JUAN MANUEL 2
DIETRICH, PATRICIA SILVIA AUSENTE
ESTRADA, LARA JIMENA AUSENTE
FERNANDEZ, AGUSTINA 2
FIGURETTI, ANTONELLA SOLEDAD 2
GALVEZ RIOS, ROXANA PAOLA 2
HUERGO, SOFIA 6
LOPEZ, VICTORIA MILAGROS AUSENTE
MARIN, ROMINA GISEL 4
MARTINEZ BOREAN, SILVINA AMANDIA 4
MULET, CRISTOBAL AUSENTE
NICOLINI ERROBIDART, MAXIMILIANO 4
PERCUDANI, JORGE ALBERTO AUSENTE
SIQUEIRA PACHECO, MATEUS 5
STIRZ, ALEJANDRA LILIANA AUSENTE
STUPPIA, LUISINA AUSENTE
URIBARRI, ELBA MARIA AUSENTE
VALERO, CAMILA AYELEN 2
VICENTE, CAMILA 4
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DECLARACIÓN EN RESPALDO A LA POSICIÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA EN LA REESTRUCTURACIÓN DE SU DEUDA SOBERANA – OEA – 03/07/2014

REUNIÓN DE CONSULTA DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES       

VIGÉSIMA OCTAVA REUNIÓN DE CONSULTA DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES

OEA/Ser.F/II.28

RC.28/DEC. 1/14

3 de julio de 2014

Washington, D. C.

Original: español

DECLARACIÓN EN RESPALDO A LA POSICIÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA EN LA REESTRUCTURACIÓN DE SU DEUDA SOBERANA[1]

(Aprobada en la sesión plenaria celebrada el 3 de julio de 2014 y sujeta a la revisión de la Comisión de Estilo)

 LA VIGÉSIMA OCTAVA REUNIÓN DE CONSULTA DE MINISTROS DE RELACIONES EXTEREIORES,  TENIENDO EN CUENTA:

 Los esfuerzos que viene realizando la República Argentina para honrar los compromisos adquiridos con más del 92 % de sus acreedores, desde la reestructuración de su deuda soberana en los años 2005 y 2010;

 La voluntad expresa del Gobierno argentino de negociar de buena fe y de honrar los compromisos adquiridos;

 Que es necesario contar con instrumentos que posibiliten acuerdos razonables y definitivos entre acreedores y deudores soberanos, permitiendo hacer frente a problemas de sustentabilidad de deuda en forma ordenada; y

 Que la democracia y el desarrollo económico y social son interdependientes y se refuerzan mutuamente,

 DECLARA:

  1. Su respaldo a la República Argentina a fin de que pueda seguir cumpliendo con sus obligaciones, pagando su deuda, honrando sus compromisos financieros y para que a través del diálogo logre un acuerdo justo, equitativo y legal con el 100 % de sus acreedores.

  1. Que es esencial para la estabilidad y predictibilidad de la arquitectura financiera internacional garantizar que los acuerdos alcanzados entre deudores y acreedores, en el marco de los procesos de reestructuración de las deudas soberanas, sean respetados permitiendo que los flujos de pago sean distribuidos a los acreedores cooperativos según lo acordado con los mismos en el proceso de readecuación consensual de la deuda.

  1. Su pleno apoyo al logro de una solución que busque facilitar el amplio proceso de reestructuración de la deuda soberana argentina.

[1].             Estados Unidos no puede apoyar esta declaración y hace notar que el tema sigue su curso en el proceso judicial estadounidense.

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La OEA respalda a Argentina ante la “aberración” de los fondos buitre

La OEA respalda a Argentina ante la “aberración” de los fondos buitre

http://ep01.epimg.net/economia/imagenes/2014/07/04/actualidad/1404431784_790967_1404432497_noticia_normal.jpg

TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN

A Argentina se le acaba el tiempo para negociar una salida con los “fondos buitre” y evitar el segundo default en lo que va de siglo. A juicio del gobierno de Buenos Aires, el problema además no es solo económico, es también político, una cuestión de “soberanía”. Por ello, requiere una acción “urgente” de la comunidad internacional para frenar una situación “desquiciada” que puede sentar un peligroso precedente mundial y “poner en jaque” a todo el sistema financiero internacional.

Con este mensaje acudieron el jueves a la Organización de Estados Americanos (OEA) los ministros de Relaciones Exteriores de Argentina, Héctor Timerman, y de Economía, Axel Kicillof, que reclamaron durante una reunión extraordinaria de cancilleres “soluciones urgentes, no sólo pronunciamientos”. Es decir, una actuación “pronta” de la comunidad internacional para que su país no caiga en el “precipicio” que supone la obligación judicial de pagarle a los “fondos buitre”.

“Vamos a seguir negociando [...] pero no vamos a aceptar la extorsión, no vamos a aceptar medidas contra el pueblo argentino, vamos a negociar, pero no nos vamos a suicidar”, proclamó Timerman.

Argentina está comprometida con el diálogo, quiere negociar como lo ha hecho siempre, pero pide igualdad de condiciones”, corroboró Kicillof.

El gobierno argentino tiene el lunes una cita en Nueva York con Daniel Pollack, el mediador entre el país sudamericano y los fondos de inversión que no quisieron aceptar una quita de su deuda. El abogado fue designado por Thomas Griesa, el juez estadounidense que ha ordenado al gobierno de Cristina Fernández pagar a los “fondos buitre” los 1.300 millones de dólares que le reclaman desde hace años a Buenos Aires. Kicillof aseguró desde Washington que su delegación acudirá a la cita, pero para negociar se necesita, subrayó, que las condiciones sean “justas, equilibradas y legales y que contemplen los derechos del 100% de los acreedores” del país sudamericano.

“No podemos hacerlo bajo condiciones de extorsión y le pedimos al mundo, a la OEA, que tome cartas en el asunto”, pidió.

En las cuatro horas de reunión en la sede de la OEA en Washington no faltaron las entusiastas manifestaciones de solidaridad —”hagamos un solo bloque de apoyo irrestricto”, pidió el canciller venezolano Elías Jaua— y hasta de condena del “cáncer para la humanidad” que supone en líneas generales el sistema capitalista, en palabras de su par boliviano David Choquehuanca.

Elocuencias aparte, en la región caben pocas dudas: la situación en que se encuentra Argentina tras la decisión judicial es una “injusta aberración” que “no solo amenaza la estabilidad financiera (argentina) sino que daña gravemente los mecanismos de reestructuración de deuda soberana que se han venido desarrollando con el acuerdo de los organismos internacionales de crédito”, advirtió el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza.

Pero a la hora de los hechos, más allá de un “pleno apoyo” a la posición argentina, no se concretaron la noche del jueves en Washington propuestas pese al consenso, constatado en la declaración final, sobre la necesidad de “contar con instrumentos que posibiliten acuerdos razonables y definitivos entre acreedores y deudores soberanos, permitiendo hacer frente a problemas de sustentabilidad de deuda en forma ordenada”.

Así, en su declaración final la OEA se limita a unirse a otras organizaciones internacionales en su “pleno apoyo al logro de una solución que busque facilitar el amplio proceso de reestructuración de la deuda soberana argentina”.

Y también su “respaldo a la República Argentina a fin de que pueda seguir cumpliendo con sus obligaciones, pagando su deuda, honrando sus compromisos financieros y para que a través del diálogo logre un acuerdo justo, equitativo y legal con el 100% de sus acreedores”.

Es “esencial para la estabilidad y predictibilidad de la arquitectura financiera internacional”, subraya la declaración, “garantizar que los acuerdos alcanzados entre deudores y acreedores, en el marco de los procesos de reestructuración de las deudas soberanas, sean respetados”.

Pese a lo suave de la declaración —el texto no tiene siquiera el peso de una resolución— Estados Unidos dijo verse obligado a poner una “nota a pie de página” manifestando que no puede apoyar el texto porque “sigue el asunto sigue en el proceso judicial”. También Canadá se desmarcó de la iniciativa, pese a “reconocer la posición difícil” en que se encuentra Argentina y los pasos que ya ha dado.

El canciller argentino lamentó que Canadá, pero sobre todo Estados Unidos, eludieran unirse al respaldo “amplio y explícito” del resto del hemisferio, sobre todo cuando Washington “año tras año nos inunda con informes sobre la situación doméstica” en cada una de las demás naciones.

Aun así, Timerman y Kicillof manifestaron su “inmensa satisfacción, alegría y orgullo” por el “unánime apoyo de América Latina y el Caribe” a la posición argentina y su “unánime rechazo a los fondos buitre”

 

El mediador de EE UU confirma una cita de “alto nivel”

El mediador judicial entre Argentina y los “fondos buitres”, Daniel Pollack, ha confirmado la noche del jueves la cita que mantendrá el próximo lunes 7 en Nueva York con una delegación de “alto nivel” enviada por el gobierno de Cristina Fernández. Aunque el ministro de Economía argentino, Axel Kicillof, afirmaba en Washington que la delegación “todavía no está definida”, según un comunicado de Pollack emitido casi al mismo tiempo sí han sido ya elegidos al menos varios de sus integrantes. Se trata del subprocurador del Tesoro de la Nación, del secretario de Finanzas del ministerio que encabeza Kicillof y el cecretario Legal y Administrativo de la misma institución.

Lo que sí precisó Kicillof tras la reunión de cancilleres de la OEA que emitió una declaración de “apoyo” a la posición argentina frente a los “fondos buitres” es que la cita del lunes será exclusivamente con Pollack y no con los tenedores de deuda, para que el mediador designado por el juez Thomas Griesa pueda “interiorizarse” con la situación, dijo.

 

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La ONU subraya que debe protegerse a la población vulnerable en moratorias de deuda

La ONU subraya que debe protegerse a la población vulnerable en moratorias de deuda

La ONU subraya que debe protegerse a la población vulnerable en moratorias de deuda La ONU subrayó hoy la importancia de garantizar que la población más vulnerable no sufra de forma desmedida con la aplicación de políticas relacionadas con una moratoria de deuda.

03 de julio, 2014 — La ONU subrayó hoy la importancia de garantizar que la población más vulnerable no sufra de forma desmedida con la aplicación de políticas relacionadas con una moratoria de deuda.

Al referirse a las implicaciones que podría tener en la esfera de los derechos humanos el cese de pagos de la deuda pública argentina, el portavoz de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric destacó la necesidad de proteger a los sectores más pobres de la sociedad.

“La ONU cree que es importante, entre otras cosas, que los países en esa situación tomen medidas apropiadas, incluidas las que suponen sus obligaciones de acuerdo con la Convención Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, para asegurarse de que la población más vulnerable no sea afectada de forma desproporcionada por las decisiones que pudieran seguir a una moratoria”, manifestó Dujarric en conferencia de prensa.

Argentina afronta un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, según el cual debería haber pagado casi 1.500 millones de dólares a los “fondos buitres” el 30 de junio.

Ese dictamen coloca a Argentina en una situación de incumplimiento técnico al bloquear el pago a todos sus acreedores y no sólo a los fondos que se negaron a aceptar la reestructuración.

El lunes próximo, representantes del gobierno argentino se reunirán con un mediador designado por el juez de la Suprema Corte responsable del fallo. De no alcanzarse una solución a finales de mes, Argentina caería en el incumplimiento.

 

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Argentina busca el respaldo de la OEA frente a los “fondos buitre”

Argentina busca el respaldo de la OEA frente a los “fondos buitre”

Argentina busca el respaldo de la OEA ante su pulso con los “fondos buitre”

Argentina quiere asegurarse de que cuenta con el máximo respaldo político antes de reunirse, el próximo lunes en Nueva York, con el abogado Daniel Pollack. Éste es el hombre designado como mediador entre el país sudamericano y los fondos de inversión que no quisieron aceptar una quita de su deuda por Thomas Griesa, el juez estadounidense que ha ordenado al gobierno de Cristina Fernández pagar a los “fondos buitre” los 1.300 millones de dólares que le reclaman desde hace años a Buenos Aires, una decisión avalada por el Tribunal Supremo norteamericano.

Aunque lograr una solución con los “fondos buitre” es lo único que le permitirá evitar el impago, la negociación es un trago difícil para un gobierno como el argentino, que durante años trató precisamente de evitar esto. Motivo de más para acudir a ella con el mayor músculo político posible.

Por ello, tras recibir la solidaridad del Grupo de los 77 en Naciones Unidas, así como el de Unasur, Mercosur, Celac y hasta la CEPAL, Argentina se presenta este jueves en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington -el único organismo regional que también incluye a Estados Unidos y Canadá- para reclamar más apoyos a unos vecinos a los que advierte de que el caso argentino puede sentar un “precedente peligroso” para todos los países del hemisferio en el futuro.

“Hoy se ha puesto en jaque a la Argentina, sin embargo cualquier país que deba enfrentar en el futuro una reestructuración de su deuda podrá estar en la misma encrucijada”, argumentó el representante alterno de este país ante la OEA, Julio César Ayala, cuando el organismo hemisférico debatía la conveniencia de convocar la reunión de consulta de ministros de Asuntos Exteriores. Se trata éste de un encuentro extraordinario que sólo se convoca para “considerar problemas de carácter urgente y de interés común para los Estados americanos”, según los estatutos de la organización.

Ante los cancilleres o altos representantes de los miembros de la OEA -hasta ahora sólo una decena de países ha confirmado la presencia de su ministro de Relaciones Exteriores- el jefe de la diplomacia argentina, Héctor Timerman, y el ministro de Economía, Axel Kicillof, volverán a insistir hoy en las consecuencias más allá de las fronteras argentinas que puede tener un fracaso en la negociación con los fondos buitre. El título de la reunión de ministros lo dice todo: “Reestructuración de la deuda soberana: el caso de Argentina y sus consecuencias sistémicas”.

La postura argentina cuenta desde ya con la simpatía generalizada de la región.
“No podemos permitir que agentes especulativos pongan en riesgo los acuerdos alcanzados entre deudores y acreedores afectando la estabilidad financiera global”, advirtió la presidenta chilena, Michelle Bachelet, en la sede de la OEA este martes, en el marco de su visita a Washington.

Para el canciller uruguayo, Luis Almagro, la clave está en la necesidad de preservar la “previsibilidad y transparencia” necesarias para el buen funcionamiento del sistema financiero internacional. Así como, subrayó en entrevista con EL PAÍS, “las garantías que tienen que tener los países a la hora de reestructurar o renegociar sus deudas”.

“Creemos que si se abre una puerta para la especulación cuando un país está renegociando su deuda, se le hace mucho más difícil complicado el camino. Y definitivamente es algo que nos termina afectando a todos, a las actividades de las entidades financieras y a los países y a los organismos multilaterales de crédito y finanzas”, advirtió.

Uruguay y Brasil presentarán por ello ante la OEA una propuesta de resolución conjunta que prevé tanto en el caso argentino como para otros países que en el futuro estén en circunstancias similares “las mejores condiciones y capacidades mañana para renegociar o reestructurar su deuda, que tengan las mejores garantías a largo plazo” y que éstas no se vean afectadas por terceros que vienen con un esquema de especulaicón y una posibilidad de ganar eventualmente un 1.600 por ciento respecto a su versión originaria”, explicó en rueda de prensa también en Wasington.

En vista de las declaraciones como ésta y las de los embajadores de la OEA cuando el lunes se aprobó la reunión de ministros, es de esperar que Argentina salga del encuentro con un amplio respaldo moral a su posición. Pero poco más, porque como se ha encargado de subrayar un incómodo Estados Unidos, el trasfondo del encuentro trata de una decisión “judicial” en la que la rama ejecutiva no puede ni debe inmiscuirse.

ç“Debemos tener cuidado para que no parezca que estamos interfiriendo en un proceso judicial interno”, ha alertado la embajadora estadounidense, Carmen Lomellin, que alentó el lunes a las dos partes a “buscar una solución” que permita resolver la crisis.

Un mensaje que también subrayó esta misma semana Ben Rhodes, el asesor adjunto de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, pese a que ésta comparte la preocupación de Argentina y el continente por que la decisión judicial pueda afectar la soberanía de otros países, incluido Estados Unidos, en casos similares futuros.

“Creemos que hay mecanismos establecidos para que Argentina atienda sus compromisos financieros y va a ser necesario que Argentina recurra a ellos para contar con la total confianza de la comunidad internacional y que pueda estabilizar su economía”, dijo Rhodes de cara al encuentro que se celebrará este jueves a escasa distancia de la Casa Blanca.

 

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El magnicidio que desencadenó la I Guerra Mundial aún divide Bosnia

El magnicidio que desencadenó la I Guerra Mundial aún divide Bosnia

Ni la imagen de una paloma sobrevolando Sarajevo, ni la cara del magnicida Gavrilo Princip. Los coleccionistas no guardarán un sello conmemorativo bosnio del centenario de la I Guerra Mundial. Tras meses de negociaciones, las administraciones del país balcánico no se han puesto de acuerdo para poner en circulación un timbre de aniversario. Un siglo después del asesinato del archiduque Francisco Fernando y su esposa Sofía en una calle de Sarajevo, el suceso –que desencadenaría la I Guerra Mundial– y la figura del tirador reflejan un país partido. Para algunos serbobosnios, el joven de 19 años era un héroe que buscaba liberar el territorio de la ocupación,  para muchos bosnios y croatas, el tirador era un terrorista que desencadenó un conflicto que segaría millones de vidas, destruiría cuatro imperios y redibujaría el mapa europeo. Ha pasado un siglo, pero las dos balas que cambiaron el mundo ahondan en la división de Bosnia.

 Una línea también parece seccionar los actos de aniversario que inundan estos días Sarajevo y otras ciudades del país, de unos 3,8 millones de habitantes. En la capital, bosnios musulmanes y croatas –católicos— conmemoran con conciertos, conferencias y exposiciones ese trasfondo histórico. Eventos que, según la alcaldía, buscan “impulsar una imagen de paz en la región”, a los que han asistido los jefes de Estado de Croacia, Montenegro y Macedonia; también el presidente austriaco, Heinz Fischer, pero no los representantes de la comunidad serbobosnia –ortodoxos–, que tienen conmemoraciones paralelas. Sí estuvieron en Visegrado (en la entidad serbia República Srpska), donde cientos de personas participaron en los actos diseñados por el cineasta Emir Kusturica, que coinciden con la inauguración de Andricgrad, su proyecto cultural en homenaje al escritor y Premio Nobel Ivo Andric.

 Imposible introducir esa dualidad en un pequeño pedazo de papel timbre. Pero la idea del fallido sello, analiza la activista Vedrana Kolar, no es símbolo sólo de esa doble visión de lo ocurrido en 1914. También lo es del día a día político de un país paralizado por un sistema burocrático inmanejable. Los acuerdos de Dayton, que pusieron fin a la guerra de los Balcanes en 1995, diseñaron una arquitectura administrativa en la que las tres comunidades tienen presencia equilibrada pero que se divide en tantas partes –-dos entidades autónomas, la República Srpska de Bosnia y la federación croata-bosniaca, dividida a su vez en cantones; además de los Gobiernos municipales— que cualquier gestión gubernamental es complicada. “La mayoría de los proyectos quedan bloqueados por el veto de las diferentes administraciones”, explica Kolar.

 Como el sello. Vetado, según algunas fuentes, por el representante serbio del Consejo de Correos de Bosnia Herzegovina porque el musulmán se había opuesto a un timbre sobre Andricgrad que circularía sólo en República Srpska. “En Bosnia, la maraña burocrática no nos deja levantar cabeza”, reconoce el economista Damir Saljic. Porque además, de la parálisis que acarrea, el enorme aparato administrativo se come casi el 70% del presupuesto público. Una cifra “inexcusable”, dice, en un país espoleado por la crisis y con un 28% de desempleo ––cifra oficial, los estudios independientes aseguran que es el 40%–. “Tarde o temprano las costuras terminarán estallando”, augura el analista económico del Instituto para la Política Exterior, un think tank de Sarajevo.

 La fragmentación burocrática que espanta a Saljic alcanza también al sistema educativo. En Bosnia Herzegovina no hay un plan único, sino varios; y son muchos los agentes que ponen algo más que comas en su redacción. “Teóricamente hay un grupo nacional de asignaturas: Lengua, Historia y Geografía, pero sus contenidos los deciden primero los ministerios, luego los cantones y después la propia escuela”, explica Semir Hambo, profesor de secundaria en un colegio de Sarajevo. Lengua, dice, porque en Bosnia hay tres oficiales: serbio, croata y bosnio –“Pero, salvando que el serbio se escribe en cirílico, son casi iguales”, introduce la traductora—. Y Geografía e Historia porque se podrían considerar temas “delicados”, dice, en un país que hace dos decenios salió de un conflicto fraticida que segó la vida de 110.000 personas. Una guerra, reconoce Hambo, en la que no se profundiza en la escuela.

 Este profesor de 29 años, miembro del Instituto de Historia de Sarajevo, ha tenido la oportunidad de comparar contenidos que dan sus compañeros en la Republica Srpska (la entidad serbia) o en las comunidades de mayoría serbia de Sarajevo, y encuentra ciertas diferencias. De nuevo la figura del magnicida de 19 años Gavrilo Princip es una de ellas. De nuevo héroe o villano, según quien revisite la historia.

 “No sé que hay que discutir. El chico era un asesino”, dice Esma, que regenta un kiosko de prensa y tabaco a unos metros de la fatídica esquina en la que Francisco Fernando y Sofía, que estaba embarazada, fueron tiroteados. En Visegrad, a unos 130 kilómetros, Dusko, no lo ve igual. Para él, que trabaja como “anfitrión” en la ciudad cultural de Andricgrad, como para muchos serbios, Princip luchaba por liberar a su país. “Creo que es Alemania quien está impulsando esta revisión histórica porque busca sacudirse la herencia de haber comenzado las dos mayores masacres de la historia. Las dos primeras veces empezaron con las armas; ahora, con la economía”, dice.

 El profesor Hambo cree que no es malo comentar o discutir la historia. “Siempre que se asuma que ocurrió lo que ocurrió”, dice. Cree que son los políticos quien, ya desde la escuela, se empeñan en fomentar las diferencias. “Bosnia es un país pequeño, las distintas comunidades compartimos costumbres. Están creando un grave problema en una población que va a vivir unida. La diversidad es buena, pero esto es otra cosa”, dice.

 Emir Muhamedagic, portavoz de los estudiantes de la Universidad de Sarajevo (unos 40.000) explica que esa diferencia cultivada desde la burocracia dificulta, por ejemplo, los traslados de expediente escolar entre municipios. “La población sufre las consecuencias de una organización fallida”, zanja. La organización institucional es, de hecho, uno de los elementos que más aleja a Bosnia –que fue el primer país en iniciar la carrera para lograr el estatus de candidato y que se ha quedado el último– de la UE. Su Constitución, con tres presidentes rotatorios, uno por cada una de las tres comunidades que habitan el estado, impide que representantes de las minorías judía –unos 1.500, la mayoría sefardíes– o romaní, por ejemplo, sean elegidos. Un obstáculo insalvable, incide Andy McGuffie, portavoz de la UE en ese país, que vulnera los tratados internacionales. “La UE quiere que Bosnia entre. Y los bosnios también lo desean; pero si la Constitución no cambia no lo hará”, dice.

 Cada intento de modificarla ha fracasado. Como descarrilan otras muchas reformas. La última, que según fuentes del Gobierno bosnio aún se está negociando, es una ley contra el blanqueo de capitales y la financiación de organizaciones terroristas. Sin ella, Bosnia entraría en la lista de países que carecen medidas para luchar contra estos delitos. Un nuevo lastre, dice el economista Seljic, que alejará la inversión extranjera que, en los últimos años, ha sido fundamentalmente rusa y turca. Europa, que nutrió (y aún lo hace, aunque menos) al país con ayudas durante años, está ahora mucho más pendiente de su propia crisis.

 “¿Gavrilo Princip? ¡Qué importa! Todo aquello ocurrió hace cien años. No entiendo el interés y el afán por analizar eso. Y como todo lo demás es cosa de los políticos, porque si no generaran esas diferencias no tendrían excusa para mantener el sistema que les da de comer”, apunta amargamente el excombatiente bosnio Sufret Ibrahimovic. Originario de Srebrenica, donde los serbios cometieron una de las mayores masacres de la guerra de 1992, insiste en que está harto de la Administración. “Es una lucha continua; pero, salvando las distancias, antes sabías quien te disparaba. Ahora no sabes de donde llegan las balas. Es como pegarse contra una pared”, lamenta.

 

 

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