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La ONU denuncia el asesinato de cientos de civiles en Sudán del Sur

La ONU denuncia el asesinato de cientos de civiles en Sudán del Sur

La ONU denuncia el asesinato de cientos de civiles en Sudán del SurLos rebeldes sursudaneses asesinaron a cientos de civiles cuando entraron en la ciudad petrolera de Bentiu, capital del estado septentrional de Unidad, los pasados 15 y 16 de abril. La misión de Naciones Unidas en el país (UNMISS) ha denunciado este lunes en un comunicado que entre las víctimas hay sursudaneses y extranjeros, y que los insurgentes perpetraron la matanza basándose en criterios étnicos y de nacionalidad.

 Los insurgentes mataron al menos a 200 personas e hirieron a otras 400 solo en la mezquita de Kali-Ballee, donde habían buscado refugio numerosos civiles. Los rebeldes —miembros del Ejército Popular de Liberación de Sudán en la Oposición— hicieron lo mismo en una iglesia católica y en el complejo vacío del Programa Mundial de Alimentos (PMA), donde acabaron con la vida de un número indeterminado de civiles que se habían refugiado en ellas. Entre sus objetivos había distintas tribus y ciudadanos procedentes de la región sudanesa de Darfur.

 Toby Lanzer, el más importante dirigente de la ONU en el país, ha declarado a la agencia France Presse tras su visita a la ciudad que vio “cosas terribles. Había pilas de cuerpos amontonados por las calles en las que fueron ejecutados. La mayoría vestidos de civil”.

 Los investigadores de la ONU han explicado que después de que los rebeldes conquistaron la ciudad el pasado martes, hasta aquel entonces bajo el control de las fuerzas gubernamentales, estuvieron buscando en los siguientes dos días a todos los que creían en su contra.

 Las fuerzas de Naciones Unidas están fotografiando los cadáveres antes de que se entierren, ha añadido Lanzer, y están grabando vídeos que muestran excavadoras cargadas con cuerpos.

 Ateny Wek Ateny, portavoz del presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, ha confirmado el balance de muertos y ha asegurado que el Ejército sursudanés ha enviado un contingente para proteger las instalaciones de la misión de Naciones Unidas.

 La matanza de la semana pasada se añade al ataque perpetrado el pasado jueves por hombres armados contra una una base de la ONU en la localidad de Bor, en el que murieron 48 civiles alojados en el eidificio.

 El conflicto que estalló en Sudán del Sur en diciembre pasado adquirió pronto un tinte étnico debido a que el presidente, Salva Kir, pertenece a la tribu Dinka, y el exvicepresidente y líder rebelde, Riak Machar, a la Nuer. Los rebeldes, sin embargo, atacaron también a civiles Nuer, entre ellos mujeres y niños, que se negaron a participar en las celebraciones por la victoria insurgente.

 La UNMISS ha explicado que ha ayudado a cientos de civiles a huir de Bentiu y que miles fueron escoltados hasta la base del organismo internacional en la zona, donde actualmente están refugiadas 12.000 personas.

 En su nota, la misión de la ONU ha subrayado también a los llamamientos hechos por algunos líderes rebeldes en la radio local para instigar a la violencia, y ha pedido que se investiguen los crímenes cometidos.

 El conflicto, en el que han muerto miles de personas, ha puesto al borde de la guerra civil al joven país, independizado de Sudán en 2011, después de que en diciembre pasado el presidente acusara a Machar de intentar dar un golpe de Estado.

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El Gobierno de Obama apoya a Argentina en el Supremo de EE UU

El Gobierno de Obama apoya a Argentina en el Supremo de EE UU

El Gobierno de Obama apoya a Argentina en el Supremo de EE UUEl Gobierno de Barack Obama alterna los acercamientos y los distanciamientos respecto al de Cristina Fernández de Kirchner, según lo que ella vaya haciendo. Esta vez, el Ejecutivo norteamericano la apoyó. Fue en un juicio en el Tribunal Supremo de EE UU por una demanda del grupo minoritario de acreedores que litiga contra el país sudamericano para develar dónde tiene este activos embargables. Un representante del Gobierno de Obama respaldó la posición de Argentina, que defendía que no corresponde dar esa información porque se trata de bienes protegidos por la inmunidad soberana y que, además, muchos de ellos se encuentran fuera del territorio estadounidense.

 La historia comienza con la mayor suspensión de pagos de un país en la historia – en 2001 – cuando Argentina dejó de abonar en plena crisis una deuda superior a los 80.000 millones de dólares. En 2002, diversos propietarios de títulos públicos argentinos comenzaron a litigar en EE UU y otros países donde se habían emitido. En 2005 y 2010, el 93% de los acreedores aceptó canjear la deuda por bonos que supusieron una quita respecto de la original. Pero el 7% restante sigue litigando, mientras que el Gobierno de Fernández aún no ha puesto en práctica la ley ya votada para la apertura del canje por tercera vez.

 La campaña judicial está encabezada por los llamados fondos buitre. Estos se encargan de comprar en rebajas bonos de países y empresas que están cerca de la bancarrota para después rechazar las reestructuraciones e intentar el cobro del 100% de lo adeudado en los tribunales o en acuerdos extrajudiciales.

 Este lunes, los nueve magistrados del Tribunal Supremo de EE UU escucharon en una sesión al abogado representante del fondo buitre NML, que pide al Bank of America y al estatal Banco de la Nación Argentina que desvelen dónde hay activos embargables del país sudamericano en todo el mundo. Un fallo de primera instancia y otro de segunda en EE UU ordenaron a Buenos Aires que cumpliera con la petición del acreedor. El Tribunal Supremo norteamericano aceptó discutir la cuestión, lo que fue celebrado por Argentina, dado que la mayoría de los casos no suele llegar a debatirse en la máxima instancia de la justicia de la superpotencia. El Gobierno de Fernández sostiene que sus activos se encuentran protegidos por la inmunidad soberana. Algunos de los magistrados del Tribunal Supremo de EE UU reconocieron este lunes que los bienes militares y diplomáticos debían mantenerse protegidos, mientras que otros admitieron que no se podía disponer sobre activos fuera del país. Pero la resolución del tribunal solo se conocerá en unos meses.

 En esta ocasión, la noticia estuvo en el apoyo del Gobierno de Obama a la tesis de Argentina. En los juicios de los fondos buitres contra el país sudamericano en EE UU, la administración demócrata había sostenido ya alguna vez la posición argentina, no por apoyar a Fernández sino para evitar que se sentara un precedente en contra de futuras reestructuraciones de deuda de otros países. Es decir, para impedir que los fondos buitres hicieran caer canjes de títulos públicos.

 Pero el año pasado, el Gobierno de Obama cambió el apoyo por el silencio, como modo de presionar a Argentina para que comenzase a pagar sus deudas a empresas norteamericanas que habían ganado en juicios internacionales. Buenos Aires reaccionó, acordó esos pagos y, en 2014, inició un giro económico que ha merecido el elogio de funcionarios del Gobierno de EE UU. Quizás en ese contexto se pueda entender lo que sucedió este lunes en el Tribunal Supremo norteamericano.

 El representante del Ejecutivo de EE UU en el juicio, Edwin Kneedler, defendió a Argentina al sostener que la petición de información de NML a los bancos violaba la ley de inmunidades extranjeras. Reconoció “preocupación” por los fallos a favor del fondo buitre por el impacto que podrían tener en “otras áreas”, sin especificar cuáles.

 El juicio de este lunes es uno complementario de otra causa más importante por la que NML y otros acreedores demandan a Argentina por el pago de 1.300 millones de dólares. Este caso ya recibió dos fallos favorables a los demandantes y puede obligar a Argentina a caer en suspensión de pagos. No es que el país sudamericano carezca de ese dinero sino que un juez y un tribunal de apelaciones de EE UU han determinado que no podrá seguir pagando sus deudas a los acreedores que canjearon sus tenencias en 2005 y 2010 hasta que no se abonen esos 1.300 millones.

 Argentina se niega a privilegiar a los litigantes pagándoles el 100% de lo demandado cuando la inmensa mayoría de los bonistas aceptó quitas de hasta la mitad del valor de la deuda original. Por eso es que caería en suspensión de pagos de la deuda regularizada, a menos que cambie de posición. Pero antes de que eso suceda, el Gobierno de Fernández ha apelado también en este juicio al Tribunal Supremo de EE UU, que aún no ha determinado si lo analizará.

 Francia, México y Brasil se han presentado en esta causa como amigos de Argentina porque consideran que también puede sentar un mal precedente para otras reestructuraciones de deuda. El Gobierno de EE UU aún no lo ha hecho.

 Si el Tribunal Supremo norteamericano rechaza adentrarse en esta otra discusión, entonces quedarán ratificados los fallos que obligan a Argentina a pagarles primero a los litigantes y después a los que aceptaron los canjes. Entonces, Buenos Aires se enfrentará al dilema de ceder ante los fondos buitres o declararse en suspensión de pagos.

 Pero si el máximo tribunal de EE UU acepta el caso, Argentina ganará más tiempo. Después, sobrevendría el fallo definitivo a favor de los fondos buitres o de Buenos Aires, que sostiene que la cláusula de igualdad de trato a los acreedores – que estaba presente en los títulos originales – implica que todos reciban el mismo dinero en caso de una reestructuración aceptada por la inmensa mayoría de ellos.

 

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Recognition of States in International Law: For Sale

Recognition of States in International Law: For Sale

alfonso-portillo-1-sizedNews reports indicate that former Guatemalan president Alfonso Portillo (pictured left) recently pleaded guilty in federal court in New York to accepting $2.5 million in bribes from Taiwanese officials in exchange for assurances of continued diplomatic recognition during his tenure in office (see here, here and here). To what extent is the recognition of a state undermined by charges of corruption? In the context of Taiwan, the recognition of a government, and not a state, was at issue. But as an analytical exercise it is interesting to think through the implications of corruption on the recognition of statehood in international law.

Statehood and recognition are distinct legal concepts, but in practice recognition can be dispositive of whether an entity is a state.  In light of the importance of recognition for the creation and existence of states, the possibility of corruption influencing the recognition process is disconcerting. In the case of Taiwan, “dollar diplomacy” is an established phenomenon, and allegations similar to those raised against Guatemalan president Portillo seem to be surfacing in El Salvador as well. Nor does it seem implausible that other instances of recognition, of and by other states, may have been similarly motivated.

To be clear, the issue discussed here is not recognition based on inducement or incentive to the recognising state, but recognition based on inducement or incentive to key officials in the recognising state. States routinely make binding political and legal decisions based on political and economic, tangible and intangible, inducements and incentives: defence deals, monetary aid, concession agreements and diplomatic manoeuvres just a few examples.

The issue that forms the subject of this post is whether the validity of an act of recognition can be impugned on the grounds that it was induced through the corruption of key government officials? Is it possible for Guatemala, or China to argue that the original act of recognition is invalid by reason of President Portillo’s corruption? This question of possible invalidity has two aspects. First, does the act of recognition bind the recognising state, notwithstanding the fact that it was a result of a mala fide exercise of powers by a key government official? Second, does the act of recognition vest an irrevocable right or status in the recognised state, such that notwithstanding the taint of corruption on the act of recognition, it cannot be invalidated?

The first question deals with the effect of the act of recognition on the recognising state. I would argue that such recognition, even if motivated by the corruption of a particular official, retains its validity. To begin with, it is well established that “the conduct of an organ of a State or of a person or entity empowered to exercise elements of the governmental authority shall be considered an act of the State under international law if the organ, person or entity acts in that capacity, even if it exceeds its authority or contravenes instructions” (Art. 7, ILC’s draft articles on state responsibility). Further, analogies from other areas of international law support this conclusion. In the matter of ‘full powers’ for the conclusion of treaties, the actions of persons who appear to represent the state with the state’s consent bind the state (Art. 7, VCLT). Similarly, the concepts of immunity rationae personae and rationae materiae, in protecting senior government officials from prosecution by other states, assume that the senior officials of a state act in the name of the state and bind the state by their actions.

Conversely, it might perhaps be possible to analogise from the doctrine of ‘odious debt’ that actions taken by corrupt government leaders in the recognising state, in their own interest, against the interest of the people they represent, when the recognised state knows that the actions benefit the officials and not the recognising state, should not bind the recognising state. There are two problems with this argument: first, it is unclear whether the odious debt doctrine applies outside of government debts, strictly construed; second, in relation to the recognition of states, it would be rather onerous to prove damage to the interests of the people of the recognising state and knowledge by the recognised state of this damage.

Therefore, the recognising state probably cannot seek to void its recognition because it was induced by individual corruption. To be clear, Guatemala is not restrained from separately revoking its recognition of Taiwan; it is, however, constrained from arguing that its original recognition was invalidated by the corruption of President Portillo. This is a narrow distinction in theory, but a broad distinction in practice. For instance, the difference between revocation and invalidation will have an effect on the scope of involvement of third states. If the validity of the original act of recognition is capable of being impugned, it may be possible for third states (for instance, China in this case) to challenge the recognition. But if the original act of recognition can only be revoked and not challenged, then it is only Guatemala that can revoke the recognition.

The second question deals with the effects of the recognition on the recognised state. Is it possible for the recognised state to argue that the act of recognition vests an irrevocable right or status? At least two possible arguments to this effect come to mind.

First, it could be argued that such a revocation amounts to denial of self-determination, but this argument is not persuasive. The right to self-determination does not include an unqualified right to independent statehood. Moreover, the impact of a singular instance of revocation of recognition on the self-determination of a recognised state would probably be difficult to determine, and would require an analysis of how many states have recognised the state, what the effect of a single revocation would be, whether that revocation would produce a knock-on effect, and so on. A second, more plausible, argument focuses on the violation of sovereign equality. Once an entity meets the criteria of statehood, and is recognised as such, the ability of individual states, or the international community, to revoke recognition and statehood would infringe the fundamental right of sovereign equality. International law does provide for such ability in limited circumstances, for instance through directives of the UNSC, but those circumstances are very limited, and restricted to situations involving threats to international peace and security.

Neither of these arguments is ultimately persuasive. The recognition of states in international law is a political act; there is no duty in international law to recognise a state, nor a right to be recognised. Similarly, the revocation of recognition is a political act. However, if these two arguments, or other similar arguments, were to be accepted, they would have the effect of preventing the revocation of recognition of statehood. And that is contrary to the accepted position in international law.

In conclusion then, an act of recognition of statehood induced by the personal corruption of individuals in the recognising state is valid in international law. But it is difficult for the recognised state to argue that the recognition is permanently irrevocable, and it is possible tor the recognising state to separately revoke its recognition.

 

 

 

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Sense and Nonsense of Territorial Referendums in Ukraine, and Why the 16 March Referendum in Crimea Does Not Justify Crimea’s Alteration of Territorial Status under International Law

Sense and Nonsense of Territorial Referendums in Ukraine, and Why the 16 March Referendum in Crimea Does Not Justify Crimea’s Alteration of Territorial Status under International Law

Referendum in Crimea

Yesterday, on 15 April 2014, Ukrainian interim president Turtschinov considered to hold, simultaneously with the presidential elections, a referendum on regional competences in Ukraine. On 8 April 2014, separatists in the Ukrainian region of Donetsk proclaimed that they would hold a referendum on the independence of that Eastern region of Ukraine. Some days before, representatives of the Crimean Tatars announced that they sought to hold a referendum on their political autonomy within Crimea.

On 16 March 2014, the population of Crimea had overwhelmingly voted in favour of joining the Russian Federation. The population was asked to choose between the following alternative: “1) Are you in favour of Crimea joining the Russian Federation as a subject of the Russian Federation?” or “2) Are you in favour of re-establishing the 1992 constitution of the Republic of Crimea and Crimea’s status as a part of Ukraine?” The maintenance of the territorial and status quo was not given as an option in that referendum, and no international observers were admitted. With a voter turnout of 83.1 %, 93 % answered with a “Yes” to the second question, and thus pronounced themselves in favour of joining the Russian Federation.

The spokespersons of the Tatars now declare that their ethnic group had boycotted the referendum of 16 March, and assert that the majority of Tatars would have preferred to stay within Ukraine. Tatars currently form about 10 percent of the Crimean population. Probably hundreds of thousands of Tatars were killed, starved, and were deported from the 1920s to the 1940s under Soviet policy. The new government of Crimea rejects the idea of a politically autonomous territory for the Crimean Tatars but holds that the Tatars can only claim “cultural autonomy”.

The 16 March referendum, and announced further territorial referendums in Ukraine, place in the limelight the problématique of this legal institution. Are not the outcomes of referendums in ethnically mixed units most often ethnically pre-determined? And does not the resort to a referendum lead to ever smaller subgroups which again seek to detach themselves from a larger one? After all, the Ukrainian people, including the Crimean population, had some 20 years ago voted in favour of independence from the Soviet Union. (See on the 1991 referendum in Ukraine Anne Peters, Das Gebietsreferendum im Völkerrecht (Baden-Baden: Nomos 1995), 184-88; specifically on previous Crimean referendums ibid., 190-91, 211-15). That Ukrainian referendum of 1 December 1991 had been at the time widely appreciated as having rung the death knell for the dissolution of the USSR one week later, when the Agreement Establishing the Commonwealth of Independent States of Minsk of 8 December 1991 declared that the Soviet Union had ceased to exist. But even before that date, and later, Crimean politicians had several times (in 1991, 1992, 1994, and so on) planned and sometimes held “polls” on a special status of Crimea.

This post postulates that, as a matter of international customary law, and as a matter of legal consistency and fairness, a free territorial referendum is emerging as a procedural conditio sine qua for any territorial re-apportionment. However, the 16 March referendum was not free and fair, and could not form a basis for the alteration of Crimea’s territorial status.

Possible qualifications of the change of Crimea’s territorial status

In the case of Crimea, the territory broke away only to unite itself one split second later with the neighbouring state Russia. Such a transfer could be qualified, in traditional terms of territorial realignment, depending on what viewpoint one takes and what the technical details of the operation were, as a secession (maybe such as the secession of Eritrea from Ethiopia in 1991), but here with a subsequent fusion of two states (such as the fusion of Northern and Southern Yemen to form a United Yemen in 1991); as an integration of one entity into a neighbouring state (just like the German Democratic Republic integrating into the Federal Republic of Germany in 1990); as a cession of territory from Ukraine to Russia (such as the cession of Louisiana to the USA by France in 1803 or the cession of Alaska to the USA by Russia in 1867); as a dereliction of Crimea by Ukraine; or finally as an annexation (such as the annexation of the Baltic states by the Soviet Union in 1990, or of East Timor by Indonesia in 1975).

What happened with Crimea is probably best qualified as a seizure of territory under threat of force, i.e. as an unlawful annexation. Were it to be understood as a secession with an ensuing immediate fusion with Russia, the very strict preconditions for the exceptional ex post-toleration or acceptance of a secession would have had to be met, which was not the case (see on this below).

However we qualify this alteration of territorial status, it cannot be justified by the 16 March Crimean referendum, which did not satisfy international legal standards. Importantly, holding a free and fair referendum is only a necessary, but not a sufficient condition for a territorial realignment to be accepted as lawful by international law.

The operation could therefore not constitute a legal basis for the new territorial status quo. The announced further referendums by subgroups of the Ukrainian population do not promise to fulfill international standards either.

Free and fair territorial referendums are the proper procedure for exercising the right to self-determination

Contemporary international law moves in the direction of requiring that all territorial realignments be democratically justified, and preferably through a direct democratic decision, i.e. by a territorial referendum. The state practice founding this principle started with the plebiscites after World War I, the decolonisation referendums of the 1950s and 1960s, and has been much intensified by the numerous referendums during the dissolution of the Soviet Union and Yugoslavia after 1991. Since then, probably all territorial changes and re-drawing of boundaries were preceded by (and justified by) referendums, or at least by democratic elections in which the territorial issue was the main or only agenda item. Examples for such indirect democratic justifications were the re-unification of Germany in 1990, and the secession of Kosovo from Serbia in 2008. An atypical case with a doubtful democratic basis was the dissolution of Czechoslovakia (CSFR) in 1993.

The international legal obligation to conduct a territorial referendum flows from the principle of self-determination of peoples. That principle has its historic roots in the principle of popular sovereignty and has a democratic component, even if it does not outrightly amount to a right to democratic government. It is generally acknowledged that the right to self-determination should be exercised democratically.

In other words, a free and fair referendum is (potentially) one procedural exigency for the exercise of the right to self-determination. It is my basic claim that a territorial referendum is admissible and has even emerged as the standard procedure to exercise the right to self-determination. Moreover, contemporary international customary law seems to mandate that the collective right to self-determination (notably when it seeks the extreme result of secession) should be exercised through a referendum.

Further procedural requirements for the exercise of this collective right, besides the (direct-) democratic quality of the exercise, are the peacefulness of the process and the exhaustion of negotiations about the territorial issue with all stakeholders, in order to find a consensual solution. And furthermore, a number of material requirements exists in order to render a secession acceptable or tolerable under international law.

If the procedural and material pre-requisites are not met, the principle of territorial integrity and stability − which is presumed to serve best the interests of humans − prevails. In contrast to the ICJ’s view in the Kosovo Advisory Opinion, para. 80, the principle of territorial integrity is best understood to protect states also against disruptions from inside the state, and this understanding also informs state practice. In any case, the principle of territorial integrity was applicable to the status change of Crimea, because the threat to territorial integrity emanated (also) from a neighbouring state, and not only from the inside.

Exercise of self-determination by Crimeans?

Let us assume that the population of Crimea, despite its multi-ethnic composition, and despite its close ties both to the Ukrainian people on the one hand, and the Russian people on the other, qualifies as a separate “people” in the sense of the international right to self-determination. The collective holder of the right to self-determination need not be ethnically defined. It is sufficient, and in normative terms preferable, to ascribe the collective right to a group of persons who live on a given territory and who are united by their political aspiration to form a political community with its own territorial basis. This is the concept of “people” or “nation” in the “French” tradition, and it is in fact lived by many multi-ethnic and multi-lingual peoples in the world, for example the Swiss, the Nigerians, or the Chinese peoples. The entire process of decolonisation, which was legally based on the principle of colonial self-determination, always took populations (independently of their ethnic composition) as the bearer or subject of the collective right.

However, the intention of the group to form a “people”, which will then constitute the “personal” element of a new state (consisting in a people, a territory, and a government) must be expressed in a “free” way (cf. common Art. 1 of the UN Human Rights Covenants of 1966), and this is where the procedural standards kick in. The self-constitution of the population of Crimea might have occurred over some time, manifest in various political moves, even before the 16 March referendum. But for that (assumed) political actor and potential holder of the collective right to self-determination to lawfully exercise an extreme form of this right (namely to secede and join another state), specific procedural and material conditions must be fulfilled.

Even proponents of a principle of remedial secession (as the extreme outcome of an exercise of self-determination) accept that such an action must in any case remain a means of last resort which may come into play only when other strategies to realise internal self-determination within a given state, without disrupting territorial integrity, have failed. This means that negotiations on this matter must have been seriously tried out and failed. In material terms, resort to this ultima ratio can only be triggered by persistent and massive human rights violations, and by a long-lasting denial of the right to internal self-determination which could be realised by establishing mechanisms of political autonomy within one state. All these conditions were absent in Crimea.

If these material (and overlapping) three procedural conditions (democratic procedure, peacefulness, exhaustion of negotiations on internal political autonomy) are not fulfilled, then the right to self-determination has not been exercised properly and for that reason cannot justify – under international law – a territorial alteration.

The unconstitutionality of the 16 March referendum under Ukrainian law

The legal basis of the 16 March referendum was a resolution adopted by the Supreme Rada (Council) of the Autonomous Republic of Crimea “On the all-Crimean referendum” on 6 March 2014. That resolution had been passed on the basis of Articles 18.1.7 and 26.2.3 of the Constitution of the Autonomous Republic of Crimea. (Article 18.1.7 provides that among the powers of the Autonomous Republic of Crimea is “calling and holding of republican (local) referendums upon matters coming under the terms of reference of the Autonomous Republic of Crimea”. According to Article 26.2.3 “passing of a resolution upon holding of a republican (local) referendum” belongs to the powers of the Supreme Rada). These provisions are based on Article 138.2 of the Constitution of Ukraine according to which the “organising and conducting local referendums is within the competence of the Autonomous Republic of Crimea”.

The 16 March referendum was not allowed by the Ukrainian Constitution, which enjoys supremacy over the Constitution of Crimea as an Autonomous Republic. The Venice Commission reached this conclusion based on the following analysis (Venice Commission, Opinion no. 762/2014 of 21 March 2014 (Doc. CDL-AD(2014)002), “Whether the decision taken by the Supreme Council of the Autonomous Republic of Crimea in Ukraine to organise a referendum on becoming a constituent territory of the Russian Federation or restoring Crimea’s 1992 constitution is compatible with constitutional principles”). First of all, Ukraine is a unitary state. According to Article 132 of the Constitution of Ukraine, “the territorial structure of Ukraine is based on the principles of unity and indivisibility of the state territory, (…).” Under Article 134 of the Constitution, “the Autonomous Republic of Crimea is an inseparable constituent part of Ukraine and decides on the issues ascribed to its competence within the limits of authority determined by the Constitution of Ukraine”. The Autonomous Republic of Crimea therefore enjoys autonomy only to the extent that powers were transferred to it by the Constitution of Ukraine. Article 135 of the Constitution of Ukraine holds that, “regulatory legal acts of the Verkhovna Rada of the Autonomous Republic of Crimea and decisions of the Council of Ministers of the Autonomous Republic of Crimea shall not contradict the Constitution and laws of Ukraine (…)”. Since Article 134 of the Constitution of Ukraine defines Crimea as an inseparable constituent part of Ukraine, the secession of Crimea would require amending the Constitution of Ukraine. Such a constitutional amendment is, however, prohibited by Article 157.1 of the Constitution of Ukraine which contains a kind of freezing clause. The Venice Commission – in my opinion correctly – concluded that “the Ukrainian Constitution prohibits any local referendum which would alter the territory of Ukraine and that the decision to call a local referendum in Crimea is not covered by the authority devolved to the authorities of the Autonomous Republic of Crimea” (ibid., para. 15).

However, from an international law perspective, the constitutional admissibility or inadmissibility of the referendum is irrelevant. Therefore, any potential international legal value of the Ukrainian 16 March referendum is not tainted by its unconstitutionality. It is actually typical that territorial referendums conducted in the exercise of the right to self-determination are unconstitutional under the law of the mother state. For example, prior to the Lithuanian referendum of 9th February 1991, then president of the Soviet Union, Gorbachev, had declared these referendums illegal and their result void. Nevertheless, the European Community and numerous other international actors welcomed the decision to hold referendums on Baltic independence (i.e. their restoration of statehood).

Violation of the international standards on the modalities of territorial referendums

International law does not only ask for a democratic decision-making process on territorial questions, and to that extent demands a referendum (or elections), but also sets up the rules on the modalities of conducting such referendums. If these are not observed, if a referendum is not free and fair under international standards, it cannot constitute a basis in international law for the sought territorial change.

The procedures and modalities of a referendum are very important, because it depends on them whether the idea of a free and fair territorial referendum is operational in real life. Only an operational rule of international law is credible and can deploy normative force. In fact, during the 20th century, and most of all in the extensive referendum practice after 1989, some international standards, rules and principles on how a territorial referendum must be conducted have emerged or are in the course of formation. Additionally, post-1989 international law, notably in Europe, has shaped standards on other kinds of referendums (not specific territorial ones), as a form of exercising direct democracy. (See Council of Europe, Parliamentary Assembly Recommendation 1704 (2005), “Referendums: towards good practices in Europe”) of 29th April 2005; Venice Commission, Code of Good Practice on Referendums (CDL-AD(2007)008rev) of 20th January 2009 which contains “Guidelines on the Holding of Referendums”).

Not all of these modalities of a referendum derive from binding international standards. Some (only) constitute “best practices” (Venice Commission, Opinion on the Compatibility of the Existing Legislation in Montenegro concerning the Organisation of Referendums with Applicable International Standards (CDL-AD(2005)041) of 19 December 2005, para. 11). Although existing international standards on territorial referendums are “open-textured” (ibid., para. 64), based on the varied practice of many countries, and leaving leeway to their judgment and traditions, some core principles can be said to form part and parcel of international customary law.

Importantly, the legal status of requirements on the modalities of territorial referendums are independent of the question whether a customary law requirement to hold a referendum (or to legitimise a territorial change in an indirectly democratic fashion) already exists (as I assume) as a matter of hard international law. Should this not be the case, a conditional scheme applies: even if there were no international law obligation to organise a referendum, international law could still regulate its modalities in a compulsory fashion. The “if … then”-scheme is well established in international law. For example, there is no right of option (i.e. the right to choose one’s nationality in the event of a realignment of territory) under contemporary customary law. However, if an option is granted either by treaty or by domestic law, time limits for the exercise of this right must be reasonable. The same “if … then”-scheme applies with regard to the admission of the entry of aliens to the territory of a state, and in the area of social rights. To conclude: If a state decides to hold a referendum, then it must satisfy international standards. And when these standards are not respected, a territorial referendum cannot serve as a legal basis for a territorial change.

The most important and arguably hard international legal standards concern, first, peacefulness; second, universal, equal, free and secret suffrage; third, the framework conditions of freedom of media and neutrality of the authorities; and finally an international referendum observation. Neither of these four sets of international legal standards has been respected in the Crimean 16 March referendum.

(1) First, the territory was not pacified. This is the classic requirement for unimpeded voting on territorial issues. In the historical plebiscites on cession, which developed with regard to the re-drawing of boundaries among neighbouring states in the aftermath of wars, the pacification was realised by the “neutralisation” of the territory through the withdrawal or reduction of the troops of both concerned states. Pacification may also require the imposition of a ceasefire.

This basic rule of pacification and neutralisation is of paramount importance for the assessment of the 16 March referendum in Crimea. It was held in front of the guns and tanks of the Russian army and of unidentified troops. For this reason alone, the referendum cannot deploy a legal value under international law. It cannot be said that, against the background of the history of Crimea, even in the absence of Russian and unknown troops, a majority of the voters would in any case have voted in favour of joining Russia, even if the exact rate of approval might have been less than 98 percent. Such an argument is unacceptable, because the prohibition of conducting a referendum in a non-pacified territory, under threat of force, is exactly a procedural and formal device to forestall speculations about an ostensible real will of the concerned population. What happened in Crimea corresponds to what the academic authority on territorial plebiscites, political scientist Sarah Wambaugh, wrote: “a plebiscite not effectively neutralized is a crime against the inhabitants of the area”. (Sarah Wambaugh, Plebiscites Since the World War: Vol. I, Washington 1933, 4429).

(2) Universal, equal, free and secret suffrage: these are the internationally recognised fundamental principles of electoral law as expressed in article 25 CCPR and article 3 of the First Protocol to the ECHR. The democratic component of the right to self-determination requires that these principles be observed in exercising the right to self-determination. In order to guarantee the universal and unfalsified vote, all voters must be orderly registered. Concerning the element of “universal” suffrage, difficult questions arise with regard to the delimitation of the voters. For example, it can be said that, in principle, transferred, dispelled and displaced former inhabitants of the territory should be in principle allowed to vote, too.

(3) Framework conditions: in order to realise the basic principles of democratic suffrage, a number of typical practical measures need to be taken. In order to allow for a free vote (which includes the freedom of voters to form an opinion and their freedom to express their wishes), freedom of expression and of the press, free campaigning, including freedom of assembly, freedom of association for political purposes, and free movement must be guaranteed. The administrative authorities must espouse a neutral attitude, in particular with regard to the referendum campaign, coverage by the media, public funding, and the right to demonstrate.

In its Opinion on the territorial referendum in Montenegro which justified the separation from the Union of Serbia and Montenegro, the Venice Commission summarised these framework conditions as follows: “the authorities must provide objective information; the public media have to be neutral, in particular in news coverage; the authorities must not influence the outcome of the vote by excessive, one-sided campaigning; the use of public funds by the authorities for campaigning purposes must be restricted.“ (Venice Commission, Opinion on the Compatibility of the Existing Legislation in Montenegro concerning the Organisation of Referendums with Applicable International Standards (CDL-AD(2005)041) of 19 December 2005, para. 12).

(4) Notably the lack of international observation: the adamant international legal precondition for a valid territorial referendum is robust international oversight, ideally encompassing a transfer of authority over all matters connected with the referendum to an international institution. At the very least, international observers and facilitating personal must be deployed. The basic rule of international oversight already formed in the context of the plebiscites organised by the League of Nations and the United Nations. These referendums had been prepared and organised, or were observed by international institutions.

The Venice Commission’s Guidelines on the Holding of Referendums (CDL-AD(2007)008rev) of 20 January 2009) spell out the requirement of international observation as following: “b. Observation must not be confined to election day itself, but must include the referendum campaign and, where appropriate, the voter registration period and the signature collection period. It must make it possible to determine whether irregularities occurred before, during or after the vote. It must always be possible during vote counting. c. Observers should be able to go everywhere where operations connected with the referendum are taking place (for example, vote counting and verification). The places where observers are not entitled to be present should be clearly specified by law, with the reasons for their being banned.” (point 3.2. of the Guidelines., p. 11).

The rationale of international observation is obvious: even if representatives of international organisations are merely passive observers, their reports will decide about the value which is ascribed to the referendum by the international community. Their presence is a guarantee both for the organisers and for the voters that the international standards on procedures, organisation, and side conditions of territorial referendums, are complied with.

Historical experience shows that international observation of territorial referendums is feasible. Organisations involved in the organisation and/or observation of territorial referendums have so far been notably the United Nations, the European Union, the Organisation of African Unity, and the CSCE/OSCE.

In State practice, only those territorial referendums which were conducted under international observation have been subsequently recognised by other states. A counterexample is the referendum in the Bosnian Krajina of the Serbian population of Bosnia-Herzegovina of 10 November 1991, which was not internationally monitored. The Arbitral Commission established by the European Community was “of the opinion that the will of the people of Bosnia-Herzegovina to establish a SRH [a Serbian Republic of Bosnia-Herzegovina] as a sovereign and independent state cannot be held to have been fully established” (Opinion No. 4 of the Badinter Commission, paras 3-4, repr. in ILM 31 (1992), 1488 et seq., at 1503). In the case of Ukraine, it OSCE referendum observers were not granted entry, and therefore a fundamental condition for the international legal relevance of the territorial referendum was lacking.

The Venice Commission had issued an opinion before the 16 March referendum was held, and therein qualified that referendum as problematic from the perspective of “European constitutional principles” (in the sense of a European Common law). The Venice Commission also stated (before the referendum) that “a number of circumstances make it questionable whether the referendum of 16 March 2014 could be held in compliance with international standards.” Venice Commission, Opinion no. 762/2014 of 21 March 2014 (Doc. CDL-AD(2014)002), paras 21-22). These circumstances were the following:

(1) Lack of legal clarity: The legal rules according to which the referendum was carried out were unclear, because Ukraine did not have a law regulating local referendums.

(2) Absence of peacefulness and impediment to a free formation of the voter’s will due to at least implicit threats of the use of military force emanating from the massive public presence.

(3) Concerns with regard to the respect for the freedom of expression in Crimea.

(4) Difficulty for democratic deliberation and opinion forming due to the excessively short period of only 10 days between the decision to call the referendum and the referendum itself.

(5) Lack of neutrality of the Crimean authorities due to the 11 March declaration of Crimean independence by the Supreme Rada of Crimea.

(6) Absence of negotiations about a consensual solution among all stakeholders, especially with participation of all ethnic groups of Crimea (Russian, Ukrainians, Tatars and others).

These observations are pertinent. Overall, because of the disrespect for the existing international rules on territorial referendums, the 16 March referendum in Crimea could not justify the breakaway of Crimea and its joining with Russia under international law.

International reactions to the 16 March referendum

The unequivocal international reactions to the Crimean referendum confirm this assessment. The UN General Assembly passed a resolution entitled “Territorial Integrity of Ukraine” (UN GA Res. A/68/L39 of 27 March 2014) which “underscores that the referendum held in the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol on 16 March 2014, having no validity, cannot form the basis for any alteration of the status of the Autonomous Republic of Crimea or of the city of Sevastopol”(para. 5, emphasis added). States participating in the General Assembly plenary debate pronounced themselves explicitly in this sense, too (for example Ecuador). Other actors held that the referendum was illegal without specifying whether under Ukrainian constitutional law, under international law, or both (Georgia, Iceland), or that it was illegal under Ukrainian constitutional law (the EU and the Venice Commission); or that the referendum was in violation of international law (Moldova and Turkey). Only one state in the General Assembly debate opined that the referendum was legal, and this was North Korea.

One day before the referendum, the Security Council Draft Resolution (UN Doc. 189/ 2014 of 15 March 2014) was tabled by 42 states. The text was “noting with concern the intention to hold a territorial referendum on the status of Crimea on 16 March 2014” (preamble), and “declares that this referendum cannot have any validity, and cannot form the basis of any alteration of the status of Crimea, and calls upon all States, international organizations and specialized agencies not to recognize any alteration of the status of Crimea on the basis of this referendum (…) ” (para. 5). That resolution was vetoed by Russia, with China abstaining.

These condemnations stand in stark contrast to the international reactions to the previous Ukrainian referendum of 1 December 1991. That vote had been explicitly and officially welcomed, inter alia by the then EC and its member states and by the United States. Comparing these reactions reveals that territorial referendums are deemed to be a crucial factor for legalising territorial alterations, but only if they are conducted properly.

Conclusion

The Crimean referendum of 16 March 2014 could not justify the Crimean secession and the territory’s integration into Russia. Neither the procedural nor the material conditions for secession of Crimea (and the immediately ensuing union with Russia) have been met in this spring.

The modalities and side conditions of that referendum were not in conformity with the European and international standards on that matter. In addition, the substantive conditions for a remedial secession have not been met either. As it looks now, the announced further referendums by the Tatars and by activists in the Donetsk region, will – should they take place – not satisfy these conditions either. Overall, it rather looks as if the 16 March vote and planned future referendums abuse the institution of the territorial referendum.

The alteration of the territorial status of Crimea remains illegal under international law, and third states are (under Art. 41 ILC Articles on state responsibility) obliged not to recognise it.

 

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Evo Morales reclama en La Haya el acceso al mar para Bolivia

Evo Morales reclama en La Haya el acceso al mar para Bolivia

Evo Morales reclama en La Haya el acceso al mar para Bolivia

La búsqueda de una salida soberana al Pacífico ha traído este martes a Holanda a Evo Morales, presidente de Bolivia, que ha depositado ante el Tribunal Internacional de Justicia de la ONU (TIJ), la memoria de la demanda presentada en 2013 por su Gobierno contra Chile. La Paz vio taponado su acceso marítimo tras perder la Guerra del Pacífico (1879-1883), librada contra Santiago, con ayuda de Perú, y ha intentado recuperarlo desde entonces. “Hemos esperado 135 años, y en cuestiones de Estado como esta, los bolivianos estamos unidos. Será un orgullo ver salir por fin un barco boliviano de nuestra costa camino de otro país”, ha dicho Morales en La Haya, Sede del TIJ.

Bolivia pide dos cosas a los jueces internacionales: que le reconozcan su derecho de acceso al mar, y que obliguen a Chile a negociar de buena fe un acuerdo pronto y efectivo para lograrlo. Morales considera además “política de Estado” demandar a Chile, y cuenta con el apoyo de cinco de sus predecesores. “Entendemos y nos solidarizamos con la presidenta chilena, Michelle Bachelet, por todo lo que está ocurriendo en su país, con el incendio y el terremoto. Es verdad también que necesita tiempo para hacerse de nuevo con el cargo, pero el diálogo político y la vía judicial son paralelas”, ha añadido el mandatario boliviano. La Paz y Santiago elaboraron en 2006 una agenda con 13 puntos, que incluía el contencioso marítimo, aunque sin resultado satisfactorio.

En 1879, Bolivia perdió 120.000 kilómetros cuadrados de territorio y 400 kilómetros de costa tras la guerra del Pacífico. Hasta entonces, llegaba de forma natural al mar, y según la senadora boliviana, Centa Rek López, que ha acompañado a Morales, la opinión pública chilena está dividida por la situación. “Hay un grupo importante de población favorable a que lleguemos al mar. Para la presidenta Bachelet no es una situación fácil, y por eso el Tribunal de la ONU es el foro adecuado para resolver el diferendo”, ha asegurado.De ganar, Chile estaría obligado a negociar la forma de franquear el paso de su vecina hasta el agua porque los fallos del TIJ son vinculantes. Y porque ambos países han reconocido su jurisdicción a través del Pacto de Bogotá de 1948. Dado que la corte de Naciones Unidas se fundó en 1945 para resolver de forma pacífica litigios entre Estados, Morales ha subrayado que la resolución del caso “es muy importante para que haya paz y justicia en América Latina y en el Caribe”.A pesar de su adhesión al Pacto bogotano, Chile sostiene, por el contrario, que las fronteras fueron pactadas en el Tratado de Paz y Amistad de 1904, firmado por ambos países. No ha lugar al caso, dice Santiago, bajo ningún concepto, ya sea histórico o bien jurídico. Es más, según Andrés Chadwick, portavoz oficial de su país “la demanda es ajena al derecho internacional”. La delegación chilena debía recoger hoy la demanda y hacerla llegar enseguida a Santiago.El diferendo limítrofe tiene casi un siglo y medio de antigüedad, pero La Paz aceleró la argumentación de su demanda contra Santiago al ver que Perú llevaba en 2008 a Chile ante el propio Tribunal de Naciones Unidas. Lima quería que delimitase su frontera marítima en el Pacífico, y en 2011, Morales anunció su decisión de apelar al TIJ. Cuando este concedió en enero pasado a Lima una porción de mar hasta ahora en manos chilenas, en unas aguas de inmensa riqueza pesquera, el presidente boliviano se reafirmó en su postura de dejar en manos de los jueces una pugna que sigue enturbiando las relaciones bilaterales con Chile.

 

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Rusia exporta un tercio de las armas adquiridas en el mundo

Rusia exporta un tercio de las armas adquiridas en el mundo

Rusia exporta un tercio de las armas adquiridas en el mundoRusia se consolida en el mundo como gran exportador de armas. La industria bélica de Moscú no se limita a abastecer a su propio Ejército —que está potenciando a través de un intenso programa de rearme a medio plazo—, sino que impulsa sus ventas más allá de las fronteras nacionales. Según los datos de un informe publicado en marzo por el Instituto de Investigación sobre la Paz de Estocolmo (SIPRI, en sus siglas en inglés), entre 2009 y 2013 el Kremlin ha aumentado su cuota en el mercado global hasta alcanzar el 27% de todas las exportaciones mundiales, solo dos puntos porcentuales menos que EE UU, el primer exportador mundial.

La subida de las exportaciones rusas “se debe principalmente a la gran cantidad de material bélico adquirido por India y a las relaciones comerciales con los países que formaban parte de la Unión Soviética, excepto las repúblicas bálticas [Estonia, Letonia y Lituania], miembros de la OTAN y que por ende no tienen relaciones en este ámbito con Rusia”, explica por teléfono Siemon T. Wezeman, investigador del SIPRI.

Entre 2008 y 2013, Nueva Delhi aumentó su gasto militar en un 11%, y es hoy el primer importador del mundo. El 75% de las armas que adquiere proceden de Rusia. A su vez, la venta a las antiguas repúblicas soviéticas en Asia central depende “de la voluntad de Moscú de crear las condiciones para contrarrestar el fortalecimiento de los grupos terroristas afganos”, afirma Wezeman.

El aumento de las exportaciones rusas va sin embargo más allá de Asia. El hecho de que Estados Unidos haya impuesto “un embargo de facto” a la venta de armas a Venezuela ha transformado a Rusia en el primer proveedor del país latinoamericano, ya que “Washington impide también la venta de armas europeas construidas con componentes producidos en EE UU”, matiza.

Moscú ha impulsado sus ventas también en África. Según los datos de otro informe sobre gasto militar publicado el lunes por el SIPRI, el 91% del armamento adquirido por Argelia entre 2009 y 2013 procedía de Rusia.

El país magrebí, junto con Ghana y Angola , es el principal protagonista del crecimiento del presupuesto militar en el continente más pobre del planeta, que subió en un 81% entre 2004 y 2013 aunque Sudáfrica haya disminuido su gasto en defensa. Se trata del incremento más significativo a escala global.

Argel ha aumentado su presupuesto en un 176% desde 2004, mientras en el mismo periodo su PIB ha crecido en un 31%. Una escalada militar que ha hecho que “Marruecos aumentara su gasto por miedo a un vecino tan amenazante”, matiza en conversación telefónica Sam Perlo-Freeman, director del programa sobre gasto militar del SIPRI. En Angola, el presupuesto militar ascendía en 2013 al 4,8% del PIB. En 2002, cuando acababa de salir de la guerra civil, no llegaba al 3%.

Perlo-Freeman vincula la subida del gasto militar tanto en África como en otros continentes con el aumento de las rentas derivadas de la exportación del petróleo. Uno de los motivos de esta relación es que “la venta de crudo genera una entrada de dinero en las arcas públicas ajeno a la recaudación de impuestos, que se puede invertir rápidamente ya que la defensa es parte del presupuesto público”.

El investigador achaca ese crecimiento también a razones políticas: “En Arabia Saudí y en Argelia el rearme representa una estrategia del Gobierno para garantizarse la fidelidad del Ejército”.

En otros países, sin embargo, la lógica del rearme depende del hecho de que la economía se basa casi exclusivamente en sus recursos naturales y no se ponen en marcha planes de desarrollo industrial y productivo. “Chad aseguró que usaría las ganancias de la exportación de crudo para proyectos de desarrollo. No cumplió con lo prometido, y el Banco Mundial dejó de apoyar los planes de construcción de gasoductos en los que participaba”, explica el investigador del SIPRI.

En otros casos, sin embargo, el aumento del gasto militar depende de la creciente participación en operaciones de paz. Ghana, muy activo en este ámbito, ha aumentado su presupuesto militar en un 243% desde 2004 a 2013. “A menudo estos países reciben como reembolso de sus gastos en operaciones internacionales más de lo que desembolsan y reinvierten este dinero [en la compra de armamento]”, aclara Perlo-Freeman.

 

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Separatist unrest spreads in Ukraine; ultimatum ends with no crackdown

Separatist unrest spreads in Ukraine; ultimatum ends with no crackdown

(Reuters) – Pro-Russian separatists on Monday ignored an ultimatum to leave occupied government buildings in eastern Ukraine while another group of rebels attacked a police headquarters as a threatened military offensive by government forces failed to materialize.

Rebels in the town of Slaviansk, which was expected on Monday to be the focus of a broad government “anti-terrorist” operation involving the army, issued a bold call for Russian President Vladimir Putin to help them.

Ukraine’s interim president Oleksander Turchinov said on Monday the offensive would still go ahead. But in a sign of discord behind the scenes in Kiev, he sacked the state security chief in charge of the operation.

Turchinov also took a risky step to try to undercut rebels’ demands by holding out the prospect of a referendum on the future shape of the Ukrainian state. He suggested a nationwide referendum could be held at the same time as a presidential election on May 25.

Pro-Russian secessionists want referendums to be held, but only in their regions in the east, which Kiev says is illegal.

The uprising by armed men in uniform who have seized buildings in towns across eastern Ukraine began eight days ago and has accelerated in the past 48 hours, with separatists seizing ever more buildings on behalf of a self-proclaimed independent “People’s Republic of Donetsk”.

Kiev says the separatists are organized by Moscow and include Russian troops in their midst, openly seeking to repeat the seizure of the Crimea region, which Moscow occupied and annexed last month.

Russia says the armed men are all locals acting on their own but it retains the right to intervene to protect them. NATO says Russia has tens of thousands of troops massed on the frontier.

The European Union threatened Russia with more sanctions. Britain said Moscow was clearly behind Ukraine’s instability, although other EU states said diplomacy should be given more time.

As the 9 a.m. deadline issued by authorities in Kiev expired, a Reuters reporter in the flashpoint city of Slaviansk, where armed men had seized two government buildings, saw nothing to show the rebels were obeying the ultimatum.

One of the rebel leaders, in an appeal issued through journalists, asked Putin to “help us as much as you can”.

The Kremlin said the Russian president was listening.

“Unfortunately, there’s a great many such appeals coming from the Eastern Ukrainian regions addressed directly to Putin to intervene in this or that form,” spokesman Dmitry Peskov said. “The president is watching the developments in Eastern Ukraine with great concern.”

Also in Slaviansk, about 150 km (90 miles) from the Russian border, a small airfield which was occupied by Ukrainian air force planes on Sunday was empty on Monday and pro-separatist forces said they were now in control of it.

In the town of Horlivka, meanwhile, about 100 pro-Russian separatists attacked the police headquarters. Video footage on Ukrainian television showed an ambulance treating people apparently injured in the attack.

In all, separatists have seized government buildings and security facilities in 10 cities, adding to a growing sense that Ukraine’s industrial heartland is slipping out of its grip.

Angered by the death of a state security officer and the wounding of two comrades near Slaviansk, Turchinov warned rebels that an anti-terrorist operation involving the army would begin unless they laid down their arms.

“CRIMINAL ORDER”

Russia’s foreign ministry called the planned military operation a “criminal order” and said the West should bring its allies in Ukraine’s government under control.

Outside the Slaviansk city council offices stood a group of about 12 armed men in matching camouflage fatigues with black masks, one of whom was holding a Russian flag.

They said they were Cossacks – paramilitary fighters descended from Tsarist-era border patrolmen – but did not say where from. One told Reuters: “The borders between Ukraine, Russia and Belarus are artificial and we are here to take them away.”

The new element in the operation announced by Turchinov is the inclusion of the army which until now had not been involved in more than four months of turmoil and is untested in dealing with internal disorder. The plan implies a lack of confidence in the 30,000-strong interior ministry troops, partly discredited by identification with ousted president Viktor Yanukovich.

The defense ministry on Monday remained silent and would not comment on the army’s role.

REFERENDUM

Turchinov said the Kiev leadership was “not against” a nationwide referendum being held on the type of state Ukraine should be, adding he was sure it would confirm the wish of the majority for a united, independent country.

Russian Foreign Minister Sergei Lavrov said Ukraine’s Russian-speaking eastern regions should be involved in drafting a constitution that should be put to a referendum.

Lavrov said it was not in Russia’s interests for Ukraine to break up but Moscow wanted all citizens of the country to be given equal treatment by Kiev. He denied Ukrainian and U.S. allegations that Russia had undercover agents fomenting the unrest in eastern Ukraine.

The crisis in Ukraine has brought relations between Russia and the West to their worst since the end of the Cold War in 1991, and also risks unleashing a “gas war” which could disrupt energy supplies across Europe.

Ukraine said on Saturday it would stop paying for Russian gas because the price was too high.

Kiev is also talking with Slovakia – the main route for gas from Russia through Ukraine to Europe – about reversing pipes so that Ukraine can buy gas from the EU if Russia cuts it off.

Russian stocks and the ruble fell sharply on Monday, reflecting fears of further Russian military intervention in Ukraine and more western sanctions against Moscow.

Moscow has largely brushed off sanctions so far, which the United States and Europe have explicitly designed to target only a limited number of officials and avert wider economic harm.

British Foreign Secretary William Hague said it was now time to consider broader sanctions. The destabilization of eastern Ukraine was clearly being instigated by Russia, he added: “I don’t think denials of Russian involvement have a shred of credibility.

He said some of the separatist gunmen were well armed and appeared to be well-trained, just like those who appeared in Crimea and later turned out to be Russian troops.

German Vice Chancellor Sigmar Gabriel warned of an escalation of the crisis in Ukraine, saying “Russia was clearly prepared to allow tanks to roll across European borders”.

Nevertheless, other European officials said it was too early to impose new sanctions for now. Several said the deadline for Russia to de-escalate would be Thursday, when Russian and Western officials are set to discuss Ukraine in Geneva.

In Slaviansk as Monday’s 9 a.m. ultimatum expired, a Russian flag still flew over police headquarters, one of two buildings taken over by the separatists in the town. Masked men continued to man barricades of sandbags in front of it.

Even as the deadline passed, a truck appeared bringing more tires to heap on top of the barricades to reinforce them.

(Additional reporting by Natalia Zinets; Editing by Giles Elgood and Peter Graff)

 

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Rusia se queda sola en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas

Rusia se queda sola en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas

Rusia se queda sola en el Consejo de Seguridad de Naciones UnidasLa décima reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre la crisis de Ucrania desde que las protestas en Kiev lograran expulsar del poder al presidente prorruso Víctor Yanúkovich ha evidenciado el aislamiento al que las maniobras del Kremlin en ese país han sumido a Rusia en el seno de la organización. El encuentro, convocado de urgencia a instancias de Moscú tras el ultimátum lanzado este domingo por el presidente interino ucranio de emplear al Ejército para sofocar la insurgencia en la zona oriental de la nación, ha evidenciado la división que existe entre los argumentos de Moscú y los de las potencias occidentales que han acusado al Gobierno que preside Vladimir Putin de promover la desestabilización del Este de Ucrania con una estrategia similar a la empleada en Crimea. El plazo impuesto por Kiev ha acabado a las 8.00 hora peninsular española sin que por el momento haya habido movimientos significativos.

“Este es el peor ejemplo de inestabilidad, está completamente prefabricada. Ha sido escrita y coreografiada en y por Rusia”, ha señalado la embajadora de EE UU ante Naciones Unidas, Samantha Powell. En la misma línea se han pronunciado sus colegas europeos y buena parte del resto de los Estados que forman parte del Consejo Permanente. “Rusia pretende imponer su voluntad sobre el pueblo de Ucrania empleando la desinformación, la intimidación y la agresión”, ha afirmado el representante británico, Mark Lyall Grant.

El embajador ruso ante la organización, Vitaly Churkin, ha mostrado su preocupación ante el anuncio del presidente ucranio en funciones, Alexander Turchínov, de movilizar al Ejército a primera hora de la mañana del lunes para luchar contra lo que Kiev ha denominado operaciones terroristas por parte de los activistas prorrusos y pidió a Occidente que parara esa amenaza, como horas antes había hecho el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov. Churkin ha tratado de desactivar las acusaciones de terrorismo y de connivencia de Moscú vertidas por el representante de Ucrania ante la ONU, Yuriy Sergeyev. “¿Por qué no acusan de terroristas a quienes se manifestaron y ocuparon edificios públicos el pasado mes de febrero en Kiev?”, ha preguntado Churkin. “Allí también se tomaron sedes administrativas, pero para occidente eso fue un escaparate para la democracia, pero cuando ocurre lo mismo en el Este de Ucrania entonces es terrorismo”.

Con mayor o menor énfasis, la mayoría de los 15 miembros del Consejo de Seguridad ha reconocido la intervención de Rusia en los últimos acontecimientos del Este de Ucrania, llamando la atención sobre los paralelismos con lo sucedido en Crimea. Todos han defendido el derecho a la no injerencia y la necesidad del diálogo para resolver la crisis en Ucrania. “Hacemos un llamado para que todas las partes hagan gala de mesura y eviten la escalada de la tensión y que sigan trabajando en la vía diplomática”, ha señalado el representante de China que, normalmente, se alinea con Moscú en lo que a cuestiones del Consejo de Seguridad se refiere.

A finales de marzo, la Asamblea General de Naciones Unidas votó por mayoría una resolución en la que declaraba la ilegalidad del referéndum de Crimea que evidenció la soledad de Moscú en el seno de la organización. Con todo, Ucrania y el resto de países que promovieron el documento se vieron obligados a eliminar cualquier mención expresa a Rusia para recabar el apoyo de los países miembros, un indicio de que la ONU no tiene un empeño especial por enfrentarse de manera directa con ese país.

Churkin ha querido, también, poner en evidencia el doble rasero de Washington en la crisis de Ucrania, recordando que hace unos meses fue el vicepresidente Joe Biden –que viajará a Kiev el 21 de abril- quien pidió al anterior presidente Yanúkovich que cesara en la represión violenta de los manifestantes. El representante ruso se ha preguntado si hará lo mismo con Turchínov si decide enviar al Ejército a sofocar los desórdenes de los grupos armados prorrusos que se encuentran en el Este de ese país.

La reunión de urgencia del Consejo de Seguridad ha demostrado el abismo que todavía separa a las partes implicadas para llegar a una solución que permita atemperar la tensión en la región, acrecentando el escepticismo de que el próximo jueves la reunión a cuatro entre EE UU, Rusia, Ucrania y la Unión Europea, pueda acercar posturas. El ultimátum ucranio y las amenazas de nuevas sanciones a Rusia por parte de Bruselas y de Washington podrían determinar al Kremlin a no asistir al encuentro.

 

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U.S. Says Iran’s Pick for U.N. Envoy Won’t Get a Visa

U.S. Says Iran’s Pick for U.N. Envoy Won’t Get a Visa

U.S. Says Iran’s Pick for U.N. Envoy Won’t Get a VisaWASHINGTON — The Obama administration on Friday said it would bar an Iranian diplomat nominated as United Nations ambassador from entering the country, in a rebuke to Iran at a time when the United States is engaged in delicate negotiations with Tehran over its nuclear program.

The unusual decision follows a political tempest on Capitol Hill related to the diplomat’s involvement in the 1979-81 Iran hostage crisis. But American officials said they did not expect the decision to disrupt the nuclear talks, which involve five other major powers.

The White House and the State Department did not give a specific reason for refusing to issue a visa to the diplomat, Hamid Aboutalebi, who was a translator for the militant student group that stormed the American Embassy in Tehran in 1979 and held Americans hostage for 444 days.

By not explicitly rejecting the visa application, the White House appeared to be leaving Iran a way to resolve the standoff. It can withdraw Mr. Aboutalebi’s nomination, claiming inaction on the part of the United States and saying that it needs to fill an important diplomatic post.

On Tuesday, after the Senate voted unanimously to bar Mr. Aboutalebi from the United States, the administration said it had warned the Iranian government that his nomination was “not viable.” The House unanimously passed the same legislation on Thursday.

“We certainly share the intent of the bill passed by Congress,” said the White House spokesman, Jay Carney. “We have already told the U.N. and Iran that we will not issue a visa.”

Before deciding whether to sign it, President Obama will review the constitutionality of the legislation, which would ban any would-be United Nations representative who has been involved in terrorism or espionage against the United States from entering the country, Mr. Carney said.

Under a 1947 law that established the headquarters of the United Nations in New York, the United States is obligated to issue visas to diplomats assigned there, even those it finds objectionable. But the United States has reserved the right to turn down people based on concerns over security, terrorism or foreign policy issues.

Administration officials did not dispute suggestions that Mr. Aboutalebi’s role in the hostage crisis was the cause of the action against him. “I think it’s fair to say that the discussions around this, the reporting on it, the views expressed in the discussions on Capitol Hill, and in the legislation itself reflect our views,” Mr. Carney said.

In a statement on Friday, the Iranian Mission to the United Nations said, “It is a regrettable decision by the U.S. administration, which is in contravention of international law, the obligation of the host country and the inherent right of sovereign member states to designate their representatives to the United Nations.”

Mr. Aboutalebi issued his own criticism, saying on Twitter that the United States, “legally speaking, has initiated a new and unprecedented path, and that is to violate the international conventions of the country by national parliamentary approvals,” according to a translation of the message, which was written in Persian.

The dispute over Mr. Aboutalebi’s nomination came as the United States and Iran have sought to defuse some of their tensions, working on an agreement over the Iranian nuclear program.

Administration officials, however, said the subject did not intrude on the last round of negotiations, held in Vienna, and they predicted that it would not affect the chances of an agreement, since the Iranian government had other motivations to conclude a deal.

“They have their own reasons for that, including the impact of sanctions and their desire to deliver on” the promise that President Hassan Rouhani campaigned on, said the State Department spokeswoman, Jen Psaki.

While there are still significant gaps between the two sides, diplomats from Iran and the major powers are expected to begin drafting the language of a final nuclear agreement at the next round of talks in Vienna, an American official said.

Senator Ted Cruz, a Texas Republican, and Representative Doug Lamborn, a Colorado Republican, were sponsors of the legislation to block the diplomat’s visa. The unanimity of the votes on the measure underscored the political liabilities of looking weak on Iran, which many Democrats and Republicans have described as a malevolent adversary, despite the administration’s efforts to ease tensions.

“It is great to see Congress send a strong, bipartisan message that Iranian evildoers will be treated like terrorists, not tourists,” Mr. Lamborn said in a statement.

Iran’s foreign minister, Mohammad Javad Zarif, an American-educated diplomat who once held the post of United Nations ambassador, had signaled before the House vote that Mr. Aboutalebi remained Iran’s choice.

“We have told the Americans that we have introduced one of the most experienced, logical and ambassadorial individuals,” Mr. Zarif said Wednesday in Vienna.

Despite the sharp language, some American specialists on Iran said they did not foresee the dispute sabotaging the broader efforts aimed at achieving a nuclear agreement.

“We expect diplomatic bickering for the next couple weeks, probably followed by a new nomination from Iran,” said Cliff Kupchan, an Iran analyst at the Eurasia Group, a political risk consulting firm in Washington.

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Cohen: Theorizing Precedent in International Law

Cohen: Theorizing Precedent in International Law

Harlan Grant Cohen (Univ. of Georgia – Law) has posted Theorizing Precedent in International Law (in Interpretation in International Law, Andrea Bianchi, Daniel Peat & Matthew Windsor eds., forthcoming). Here’s the abstract:


Precedent presents a puzzle for international law. As a matter of doctrine, judicial decisions construing international law are not-in-and-of themselves law. They are not binding on future parties in future cases, even before the same tribunal. And yet, international precedent is everywhere. From international investment to international criminal law to international human rights to international trade, prior decisions are invoked, argued over, and applied as precedents by practitioners and by tribunals.


How and why do certain interpretations of international law take on the weight of precedent, reshaping international law arguments around them, while others do not? This chapter develops a framework for explaining the emergence of precedent in international law that can begin to solve this puzzle. It focuses on three sets of factors relevant to a prior interpretation’s precedential weight, (1) the varied potential sources of precedent, (2) the factors that might imbue a source with authority, (3) and the actors and audiences who might invoke a precedent or respond it, before weaving them into three overlapping accounts of how these factors interact, (1) a rationalist account, (2) a jurisprudential account, (3) and a sociological account. The chapter ends with a couple of case-studies that demonstrate how these factors and accounts can help explain the actual patterns of precedent we observe in international law today.

 

 

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The Use of ‘Do it Yourself’ Barrel Bombs under International Law

The Use of ‘Do it Yourself’ Barrel Bombs under International Law

Among the continuing horrors reported from Syria, it is the use of certain weapons that time and again makes the headlines. While the use of chemical weapons led to an important response from the international community, in recent months attacks with so called ‘barrel bombs’ triggered an international echo. In its latest resolution on Syria the UN Security Council demanded all parties to cease ‘the indiscriminate employment of weapons in populated areas, including shelling and aerial bombardment, such as the use of barrel bombs’. UN Secretary General Ban called these weapons ‘horrendous’, France found that these weapons ‘sought to indiscriminately kill people’, and for the UK the use of these weapons against civilian areas constitutes ‘yet another war crime’ by the Assad regime. Different human rights groups, such as Human Rights Watch or the Syrian Network for Human Rights, report that the use of barrel bombs has caused high numbers of dead, the vast majority of which are civilians. There is no question that war crimes are committed in Syria, especially by the Assad regime. It is, however, less clear to what extent international law prohibits the use of barrel bombs in non-international armed conflicts, and whether their use constitutes a war crime.

What is a barrel bomb?

As recently analysed in a very knowledgeable blog entry by the warhead consultant Richard M. Lloyd, barrel bombs used in Syria normally consist of a cylinder – which can be an oil barrel and probably gave the bomb its name – filled with an explosive and metal pieces. It is also reported that more recent versions of these ‘do it yourself’ crude weapons were filled with fuel, and constructed in a way that resembled them to ‘fuel air explosives’ with geographically wide and significant destructive effects. Earlier on in the conflict, smaller versions of these bombs rolled out of helicopters at low altitude, which enabled the Syrian army to aim the bomb at specific targets. In contrast, probably due to improved capacity of opposition forces to target helicopters at low altitude, barrel bombs are increasingly dropped from helicopters at altitudes up to 2000m. In the armed conflict in Syria, barrel bombs provide a way to cause ‘cheap and lethal damage on urban areas’.

The legality of the use of barrel bombs under international humanitarian law

Under IHL, a weapon can be absolutely prohibited as an unlawful means of warfare, or the use of these weapons can be illegal in specific circumstances. Barrel bombs would be absolutely prohibited if they were inherently indiscriminate, meaning they cannot be targeted at a military objective. While this may be the case when released from high altitude, this is not necessarily the case when dropped from low altitude where it seems possible to direct the barrel at a specific military target. Thus, these bombs are not inherently indiscriminate.

The questionable argument has been made that barrel bombs are incendiary weapons the use of which against civilians or military objectives located within a concentration of civilians violates the UN Convention on Certain Conventional Weapons. To be clear, the UN Convention on Certain Conventional Weapons does not apply in Syria because Syria is not a party to it. Still, restrictions on the use of incendiary weapons exist under customary international law. However, in their common form barrel bombs do not appear to fall under the definition of incendiary weapons under customary international law – unless allegations are true that some of these bombs were filled with napalm and primarily designed to set fire to objects or to cause burn injury to persons.

Barrel bombs have also been condemned as weapons that spread terror among the civilian population. Aerial bombardments, especially in neighbourhoods where civilians are present, give rise to a degree of fear and terror among the population. What would make the use of barrel bombs illegal, however, would be if the primary purpose of their use was to spread terror among the civilian population. This is particularly the case when such weapons are used without producing a military advantage. While this may be the case in some situations in Syria, it might be difficult to show that spreading terror is their primary purpose.

Instead of resorting to strong terms such as ‘incendiary weapons’ and ‘terror’, reference to fundamental rules of customary IHL provides a prohibition of the use of barrel bombs in the present circumstances. First, it is clear that the use of these bombs is prohibited when they are directed against civilians or civilian objects. But even if it was not possible to show that the Assad regime is targeting civilians and not opposition fighters thought to operate from civilian neighbourhoods, dropping barrel bombs on predominately civilian areas from high altitude undoubtedly constitutes a prohibited indiscriminative attack. Due to the crude nature of barrel bombs, when used in predominantly civilian neighbourhoods they cannot be directed at a specific military target and their use is therefore prohibited.

Does the use of barrel bombs constitute a war crime?

If hopefully one day the International Criminal Court, a Syrian national court, or an international(ized) or regional tribunal adjudicates over alleged war crimes committed by all parties to the Syria conflict, the question will arise whether the use of barrel bombs constituted a war crime. War crimes under article 8(2)(e) Rome Statute provide only a limited criminalization of such attacks. Indiscriminate attacks are not explicitly criminalized under the Rome Statute. In order to constitute a war crime, it would need to be proven that the attack was intentionally directed against the civilian population. In this respect, the ICTY argued that ‘indiscriminate attacks, that is to say, attacks which strike civilians or civilian objects and military objectives without distinction, may qualify as direct attacks against civilians’. In addition, the Rome Statute does not provide an exhaustive list of war crimes. The ICRC finds that under international law applying in internal armed conflicts there is sufficient basis to conclude that ‘launching an indiscriminate attack resulting in death or injury to civilians’ constitutes a war crime.

To sum up, despite their crude nature and the clear difficulty to direct these bombs at military targets, barrel bombs are not absolutely prohibited under IHL. In fact, if the Assad regime used these bombs in circumstances where it was able to target them at military objectives, the use of these bombs would not necessarily be prohibited. However, reports unanimously suggest that barrel bombs are currently intentionally directed at civilian neighbourhoods or dropped from high altitudes in a way that makes it impossible to direct these bombs at military targets. In both circumstances, this constitutes a clear violation of the laws of war, and could amount to war crimes. As a result, it is not the bomb as such that contravenes international rules on armed conflicts, but it is the way Syrian forces employ this weapon that violates IHL, and likely constitutes a war crime.

 

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EEUU comunica a Irán que no dará el visado a su embajador en la ONU

EEUU comunica a Irán que no dará el visado a su embajador en la ONU

EEUU comunica a Irán que no dará el visado a su embajador en la ONULa Casa Blanca ha comunicado a Naciones Unidas e Irán que Estados Unidos no otorgará el visado al embajador designado por Teherán para representar a su país ante la organización internacional debido a sus vínculos con la crisis de los rehenes de 1979. El nombramiento de Hamid Aboutalebi generó una fuerte indignación en el Congreso que se tradujo en una legislación aprobada por unanimidad en ambas cámaras que autoriza al presidente del país a prohibir la entrada al diplomático. En plenas negociaciones sobre el programa nuclear iraní, el Gobierno norteamericano está convencido de que la medida no interferirá en el proceso.

Aboutalebi, uno de los principales asesores del presidente iraní, Hasan Rohaní, ha reconocido que, con 21 años, sirvió como intérprete del grupo de estudiantes que mantuvo secuestrados a 52 personas durante 444 días en la Embajada de EE UU en Teherán. El diplomático ha servido como embajador en Australia, Bélgica e Italia. La Casa Blanca reconoció ayer, a través de su portavoz, Jay Carney, que esa elección no era “viable”.

La designación de Aboutalebi ha logrado poner de acuerdo al Congreso estadounidense que ha visto en su nombramiento un signo de provocación y un síntoma de que, pese a la confianza que la Casa Blanca ha otorgado al nuevo presidente iraní, el país asiático sigue sin ser un socio fiable. Pese al respaldo unánime de la ley que autoriza la denegación de la entrada en EE UU a cualquier embajador con vínculos terroristas que el jueves llegó hasta el Despacho Oval, la Casa Blanca ha eludido afirmar que el presidente Barack Obama vaya a firmarla, alegando que la Administración va a revisar su constitucionalidad.

La legislación estadounidense de 1947 obliga a EE UU a otorgar visados a los representantes de los Estados miembros de Naciones Unidas –una condición necesaria que Washington decidió acatar para garantizarse que la sede principal de la organización se fijara en Nueva York-. El Departamento de Estado ha reiterado en los últimos días que tiene competencia para denegar los visados a aquellos que supongan una amenaza para la seguridad nacional. Obama podría, ha sugerido su portavoz, Jay Carney, firmar la ley que le ha remitido el Congreso incorporando una declaración cuestionando la constitucionalidad de la norma.

Los antecedentes indican que es muy poco probable que la ONU vaya a aceptar la medida de EE UU. En 1988, Washington se negó a otorgarle un visado al líder palestino Yaser Arafat para que pudiera intervenir en la Asamblea General. En respuesta, la organización trasladó la reunión anual a Ginebra y votó una resolución condenando la decisión estadounidense, que sólo contó con los votos en contra de EE UU e Israel y la abstención de Reino Unido.

Los críticos con la denegación del visado a Aboutalebi sostienen que el puesto de embajador ante Naciones Unidas no tiene excesiva relevancia. “Él forma parte de la generación de la crisis de los rehenes que ha evolucionado desde posiciones radicales a defensores de una reforma política y de la reconciliación”, señalaba Barbara Slavin, del Atlantic Council, en un artículo de opinión este jueves en The New York Times.

La Casa Blanca no teme que la denegación de la visa vaya a perjudicar las negociaciones del programa nuclear iraní que está semana ha celebrado su tercera ronda en Viena. “Este es uno más de los puntos que nos enfrentan con Irán, pero no es el único”, señaló Carney el jueves. Un día después, el portavoz de la presidencia ha recalcado que el asunto del visado y el del diálogo son independientes. “Existe un proceso en marcha que está siguiendo adelante de manera eficiente y profesional y no esperamos que se vea afectado por esta decisión”.

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Texas ejecuta a otro mexicano a pesar de un fallo internacional

Texas ejecuta a otro mexicano a pesar de un fallo internacional

Texas ejecuta a otro mexicano a pesar de un fallo internacionalEn sus últimos minutos de vida, el mexicano Ramiro Hernández pidió perdón a la familia del profesor Glen Ernst Lich, “Gracias Dios, estoy yendo contigo”, dijo. Luego, tranquilo, cerró los ojos y se sometió a la inyección letal a las 18:17. A pesar de sus esfuerzos, el Gobierno de México no logró detener la ejecución, profundizando las diferencias políticas con Estados Unidos. En 2004, la Corte Internacional de Justicia ordenó que su caso – junto a otros 50 – debía ser revisados puesto que los acusados no recibieron la asistencia consular necesaria.

Hernández tenía mucho que decir: se despidió de su familia, les dijo que no estuvieran tristes y que él estaba contento. “Lo siento, por lo que hice. Sepan que he sido feliz hasta el final. A la familia de mi patrón, los amo”, aseguró. Minutos antes de morir, incluso le dedicó palabras a los jóvenes y les recomendó “aprender de sus errores”.

Un poco antes de las 18:00 horas, un grupo de personas se congregaron en la Unidad de las Paredes de la Prisión de Huntsville, para seguir la ejecución del mexicano Ramiro Hernández. La mayoría estaba con la organización Texas Death Penalty Abolition Movement.

“Esta ejecución es ilegal e inmoral, no podemos decidir quién vive y quien no”, gritaba la activista Gloria Rubac con un megáfono.

A diferencia de casos anteriores, cuando se ha mantenido el suspenso hasta dar paso a un fallo judicial de última hora, esta vez su destino estaba claro desde las primeras horas del día y Hernández fue declarado muerto a las 18:28.

“Estoy aquí porque es necesario que contemos lo que están haciendo con estas personas. Se me hace injusto, hay gente inocente que pasa por esto y no tiene que ser así. Nadie tiene por qué quitarle la vida a nadie, Dios es el que decide”, aseguró Yanci Escobar. Su esposo, Juan Balderas está condenado a muerte, pero aún no tiene fecha de ejecución.

El hermano de Hernández, Jorge, aseguró a EL PAÍS que Ramiro ha tenido la oportunidad de cerrar el ciclo que se abrió hace 17 años, cuando fue acusado por el asesinato de Glen Ernst Lich y la violación de su esposa Lera en 1997. “Él nos ha dado fortaleza, ha hablado con mi madre y le pidió perdón por el dolor que le ocasionó, es duro, duele, pero me da ánimo pensar en lo tranquilo que está”, explicó.

Jorge contó que hace dos años su hermano se acercó a Dios y eso ha generado un cambio inmenso en él. “Yo veo fotos de él de antes con una sonrisa fingida, porque uno lo conoce se da cuenta de que es una persona distinta. Él dice que vivir es Cristo y morir es ganancia”, dijo.

El retraso mental ha sido uno de los principales argumentos en la defensa de Hernández, pero su familia deja eso en manos de especialistas y no en base a juicios propios. “Para mí, las personas con retraso mental son aquellas que andan vagando con su mente en otra parte. Pero después me di cuenta de que se necesita el diagnóstico de un profesional”, aseguró Jorge.

La abogada de Hernández Sheri Johnson insistió en que la evaluación psiquiátrica no fue profesional y estuvo basada en el racismo en contra de mexicanos. “No se reunieron con él, no hablaron con su familia, el doctor ni siquiera sabía hablar español”, comentó.

Después de que todos los recursos legales fracasaran se esperó hasta último momento la llamada del gobernador Rick Perry, el único con el poder suficiente para detener la ejecución, pero el teléfono nunca sonó.

Entre los testigos por el lado de Hernández, presenciaron la ejecución su abogada Sheri Lynn Johnson, dos de sus hermanos, Jorge y Adelina y su cuñado Roberto Ramírez. Por parte de la víctima Glen Ernst Lich figuró su hijo, Stephen.

Nuevos roces diplomáticos

Hernández es uno entre los nueves mexicanos en Texas, que fueron parte del caso Avena, donde se agruparon 51 personas, apoyadas por el Gobierno de México, que no recibieron asistencia consular antes de ser condenados.
En 2004, la Corte Internacional de Justicia determinó que las cortes estadounidenses deben revisar el proceso legal y en 2008 con el caso “Medellín versus Texas” la Corte Suprema de Estados Unidos determinó que el Congreso debe aprobar legislación para implementar este fallo, pero no se han logrado avances en Washington.

Hernández es el cuarto mexicano incluido en el caso Avena que ha sido ejecutado. En el interior del Gobierno mexicano crece la molestia ya que, a pesar de las instancias internacionales, no hay cambios en Estados Unidos.
El Gobierno de México reiteró “su indignación por la ejecución de ciudadanos mexicanos en contravención a lo ordenado por la Corte Internacional de Justicia y destaca su preocupación por el efecto negativo de esta situación en el régimen internacional de asistencia y protección consular”.

Hace poco más de dos meses, otro mexicano también dentro del Caso Avena – Edgar Tamayo – fue ejecutado también en Texas. En aquella ocasión, el Gobierno texano desoyó la petición del Departamento de Estado, que presionó para que se parara la ejecución. “Lamentamos la decisión de Texas de proceder con la ejecución del señor Tamayo sin revisar ni considerar previamente los tratados internacionales”, afirmó Marie Harf, portavoz del organismo.

El tema se ha tratado en diversas instancias diplomáticas y actualmente están cabildeando a puerta cerrada en el Congreso, aún sin éxito. La oficina del presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes Bob Goodlatte confirmó a EL PAÍS que él, junto a otros legisladores, se reunirá con funcionarios de los gobiernos de Haití, Guatemala y México, donde discutirán temas humanitarios, de control de seguridad, tráfico de drogas e inmigración.

De las 513 ejecuciones que se han realizado en Texas desde el inicio de esta práctica, 274 se han realizado bajo la Administración de Perry. Actualmente hay 274 personas condenadas a muerte en el estado, de ellos 70 son latinos. Desde 1982 hasta ahora se han ejecutado a 90 latinos en Texas.

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CIDH decide crear Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales

CIDH decide crear Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales

CIDH3 de abril de 2014. Washington, D.C. – Teniendo en cuenta el carácter interdependiente e indivisible de los derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió iniciar un proceso para la creación de una Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC).

Este proceso se inicia hoy con la apertura de un fondo especial para recaudar recursos financieros que hagan posible la creación de la Relatoría Especial. La CIDH invita a los Estados Miembros de la OEA a colaborar con aportes a este fondo, el cual también se destinará a financiar las actividades de la Unidad DESC, coordinada por el Comisionado Paulo Vannuchi.

“Esta decisión es histórica”, dijo la Presidenta de la CIDH, Comisionada Tracy Robinson. “Es la primera vez, desde que se estableciera la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión en 1998, que la Comisión adopta la decisión de replicar esa experiencia. Esto refleja la importancia fundamental que la Comisión Interamericana otorga a la protección y promoción de los derechos económicos, sociales y culturales en la región. Una Relatoría Especial implica que el Relator o la Relatora tendrá dedicación a tiempo completo, lo cual permitirá profundizar el trabajo transversal que la Comisión viene realizando en esta materia”.

Coincidiendo con el carácter histórico de la decisión, el Comisionado Paulo Vannuchi, quien coordinará este proceso, explicó que se espera que la Relatoría Especial pueda entrar en funciones a fines de 2015.

“En los últimos años hemos visto avances significativos. Entre 2002 y 2008, unos 40 millones de personas salieron de la pobreza en nuestra región, y se registró cierta reducción en los niveles de desigualdad en la distribución del ingreso”, dijo el Comisionado Vannuchi. “Pero América Latina sigue siendo la región que padece los mayores niveles de desigualdad del mundo, mientras que en Estados Unidos se ha registrado en las últimas décadas un aumento de la desigualdad en la distribución de la riqueza. Estos datos no hacen sino reafirmar la imperiosa necesidad de hacer de la protección de los derechos económicos, sociales y culturales una prioridad, y la decisión de crear una Relatoría Especial así lo refleja”, señaló.

Los derechos económicos, sociales y culturales están contemplados en la Carta de la OEA, la cual consagra importantes metas vinculantes para los Estados relacionadas a los derechos económicos, sociales y culturales, en particular después de la reforma impulsada por el Protocolo de Buenos Aires. En la misma línea, la Declaración Americana reconoce una variedad de derechos económicos, sociales y culturales. Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconoce que “sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos”. Asimismo, en 1988 se adoptó el Protocolo Adicional a la Convención Americana en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San Salvador”, texto que se basó en un borrador preparado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Protocolo de San Salvador reconoce el derecho al trabajo, a condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo, los derechos sindicales, el derecho a la seguridad social, el derecho a la salud, a un medio ambiente sano, a la alimentación, a la educación, y a los beneficios de la cultura, entre otros.

En 2008, la Comisión publicó los “Lineamientos para la elaboración de indicadores de progreso en materia de derechos económicos, sociales y culturales”. Este documento se preparó con la finalidad de ayudar a los Estados Partes del Protocolo de San Salvador a cumplir con el mecanismo establecido en el artículo 19, mediante el cual se comprometieron a presentar informes periódicos respecto de las medidas progresivas que vayan adoptando para asegurar el debido respeto de los derechos consagrados en el mismo. Al respecto se destaca que la CIDH es parte del Grupo de Trabajo encargado de analizar los informes periódicos de los Estados partes del Protocolo de San Salvador y que el mecanismo de seguimiento al Protocolo se encuentra operativo. El Protocolo de San Salvador ha sido ratificado hasta el momento por Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, el Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Suriname y Uruguay.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dado atención al respeto y garantía de los derechos económicos, sociales y culturales en la región a través de sus diversos mecanismos. En 2012, la Comisión creó una Unidad sobre DESC, que estuvo inicialmente a cargo de la Comisionada Rose-Marie Antoine y que desde enero de este año está a cargo del Comisionado Paulo Vannuchi. Asimismo, se ha realizado un proceso de consulta sobre DESC en Argentina, y están planificados procesos similares en Colombia, Brasil, México, Estados Unidos y un país del Caribe.

Asimismo, la CIDH ha publicado diversos informes temáticos sobre DESC, incluyendo “El acceso a la justicia como garantía de los derechos económicos, sociales y culturales”, “Acceso a la información en materia reproductiva desde una perspectiva de derechos humanos”, “El trabajo, la educación y los recursos de las mujeres: la ruta hacia la igualdad en la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales”, “Acceso a servicios de salud materna desde una perspectiva de derechos humanos”, “Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales sobre sus Tierras Ancestrales y Recursos Naturales”, y el recientemente publicado sobre el “Derecho del niño y la niña a la familia”, entre otros.

La Comisión ha celebrado en los últimos años numerosas audiencias temáticas que abordan los DESC. Por ejemplo, en el 150º Período de Sesiones actualmente en curso, se recibió información sobre las condiciones laborales de los trabajadores de la industria avícola y de la carne en Estados Unidos; la alegada práctica de desalojos forzosos que afecta a campesinos y campesinas en Paraguay; las barreras en el acceso a servicios de salud materna en México; la falta de acceso a alimentación adecuada, vivienda y medicinas para los trabajadores migrantes haitianos en República Dominicana; y los obstáculos para la realización de huelgas y otras formas de reivindicación laboral en Venezuela. En el período anterior de audiencias públicas, en octubre y noviembre de 2013, se realizó una audiencia sobre la situación de los derechos económicos, sociales y culturales de campesinos en América Latina donde se recibió información sobre el impacto desproporcionado que las políticas económicas y las crisis tienen sobre las poblaciones rurales. Asimismo, se recibió información en otra audiencia sobre obstáculos y restricciones que afecta el derecho de los trabajadores a sindicalizarse en diversos países de la región.

Con la decisión adoptada hoy, la Comisión Interamericana busca fortalecer y profundizar su trabajo de defensa y protección de los derechos económicos, sociales y culturales de los y las habitantes de las Américas. La CIDH confía en que continuará contando con el apoyo de los Estados Miembros y de la sociedad civil de la región en esta tarea.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

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La OPAQ alaba el compromiso de Argentina contra las armas químicas

La OPAQ alaba el compromiso de Argentina contra las armas químicas

La OPAQ alaba el compromiso de Argentina contra las armas químicasEl director general de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) elogió a Argentina por su compromiso con la Convención sobre ese tipo de artefactos y su apoyo al trabajo que realiza la organización.

09 de abril, 2014 — El director general de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) elogió a Argentina por su compromiso con la Convención sobre ese tipo de artefactos y su apoyo al trabajo que realiza la organización.

Ahmet Üzümcü, visitó ese país esta semana y se reunió con el ministro de Defensa, Agustín Rossi, la subsecretaria para Asuntos Políticos, Carolina Pérez, y el secretario para Asuntos Universitarios, Aldo Caballero, entre otras actividades, según informó la OPAQ este miércoles.

Además, participó en la sesión inaugural de una conferencia regional sobre educación y el uso responsable del conocimiento sobre materiales químicos, organizada por el gobierno argentino en colaboración con la OPAQ.

El director general informó a los representantes gubernamentales sobre la implementación a nivel mundial de la Convención sobre Armas Químicas y las labores para eliminar el arsenal químico de Siria, entre otros asuntos.

En su discurso a los asistentes a la conferencia regional Üzümcü manifestó que la educación y el compromiso están abriendo un frente nuevo en los esfuerzos de la OPAQ para proteger contra los riesgos de las armas químicas.

 

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Ruanda acusa y veta a Francia

Ruanda acusa y veta a Francia

Ruanda acusa y veta a FranciaEn 100 días, entre el 7 de abril y el 4 de julio de 1994, 800.000 hombres, mujeres y niños fueron exterminados en Ruanda. La razón: pertenecían a la etnia tutsi o intentaron oponerse a las matanzas. Al genocidio más rápido de la historia le siguieron dos décadas de cicatrices, impunidad y ocultación. Francia protegió a numerosos sospechosos de haber planificado y ejecutado las masacres, manipuló pruebas y desvió la atención sin pedir excusas. En marzo, una primera condena judicial trató de apaciguar las relaciones bilaterales, y hay 30 casos más en espera de ser juzgados en la Fiscalía del Genocidio en París. Pero Ruanda, el país de las mil colinas, ha vetado la presencia francesa en el 20º aniversario de su tragedia nacional.

El presidente Paul Kagame aprovechó este lunes el discurso oficial del 7 de abril, pronunciado ante 30.000 personas en el estadio Amaharo de Kigali, para afirmar por tercera vez en dos semanas que Francia jugó un papel protagonista en las masacres. Kagame ha concedido entrevistas a la revista Jeune Afrique y al diario Libération. En la segunda afirmó: “Francia y Bélgica tuvieron un papel nefasto en la historia de Ruanda, y contribuyeron al surgimiento de una ideología genocida”.

Pero la acusación más dura estaba en la primera entrevista, del 27 marzo: “Las potencias occidentales querrían que Ruanda sea un país normal. Pero es imposible. Vean el caso de Francia. Veinte años después, el único reproche que admite es que no hizo lo suficiente para evitar el genocidio. Es un hecho, pero esconde lo esencial: el papel directo de Bélgica y Francia en la preparación política del genocidio, y la participación de esta última en su ejecución. Pregunten a los supervivientes de la masacre de Bisesero en junio de 1994, y les dirán lo que hicieron los soldados franceses de la Operación Turquesa. Cómplices seguro, en Bisesero y en la llamada zona humanitaria segura. Pero también actores”.

Las palabras de Kagame, el presidente que encarna la victoria contra los genocidas y el nuevo despertar de Ruanda, han abierto una nueva crisis diplomática entre Kigali y París. El conservador Alain Juppé, ministro de Exteriores en 1994 con François Mitterrand; y Laurent Fabius, el ministro socialista actual, han expresado su malestar, demostrando que el bloque formado por la derecha y la izquierda para silenciar las aberraciones cometidas en Ruanda sigue vigente. El periodista Patrick de Saint-Exupéry, que reveló cómo el Ejército francés toleró tres días de asesinatos masivos en Biserero, tituló su libro sobre aquel episodio con una fórmula elocuente: “Lo inconfesable”.

Kagame tiene razones para estar enfadado con París. El presidente ruandés había invitado a François Hollande a acudir a la conmemoración, que durará, como las matanzas, 100 días. Pero París decidió mandar, contra toda lógica institucional, a Christiane Taubira, ministra de Justicia y única persona de raza negra del Gabinete. Mientras Bélgica no alteró sus planes y enviaba a su ministro de Exteriores, París replicó al ataque de Kagame dejando que fuera su embajador en Kigali quien asistiera a los actos oficiales. Pero este lunes las autoridades locales indicaron que la presencia del embajador no era “deseada”. Poco después, el Elíseo emitió una nota en la que se suma al “pueblo ruandés para honrar la memoria de las víctimas”, y presume de que “la prevención de los genocidios es un elemento central de la acción exterior de Francia”.

El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, que sí estaba en Kigali, reconoció que el genocidio es “una vergüenza” para la ONU: “Debimos hacer más, los cascos azules fueron retirados de Ruanda en el momento en que más se les necesitaba”.

La ausencia de Francia erosiona la imagen de libertador de África que ha intentado construirse Hollande tras intervenir militarmente en Malí y República Centroafricana. Edwy Plenel, director de Mediapart, ha recordado que Francia tardó medio siglo en asumir su responsabilidad directa en el Holocausto, y se ha preguntado por qué Hollande no ha ido a Ruanda a “presentar excusas, pedir perdón y decir la verdad”, admitiendo que “Francia —es decir su presidencia, su Gobierno, su Estado y su ejército—, fue cómplice del genocidio”.

Bélgica hizo ese ejercicio de contrición en el año 2000, y lo repitió en 2004. En 2010, Nicolas Sarkozy reconoció la “ceguera” de Francia, sin ir más allá. Ahora, al no hacer una cosa ni otra, la Francia oficial, dice Plenel, “ha deshonrado al pueblo francés”.

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