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Ruptura de relaciones comerciales y financieras (Tercera Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, Rio de Janeiro – 1942)

La Tercera Reunión de Consulta de los Ministros de Relaciones Exteriores de las Repúblicas Americanas,

Considerando:

  1. —Que en la Segunda Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de las Repúblicas Americanas, celebrada en la Habana en Julio de 1940, se declaró que todo atentado de parte de un Estaco no americano contra la integridad o la inviolabilidad del territorio, la soberanía o la independencia política de un Estado americano, deberá considerarse como un acto de agresión contra todos los Estados americanos;
  2. —Que como resultado de la agresión perpetrada contra el Hemisferio Occidental existe un estado de guerra entre Repúblicas Americanas y Estados no americanos, que afecta los intereses políticos y económicos de todo el Continente y exige la adopción de medidas para la defensa y seguridad de todas las Repúblicas Americanas;
  3. —Que todas las Repúblicas Americanas han adoptado ya medidas que sujetan la exportación o reexportación de mercancías a cierto control; que la mayor parte de las Repúblicas Americanas ha establecido sistemas que vigilan y restringen las operaciones financieras y comerciales con las naciones signatarias del Pacto Tripartito y con los territorios dominados por las mismas; que otras Repúblicas Americanas han adoptado medidas para eliminar las actividades económicas extranjeras, perjudiciales a su bienestar; y que todas las Repúblicas Americanas han aprobado las recomendaciones del Comité Consultivo Económico Financiero Interamericano referentes a la utilización inmediata de los barcos mercantes de bandera no americana inmovilizados en los puertos americanos,

Recomienda:

  1. —Que los Gobiernos de las Repúblicas Americanas adopten inmediatamente, conforme a las prácticas usuales y a la legislación de cada país:
    1. Las medidas adicionales que sean necesarias para interrumpir, durante la actual emergencia continental, todo intercambio comercial y financiero, directo o indirecto, entre el Hemisferio Occidental y las naciones signatarias del Pacto Tripartito y los territorios dominados por ellas.
    2. Las medidas para suspender las demás actividades comerciales y financieras perjudiciales al bienestar y a la seguridad de las Repúblicas Americanas, medidas que tendrán, entre otros objetos, los siguientes:
      1. Impedir, dentro de las Repúblicas Americanas, las operaciones comerciales y financieras contrarias a la seguridad del Hemisferio Occidental, celebradas directamente por los Estados miembros del Pacto Tripartito, por los territorios dominados por ellos, ó por sus nacionales, sean personas naturales o jurídicas; y evitar también las celebradas indirectamente por dichos Estados o por los nacionales de ellos, y las que redunden en beneficio de dichos Estados o territorios y de sus nacionales, quedando entendido que las personas naturales podrán ser exceptuadas de tales’medidas, si son residentes en una República Americana, y, a condición de que queden controladas conforme lo prevé el inciso siguiente.
      2. Vigilar y controlar todas las operaciones comerciales y financieras que celebren, dentro de las Repúblicas Americanas, los nacionales de los Estados signatarios del Pacto Tripartito o de los territorios dominados por ellos, que residan en dichas Repúblicas, y prohibir todas las operaciones de cualquier naturaleza contrarias a la seguridad del Hemisferio Occidental. Siempre que una República Americana lo estime conveniente y de acuerdo con sus intereses y su propia legislación, y especialmente si alguna de las medidas antes mencionadas, al aplicarse a casos concretos, resultare en perjuicio de su economía nacional, los bienes y las empresas de esos Estados y nacionales que se encuentren dentro de su jurisdicción podrán llegar a ser dados en encargo fiduciario o sometidos a intervención administrativa permanente para efectos de control; o bien podrá procederse a su venta a nacionales del respectivo país americano, siempre que el producto de tal venta quede sujeto al mismo control y a reglamentos similares a los que se apliquen a los fondos de los extranjeros arriba mencionados.
  2. Que los Gobiernos de las Repúblicas Americanas adopten medidas, bilaterales o multilaterales, para contrarrestar los efectos adversos que puedan causarse a sus respectivas economías, al ponerse en práctica esta recomendación. Especialmente deberán considerarse las medidas que tiendan a prevenir los problemas de desocupación parcial o total que puedan sobrevenir en los países de América como resultado de la aplicación de medidas de control y restricción de las actividades de los extranjeros.
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Una lucha pacífica

Una lucha pacífica

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República ArgentinaViernes 03 de enero de 2014. Información para la Prensa N°: 001/14

Por Héctor Timerman *

Hoy, 3 de enero de 2014, recordamos un nuevo aniversario de la usurpación británica de nuestras Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. En total, cerca de tres millones de kilómetros cuadrados pertenecientes al pueblo argentino, y sin los cuales la Argentina ve afectada su integridad territorial.

El año que acaba de finalizar mostró un incremento en las agresiones verbales de los funcionarios británicos al referirse a la Cuestión Malvinas. Por el contrario, la actitud argentina, dialoguista y decidida a resolver en forma pacífica un conflicto colonial, ha recibido nuevos y más enérgicos apoyos en todo el mundo, incluyendo en la propia Gran Bretaña.

Como corolario de un año en el cual el gobierno británico expresó su intención de realizar intervenciones militares, al punto que su propio Parlamento debió rechazar una acción bélica en Medio Oriente, el mismo gobierno dedicó un párrafo de su discurso navideño a hablar sobre la defensa militar de las Malvinas, olvidando el mensaje pacífico de dicha celebración. Tal vez haya sido la expresión del fracaso de intentar confundir al mundo sobre la ocupación colonial y militar del territorio argentino, así como la falta de argumentos legales e históricos.

El mal llamado “referéndum”, en el cual 1500 británicos de las islas decidieron seguir siendo británicos, es violatorio de las resoluciones de las Naciones Unidas. Ni la Resolución 2065 ni las restantes incluyen el principio de autodeterminación en la Cuestión Malvinas. Además, la Asamblea General de las Naciones Unidas rechazó en 1985, en dos oportunidades, propuestas británicas para incorporar ese principio en el proyecto de resolución sobre Malvinas. Ninguno de los requisitos que habilitan la aplicación del principio de libre determinación está presente en la Cuestión de las Islas Malvinas.

Vale la pena resaltar que el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas no mencionó el autodenominado “referéndum” en ninguna de sus resoluciones durante el año que ha concluido.

La falta de argumentos, y el amplio respaldo al derecho argentino a la integridad territorial, incita al Reino Unido a actuar y expresarse con la agresividad indigna de una potencia nuclear, que además es miembro permanente del Consejo de Seguridad. Tal conducta debilita los intentos de la comunidad internacional para que todos los países acepten las decisiones de las Naciones Unidas a fin de lograr la resolución pacífica de los conflictos. Gran Bretaña carece de autoridad moral en este tema, ya que es el país que más veces ha ignorado las decisiones de las Naciones Unidas, en especial cuando se trata de terminar con el colonialismo.

Las declaraciones agresivas no son una novedad en la Cuestión Malvinas. Basta recordar el comentario del diario The Times, vocero oficioso de la Corona británica, que en 1842, y ante un nuevo pedido del representante argentino en Londres de iniciar conversaciones sobre la Cuestión Malvinas, editorializó: “No sabemos qué admirar más, si la insolencia del sudamericano o la resignación del ministro de la Reina que no lo lanzó a puntapiés escaleras abajo”.

Para la Argentina, el año que finalizó ha sido de intensas actividades, tanto para exponer nuestros derechos soberanos como para defender los recursos naturales de la zona en conflicto que son expoliados por la potencia colonial.

Por primera vez todos los países de Africa adoptaron la Declaración de Malabo, reconociendo los legítimos derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, sumándose así a los países de América latina y el Caribe.

Las expresiones militaristas de la potencia ocupante, acompañadas por la importante presencia de las armas desplegadas, incluyendo submarinos nucleares en el Atlántico Sur, fueron objeto de censura por todos los países de Africa y América con costas en el Atlántico Sur durante la Cumbre de Montevideo.

En marzo de 2013, nuestro país concurrió a la sede de Naciones Unidas de Nueva York para solicitar sus buenos oficios al secretario general Ban Ki–moon, tal como le fuera encomendado por la Asamblea General. En un gesto sin precedentes, estuvieron presentes para acompañar la posición argentina los cancilleres de Cuba y Uruguay y el vicecanciller de Perú, países en ejercicio de las presidencias pro tempore de Celac, Mercosur y Unasur, respectivamente. Las mismas autoridades de las Naciones Unidas manifestaron su sorpresa ante el contundente apoyo de los tres organismos que representan a todos los países de América latina y el Caribe.

El gobierno mantuvo una constante actividad informativa en todo el mundo. Se imprimieron folletos sobre la Cuestión de las Islas Malvinas, conteniendo antecedentes históricos y tratamiento en las Naciones Unidas, en idiomas alemán, griego, japonés, rumano, húngaro, búlgaro, macedonio, turco y serbio.

Se avanzó en la traducción de material sobre la Cuestión de las Islas Malvinas a los idiomas árabe y hebreo. Y se volvió a editar el documental Malvinas – Historia de una usurpación con un nuevo subtitulado al inglés, francés, portugués y árabe.

Un aspecto esencial de nuestra lucha pacífica son los más de 90 Grupos de Solidaridad en países de los cinco continentes que trabajan en pos de una solución definitiva al conflicto colonial. Durante el pasado año, además de las tareas de difusión llevadas a cabo por los citados grupos, realizaron las siguientes acciones:

- Del 5 al 7 de febrero se realizó el Primer Encuentro de Grupos Pro Diálogo sobre la Cuestión Malvinas de la Unión Europea en Londres, con la presencia de miembros del Poder Ejecutivo y Legislativo de nuestro país.

- Del 17 al 19 de junio de 2013 se desarrolló en México DF el Primer Encuentro de Grupos de Solidaridad con la Cuestión Malvinas de América del Norte.

- Los días 12 y 13 de septiembre de 2013 tuvo lugar en La Habana el Primer Encuentro de Grupos de Solidaridad con la Cuestión Malvinas de América Central y el Caribe.

Los parlamentarios argentinos también desarrollaron una intensa actividad en defensa de nuestra posición nacional. En el ámbito de la diplomacia parlamentaria se obtuvieron declaraciones en favor de la reanudación de negociaciones con el Reino Unido por la sección latinoamericana de la Asamblea Parlamentaria América Latina – Unión Europea (Eurolat) y por la Asamblea del Grupo Latinoamericano de la Unión Interparlamentaria (UIP).

Asimismo se efectuaron acciones de sensibilización con motivo de sendas reuniones en la 129ª Asamblea de la UIP, la X Asamblea de Parlaméricas, el Parlatino y el Parlamento Andino.

Finalmente se realizó una fructífera visita al Parlamento de Irlanda de los presidentes de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados y el Senado, a efectos de tratar específicamente la Cuestión de las Islas Malvinas. Hubo contacto además con legisladores de países y organizaciones como Estados Unidos, Panamá, Vietnam y Unión Europea, en cuya oportunidad se abordó la Cuestión Malvinas.

Del 4 al 6 de febrero se mantuvo en Londres una reunión con el Grupo Parlamentario Multipartidario Argentina – Reino Unido y se transmitió a sus integrantes la voluntad nacional de reanudar las negociaciones de soberanía con dicho país.

Asimismo se llevó a cabo una reunión de los Grupos de Amistad Parlamentarios de ambos países, en cuyo marco fue abordada la Cuestión de las Islas Malvinas.

En noviembre, la Cancillería recibió a una delegación de parlamentarios británicos, en cuya ocasión se dialogó sobre la Cuestión de las Islas Malvinas y se les hizo entrega de material informativo.

El año 2013 será recordado por el gran avance en la defensa de los hidrocarburos que se encuentran en la plataforma continental argentina. Se dio un gran impulso a la implementación del Plan de Acción del Estado nacional contra las ilícitas actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina. En ese marco se realizaron las siguientes iniciativas: Argentina mantuvo una audiencia con el secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), Koji Sekimizu, ante quien se manifestó la preocupación por la creciente militarización del Atlántico Sur por parte del Reino Unido y el peligro que representa para el medio marino el desarrollo de actividades unilaterales británicas de exploración de hidrocarburos.

En dicha reunión se reiteró que la pretensión del Reino Unido de promover y autorizar la exploración y explotación de recursos naturales renovables y no renovables en el área en disputa de soberanía viola lo dispuesto por la Resolución 31/49 de la Asamblea General que insta a las dos partes en conflicto a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación mientras esté pendiente el proceso de descolonización recomendado por la Asamblea General.

En aplicación de la Ley 26.659, la Secretaría de Energía de la Nación dictó resoluciones, inhabilitando por el término de 15 a 20 años a las seis empresas británicas involucradas en ilegítimas actividades de exploración de hidrocarburos en la plataforma continental argentina.

Dichas inhabilitaciones fueron notificadas a las seis empresas activas en la zona ocupada ilegalmente.

El Mercosur adoptó un comunicado conjunto en el que reconoció el derecho de la Argentina para adoptar las acciones legales implementadas en el ámbito de su legislación contra las actividades de exploración y explotación no autorizada de hidrocarburos en el área de Malvinas.

Se llevaron a cabo gestiones en el marco de la Organización Latinoamericana de la Energía (Olade), en cuya 43ª Reunión de Ministros se expresó el respaldo a la adopción de medidas en materia de hidrocarburos.

A instancias de la Cancillería, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos –en colaboración con la Secretaría de Energía– elaboró un proyecto de ley tendiente a reformar la Ley Nº 26.659 (Condiciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina), con la finalidad de incorporar a este instrumento legal un nuevo tipo penal que establezca la responsabilidad en que incurrirán las personas físicas y jurídicas que, sin la autorización de la autoridad competente, realicen actividades de exploración o de explotación de hidrocarburos, en el lecho o en el subsuelo del mar territorial y en la plataforma continental argentinos, en adición a otras responsabilidades penales preexistentes. La ley que fue sancionada por el Congreso nacional y promulgada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner bajo el Nº 26.915 permitirá a la Justicia argentina solicitar la cooperación judicial internacional para el arresto y enjuiciamiento de todos aquellos incursos en la exploración y explotación ilegal de nuestros hidrocarburos.

Todas estas acciones son llevadas adelante con la determinación de defender, en forma pacífica, los legítimos derechos del pueblo argentino a ejercer la soberanía en todo su territorio, así como a evitar que potencias extranjeras continúen expoliando los recursos existentes en las tierras y aguas ocupadas ilegítimamente por más de 180 años. La norma se inscribe además en lo dispuesto por las Naciones Unidas, pues como ya dijimos, ante los anuncios británicos de exploración hidrocarburífera, instó a las partes a abstenerse de adoptar decisiones que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales a la actual situación de la zona en disputa.

Sobre el fin del año, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner tomó una decisión histórica al crear una secretaría dedicada exclusivamente a la Cuestión Malvinas, con el propósito de coordinar los esfuerzos argentinos relativos a la recuperación pacífica de las islas y los espacios marítimos de acuerdo con lo establecido en nuestra Constitución, a través del diálogo y las negociaciones bilaterales entre la Argentina y el Reino Unido.

A las amenazas de la potencia colonial tanto verbales como militares nuestro país continuará exigiendo que se cumpla con el derecho internacional y con las resoluciones de las Naciones Unidas, demostrando que la negativa del Reino Unido a sentarse a la mesa de negociaciones es la mejor evidencia de que, en la Cuestión Malvinas, el león ruge, pero ya no asusta.

* Ministro de Relaciones Exteriores.

Información para la prensa Nº 001/14

Dirección de Prensa de Cancillería: 4819-7375 / 8296 / 7388

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Comisión de Expertos sobre Inmigración (Octava Conferencia Internacional Americana, Lima – 1938)

Considerando:

Que los países americanos deben desarrollar una acción conjunta y solidaria para la mejor solución del problema inmigratorio;

Que es de particular interés la elaboración de Tratados tipos y el conocimiento de la capacidad receptiva de cada uno de los países americanos, a fin de encauzar y dirigir, en forma eficaz y adecuada, las corrientes migratorias hada América; y,

Que es necesario coordinar los planes de cooperación financiera tendentes a facilitar la inmigración,

La Octava Conferencia Internacional Americana,

Resuelve:

Invitar a los Gobiernos representados en la Conferencia a prestar su más eficiente colaboración a la Unión Panamericana, a fin de que organice, a la mayor brevedad posible, la Comisión de Expertos, conforme a la resolución N°. XLV adoptada por la Conferencia Internacional [Interamericana] de Consolidación de la Paz, reunida en Buenos Aires.

Recomendar a los Gobiernos Americanos que presten su apoyo a las gestiones que la Oficina Internacional del Trabajo debe realizar para la constitución de una Comisión Internacional Permanente de Migraciones Colonizadoras, de acuerdo con la resolución adoptada en la Conferencia Técnica de Expertos, reunida en Ginebra, el 28 de febrero del presente año.

(Aprobada el 23 de diciembre de 1938.)

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Arbitraje comercial (Octava Conferencia Internacional Americana, Lima – 1938)

Considerando:

Que la Sétima Conferencia Internacional Americana autorizó en la resolución XLI, el establecimiento de un sistema interamericano de arbitraje, en la que al mismo tiempo fueron aprobadas ciertas normas respecto a procedimiento y prácticas sobre esta materia, y,

Que la Octava Conferencia Internacional Americana ha recibido y estudiado el informe de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial, creada de acuerdo con la Resolución antes mencionada de la Sétima Conferencia,

La Octava Conferencia Internacional Americana,

Resuelve:

Io.—Aprobar y llamar de nuevo la atención de las Repúblicas americanas sobre las normas de arbitraje comercial aprobadas por la Sétima Conferencia Internacional Americana, especialmente la que dispone la validez y ejecución de las cláusulas compromisorias en contratos. La Conferencia desea dar, al mismo tiempo, un voto de aplauso a la República de Colombia por haber incorporado estas normas en su Ley N°. 2, de 1938, siendo, por lo tanto, la primera República del Continente en ponerlas en vigor.

2°.—Urgir a las Cámaras de Comercio de las Repúblicas Americanas para que al establecer Tribunales Permanentes de Arbitraje Comercial, como resultado de Conferencia de Comisiones Mixtas Permanentes, tengan en cuenta las formas [1normas] aprobadas por la Sétima Conferencia Internacional Americana.

3o.—Recomendar que se apruebe, en principio, la inserción de disposiciones arbitrales en los tratados comerciales celebrados entre cualesquiera de las Repúblicas Americanas, a fin de salvaguardar y fomentar el buen entendimiento y las relaciones comerciales amistosas que son la consecuencia de dichos tratados.

(Aprobada el 23 de diciembre de 1938.)

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Cincuentenario de la Unión Panamericana (Octava Conferencia Internacional Americana, Lima – 1938)

Considerando:

Que en 1940 la Unión Panamericana conmemorará el cincuentenario de su fundación por la Primera Conferencia Internacional Americana; y

Que durante el medio siglo de su existencia la Unión Panamericana ha contribuido grandemente al desarrollo de relaciones económicas, culturales y sociales más estrechas entre las Repúblicas del Continente Americano,

La Octava Conferencia Internacional Americana,

Resuelve:

1º.—Expresar a la Unión Panamericana el aprecio de las Repúblicas Americanas por la importante contribución que ha prestado al desarrollo de relaciones más estrechas y para el mejor entendimiento entre las Repúblicas del Continente Americano, durante los cincuenta años de su existencia.

2°.—Recomendar que el cincuentenario de la fundación de la Unión Panamericana sea conmemorado con ceremonias apropiadas en todos los países miembros de la Unión, tanto por entidades oficiales como por organismos e instituciones interesados en las relaciones económicas, científicas, culturales y sociales.

3°.—Recomendar que los Gobiernos de las Repúblicas Americanas continúen prestando a la Unión Panamericana su decidido apoyo, y que se dé mayor amplitud a las actividades de esa institución internacional tan pronto como lo permitan las circunstancias.

4°.—Formular un voto de reconocimiento al Consejo Directivo de la Unión Panamericana por su excelente colaboración en los preparativos de esta Conferencia, y, especialmente, por la labor realizada en la preparación de informes y proyectos para someterlos a la consideración de los delegados.

(Aprobada el 23 de diciembre de 1938.)

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Relaciones de los órganos panamericanos con otros organismos internacionales (Octava Conferencia Internacional Americana, Lima – 1938)

Considerando:

Que la Sétima Conferencia Internacional Americana encomendó a la Octava Conferencia el estudio de las actividades y de los métodos de cooperación de la organización panamericana con entidades de otras partes del mundo;1

Que el Consejo Directivo de la Unión Panamericana, en cumplimiento de la resolución adoptada en Montevideo, ha hecho un estudio acerca del alcance que ha adquirido el establecimiento de estas relaciones cooperativas y sobre las limitaciones que les imponen los Estatutos orgánicos de la Unión Panamericana; y

Que dicha cooperación, ejercida dentro de los límites de los estatutos bajo los cuales actualmente funciona la Unión Panamericana, es de utilidad a los órganos panamericanos e indudablemente de valor, también, para las entidades internacionales con que la Unión Panamericana ha estableado relaciones cooperativas,

La Octava Conferencia Internacional Americana,

Resuelve:

Io.—Recomendar que la Unión Panamericana, así como los otros órganos panamericanos, cooperen con organismos internacionales en otras partes del mundo, dentro de los límites de sus estatutos orgánicos y sin afectar la integridad de la organización internacional de las veintiún Repúblicas americanas.

2o.—Recomendar a la Unión Panamericana y a otros órganos panamericanos, que, a fin de establecer un intercambio mutuamente provechoso, hagan asequibles a otros organismos internacionales las informaciones de que dispongan; cambien puntos de vista con ellos y, en cuanto sea posible, coordinen las investigaciones que lleven a cabo, respectivamente, en los campos de la actividad económica, social, cultural y jurídica.

3o.—Recomendar a la Unión Panamericana, como secretariado permanente de las Conferencias Internacionales Americanas, que dé a conocer a los otros organismos internacionales las conclusiones de las Conferencias y las medidas que se adopten para ponerlas en efecto.

4o.—Solicitar del Consejo Directivo de la Unión Panamericana que adopte las medidas que estime necesarias para el mayor desarrollo posible de estas relaciones cooperativas.

(Aprobada el 23 de diciembre de 1938.)

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Universalización de la propiedad intelectual (Octava Conferencia Internacional Americana, Lima – 1938)

Considerando:

Que la Resolución N°. VII de la Sétima Conferencia Internacional Americana creó una Comisión compuesta de cinco miembros. encargada de elaborar un ante-proyecto de convención para la protección de la propiedad intelectual, que procuraría armonizar sus conclusiones con los principios establecidos por la Convención de Berna revisada en Roma,

Que esa Comisión se reunió en Montevideo y elaboró el ante-proyecto que le fuera encomendado, el cual remitió a la Unión Panamericana con su informe de 16 de mayo de 1936,

Que en ese informe, según sus propios términos, la Comisión afirma haber tenido siempre en vista que el objetivo de sus actividades no era otro que el de encontrar una fórmula capaz de obtener la universalización de las normas protectoras de los derechos intelectuales,

Que el Gobierno belga, animado por el mismo deseo de universalización de la protección de los derechos de autor resolvió convocar, para ese fin, una Conferencia diplomática universal, que se realizará en Bruselas, en 1939, y a la cual precederá la Conferencia Internacional de revisión de la Convención de Berna, ya revisada en Roma ;

Que para esa Conferencia fueron invitados los Estados miembros y no miembros de la Unión de Berna,

Que sería conveniente unir los esfuerzos en el sentido de alcanzar los objetivos que tuvo en vista la VII Resolución de la Sétima Conferencia Inter nacional Americana; y,

Considerando, en fin, que la oportunidad en que las Delegaciones han podido conocer el informe y ante-proyecto mencionados, no les ha permitido hacer un estudio tan completo como estiman necesario realizar, dada su importancia, ni consultar a los organismos técnicos de sus respectivos países, La Octava Conferencia Internacional Americana,

Resuelve:

1º.—Agradecer a la Comisión Panamericana de Montevideo la importante obra realizada en pro del objetivo perseguido,

2°.—Suspender el estudio y resolución acerca del proyecto presentado,1 hasta la Novena Conferencia Internacional [Americana], u otra Conferencia especial que será convocada para deliberar sobre el proyecto de la Comisión Americana de Cooperación Intelectual, la cual resolverá lo que crea del caso según sean los resultados de la próxima Conferencia Diplomática de Bruselas,

3°.—Recomendar a los países miembros de la Unión Panamericana que envíen representantes Plenipotenciarios a la Conferencia Diplomática Universal, convocada por el Gobierno belga, y que se realizará el año de 1939, antes de la Conferencia de revisión de la Convención de Berna, ya revisada en Roma; conviniendo que los mismos representantes tendrán, en particular consideración, el proyecto de la Comisión Interamericana de Montevideo, y procurarán regular las situaciones especiales derivadas de los nuevos medios de trasmisión, cuales son la divulgación de noticias de imprenta en detrimento de los derechos de las empresas respectivas. (Aprobada el 23 de diciembre de 1938.)

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Propiedad intelectual interamericana (Octava Conferencia Internacional Americana, Lima – 1938)

Considerando:

Que la Convención sobre la Propiedad Literaria y Artística, firmada en Buenos Aires, en la Cuarta Conferencia Internacional Americana,1 ha sido ratificada por dieciséis de las Repúblicas Americanas y constituye, por consiguiente, el instrumento básico sobre la protección interamericana de la Propiedad Intelectual,

Que esta Convención fue revisada en La Habana con ocasión de la Sexta Conferencia Internacional Americana; pero que dicha revisión ha sido únicamente ratificada por cinco países en el período de diez años transcurridos desde que se firmó,

Que la experiencia ha demostrado que algunos de los artículos de la Convención de Buenos Aires deben ser aclarados y que la revisión de La Habana debe ser modificada en forma más aceptable para las Repúblicas Americanas, Que es conveniente el mejoramiento y el desarrollo progresivos de las relaciones culturales entre las Repúblicas Americanas por medio del perfeccionamiento de la protección internacional americana de las obras literarias, científicas y artísticas, sin perjuicio, sin embargo, del esfuerzo que actualmente se realiza con el objeto de armonizar los dos sistemas para la protección de la Propiedad Intelectual establecidos por las convenciones de Buenos Aires y de Berna y,

Que la Comisión Nacional Norteamericana de Cooperación Intelectual Internacional ha redactado los adjuntos proyectos de resolución y de Protocolo a la Convención de Buenos Aires1 que tienen esas finalidades en mira;

La Octava Conferencia Internacional Americana,

Resuelve:

1º.—Trasmitir a la Unión Panamericana el proyecto de resolución y de protocolo redactado por la Comisión Nacional Norteamericana de Cooperación Intelectual Internacional para que dicha Institución lo comunique a los Gobiernos de las Repúblicas Americanas solicitando se sirvan expresar sus puntos de vista respecto al mismo,

2°.—Encargar a la Unión Panamericana que sobre las bases de dicho proyecto de Protocolo y de las observaciones que presenten los países miembros de la Unión, prepare un proyecto de convención definitivo,

3°.—Que dicho proyecto de convención sea presentado al estudio de una conferencia especial o de la Novena Conferencia Internacional Americana, o quede abierto a la firma de las Repúblicas Americanas en la Unión Panamericana,

4°.—Que se encomiende a la Unión Panamericana que tome las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo arriba previsto, inclusive la determinación de si dicha convención será considerada por una conferencia especial, o por la próxima Conferencia Internacional Americana, o quedará abierta a la firma de las Repúblicas Americanas en la Unión Panamericana.

5°.—En la misma oportunidad prevista en el tercer punto, será objeto de deliberación el proyecto preparado por la Comisión Interamericana de Propiedad Intelectual.

(Aprobada el 23 de diciembre de 1938.)

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Protección de bellezas escénicas naturales y lugares históricos (Octava Conferencia Internacional Americana, Lima – 1938)

Considerando:

Que las Repúblicas Americanas están abundantemente dotadas de bellezas escénicas naturales, de flora y fauna indígenas y de formaciones geológicas peculiares de importancia nacional e internacional; y

Que las Repúblicas americanas desean proteger y conservar, en su medio ambiente natural, ejemplares de todas las especies y razas de su fauna y flora indígenas, incluyendo aves migratorias, en número suficiente y en terrenos que sean lo suficientemente extensos para evitar su extinción por todos los medios de control humano;

La Octava Conferencia Internacional Americana,

Recomienda:

1º.—Que se inste a los Gobiernos de las Repúblicas Americanas a adoptar la legislación y reglamentaciones nacionales necesarias, a fin de hacer tan eficaz como sea posible la protección de la flora y fauna y de las bellezas escénicas naturales,

20.—Que se solicite de los Gobiernos que informen a la Unión Panamericana, dentro del plazo de un año, con respecto a la legislación, reglamentaciones y otras disposiciones que hayan adoptado para la conservación de la fauna y flora en su medio ambiente natural, y que se refiera dicha información a un Comité de Expertos, que será establecido por la Unión Panamericana.

3o.—Que el Comité de Expertos estudie estos problemas y formule recomendaciones a la Unión Panamericana y a los Gobiernos miembros de la Unión Panamericana, sobre legislación, reglamentaciones y otras disposiciones en favor de la conservación de la fauna y flora en su medio ambiente natural.

4º.—Que el Comité de Expertos formule un proyecto de Convención de Cooperación Internacional entre las Repúblicas Americanas para la conservación de la fauna y flora en su medio ambiente natural, proyecto que será sometido a la consideración de una conferencia especial o de la próxima Conferencia Internacional Americana; o quedará abierto para su firma por las Repúblicas Americanas, en la Unión Panamericana.

5°.—Que se solicite de la Unión Panamericana que tome las medidas necesarias para dar efecto a los acuerdos anteriores, inclusive la determinación de si la Convención antedicha será sometida a una conferencia especial, o a la próxima Conferencia ordinaria; o si quedará abierta para su firma por las Repúblicas Americanas, en la Unión Panamericana.

(Aprobada el 23 de diciembre de 1938.)

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Conservación de regiones naturales y lugares históricos (Octava Conferencia Internacional Americana, Lima – 1938)

Considerando:

Que América, antes de su contacto con la civilización occidental fue el asiento de diversas culturas de cuyo estado evolutivo nos percatamos por la observación de los restos arqueológicos que existen en el Continente;

Que el estudio de tales culturas, a través de sus restos tiene un interés científico indiscutible y una importancia enorme para la definición del mundo americano pre-europeo;

Que la conquista y colonización de América por los pueblos europeos determinó la iniciación de una nueva etapa cultural en que empezaron a formarse las nacionalidades de este Continente;

Que para la comprensión exacta de la etapa colonial de nuestra cultura se requiere un reconocimiento profundo de la anterior pre-europea, por haber sido en casi todos los países un elemento básico sobre el cual se estructuró, como lo atestiguan todas o casi todas las manifestaciones económicas, religiosas, arquitectónicas, literarias, y en general, sociales, de los siglos XVI, XVII y XVIII;

Que, a su vez, la interpretación correcta de los fenómenos sociales americanos, desde la independencia hasta hoy, en mayor o menor grado, debe hacerse teniendo sistemáticamente en consideración los antecedentes coloniales;

Que las nacionalidades americanas adoptaron la fisonomía propia que hoy las caracteriza, a lo largo del siglo XIX en que se organizaron dentro de la estructura democrática contemporánea y en que empezaron a germinar las manifestaciones cuyo conjunto total otorga a este Continente peculiaridades inconfundibles;

Que por otra parte, el patrimonio arqueológico e histórico es inalienable a menos que previamente se renuncie al derecho de conocer el pasado, que es lo peor que le puede acaecer a un pueblo que desee perpetuarse a través de los siglos, como una entidad con valores culturales propios; y,

Que por último, la protección y conservación de las regiones naturales es tanto o más urgente que la de los lugares y monumentos arqueológicos e históricos, por la significación económica que tiene, para la vida de los pueblos;

La Octava Conferencia Internacional Americana,

Recomienda:

1º.—Que la Unión Panamericana proceda a efectuar un estudio comparativo de las medidas y disposiciones legales existentes en las Repúblicas Americanas relativas a la protección y conservación de sus regiones naturales y lugares y monumentos históricos, aprovechando los estudios que se llevan a cabo por la Comisión ya designada en cumplimiento de la resolución tomada por el Instituto Panamericano de Geografía e Historia.1 Dichos estudios, así como los resultados a que se llegue serán puestos en conocimiento de todos los países miembros de la Unión con la finalidad de que procedan a aprovechar y a implantar, en cuanto lo estimen prudente, las medidas que especialmente se recomienden;

2°.—La realización de exploraciones científicas coordinadas entre los diversos centros de estudios americanistas, que pongan en mayor evidencia y valoración las riquezas arqueológicas del Continente;

3o.—Que se ratifique el Tratado de 15 de abril de 1935 sobre la “ protección de instituciones artísticas y científicas y monumentos históricos”1 y se recomienda la suscripción y ratificación del Tratado sobre la “ Protección de Monumentos muebles de valor histórico” de la misma fecha.’

4o.—Que se incluya en los reglamentos y catálogos de los museos y pinacotecas una disposición que preceptúe que los objetos arqueológicos, históricos y artísticos de los países americanos, deben exhibirse con un marbete que indique el país de origen y el lugar de su procedencia.

(Aprobada el 23 de diciembre de 1938.)

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Persecuciones por motivos raciales o religiosos (Octava Conferencia Internacional Americana, Lima – 1938)

Las Repúblicas representadas en la Octava Conferencia Internacional Americana,

Declaran:

1º.—Que dentro del principio fundamental de la igualdad ante la ley, toda persecución por motivos radales o religiosos que coloque a una porción de seres humanos en la imposibilidad de subsistir decorosamente, contraría sus regímenes políticos y jurídicos;

2°.—Que la concepción democrática del Estado garantiza a todos los individuos condiciones esenciales para desarrollar sus legítimas actividades en un plano de dignidad; y,

3°.—Que aplicarán siempre dichos principios de solidaridad humana.

(Aprobada el 23 de diciembre de 1938.)

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Concurso sobre el himno de la paz (Octava Conferencia Internacional Americana, Lima – 1938)

La Octava Conferencia Internacional Americana,

Recomienda:

1º.—Que, por intermedio de la Unión Panamericana se saque a concurso la composición del Himno de la Paz con letra adecuada en los idiomas respectivos, el cual deberá ser cantado en todas las escuelas de América en actos apropiados.

2°.—Que en las aulas de todas las escuelas de América se coloquen cuadros con leyendas alusivas tomadas de los escritos de sus hombres eminentes, previa aprobación de cada una por los Gobiernos respectivos,

3°.—Que en todos los países de América se instituya, uniformemente, el Día de la Paz, el cual será celebrado en forma solemne cada año, con actuaciones apropiadas en las cuales tendrán participación preferente las escuelas oficiales y particulares de cada país.

(Aprobada el 23 de diciembre de 1938.)

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Voto de reconocimiento al comité de expertos (Octava Conferencia Internacional Americana, Lima – 1938)

Considerando:

Que son apreciables los estudios realizados por los miembros del Comité de Expertos para la Codificación del Derecho Internacional, labor que redunda en beneficio de la obra de panamericanismo en que está empeñado el Continente,

La Octava Conferencia Internacional Americana,

Resuelve:

Otorgar un voto de reconocimiento a dicho Comité de Expertos por su amplia y notable contribución a la resolución de los problemas jurídicos que afectan al interés americano.

(Aprobada el 23 de diciembre de 1938.)

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Inmunidad de navíos de estado (Octava Conferencia Internacional Americana, Lima – 1938)

La Octava Conferencia Internacional Americana,

Declara:

Que, subsistiendo la recomendación hecha a los Gobiernos de las Repúblicas Americanas en el N°. I de la Resolución XXXVI de la Conferencia Interamericana de Consolidación de la Paz, de Buenos Aires, en el sentido de adherir a la Convención de Bruselas, de 10 de abril de 1926, sobre Inmunidad de Navios de Estado y su Protocolo Adicional, basta con atenerse a esa recomendación, no siendo necesaria ni conveniente la celebración de una nueva Convención Panamericana sobre la misma materia.

(Aprobada el 23 de diciembre de 1938.)

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Informe sobre nacionalidad (Octava Conferencia Internacional Americana, Lima – 1938)

Visto el informe presentado por la Comisión de Expertos para la Codificación del Derecho Internacional, con fecha 2 de diciembre de 1938, acerca del tema de “Nacionalidad y acogiendo en todas sus partes las conclusiones de dicho informe,

La Octava Conferencia Internacional Americana,

Resuelve:

1º.—Recomendar a las comisiones nacionales de codificación del Derecho Internacional de cada uno de los Estados americanos que suministren a la Comisión de Expertos antecedentes y dictámenes sobre todos los puntos indicados en el citado informe.

2o.—Enviar el texto del referido informe a los Gobiernos americanos a fin de que sea pasado a las comisiones nacionales respectivas.

3o.—Recomendar a los Gobiernos que se sirvan excitar el celo de las comisiones nacionales de codificación para que absuelvan, lo más pronto posible, la encuesta, en materia de nacionalidad, de la Comisión de Expertos, y que faciliten a dichas Comisiones los documentos que puedan necesitar para su trabajo.

(Aprobada el 23 de diciembre de 1938.)

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Tratado antibélico de no-agresión y de conciliación (Río de Janeiro, 10 de octubre de 1933)

Los Estados abajo designados, en el deseo de contribuir a la consolidación de la paz y de expresar su adhesión a los esfuerzos realizados por todas las naciones civilizadas para fomentar el espíritu de armonía universal;

Con el propósito de condenar las guerras de agresión y las adquisiciones territoriales que sean obtenidas mediante la conquista por la fuerza de las armas, haciéndolas imposibles y sancionando su invalidez por las disposiciones positivas de este Tratado, para sustituirlas por soluciones pacificas fundadas en elevados conceptos de justicia y de equidad;

Convencidos de que uno de los medios más eficaces de asegurar los beneficios morales y materiales que ofrece la paz al mundo, es la organización de un sistema permanente de conciliación de los conflictos internacionales, que se aplique de inmediato al producirse la violación de los principios mencionados;

Deciden concretar en forma convencional estos propósitos de no-agresión y de concordia, celebrando el presente Tratado, a cuyo efecto nombraron los Plenipotenciarios abajo firmantes, los cuales, habiendo exhibido sus respectivos Plenos Poderes, que fueron hallados en buena y debida forma, han convenido en lo siguiente:

Artículo I.—Las Altas Partes Contratantes declaran solemnemente que condenan las guerras de agresión en sus relaciones mutuas o con otros Estados, y que el arreglo de los conflictos o divergencias de cualquier clase que se susciten entre ellas, no deberá realizarse lino por los medios pacíficos que consagra el Derecho Internacional.

Artículo II.—Declaran que entre las Altas Partes Contratantes las cuestiones territoriales no deben resolverse por la violencia, y que no reconocerán arreglo territorial alguno que no sea obtenido por medios pacíficos, ni la validez de la ocupación o adquisición de territorios que sea lograda por la fuerza de las armas.

Artículo III.—En caso de incumplimiento, por cualquier Estado en conflicto, de las obligaciones contenidas en los artículos anteriores, los Estados Contratantes se comprometen a emplear todos sus esfuerzos para el mantenimiento de la paz. A ese efecto, adoptarán en su calidad de neutrales una actitud común y solidaria; pondrán en ejercicio los medios políticos, jurídicos o económicos autorizados por el Derecho Internacional; harán gravitar la influencia de la opinión pública, pero no recurrirán en ningún caso a la intervención, sea diplomática o armada; salvo la actitud que pudiera corresponderles en virtud de otros Tratados colectivos de que esos Estados sean signatarios.

Artículo IV.—Las Altas Partes Contratantes se obligan a someter al procedimiento de conciliación creadp por el presente Tratado, los conflictos mencionados especialmente y cualesquiera otros que surjan en sus relaciones recíprocas, sin más limitaciones que las que se enumeran en el artículo siguiente, en todas las controversias que no hayan podido ser resueltas por la vía diplomática dentro de un plazo razonable.

Artículo V.—Las Altas Partes Contratantes y los Estados que en adelante se adhieran al presente Tratado, no podrán formular en el momento de la firma, ratificación o adhesión otras limitaciones al procedimiento de conciliación que cualquiera de las que a continuación te señalan:

a) Las diferencias para cuya solución se hayan celebrado Tratados, Convenciones, Pactos o Acuerdos pacifistas de cualquier índole que sean, que en ningún caso se entenderán derogados por el presente convenio, sino complementados en cuanto propenden a asegurar la paz; así como las cuestiones o asuntos resueltos por tratados anteriores;

b) Los conflictos que las Partes prefieran resolver por arreglo directo o someter de común acuerdo a una solución arbitral o judicial;

c) Las cuestiones que el Derecho Internacional deja libradas a la competencia exclusiva de cada Estado, de acuerdo con su régimen constitucional, por cuyo motivo las Partes podrán oponerse a que sean sometidas al procedimiento de conciliación antes que la jurisdicción nacional o local se haya pronunciado en definitiva; salvo manifiesta denegación o retardo de justicia, en cuyo caso el trámite de la conciliación deberá iniciarse dentro del año a más tardar;

d) Los asuntos que afecten preceptos constitucionales de las Partes en controversia. En caso de duda, cada Parte recabará la opinión fundada de su respectivo Tribunal o Corte Suprema de Justicia, si ésta estuviere investida de tales atribuciones.

Las Altas Partes Contratantes podrán comunicas, en cualquier tiempo y en la forma establecida por el artículo XV, el instrumento en que conste que han abandonado en todo o en parte las limitaciones por ellas establecidas al procedimiento de conciliación.

Las limitaciones formuladas por una de las Partes Contratantes tendrán el efecto de que las demás Partes no se considerarán obligadas a su respecto sino en la medida de las excepciones establecidas.

Artículo VI.—A falta de Comisión Permanente de Conciliación o de otro organismo internacional encargado de esta misión en virtud de tratados anteriores en vigencia, las Altas Partes Contratantes se comprometen a someter sus diferencias al examen e investigación de una Comisión de Conciliación que se formará del siguiente modo, salvo acuerdo en contrarío de las Partes en cada caso:

La Comisión de Conciliación se compondrá de cinco Miembros. Cada Parte en controversia designará un Miembro que podrá ser elegido por ella entre sus propios nacionales. Los tres Miembros restantes serán designados de común acuerdo por las Partes entre los nacionales de terceras Potencias que deberán ser de nacionalidad diferente, no tener su residencia habitual en el territorio de las Partes interesadas ni estar al servicio de ninguna de ellas. Entre dichos tres Miembros las Partes elegirán al Presidente de la Comisión de Conciliación.

Si no pudieran ponerse de acuerdo sobre esas designaciones, podrán encomendarlas a una tercera Potencia o a cualquier otro organismo internacional existente. Si los candidatos asi designados no fueren aceptados por las Partes o por alguna de ellas, cada Parte presentará una lista de candidatos en número igual al de los miembros por elegir, y la suerte decidirá cuáles candidatos deban integrar la Comisión de Conciliación.

Artículo VII.—Los Tribunales o Cortes Supremas de Justicia que, según la legislación interna de cada Estado, tengan competencia para interpretar,’ en último o única instancia y en los asuntos de su respectiva jurisdicción, la Constitución, los tratados, o los principios generales del Derecho de Gentes, podrán ser designados con preferencia por las Altas Partes Contratantes para desempeñar las funciones encomendadas por el presente Tratado a la Comisión de Conciliación. En este caso el Tribunal o Corte funcionarán en pleno o designando algunos de sus miembros para actuar solos o formando Comisión mixta con miembros de otras Cortes o Tribunales, según convengan de común acuerdo las Partes en litigio.

Artículo VIII.—La Comisión de Conciliación establecerá por sí misma las reglas de su procedimiento, el que deberá ser contencioso en todos los casos.

Las Partes en controversia podrán suministrar y la Comisión requerir de ellas todos los antecedentes e informaciones necesarios. Las Partes podrán hacerse representar por delegados y asistir por consejeros o peritos, así como también presentar toda clase de testimonios.

Artículo IX.—Los trabajos y deliberaciones de la Comisión de Conciliación no se darán a publicidad sino por decisión de la misma, con asentimiento de las Partes.

A falta de estipulación en contrario, las decisiones de la Comisión se adoptarán por mayoría de votos, pero la Comisión no podrá expedirse sobre el fondo del asunto sin la presencia de todos sus miembros.

Articulo X.—Es misión de la Comisión procurar el avenimiento conciliatorio de las diferencias sometidas a su consideración.

Después del estudio imparcial de las cuestiones que sean materia del conflicto, consignará en un informe los resultados de sus tareas y propondrá a las Partes bases de arreglo mediante solución justa y equitativa.

El informe de la Comisión en ningún caso tendrá carácter de sentencia ni de laudo arbitral, sea en lo concerniente a la exposición o interpretación de los hechos, sea en lo relativo a las consideraciones o conclusiones de derecho.

Artículo XI.—La Comisión de Conciliación deberá presentar su informe en el término de un año contado desde su primera reunión, a menos que las Partes no resuelvan de común acuerdo abreviar o prorrogar este plazo.

Una vez iniciado el procedimiento de conciliación, sólo podrá interrumpirle por arreglo directo entre las Partes o por su decisión posterior de someter de común acuerdo el conflicto si arbitraje o a la justicia internacional.

Artículo XII.—Al comunicar su informe a las Partes, la Comisión de Conciliación les fijará un término que no excederá de seis meses, dentro del cual deberán pronunciarse sobre las bases del arreglo propuesto por la misma. Expirado este plazo, la Comisión hará constar en un Acta final la decisión de las Partes.

Transcurrido el plazo sin que las Partes hayan aceptado el arreglo, ni adoptado de común acuerdo otra solución amistosa, las Partes en litigio recuperarán su libertad de acción para proceder como crean conveniente, dentro de las limitaciones derivadas de los artículos I y II del presente Tratado.

Artículo XIII.—Desde la iniciación del procedimiento conciliatorio hasta la expiración del plazo fijado por la Comisión para que las Partes se pronuncien, deberán abstenerse de toda medida perjudicial a la ejecución del arreglo que proponga la Comisión y, en general, de todo acto susceptible de agravar o prolongar la controversia.

Artículo XIV.—Durante el procedimiento de conciliación los miembros de la Comisión percibirán honorarios cuyo monto será establecido de común acuerdo por las Partes en controversia. Cada una de ellas proveerá a sus propios gastos y, por partes iguales, sufragará los gastos u honorarios comunes.

Artículo XV.—El presente Tratado será ratificado por las Altas Partea Contratantes a la brevedad posible, de acuerdo con sus respectivos procedimientos constitucionales.

El Tratado original y los instrumentos de ratificación serán depositados en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina, el cual comunicará las ratificaciones a los demás Estados signatarios. El Tratado entrará en vigor entre las Altas Partes Contratantes treinta días después del depósito de las respectivas ratificaciones, y en el orden en que éstas se efectúen.

Artículo XVI.—Este Tratado queda abierto a la adhesión de todos los Estados.

La adhesión se hará mediante el depósito del respectivo instrumento en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina, el cual notificará de ello a los demás Estados interesados.

Artículo XVII.—El presente Tratado se celebra por tiempo indeterminado, pero podrá el denunciado mediante aviso previo de un año, transcurrido el cual cesará en sus efectos para el Estado denunciante, quedando subsistente para los demás Estados que sean parte en él, por firma o adhesión.

La denuncia será dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina, el cual la transmitirá a los demás Estados interesados.

En testimonio de lo cual los Plenipotenciarios respectivos firman el presente Tratado, a un ejemplar, en los idiomas español y portugués, y le ponen sus sellos, en Río de Janeiro, D. F., a los diez días del mes de Octubre de mil novecientos treinta y tres.

[Siguen los firmas de los plenipotenciarios de Argentina, Brasil, Chile (con las reservas de las letras a, b, c y d del Articulo V), México, Paraguay y Uruguay.]

RESERVAS HECHAS AL ADHERIRSE AL TRATADO

Colombia:

El Gobierno de Colombia considera necesario, para asegurar la efectiva y plena aplicación del Pacto, dejar consignada como complemento del articulo 1º, y en relación con las demás proposiciones del Pacto, la siguiente definición de agresión:

  1. Declaración de guerra a otro Estado;
  2. Invasión por las fuerzas armadas de un Estado al territorio de otro Estado aún sin declaración de guerra;
  3. El ataque por las fuerzas terrestres, navales o aéreas de un Estado al territorio, los navios o las aeronaves de otro Estado aún sin declaración de guerra;
  4. El bloqueo naval de las costas o de los puertos de otro Estado;
  5. El apoyo prestado por un Estado a las bandas armadas que, formadas en su territorio, hayan invadido el territorio de otro Estado o la acción de rehusar, a pesar de la solicitud del Estado invadido, la adopción en su propio territorio, de todas aquellas medidas que de él dependan para privar a las citadas bandas armadas de toda ayuda o protección.

Chile:

Con las reservas de las letras a, b, c y d del artículo V.

Ecuador:

Con las reservas para la República del Ecuador del texto del Artículo Quinto, y con las de que el referido Tratado no alcanza a los Tratados, Convenciones y compromisos internacionales vigentes, ni afecta, ni modifica los derechos del Ecuador en ellos consagrados.

Estados Unidos de América:

In adhering to this treaty the United States does not thereby waive any rights it may have under other treaties or conventions, or under international law.

[Traducción no oficial: Al adherirse a este Tratado, los Estados Unidos no renuncian a ningún derecho que les confieran otros tratados o convenciones o el derecho internacional.]

Honduras:

Con las reservas contenidas en las letras a, b, c y d del Artículo V.

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