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    Venezuela y España al Consejo de Seguridad: breve puesta en perspectiva, por Nicolas Boeglin

    Venezuela y España al Consejo de Seguridad: breve puesta en perspectiva

    Foto de documentos y “regalos” de España, Nueva Zelanda, Turquía y Venezuela distribuidos a los delegados durante la votación realizada en la Asamblea General de Naciones Unidas extraída de nota de prensa.

    En una votación realizada el pasado 16 de octubre en la sede las Naciones Unidas, los 192 Estados Miembros presentes durante la Asamblea General de esta organización (de los 193) designaron a Venezuela y a España, así como a Angola, a Malasia, y a Nueva Zelanda como nuevos Miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Como bien se sabe, el máximo órgano de las Naciones Unidas es conformado por cinco Miembros permanentes y por diez miembros no permanentes electos por un mandato de dos años. Para ser electo, un Estado requiere contar con al menos las 2/3 partes de los votos emitidos, lo cual en la actualidad significa contar con al menos 129 votos. El artículo 93 del Reglamento de la Asamblea General (ver texto) estipula que. “Cuando se requiera mayoría de dos tercios, se continuará la votación hasta que uno de los candidatos obtenga dos tercios de los votos emitidos”. Ello significa que en el caso de la elección de un Estado al Consejo de Seguridad, nada está previsto cuando ocurre un empate técnico para limitar el número de rondas sucesivas entre dos contendores. El mismo artículo prevé simplemente que “sin embargo, después del tercer escrutinio sin resultado decisivo, se podrá votar por cualquier persona o Miembro elegible. Si tres votaciones no limitadas no dan resultado decisivo, las tres votaciones siguientes se limitarán a los dos candidatos que hayan obtenido más votos en la tercera votación no limitada y las tres votaciones ulteriores serán sin limitación de candidatos, y así sucesivamente hasta que se haya elegido una persona o un Miembro”. Ello significa que una vez identificados a dos claros contendores, las rondas de votación son ilimitadas si estos no se retiran y mantienen sus pretensiones de ser electos.

     Al llegar a su término este año el mandato de Argentina como miembro de dicho órgano, América Latina y el Caribe impulsaron una única candidatura, la de Venezuela. La votación registra 181 Estados votando a favor, 10 abstenciones y un solo voto en contra, según reportes de prensa. Se trata de un hecho calificado por el Presidente de Venezuela como una “victoria de la Patría” (ver nota), y como un hecho histórico por parte del jefe de la diplomacia venezolana (ver nota de prensa de Naciones Unidas). Venezuela fue Miembro del Consejo de Seguridad en cuatro ocasiones anteriores: 1962/1963, 1977/1978, 1986/1987 y 1992/1993.

    El intento de Venezuela del 2006:

     En el 2006, Venezuela se había postulado, y luego de 47 rondas de votación contra Guatemala, ninguno de estos dos Estados logró reunir las 2/3 partes de los votos. En aquel momento Costa Rica declinó solicitudes recibidas para postularse como candidato de consenso: su canciller, Bruno Stagno, indicó que Costa Rica seguía “enfocada en su candidatura para el periodo 2008-2009″ y que un adelanto en la postulación “está descartado” (ver artículo de La Nación). Finalmente, Panamá fue quién aceptó postularse como “candidato de consenso” entre ambos contendores y sus respectivos aliados, quedando electo con 164 votos a favor (ver nota de prensa de Naciones Unidas).

     En la votación de finales de 1979, Cuba y Colombia protagonizaron un ejercicio que rompió con todas las marcas, al llevar a los delegados de la Asamblea General a 154 extenuantes rondas de votación, sin lograr el mínimo de 98 votos requeridos. En la segunda ronda realizada el 26 de octubre de 1979, Cuba logró reunir 79 votos, y Colombia 66 votos; en una ronda realizada el 19 de diciembre de 1979, Cuba logró reunir 92 votos y Colombia 54. Ante el cansancio generalizado provocado por ejercicios tan repetitivos como inútiles, Cuba y Colombia retiraron finalmente sus respectivas candidaturas (el 7 de enero de 1980) para que México fuese electo y el Consejo de Seguridad quedara integrado. En aquella oportunidad, el delegado de Costa Rica, Rodolfo Piza Escalante, no sin humor, indicó en la ronda número 139 que este tedioso ejercicio lo había obligado a recorrer 6,95 kilómetros para ir a depositar el sobre en las urnas (Nota 1).

    Algunos pormenores de la candidatura de Guatemala del 2006:

     Con relación a la postulación de Guatemala en el 2006 para contrarrestar a Venezuela, los cables Wikileaks revelan interesantes aspectos. Un cable confidencial diplomático de Estados Unidos, del mes de enero del 2006, precisa que, con relación a América Latina: “The Guatemalans’ efforts are better coordinated than we had imagined. Their plans tallied closely with our suggestions and, where they did not, Briz was eager to take our analysis” (ver cable Wikileaks). La posición de Chile en el mes de mayo del 2006 denota no obstante los límites de los esfuerzos desplegados por Guatemala (ver cable Wikileaks).

     Fuera de América Latina, en cambio, el panorama luce un tanto incierto. En un cable de junio del 2006, se lee que Egipto le indica a Estados Unidos que no apoyaría a Guatemala, y que la diplomacia egipcia sugiere a la norteamericana ser mucho más “sútil” con el apoyo solicitado (ver cable Wikileaks). En un cable de julio del 2006, España garantiza a Estados Unidos que sí votaría por Guatemala (ver cable Wikileaks). En otro cable de septiembre del 2006, es el jefe de la diplomacia de Omán quién advierte de la dificultad de votar por Guatemala para Omán (y para los Estados Miembros de la Liga Árabe) debido al apoyo irrestricto de Guatemala a las posiciones de Israel (ver cable Wikileaks). En otro cable de octubre del 2006, el Primer Ministro de Isla Mauricio hace ver a Estados Unidos su enojo por el tipo de presiones ejercidas para que apoye a Guatemala (ver cable Wikileaks). En un cable de octubre del 2006, a poco días de la votación, Túnez indica a Estados Unidos que ha enviado una instrucción a su delegado en Nueva York para que apoye la candidatura de Guatemala (ver cable Wikileaks): se lee que ” “Don’t believe anything you hear otherwise,” Atallah maintained, noting that in sending these instructions, the GOT (Government of Tunisia) had gone against the Arab League position“. Por su parte España en este mismo mes de octubre se muestra decidida a hacer valer su influencia para garantizar la elección de Guatemala (ver cable Wikileaks).

     Es de notar que, en el caso específico de Costa Rica, en un cable de marzo del 2006, es el mismo jefe de la diplomacia de Costa Rica, el Canciller Enrique Tovar, quién, además de garantizar que apoyará a Guatemala, invita a los representantes de Estados Unidos a mantener una posición de bajo perfil con respecto a su solicitud de apoyo a Guatemala (ver cable Wikileaks): “Comparing Guatemala’s campaign to Costa Rica’s successful bid for Secretary General of the OAS, Tovar remarked that it was important for the United States to maintain a low profile“. Una sugerencia igualmente externada por diplomáticos de Francia a sus homólogos norteamericanos en una reunión del mismo mes, al precisar que su interlocutora en París “advised the U.S. against lobbying other Central and South American countries too “brutally” on behalf of Guatemala, judging that this could be counterproductive” (ver cable Wikileaks).

    Venezuela en el 2014: un hecho significativo

    Más allá de la discusión generada entre simpatizantes y detractores de Venezuela en distintos círculos políticos y académicos, la elección de Venezuela al Consejo de Seguridad el pasado 16 de octubre evidencia algunas tendencias. En lo que concierne el número de votos obtenidos (que supera ampliamente los 129 votos mínimos requeridos equivalentes a las 2/3 partes de la Asamblea General), hay varios factores a los que posiblemente apuntarán los analistas: al creciente aislamiento de Estados Unidos en América Latina y en el resto del mundo, y a las palpables negligencias (y falencias) de su aparato diplomático con relación al hemisferio americano (Nota 2), hay que añadir los esfuerzos de una cada vez más aguerrida diplomacia venezolana para contrarrestar las campañas llevadas en su contra. Adicionalmente, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) creada en el 2011 (y que tiene como objetivo coordinar los esfuerzos de América Latina y del Caribe en los foros multilaterales) puede a partir de ahora preciarse de haber logrado cohesionar los esfuerzos de toda la región. Adicionalmente a ello, la contundente reacción de varios Estados de América Latina ante las exacciones cometidas recientemente por Israel en la franja de Gaza puede haber generado simpatía en varias latitudes del planeta (Nota 3). Haciendo a un lado el delicado contexto político en el que Venezuela y sus aliados debieron desplegar sus esfuerzos, el número en sí (181 votos a favor) es similar al de otros ejercicios realizados. Por ejemplo, el 16 de octubre del 2007 y luego de tres rondas frente a República Dominicana (116 votos Costa Rica y 72 votos República Dominicana obtenidos en la primera ronda), Costa Rica fue electa para el período 2008/2009 con 179 votos a favor (ver nota de prensa de Naciones Unidas) luego de retirarse de la contienda República Dominicana (Nota 4).

    El caso de España:

    Por su parte, para ocupar la vacante del bloque europeo dejada por Luxemburgo a partir del 31 de diciembre del 2014, España logró ser electa como Miembro no permanente del Consejo de Seguridad frente a las pretensiones de Turquía, obteniendo, luego de una reñida contienda (que obligó a una tercera ronda de votaciones) 132 votos favorables (ver nota) contra 60 votos obtenidos por Turquía. Los 3 votos adicionales al mínimo de 129 votos requeridos evidencian de manera palpable las dificultades actuales de la diplomacia española (en septiembre del 2002 para el período 2003/2004, en condiciones distintas, España reunió 180 votos a su favor según se puede leer en nota de prensa). España fue Miembro del Consejo de Seguridad en cuatro ocasiones anteriores al 2014: 1969/1970, 1981/1982, 1993/1994 y 2003/2004. Consciente del desgaste que significa una contienda de esta naturaleza para las relaciones entre España y Turquía y la consecuente “caza de votos”, las primeras declaraciones (ver texto) dadas por el jefe de la diplomacia española (presente en Nueva York durante la votación) inician de la siguiente manera: “En primer lugar, quisiera mandar un mensaje de afecto a Turquía. Ninguno de los dos países que competían directamente con España por un puesto no permanente en el Consejo de Seguridad nos lo ha puesto fácil. Turquía sabe que, desde este momento y como ha venido siendo hasta ahora, puede estar segura de contar con la colaboración leal y constructiva de España“.

    Conclusión:

    A partir del 1ero de enero del 2015, además de los cinco Miembros Permanentes del Consejo de Seguridad (China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia), y de los cinco Miembros no permanentes electos el pasado 16 de octubre (Angola, España, Malasia, Nueva Zelanda y Venezuela), el Consejo de Seguridad sesionará con los cinco Miembros restantes no permanentes cuyos mandatos expiran a finales del 2015 (a saber Chad, Chile, Jordania, Lituania y Nigeria). Es de notar que la ubicación de las delegaciones de los Miembros del Consejo de Seguridad siguen el orden alfabético de los Estados según su denominación en inglés: desde esta perspectiva, es muy probable que un espacio atraiga más la atención de la cámaras a partir del 2015 en la mesa oval del máximo órgano de Naciones Unidas, al coincidir el lado izquierdo del delegado de Estados Unidos con el lado derecho del delegado de Venezuela.

    Nota 1: Véase NDIAYE B., “L´incapacité temporaire de l´Assemblée Générale à élire le dixième membre non permanent du Conseil de Sécurité », in Annuaire Francais de Droit International, 1980 (Vol. XXVI), pp.482-502, p. 482 (en la Nota 2 el autor refiere a lo plasmado en el acta A/34/PV 15 del 29 de diciembre de1979 por parte del representante de Costa Rica, Rodolfo Piza Escalante). Artículo disponible aquí.

    Nota 2: Tuvimos la oportunidad de analizar brevemente dos votaciones en el seno de la misma OEA en las cuales Estados Unidos y Canadá en un caso (vuelo de Evo Morales), Estados Unidos, Canadá y Panamá en otro (intento de Panamá de establecer un mecanismo de monitoreo sobre la situación en Venezuela) resultaron completamente aislados en el hemisferio americano. En el primer caso, Estados Unidos y Canadá innovaron en materia de consenso: véase nuestro artículo: “OEA y vuelo presidencial: una innovación” publicado en La Nación el 16/07/2013 y disponible aquí. Sobre el segundo caso, véase nuestra breve nota, “La crisis diplomática entre Venezuela y Panamá: un breve balance”, publicado en TribuGlobal el 12/03/2014, y disponible aquí.

    Nota 3: Remitimos al lector a un breve análisis sobre este preciso punto: BOEGLIN N., “Reacciones en América latina a la operación “Margen Protector” del ejército israelí en la franja de Gaza”, Reportes del CEMOAN, Agosto del 2014, Disponible aquí.

    Nota 4: Para Bruno Stagno, Ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica en el período 2006-2010, “El resultado de la votación en la Asamblea General me generó una profunda satisfacción personal: no solo integraríamos el órganos más influyente del Sistema de Naciones Unidas, sino que además habíamos alcanzado el mejor resultado en votos absolutos y relativos de todas las candidaturas de Costa Rica para el Consejo de Seguridad. En efecto, a pesar de algunas circunstancias adversas, habíamos alcanzado 116 votos en la primera ronda, y aventajado a nuestro contrincante en 44 votos. Pero además, me trajo una enorme tranquilidad, dado que algunos adversarios deseaban y vaticinaban una derrota con el fin de asestarme un golpe personal”. Véase STAGNO UGARTE B., Los caminos menos transitados. La administración Arias Sánchez y la redefinición de la política exterior de Costa Rica 2006-2010, Heredia, Editorial UNA (EUNA), 2013, p.141.

    Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)

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    Asamblea General elige a Angola, España, Malasia, Nueva Zelanda y Venezuela para el Consejo de Seguridad

    Asamblea General elige a Angola, España, Malasia, Nueva Zelanda y Venezuela para el Consejo de Seguridad

    Asamblea General elige a Angola, España, Malasia, Nueva Zelanda y Venezuela para el Consejo de Seguridad16 de octubre, 2014 — La Asamblea General de la ONU eligió hoy en primera vuelta a Angola, Malasia, Nueva Zelanda y Venezuela como miembros no permanentes del Consejo de Seguridad para el bienio 2015-2016, tras obtener más de dos tercios de los votos de los Estados Miembros.

    Por el grupo de Europa Occidental y otros Estados, España y Turquía no alcanzaron los dos tercios requeridos y continuaron la puja hasta una tercera ronda en la que Madrid superó a Ankara 132 votos por 60.

    Por el Grupo de América Latina y Caribe, Venezuela ocupará su escaño el 1 de enero de 2015 sustituyendo a Argentina y hará compañía a Chile por la región.

    Esta es la quinta oportunidad que Caracas obtiene un mandato en el Consejo. Anteriormente lo hizo en los bienios 1962–1963, 1977–1978, 1986–1987 y 1992–1993.

     

    [via Centro de Noticias]

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    Quiénes son los kurdos y por qué todavía no tienen un Estado

    Quiénes son los kurdos y por qué todavía no tienen un Estado

    Quiénes son los kurdos y por qué todavía no tienen un EstadoSon la minoría étnica más importante de todo el Medio Oriente; más de 30 millones de personas –según los cálculos más conservadores– repartidas en un territorio que hoy se dividen Turquía, Siria, Irak e Irán.

    Unidos por una lengua propia y una cultura milenaria, el pueblo kurdo nunca ha dejado de soñar con un Kurdistán independiente.

    Y algunos creen que la amenaza del grupo autodenominado Estado Islámico podría contribuir a hacer ese sueño realidad.

    Por un lado los kurdos se han erigido en una de las más importantes líneas de defensa contra los avances de los yihadistas en el norte de Irak y Siria, obligando a Occidente a reconocerlos como aliados clave en la batalla contra EI.

    Y también han aprovechado el debilitamiento de los gobiernos de Bagdad y Damasco para expandir el territorio controlado por las autoridades del Kurdistán iraquí y ganar mayor protagonismo en Siria, donde aspiran a obtener un nivel de autonomía similar al que ya tienen en Irak.

    Aunque la reticencia de Turquía a involucrarse directamente en la defensa de Kobane también da una idea de las fuerzas que a lo largo de la historia han evitado la unificación e independencia de la nación kurda.

    Unas fuerzas que siguen vigentes en la actualidad.

    Ajedrez de siglos

    En la esta estratégica ciudad siria de Kobane, ubicada al sur de la frontera turca, un puñado de milicianos kurdos apenas ha logrado resistir a los embates de EI, en buena medida gracias al apoyo de los bombardeos de la coalición occidental.

    “Los kurdos de Turquía, sin embargo, están furiosos con las tropas turcas que les impiden cruzar la frontera para pelear al lado de las milicias kurdas en Siria, el YPG”, cuenta el corresponsal de la BBC en Turquía, Mark Lowen.

    “Creen que a Turquía le alegraría ver caer a Kobane si eso también significa el fin de las esperanzas kurdas para una entidad autónoma en Siria”, explica.

    Y ese sólo es un ejemplo del complicado ajedrez político que lleva décadas -cuando no siglos- evitando la existencia de un Kurdistán independiente.

    Esa posibilidad tomó especial fuerza luego de la conclusión de la Primera Guerra Mundial.

    Historia milenaria

    La historia del pueblo kurdo, sin embargo, empieza mucho antes.

    En el año 612 a.C., según los historiadores que consideran a los kurdos descendientes directos de los medos, el imperio que dominó la zona desde esa fecha hasta su anexión por el imperio persa en 6 a.C.

    Y durante las posteriores invasiones árabes-musulmanas los kurdos terminarían convirtiéndose al islam, pero sin perder su lengua e identidad distintiva y a pesar de estar divididos en numerosos principados.

    Esos principados kurdos se los disputaron por mucho tiempo el Imperio otomano y el persa, que tenían sus capitales en lo que hoy son Turquía e Irán.

    Y, en esa pugna, los kurdos terminarían alineándose con el Imperio Otomano por razones religiosas y a cambio de una importante dosis de autonomía que sólo empezaría a ser cuestionada a inicios del siglo XIX.

    Esa es una de las razones por las que con el desmembramiento del imperio turco, al final de la Primera Guerra Mundial, algunos kurdos -no todos- empujarían con fuerza la idea de un Kurdistán independiente.

    Y la idea sería incluso recomendada por el Tratado de Sèvres, que certificó la rendición del Imperio otomano en 1920.

    Kobane, uno de los bastiones contra el avance del Estado Islámico.

    La reticencia de Turquía a apoyar a los kurdos en Kobane es un ejemplo de las fuerzas que no han permitido un Kurdistán independiente.

    Un conjunto de factores, sin embargo, terminarían haciéndola impracticable.

    Por un lado, los sectores más conservadores de la sociedad kurda, más interesados en la protección de su religión que en un incierto proyecto nacionalista, no veían con buenos ojos la separación de la naciente Turquía, que prometía un Estado islámico de turcos y kurdos y terminó quedándose con la mayor parte del Kurdistán.

    Y las potencias occidentales también redibujarían las fronteras para darle partes del territorio habitado por los kurdos a sus protegidos: Siria, en el caso de los franceses, e Irak, para la que Reino Unido reclamó la rica zona petrolera de Mosul.

    “Los aliados dibujaron las fronteras en función de sus intereses”, explica Murat Nisancioglu, del servicio turco de la BBC.

    “Y ya luego los proyectos nacionalistas a lo interno de los nuevos países, como Turquía, hicieron todo lo posible por aplastar cualquier oposición”, agregó.

    Luchando por la independencia

    Movimientos independentistas kurdos surgirían luego, inevitablemente, en Turquía, Siria, Irak e Irán.

    Pero nunca conseguirían el apoyo real de Occidente, más preocupado por lo que las pretensiones kurdas podía significar para la estabilidad regional.

    Y la orientación comunista del PKK -el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, la principal fuerza independentista kurda en Turquía, considerada una organización terrorista por el gobierno de Ankara y sus amigos occidentales- tampoco le ayudaría a los nacionalistas kurdos a granjearse la simpatía de EE.UU. y sus principales aliados.

    En la actualidad, Turquía está inmersa en un proceso de paz con el PKK marcado por un acuerdo de cese del fuego alanzado en marzo de 2013, el que muchos esperan represente el final de una lucha armada que inició en 1984 y ha causado más de 40.000 muertos.

    Pero el objetivo declarado no es independencia, sino autonomía.

    Y el máximo líder el PKK -Abdullah Ocalan, en la cárcel desde 1999- ya advirtió que si Turquía deja que Kobane caiga en manos de Estado Islámico, las conversaciones llegarán a su fin.

    En ese contexto, las cada vez más fuertes protestas de los kurdos en Turquía y los recientes ataques del ejército turco en contra de posiciones del PKK -los primeros en dos años- no auguran nada bueno para las negocaciones en Turquía.

    Mientras en Irak y Siria el cada vez mayor protagonismo de los kurdos, y las menciones cada vez más frecuentes a la posibilidad de su independencia, también ha generado nerviosismo entre las poblaciones no kurdas con las que comparten algunas áreas y ciudades.

    Porque la posibilidad de un Kurdistán independiente está de nuevo en el tapete, con más fuerza que nunca.

    Aunque está por verse si esta vez las fuerzas se alinearán del lado de los kurdos, por primera vez.

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    ¿Por qué Turquía se resiste a intervenir frente a Estado Islámico?.

     

    [via El Mundo - lanacion.com]
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    Ban condena la ampliación de las colonias isralíes en Cisjordania

    Ban condena la ampliación de las colonias isralíes en Cisjordania

    Ban condena la ampliación de las colonias isralíes en CisjordaniaEl secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, condenó el lunes “con firmeza” la construcción de nuevas viviendas para judíos en los territorios palestinos ocupados por Israel y la describió como “una clara violación del derecho internacional”. En la primera de dos jornadas que pasará de visita en la zona, el jefe de la ONU criticó, además, las “provocaciones en los santos lugares de Jerusalén”. El parlamentario derechista israelí Moshé Feiglin había obtenido unas horas antes el permiso policial para visitar la Explanada de las Mezquitas en la ciudad santa con motivo de una festividad religiosa judía. La policía israelí se enfrentó a un grupo de palestinos que, según informaciones oficiales, se disponían a protestar por el paseo del derechista judío al lugar más sagrado para los musulmanes en Jerusalén. En 2000, el entonces primer ministro israelí Ariel Sharon, miembro como Feiglin del partido Likud, visitó la explanada en medio de protestas que se recuerdan como uno de las detonantes de la segunda Intifada.

     Durante una rueda de prensa en la sede de la Autoridad Palestina en Ramala (Cisjordania) junto al primer ministro palestino, Rami Hamdalá, Ban Ki-moon conminó a israelíes y palestinos a que retornen a la mesa de negociación para encontrar un acuerdo de paz duradero. Ban visitará Gaza el martes por primera vez desde 2012, seis semanas después de que terminara la operación militar israelí en la que este verano murieron más de 2.100 gazatíes. El domingo había asistido a la conferencia de donantes de El Cairo, donde decenas de países comprometieron más de 4.000 millones de euros para los palestinos, de los cuales la mitad deberán destinarse a la reconstrucción del castigado enclave palestino.

     Tras reunirse con Hamdalá en Cisjordania, Ban repitió sus críticas ante el primer ministro israelí, el derechista Benjamín Netanyahu, con quien se reunió en Jerusalén. Aseguró que las “provocaciones” en los lugares religiosos deben “parar, porque sólo inflaman las tensiones”. En cuanto a la construcción de viviendas en los asentamientos judíos, Ban dijo que “tras este verano complicado para israelíes y palestinos, ambas partes deberían esforzarse” por restaurar “la confianza”.

     En tono inusualmente duro, Ban dijo que edificar en tierras palestinas ocupadas tras la guerra de 1967 “envía señales erróneas”. Pidió el coreano a Netanyahu que “dé marcha atrás en las actividades” de construcción. La Unión Europea y Estados Unidos también criticaron las nuevas viviendas israelíes al este de Jerusalén. Israel anunció recientemente que quiere edificar 2.600 alojamientos en la zona ocupada. Supondrán un enésimo obstáculo para la aspiración palestina de convertir el este de la ciudad en la capital de su pretendido Estado independiente. Israel anexionó Jerusalén este a la parte occidental de la ciudad, pero la comunidad internacional sigue considerando el Este como un territorio ocupado.

     Netanyahu acusó a Naciones Unidas de haber colaborado con el brazo armado de Hamás durante la operación militar israelí en Gaza este verano. Según dijo, algunos empleados del organismo internacional entregaron a los milicianos islamistas el armamento que encontraron oculto en instalaciones de la ONU. Ban no respondió a estas acusaciones, pero el director de la Oficina de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), Pierre Krahenbuhl, las rechazó “categóricamente”. Las bombas israelíes causaron dos matanzas dentro de sendos colegios de Gaza que Naciones Unidas habilitó como refugios para los cientos de miles de gazatíes desplazados por la operación militar de julio. Un tercer ataque israelí ante la puerta de otro colegio mató a varios niños a primeros de agosto. La operación terminó hace algo más de seis semanas con un alto el fuego.

     

     

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    España encara la “difícil” votación al Consejo de Seguridad

    España encara la “difícil” votación al Consejo de Seguridad

    España encara la “difícil” votación al Consejo de SeguridadLa representación española ante Naciones Unidas apura entre “esperanzada y nerviosa” las horas previas a la “complicada y difícil” votación del jueves para elegir a los cinco miembros no permanentes del Consejo de Seguridad para el bienio 2015-2016. Con esos adjetivos definió el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, durante una recepción el lunes en Nueva York con motivo del Día de la Hispanidad, las sensaciones del Gobierno en la recta final de una campaña iniciada en 2005 para lograr que España, por quinta vez en su historia, se siente en dicho órgano de Naciones Unidas y “esté presente en el diseño del orden mundial, que sufrirá una conmoción en los próximos años”.

     Margallo y el resto de la delegación española mantendrán hasta el jueves un centenar de encuentros bilaterales en Manhattan para amarrar los votos necesarios para conseguir uno de los dos asientos en disputa con Turquía y Nueva Zelanda. Durante la recepción en Nueva York, el ministro y todo su equipo se mostraron precavidos ante lo incierto de la votación. “No está siendo fácil. Cada candidato presenta unas credenciales muy sólidas. Llegados a este momento se pierde la perspectiva de dónde estás, cómo estás y cuál puede ser el resultado. Pero el trabajo ha sido espléndido. Ha participado el Rey, el presidente del Gobierno, la oposición, los funcionarios… Ha sido un esfuerzo gigantesco, un ejercicioespléndido de patriotismo”, declaró.

     Sobre las fortalezas de la candidatura española, el ministro destacó el espíritu de servicio a la comunidad internacional y la capacidad de interlocución entre Europa, el Mediterráneo, África y América Latina. “Hemos sido muy honestos con Naciones Unidas. Hemos participado, con 130.000 hombres y mujeres, en muchas operaciones de paz. Hemos tratado de ayudar en la prevención de conflictos. Y no tenemos ningún conflicto con ninguno de los 193 países que forman la comunidad internacional”.

     Al ser interrogado por Gibraltar, Margallo afirmó que se trata de problema “acotado que no debería entorpecer nuestras aspiraciones”. Sobre El Peñón, dijo el responsable de Exteriores, España y Reino Unido mantienen posiciones firmes. “De hecho”, explicó, “vamos a presentar una resolución en Naciones Unidas muy inspirada en las líneas anteriores. Y en el ámbito interno, estamos pidiendo que se aplique la legislación comunitaria en materia de fiscalidad, medio ambiente, blanqueo de dinero, etcétera. Pero es un problema circunscrito a sus límites estrictos. Las relaciones con el Reino Unido son excelentes”

     España ha formado parte del órgano decisorio de Naciones Unidas cada diez años (la última vez en 2003-04). No lograrlo de nuevo sería un contratiempo. Por ello, el discurso comedido del político español está más que justificado. La diplomacia española se ha volcado en las últimas semanas en conseguir el voto de lo países africanos, en la confianza de que Europa, Latinoamérica y el Caribe están asegurados. Asia y el Pacífico han sido otras regiones muy trabajadas. De todo ello deberían resultar unos 150 apoyos, más que suficientes para logar el asiento (se necesitan al menos 129, dos tercios del total de 193 países de la Asamblea General), pero la experiencia demuestra que, dado que el voto es secreto, conviene restar hasta un 30% de las adhesiones prometidas.

     Brasil es uno de los países que no votará a España. Está por ver qué efecto puede tener entre los poderosos países emergentes como India, China, Rusia o Sudáfrica, que creen que Europa está representada en exceso en el Consejo de Seguridad. Las razones del alejamiento con Brasil son varias. Los dos países tienen ideas distintas sobre dicho órgano. La potencia suramericana quiere un puesto fijo, y España defiende las rotaciones de los países no permanentes. Madrid y Brasilia también han tenido roces en foros como la FAO (el exministro de Exteriores Miguel Ángel Moratinos compitió sin éxito con el brasileño José Graziano por la dirección general) o la Organización Mundial de Comercio (España no apoyó a su director, el también brasileño Roberto Azevedo).

     Dentro de la UE, la única duda es Reino Unido. Pese a que España ha encapsulado el contencioso de Gibraltar, es probable que Londres apoye a un país de la Commonwealth como Nueva Zelanda. Precisamente, Murray McCully, ministro de Exteriores de Nueva Zelanda, acudió el lunes por la noche a la recepción española. “Ha sido una campaña muy competitiva. Ha habido rivalidad, pero amistosa, con buen espíritu”, señaló.

     Sus palabras no fueron tan amables con Turquía. “Estamos decepcionados porque se presentara tan pronto, tras abandonar el Consejo de Seguridad en 2010. Pero está en su derecho y lo respetamos. Nos inclinamos ligeramente hacia España por nuestra relación en la campaña”. Para el representante neozelandés, la fuerza de España está en el “apoyo de Europa y su relación histórica con América Latina y el Caribe”. Sobre sus propias bazas, matizó: “Hemos tenido muy buena respuesta de los vecinos del Pacífico y Asia. Pero para un puesto así, debes tener un atractivo global. Hemos hecho todo lo posible”. McCully bromeó como despedida: “El jueves, tras la votación, decidiré si puedo volver a casa o no”.

     El Consejo de Seguridad está compuesto por 15 miembros, cinco de ellos permanentes (EE UU, Rusia, China, Francia y Reino Unido) y diez no permanentes, elegidos para dos años. Cada año, la Asamblea General elige a cinco miembros no permanentes. Los Estados se dividen entre cinco grupos: África, Asia, América Latina y Caribe, Europa Oriental y Europa Occidental y otros Estados. España se integra en este último grupo. El jueves, cada país introducirá en la urna una papeleta con el país que propone para cada vacante. Para ser elegido se requiere el voto de dos tercios de los presentes y votantes (129 si votan los 193 Estados miembros). Si ningún contendiente obtiene la mayoría requerida, se seguirá votando hasta que la consiga. En 2006 fueron necesarias 48 votaciones para ocupar los asientos.

     

     

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    TTIP: el tratado de la discordia

    TTIP: el tratado de la discordia

    TTIP: el tratado de la discordia¿Qué es el TTIP? La respuesta, como ocurre con frecuencia, depende de a quién se formule la pregunta. Para sus defensores, la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (conocida por sus siglas en inglés) es una oportunidad única para generar crecimiento a ambos lados del Atlántico. Para sus detractores, el tratado de libre comercio es un pretexto para socavar la soberanía de los Estados firmantes en beneficio de un puñado de magnates y multinacionales.

     El tratado, que el 14 de octubre será sometido a una revisión informal en Roma, crearía el mayor bloque comercial del mundo. Como han señalado Uri Dadush, Peter Sparding, y Karel de Gucht en las páginas de Política Exterior, el volumen de comercio entre ambas orillas del Atlántico norte es inmenso (Europa invierte en Estados Unidos ocho veces más que India y China juntas). Es por eso que, a pesar de contar ya con aranceles mínimos –de en torno al 3%–, la aprobación del tratado generaría unos márgenes de beneficio considerables. De Gucht, antiguo comisario europeo de Comercio que se cuenta entre los defensores del proyecto, estima que generaría un crecimiento de entre el 0,5 y el 1% del PIB europeo.

     El TTIP, que se negocia en paralelo a un acuerdo similar con Canadá (CETA, firmado el 26 de septiembre) también podría integrar en el futuro a otros países. En palabras de Ana Palacio, las negociaciones deberían crear “la base para una zona de libre comercio en toda la cuenca atlántica, de la que también podrían ser miembros países africanos y latinoamericanos”.

     La oposición al tratado, a pesar de sus aparentes ventajas, es considerable. El punto más problemático es sin duda la Resolución de Conflictos entre Inversores y Estados (RCIE), un mecanismo según el cual una multinacional extranjera podría litigar la legislación de un país como España de igual a igual. Owen Jones y George Monbiot, dos de los principales críticos del acuerdo, señalan el precedente de Australia y Hong Kong. Tras firmar un acuerdo con cláusulas similares en 1993, el gobierno australiano se vio demandado por Philip Morris cuando intentó modificar la apariencia de las cajetillas de tabaco para concienciar a fumadores.

     La oposición a la RCIE no es marginal. Cecilia Malmstrom, futura comisaria de Comercio, ya ha expresado dudas sobre el futuro de estas cláusulas. El socialdemócrata Sigmar Gabriel, vicecanciller y ministro de Economía alemán,  ha opinado que el tratado no podrá firmarse mientras se mantengan en pie. Menos críticos se han mostrado el primer ministro británico, David Cameron, y el euroescéptico Nigel Farage. Su silencio ante semejante transferencia de soberanía no deja de ser irónico, en vista de ambos han invertido gran parte de 2014 rasgándose las vestiduras sobre la amenaza existencial que presenta Bruselas para la autonomía del Reino Unido.

     La RCIE no es el único escollo en las negociaciones. Francia ya ha solicitado, y logrado obtener, un trato excepcional para los servicios culturales –principalmente su industria cinematográfica–, que quedarán fuera del tratado para no verse amenazados por la competencia americana. La Política Agraria Común (PAC) de la UE supone una traba considerable para la apertura del sector agrícola, al igual que el sector algodonero estadounidense. Airbus y Boeing se encuentran permanentemente enzarzados en una disputa sobre quién recibe más subsidios públicos. La liberalización de la contratación pública continúa siendo objeto de debate. La posible proliferación de frutas y verduras transgénicas en un mercado de alimentos desregulados aterra a los ecologistas europeos. El 12 de octubre, manifestantes contrarios al tratado desfilaron por las capitales de la UE.

     En su versión actual, el TTIP generará oposición. Es por eso que se está negociando con una discreción que roza el secretismo. La Electronic Frontier Foundation, una organización sin ánimo de lucro que vigila los derechos de libertad de expresión, ya ha denunciado que el proceso se está negociando bajo unas cuotas mínimas de transparencia y el auspicio de unas pocas corporaciones. De los 130 asistentes convocados por la Comisión europea para discutir las ventajas del tratado, 119 pertenecían a grandes multinacionales.

     Aunque la UE ha empezado a publicar documentos oficiales sobre las negociaciones, la transparencia del proceso aún deja que desear. Si desean que su proyecto convenza, los gobernantes europeos y estadounidenses necesitan hacer un esfuerzo de comunicación mayor que el actual –un esfuerzo que posiblemente les obligue a modificar la versión actual del TTIP.

     

     

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Primera Conferencia Interamericana de Educación Económica y Comercial. La Habana, 24-28 de Diciembre, 1940

Celebrada bajo los auspicios de la World Federation of Education Associations. Países representados: Veinte países americanos (entre dios, el Canadá) colaboraron en la susodicha Conferencia, mandando delegados o disertaciones a La Habana, o contribuyendo a la empresa de ambos modos.

Fueron designados seis comités de coordinación, encargados respectivamente de presentar para la consideración del comité sobre resoluciones, sus recomendaciones específicas y de carácter técnico sobre las materias siguientes: adaptación social de individuos a los cambios efectuados en el campo socio-económico en América; mejoramiento de los cursos, métodos, etc., de enseñanza comercial y económica destinada para los que deseaban ser profesores de tales materias; enseñanza y práctica de teneduría de libros, contabilidad, etc.; geografía; economía doméstica; los niños excepcionales y talentosos. La Conferencia aprobó un gran número de resoluciones, relativas a muchos temas diversos.

Obra a consultar: “First Inter-American Conference on Economic and Commercial Educa tion,” por Lydia Brown, Bulletin of the Pan American Union, Vol. LXXV (194O. Pág290).

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Costa Rica ratifica Protocolo Facultativo al Pacto DESC de Naciones Unidas por Nicolas Boeglin

Protocolo Facultativo al Pacto DESCCosta Rica ratifica Protocolo Facultativo al Pacto DESC de Naciones Unidas

Nicolas Boeglin (*)

El pasado 23 de septiembre, Costa Rica procedió a depositar ante la Secretaría de las Naciones Unidas en Nueva York el instrumento de ratificación del Protocolo Facultativo al Pacto de Naciones Unidas sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) convirtiéndose en el Estado Parte número 16 (ver  estado oficial  de firmas y ratificaciones del Protocolo).

Este instrumento internacional elaborado en el 2008 (ver texto completo ) viene a completar un texto adoptado en 1966 y que entró en vigor en 1976 (ver texto completo del PIDESC). La iniciativa de elaborar un Protocolo Facultativo al PIDESC fue objeto de duras negociaciones en el seno de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el marco de un grupo de trabajo constituido en el 2003. Con este texto adicional, abierto a la firma y ratificación de los Estados que son parte al PIDESC, se permite que el Comité DESC pueda recibir y examinar comunicaciones individuales relativas a las violaciones del PIDESC por parte de un Estado Parte (de la misma manera que lo puede hacer otro órganos de supervisión internacional como el Comité de Derechos Humanos con relación a violaciones al Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) desde 1976). Sin este Protocolo Facultativo, la labor del Comité DESC (órgano que no se creó en el Pacto internacional de 1966, sino mediante una resolución del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas en 1985) se limitaría a revisar los informes periódicos que le remiten los Estados sobre el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el PIDESC y a hacerles recomendaciones. A la fecha son parte al PIDESC 162 Estados según registro oficial de Naciones Unidas. De manera a hacerse una idea del tipo informes revisados por el Comité DESC, remitimos al lector al último informe presentado por parte de Costa Rica en el año 2006 (E/C.12/CRI/4, del 22 de junio de 2006) y disponible aquí.

Un anhelo antiguo de la sociedad civil:

Este Protocolo Facultativo al PIDESC no es un instrumento cualquiera: viene a saldar una deuda histórica de la comunidad internacional con los derechos económicos, sociales y culturales, colocados por parte de los Estados occidentales y por parte de un sector de la doctrina a partir de los años 60-70 como “derechos de segunda generación”. Haciéndose eco a las posiciones de uno de los dos bloques ideológicos antagónicos durante la denominada “Guerra Fría”, esta doctrina considera que esos derechos no pueden ser considerados como equivalentes a los derechos civiles y políticos, llamados a ser los de “primera generación” y perfectamente exigibles y justiciables. Los de la “segunda generación”, en cambio, no cuentan, según esta doctrina, con esta característica. Si bien ambos Pactos internacionales (PIDESC y PIDCP) fueron aprobados el mismo año de 1966, las diferencias son notables: el texto del PIDESC establece que serán los mismos representantes de Estados (en el seno del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas) los que revisarán los informes de los Estados Partes al PIDESC de 1966. Ello mientras que el PIDCP (Parte IV, artículos 28-45) crea un Comité de expertos independientes para hacerlo, el Comité de Derechos Humanos, al que se le faculta, en un Protocolo Facultativo, el examen de comunicaciones presentadas por individuos. Leemos en una entrevista a la Presidenta del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas encargado de elaborar el Protocolo Facultativo al PIDSEC, Catarina Albuquerque (Portugal) que: “A l’origine, je pense que cela avait un sens pédagogique dans une perspective d’enseignement. Le problème est que cette distinction a été interprétée, « appropriée », de façon dangereuse. On a l’impression que les droits de la première génération sont les droits vraiment essentiels – fondamentaux ! – et puis les autres, ceux de la deuxième génération, ne seraient qu’accessoires. Et c’est ce qui s’est malheureusement passé. Quand on regarde l’histoire onusienne, les DESC ont été traités, lors des premières décennies, comme les parents pauvres des droits fondamentaux tandis que les DCP ont bénéficié d’un protocole facultatif qui a créé un mécanisme de plaintes accompagné d’un Comité indépendant en charge des plaintes mais également des rapports périodiques des Etats. Pour les DESC, ni système de plaintes, ni Comité, c’était un groupe de travail interétatique qui examinait les rapports des Etats ».

Las limitaciones del sistema interamericano de protección de los derechos humanos:

La Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) adoptada en 1969, es decir 3 años después de los dos Pactos de Naciones Unidas (y más conocida como Pactó de San José) se inscribe en esta misma óptica discriminatoria entre derechos: leemos en un estudio de uno de los actuales jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el particular que: “En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los mismos no aparecen enumerados en el texto, si no que en lugar de ello, como se señaló anteriormente, los Estados se comprometen a adoptar providencias para lograr progresivamente su plena efectividad (Artículo 26)” (p.104). Esta concepción, consagrada jurídicamente en el texto de 1969, es muy similar a la que, por ejemplo, Estados Unidos defendió (sin ser parte a la PIDESC …) durante las negociaciones del Protocolo Facultativo 40 años después (finales de los años 2000): “The well-known position of the U.S. is that economic, social and cultural rights (unlike civil and political rights) are to be “progressively realized” and that the nature of economic, social and cultural rights in a legal sense is fundamentally different than civil and political rights” (cita extraída de cable Wikileaks del mes de octubre del 2008).

No obstante esta limitación, la adopción del Pacto de San José en 1969 debe considerarse como un logro diplomático si consideramos que fue suscrito por Estados con regímenes autoritarios en la época. Sustituidas en varias partes del continente las dictaduras militares a mediados de los años 80, se pensó entonces de nuevo en los DESC y en su protección por parte del sistema interamericano. En el año 1988, un texto adicional a la CADH, el Protocolo de San Salvador , según refiere el mismo juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su artículo “… logra llenar en alguna medida el vacío histórico dejado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con los derechos económicos, sociales y culturales” (p. 105). El calificar con “llenar en alguna medida el vacío” siendo siempre una ejercicio un tanto delicado, consideramos que es más bien el vacío el que se mantuvo, y en una medida bastante grande: el Artículo 19 del Protocolo de San Salvador de 1988 en su inciso 6 estipula que únicamente el derecho a los trabajadores a organizar sindicatos y el derecho a la educación podrán dar lugar a una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (e interesar posteriormente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos). Se trata de una restricción expresa consagrada jurídicamente y de un retroceso completo desde el punto de vista conceptual que ha limitado sustancialmente al sistema interamericano desde entonces para que los individuos o las comunidades puedan hacer valer el respeto a los derechos económicos, sociales y culturales enunciados en 1988.

La reafirmación de los DESC ante el fin de la Guerra Fría:

Volviendo al ámbito universal, este tratamiento discriminatorio entre los derechos de seres humanos logró ser en parte subsanado con la Declaración de Viena de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos adoptada unos años después del fin de la denominada “Guerra Fría”. En esta Declaración realizada el 25 de junio de 1993 en la ciudad de Viena, los Estados miembros de la Naciones Unidas proclamaron por vez primera en la historia, el carácter indivisible e interdependiente de todos los derechos humanos entre sí, superando la (falsa) dicotomía consagrada jurídicamente en 1966 en el marco de las mismas Naciones Unidas entre los llamados derechos civiles y políticos y los denominados derechos económicos, sociales y culturales. El punto 5 de la Declaración de Viena de 1993 establece que: “5. Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso /…/ los Estados tienen el deber, sean cuales fueren sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales”. El fin de la Guerra Fría y el riesgo de que los DESC quedaran huérfanos tampoco escapo a Portugal. Leemos en la misma entrevista antes mencionada a Catarina Albuquerque que: “Depuis les années quatre-vingt dix, le Portugal – pays d’où je viens – était l’auteur d’une résolution annuelle relative à la réalisation des DESC. Le Portugal avait compris qu’avec la chute du mur de Berlin, ces droits allaient rester orphelins : il n’y avait plus personne pour soutenir les DESC puisque les pays socialistes n’étaient plus socialistes. C’est la résolution de 2001 qui fut la bonne car elle donna lieu à des négociations que je présidais, lesquelles bénéficièrent d’une prise de conscience accrue suite à la conférence sur la justiciabilité des DESC organisée par le Haut commissariat aux droits de l’homme». Adicionalmente, se debe de indicar que las políticas económicas de los 90 influyeron negativamente en los DESC. En el caso de Argentina leemos una frase escrita en 1999 ( y que posiblemente recuerde la realidad de muchos Estados en la actualidad): “Las reformas económicas desarrolladas en este marco en la Argentina en la década del 90 provocaron un marcado retroceso en el grado de efectividad de los derechos económicos sociales y culturales y dieron lugar a la agudización de las desigualdades sociales con una creciente exclusión social” (véase estudio comparado entre Argentina, República Dominicana y Venezuela en IIDH, Los derechos económicos, sociales y culturales, un desafío impostergable, San José, IIDH/Mac Arthur Foundation, 1999, p. 173; el informe de Argentina preparado por un equipo de la prestigiosa ONG argentina CELS está disponible aquí ).

Un error conceptual ampliamente superado

En un extenso  artículo  de la profesora Rosa Riquelme Cortado (España), uno de los más completos sobre el tema en lengua española en nuestra modesta opinión, se lee que el Protocolo Facultativo al PIDESC intenta remediar el error conceptual (que apunta al supuesto carácter no justiciable de los DESC): ” … con la adopción de este Protocolo no sólo se ha dado un paso más, siempre inestimable, en la evolución progresiva de los mecanismos de control dispuestos para verificar el cumplimiento de los derechos humanos. El Protocolo del PIDESC ha constituido un hito histórico en la medida en que ha instituido en el sistema de tratados de Naciones Unidas el derecho de los particulares a denunciar la supuesta violación de una amplia categoría de derechos económicos, sociales y culturales, tradicionalmente considerados de segunda generación, corrigiendo así la discriminación con el régimen protector de su gemelo, el PIDCP“. Basta con revisar la extensa jurisprudencia de algunas jurisdicciones nacionales de América Latina (como la de la Sala Constitucional en Costa Rica por ejemplo) para convencerse de que los derechos laborales, el derecho a una vivienda digna, al seguro social, a la educación, a una pensión, el derecho al agua potable, a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, al saneamiento, a la salud, a una atención médica, entre muchos otros derechos, son derechos tan exigibles como justiciables.

En un artículo publicado por el entonces Director del Departamento de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México en el 2005, leemos que México también tenía clara la necesidad de consolidar sin más preludios los DESC y superar este escollo conceptual heredado de la Guerra Fría: “Para México, la distinción entre DESC y DCP es artificial y no se adecúa a la realidad de la naturaleza de ambos grupos de derechos” (p. 243) refiriendo el mismo autor a la “ignorancia” imperante en algunos países (p.246). En otro artículo publicado por una especialista sobre el tema, se lee que “cabe destacar el rol de liderazgo que jugó México en la segunda sesión del Grupo de Trabajo. El delegado del Gobierno de mexicano manifestó expresamente la necesidad de dar un paso adelante, y dejar la árida discusión teórica sobre el tema para empezar a trabajar en la elaboración de un borrador de Protocolo” (p. 268-269).

No obstante lo afirmado por el representante oficial de México en el año 2005, y la buena impresión causada ante observadores y especialistas, esperemos que el nuevo Director de Derechos Humanos, en consonancia con la postura oficial de México durante las negociaciones en Naciones Unidas (2003-2008), logre darle consistencia y congruencia a la posición defendida por su antecesor al cargo: a la fecha México, pese a algunos esfuerzos sostenidos de ONG mexicanas ni tan siquiera ha firmado el Protocolo Facultativo. En esta misma situación se encuentran en América Latina los siguientes Estados: Brasil, Colombia, Cuba, Haití, Honduras, Nicaragua, Perú, República Dominicana y Panamá.

La desavenencia de México no debe sorprender en la medida en que, desde el punto de vista conceptual, la antes mencionada doctrina sigue siendo muy presente en el mundo político (y en el mundo académico), con ecos persistentes en sectores económicos influyentes.

Un esfuerzo al que América Latina no es ajena:

Pese al vacío con el que funciona desde 1969 el sistema interamericano de protección de los derechos humanos y la justiciabilidad consagrada en 1988 en el Protocolo de San Salvador para únicamente dos derechos, los Estados de América Latina fueron los que apoyaron de manera más decidida la adopción del Protocolo Facultativo al Pacto DESC. Durante las arduas negociaciones que se realizaron en el seno del Grupo de Trabajo de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas entre el 2003 y el 2008 (ver recopilación oficial de actas de cada una de las sesiones de este Grupo de Trabajo), el GRULAC (Grupo de América Latina y del Caribe) fue el grupo regional que mayores esfuerzos hizo en pro de la aprobación de este texto. Mientras que los delegados de Australia, Canadá, Estados Unidos, Japón, Polonia y algunos otros Estados intentaron una y otra vez torpedear su elaboración. La presencia de Estados Unidos llama la atención al ser un Estado que ni siquiera es parte al PIDESC. Rusia por su parte batalló para que el derecho de los pueblos a la libre autodeterminación fuese excluido del ámbito de aplicación del futuro texto. Con relación a la primera sesión, leemos en un artículo de Catarina Albuquerque (p.138) que: “El informe del Grupo de Trabajo fue aprobado por consenso; sin embargo las recomendaciones finales que yo había hecho tuvieron la oposición de dos Estados; y entonces tuve que presentarlas en mi carácter personal, individualmente, a la Comisión de Derechos Humanos. La Comisión debatió esas recomendaciones y las aprobó. La resolución fue aprobada por cuarenta y ocho votos a favor, cero en contra y cinco abstenciones. Al menos no hubo votos en contra de la resolución, sino solamente abstenciones”. Los “dos Estados” a los que refiere de manera muy diplomática la experta portuguesa son Estados Unidos y Rusia, según indica la ONG suiza CETIM en su informe (p. 17). Mientras algunas delegaciones opuestas a la iniciativa invocaron un sinfín de razones para no empezar a redactar un texto, leemos que: “The GRULAC States expressed a desire to start drafting an OP-ICESCR, along with Azerbaijan, Belgium, Croatia, Finland, Italy, Iran, Portugal, Slovenia, Timor Leste and Turkey” (ver nota 47, p. 624 de artículo de Claire Mahon).

Remitimos al lector al resumen de debates en el que se menciona las posiciones defendidas por cada delegación en el seno del Grupo de Trabajo, publicado por esta ONG ginebrina que siguió de muy cerca las discusiones (disponible aquí ).

Rechazando propuestas para reducir el alcance del futuro texto a únicamente ciertos derechos del Pacto DESC y denunciando una y otra vez el carácter artificial de la división consagrada en 1966 por Naciones Unidas, los delegados de América Latina supieron constituir y articular un grupo al que se sumó Finlandia, Sudáfrica, entre otros, de “amigos del Protocolo Facultativo” en aras de consolidar el apoyo de otras delegaciones. Además de las posiciones de apoyo al texto por parte de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica,Cuba, Ecuador, México, Perú y Venezuela, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) con sede en Costa Rica elaboró un documento titulado “Protocolo Facultativo. Documento de trabajo. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, preparado por diversos especialistas de la región (documento disponible aquí ). Este documento fue distribuido en Ginebra durante la recta final de las negociaciones en el transcurso del año 2007. Según la entonces Presidenta del Grupo de Trabajo a cargo de la elaboración del Protocolo Facultativo, Catarina Albuquerque, este documento de trabajo tuvo una muy buena aceptación por parte de las delegaciones de América Latina pero también de otras latitudes.

Costa Rica y el Protocolo Facultativo al PIDESC:

El Protocolo Facultativo se aprobó por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre del 2008 (Resolución A/RES/63/117 adoptada sin necesidad de recurrir a un voto por el órgano plenario de Naciones Unidas). Leemos en los cables Wikileaks del requerimiento hecho por Estados Unidos en octubre del 2008 en aras de sustituir en el preámbulo del texto de dicha resolución a ser adoptada por la Asamblea General, la palabra “Welcoming” por “Noting” (ver cable del 6/10/2008). La consigna enviada a los delegados de Estados Unidos precisaba que :” If needed: If this change is not accepted, the U.S. may call for a vote on the resolution”. La gestión logró su cometido, ya que la palabra acordada en el primer párrafo del preámbulo dejó de ser “Welcoming” y se convirtió en “Taking note” (ver texto de la resolución aprobada): el detalle merece mención, ya que permite dar una idea del grado de susceptibilidad de uno de los principales opositores al Protocolo Facultativo y a los DESC en general.

El texto del Protocolo quedó abierto a la firma y a la ratificación a partir del 24 de septiembre del 2009. En Costa Rica, durante la administración del Presidente Oscar Arias Sánchez (2006-2010), caracterizada por una agenda en favor del libre comercio (y por la consecuente polarización de la sociedad costarricense a raíz del referéndum realizado en el 2007 para lograr la aprobación del tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos y Centroamérica), el texto del Protocolo Facultativo no pareció interesar mayormente a las autoridades de Costa Rica (como tampoco el 40 aniversario del Pacto de San José que en noviembre del 2009, fue “conmemorado” en una desoladora discreción). El texto del Protocolo al PIDESC fue firmado durante la administración siguiente de la Presidenta Laura Chinchilla (2010-2014), el 28 de abril del 2011. Semanas después, Costa Rica fue electa como miembro del Consejo de Derechos Humanos con Chile y Perú (ver nota del servicio de prensa de Naciones Unidas del 20 de mayo del 2011). No obstante esta firma y el reconocimiento internacional a la trayectoria de Costa Rica en materia de derechos humanos, durante 3 largos años el Protocolo Facultativo no pareció interesar mayormente a las bancadas del Congreso de Costa Rica ni al Poder Ejecutivo (muy ocupados en el período 2010-2014 en aprobar tratados de libre comercio con China, Corea del Sur, México, Perú, Singapur, así como un acuerdo de Asociación con la Unión Europea  y un tratado de libre comercio con los Estados no miembros de la Unión Europea, la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC o EFTA por sus siglas en inglés). Esta tendencia que consiste en hacer a un lado la agenda de los DESC cuando se opta decididamente por el libre comercio se verifica en parte nuevamente si consideramos que de los cuatro Estados que promueven en la actualidad denominada “Alianza del Pacífico”, ninguno ha ratificado el Protocolo, y solo uno (Chile) lo ha firmado.

Con relación a la aprobación del Protocolo Facultativo por parte de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, la ley 9249 ( texto completo ) se adoptó hace unos pocos meses (durante la actual legislatura) el 20 de mayo del 2014. El depósito oficial del instrumento de ratificación fue registrado por Naciones Unidas el pasado 23 de septiembre del 2014.

El Protocolo Facultativo en América Latina:

Es de notar que el texto entró en vigor el 5 de mayo del 2013, tres meses después de la obtención de la décima ratificación (la del Uruguay, con fecha del 5 de febrero del 2013). A diferencia del apoyo masivo durante las negociaciones en el seno del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas del GRULAC a la que referimos con anterioridad, varios de los Estados de la región se mantienen sumamente reservados a la hora de firmar y ratificar este instrumento. Los esfuerzos de la sociedad civil antes mencionados no han aún logrado, al menos a la fecha, permear las instancias correspondientes. Por parte de América Latina antecedieron a Costa Rica – por orden cronológico – los siguientes Estados: Ecuador, El Salvador, Argentina, Bolivia y Uruguay. Por parte de la comunidad ibérica, debemos añadir a España, primer Estado de Europa en ratificar el Protocolo, y a Portugal: ambos Estados, conjuntamente con Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Eslovaquia, Finlandia, y Montenegro, se mantienen como los únicos Estados europeos en ser parte a este instrumento a vocación universal.

Una larga faena aún por delante:

Desde su adopción en diciembre del 2008 por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas y hasta la fecha, son varias las ONG que promueven mediante diversas campañas la ratificación de este instrumento (tal como, por ejemplo, la Coalición de ONGs y su manual titulado ”Manual de incidencia: Cuaderno 2. Panorama General: El Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, disponible aquí ). Así como el Cuaderno 3 de esta misma coalición de la sociedad civil explicando las razones por las que los Estados deben ratificar el Protocolo Facultativo, disponible  aquí . De igual manera podemos citar el análisis detallado explicando el alcance de cada uno de los artículos del Protocolo Facultativo realizado de manera conjunta por el IIDH y la Comisión Internacional de Juristas (disponible aquí ).  A nivel global, podemos también referir al lector a la red de ONG en favor de los DESC (ver sitio oficial ). Estas, y muchas otras campañas, no han aún logrado su cometido debido a la resistencia de un número significativo de Estados en reconocer a los derechos económicos, sociales y culturales su carácter de derechos como tal, a la influencia (aún muy notable) de una doctrina renuente a reconocerles su carácter justiciable, y a sectores económicos que ven en la consolidación de los derechos económicos, sociales y culturales un freno a sus ambiciones.

Algunos de estos sectores todavía recurren a viejos fantasmas para ahuyentar a decisores políticos temerosos. En este mismo artículo precitado, la profesora española Rosa Riquelme Cortado indica que: ” Que los individuos puedan presentar denuncias en relación con derechos humanos no sujetos en la actualidad a un sistema de examen cuasi-judicial a nivel internacional (desalojos forzosos sin las debidas garantías, restricciones injustificadas o desproporcionadas del acceso a los medicamentos esenciales o a la atención a la salud, la denegación del derecho a la educación que supone la aplicación de tasas inasequibles para gran parte de la población…) y, en general, la misma supervisión de la obligación del Estado de adoptar medidas razonables con miras a garantizar los derechos enunciados en el Pacto, respecto de los que el Comité ya ha proporcionado suficientes indicadores respecto de lo que constituye o no violación, era justamente lo que algunos Estados, entre los que destacaron los más desarrollados del grupo occidental, trataban de evitar enarbolando el fantasma de la ausencia de justiciabilidad de esta gama de derechos para, a partir de ahí, imponer limitaciones a su efectiva verificación“. Recurrir a fantasmas y a toda una serie de argumentos falaces es parte de la artillería que deben afrontar los DESC en estos tiempos. Como lo indica en sus conclusiones la jurista Claire Mahon (ver artículo ), la discuión sobre los DESC se asemeja muchas veces a una verdadera confrontación entre dos bandos: “The draft OP-ICESCR represents a significant move forward, but time will tell whether or not it will signal the real end of the war between civil and political rights and ESC rights”. Desde esta perspectiva confrontativa, el Protocolo Facultativo al PIDESC constituye una importante batalla de ganada.

Conclusión:

No cabe duda que con el depósito del instrumento de ratificación del Protocolo, Costa Rica viene a reafirmar ante el mundo su compromiso inequívoco con los derechos humanos. Sin excepción de ningún tipo. Al cumplirse próximamente 6 años desde su aprobación, son 15 Estados los que Costa Rica ha decidido acompañar ratificando el Protocolo (de 162 habilitados jurídicamente a serlo). Si consideramos que en el año 2013, se “celebraron” las 20 primaveras de la Declaración Mundial de Viena en una discreción generalizada, podemos afirmar que la plena realización de los derechos humanos sigue constituyéndose en un verdadero desafío mundial: el sonrojo, a casi 50 años de conmemorarse la adopción del Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, debería ser casi tan universal como el valor de los derechos humanos. El movimiento reciente de los “indignados” en todo el mundo, iniciado con la consigna lanzada por un  joven nonagenario, Stéphane Hessel  en el 2010 (quién fuera asesor de René Cassin, coautor de la Declaración Universal de Derechos Humanos aprobada en 1948) constituye parte de este rubor, en particular ante la insensatez y avidez de unos que confluyen (gracias a la indiferencia de muchos otros) en un irrespeto generalizado de los derechos de la mayoría. Esperemos que, así como Costa Rica, otros Estados de la región latinoamericana revaliden el compromiso firme e inequívoco que, en su momento, demostraron en favor del fortalecimiento de los derechos económicos, sociales y culturales.

(*) Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).

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La expulsión de 770.000 camboyanos llega a la Corte Penal

La expulsión de 770.000 camboyanos llega a la Corte Penal

La expulsión de 770.000 camboyanos llega a la Corte PenalLa primera denuncia por crímenes contra la humanidad presuntamente cometidos por el Gobierno de Camboya desde 2002, en decir, en tiempo de paz, llega este martes a la Corte Penal Internacional (CPI). Se refiere a la expulsión de su tierra de 770.000 civiles (6% de la población) para hacer sitio a los planes de empresas afines al poder. Ello ha supuesto la confiscación de 4.000.000 de hectáreas (un 22% de la superficie del país). La principal denunciante es Global Diligence, un asociación de juristas con sedes en París y Londres. La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), la ONG más antigua del mundo, les apoya y espera que la fiscalía de la Corte abra una investigación preliminar.

 Según la petición preparada por el equipo de Richard Rogers, el abogado que representa a 10 víctimas, los traslados forzosos “han ido acompañados de la destrucción de sus hogares y cosechas, dejando a grupos enteros en la miseria”. Si bien todos los afectados eran civiles, “los indígenas, que suman solo el 1,5% de la población, tiene diez veces más posibilidades de perderlo todo”. Para apoyar esta afirmación se aporta otro dato: un 40% de las concesiones autorizadas por el Gobierno para construir en los terrenos vaciados se concentran en el noreste de Camboya”. “Allí viven la mayoría de las comunidades étnicas”.

 Entre los que se han opuesto a esta política hay abogados, periodistas, religiosos, ecologistas, sindicalistas y disidentes políticos, además de líderes locales. “Por ello han sido perseguidos, encarcelados y hasta asesinados”, según Rogers. Aunque los traslados forzosos han sido mayores en el campo, las ONG que han colaborado en las investigaciones calculan que entre 2000 y 2013, “unas 145.000 personas fueron desahuciadas solo en la capital, Phnom Penh”.

 La suerte de 800 familias de la ciudad es descrita con detalle para apoyar esta afirmación. Todos eran vecinos de Dey Krahorm, en el centro de Phnom Penh. En 2005, una firma cercana al Gobierno ganó el contrato para construir allí y echó al grupo. “La mitad de las familias fueron expulsadas a base de coerción. En 2009, 500 trabajadores de la empresa aparecieron escoltados por 300 policías antidisturbios. En cuestión de horas, se deshicieron del resto de los habitantes”.

 Si bien la CPI no ha recibido una demanda parecida desde su apertura en 2002, sí se ha ocupado del traslado forzoso de población, y de la confiscación de tierras, en sus investigaciones sobre Darfur (Sudán), la República Democrática de Congo y Kenia. Dado que Camboya firmó en 2002 el Estatuto de Roma, texto fundacional de la Corte, ésta tiene competencia para ocuparse del asunto si lo cree conveniente. “Aunque la labor de la CPI es complementaria, el Gobierno camboyano no está dispuesto a abordar estos crímenes. Una investigación preliminar frenaría la comisión de nuevos delitos y contribuiría a que Phnom Penh reconsiderara las apropiaciones indebidas de tierra”, apunta Global Diligence. El Gobierno de Hun Sen, que lleva casi tres décadas en el poder, asegura que no hay pruebas para sustentar el caso.

 

 

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Suecia será el primer país de la UE en reconocer el Estado palestino

Suecia será el primer país de la UE en reconocer el Estado palestino

Suecia será el primer país de la UE en reconocer el Estado palestinoEl nuevo Gobierno de centroizquierda sueco se estrena con una sorpresa mayúscula. Suecia será el primer país de la Unión Europea en reconocer el Estado de Palestina. El flamante primer ministro, el socialdemócrata Stefan Lofven, aprovechó ayer el primer discurso en su investidura ante el Parlamento sueco para anunciar ese paso, que supone un triunfo para la diplomacia palestina y un sonoro revés para Israel. La Asamblea General de Naciones Unidas admitió a finales de 2012 a Palestina como “Estado observador” por abrumadora mayoría; la organización más representativa de la voluntad internacional reconocía así implícitamente la soberanía de los palestinos sobre el territorio ocupado por Israel desde 1967. España y Francia, entre otros países, votaron a favor en la ONU, aunque los europeos afrontaron divididos esa decisión. Casi dos años después, uno de los países europeos más influyentes en política exterior opta por ese reconocimiento. Suecia será el primer país en hacerlo como miembro de la UE: Eslovaquia, Hungría y Polonia ya habían hecho lo mismo, pero antes de entrar en el club europeo.

 “El conflicto entre Israel y Palestina solo puede resolverse con una solución negociada por dos Estados, de acuerdo con las leyes internacionales”, aseguró Lofven, al frente de una exigua mayoría de socialdemócratas y verdes tras las recientes elecciones legislativas suecas. “La solución [del conflicto palestino-israelí] requiere el reconocimiento mutuo y de una coexistencia pacífica. Con ese objetivo, Suecia reconocerá al Estado de Palestina”, explicó.

 Ese anuncio se produjo poco antes del inicio ayer de la fiesta judía del Yom Kipur, por lo que no se espera una reacción de Israel hasta que concluya, este sábado al anochecer. Anoche tampoco había reacción oficial desde el Gobierno de Mahmud Abbas, aunque fuentes palestinas confirmaron que sus fuerzas se concentran ahora en lograr que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas apruebe una resolución para poner fin a la ocupación israelí antes de noviembre de 2016. Ese documento ha comenzado a distribuirse entre las delegaciones de Nueva York esta misma semana, informa Carmen Rengel.

 El mayor temor de los palestinos es que EE UU ejerza nuevamente su derecho a veto en favor de Israel, su aliado histórico. Pese a ello, los diplomáticos palestinos se afanan en lograr un amplio apoyo en el resto del Consejo, que aísle a los afines a Israel. En paralelo, buscan el reconocimiento explícito como Estado por parte de algunos países, al margen de la propia resolución, lo que podría impulsar el texto o, al menos, darle un importante espaldarazo que contrarreste el probable no de EE UU. La decisión de Suecia va claramente en esa línea.

 El anuncio sueco llega tras una semana intensa. Apenas unos días después de que Abbas desvelase sus planes para crear un Estado en las fronteras anteriores a 1967. Y en un momento de debilidad interna y externa del Ejecutivo israelí. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, ha sido criticado con dureza por sus socios de Gobierno tras pactar el alto el fuego en Gaza. Y en Europa, el Servicio Exterior de la UE reprobó ayer los nuevos asentamientos en Jerusalén Este. “Condenamos esa decisión”, que “pone en duda el compromiso de Israel con una solución pacífica y negociada del conflicto”, según un comunicado de la Comisión, que se suma así a las críticas de París, Berlín y Washington.

 La Unión recordó ayer que reconocerá al Estado palestino “en el momento oportuno”, según una portavoz, aunque ese reconocimiento en sí “es competencia de los Veintiocho”. “El objetivo de la UE es una solución con un Estado palestino independiente, democrático y viable al lado de Israel y el resto de sus vecinos. Para ello, las negociaciones deberían reanudarse tan pronto como sea posible”, según la misma fuente.

 Suecia cuenta con una excelente reputación internacional en asuntos de política exterior. Al frente de la diplomacia, Lofven —capitaneando uno de los Ejecutivos más débiles de los últimos años en el país nórdico— ha situado a una ex comisaria europea, la socialdemócrata Margot Wallström. Los cambios no se han hecho esperar: el anterior Gobierno, de centro derecha, no tenía pensado reconocer a Palestina como Estado mientras no diera muestras de poder controlar su propio territorio, informa Reuters.

 

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Argentina presenta el programa del Consejo de Seguridad para octubre

Argentina presenta el programa del Consejo de Seguridad para octubre

Argentina presenta el programa del Consejo de Seguridad para octubre02 de octubre, 2014 — Los métodos de trabajo del Consejo de Seguridad y la cuestión de las mujeres refugiadas y desplazadas internas son dos temas a los que Argentina otorgará una gran relevancia durante su presidencia de ese órgano de la ONU en el mes de octubre.

Al explicar a la prensa sobre el programa del Consejo, la embajadora argentina ante la ONU, María Cristina Perceval, sostuvo que invitará a los Estados miembros a manifestarse sobre estos temas en debates abiertos.

Señaló que su país espera una mayor transparencia, eficiencia e inclusión en los trabajos del Consejo y que en un debate se podrán identificar brechas, obstáculos y dificultades y hacer propuestas concretas.

“No prevemos la adopción de ningún documento. Esta presidencia considera muy importante reflexionar sobre los temas: Esta presidencia considera muy importante debatir a fondo los temas. Ya próximos a terminar nuestra membresía en el Consejo de Seguridad, Argentina reafirma que es necesario pensar para tomar mejores decisiones”, manifestó la embajadora Perceval.

Con relación a los más de 50 millones de refugiados en el mundo, señaló que el 80% de ellos son mujeres y niños, y que el Consejo debe ocuparse de temas relacionados con esta situación, entre los que mencionó todas las formas de violencia contra esas mujeres, los impactos de la ciudadanía desigual, y la falta de acceso a documentos de identificación.

 

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Cuba pide una reforma profunda de las Naciones Unidas

Cuba pide una reforma profunda de las Naciones Unidas

El Ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodriguez Foto archivo/Paulo Filgueiras27 de septiembre, 2014 — En declaraciones desde la tribuna de la Asamblea General, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, pidió hoy una profunda reforma de las Naciones Unidas, empezando por el Consejo de Seguridad.

“La Organización de Naciones Unidas requiere profunda reforma y la defensa de sus principios. El Secretario General debe ser defensor y garante de la paz y la seguridad internacionales”, dijo a la Asamblea en el cuarto día de su 69 ª reunión anual de alto nivel.

“El Consejo de Seguridad debiera ser reconstruido sobre bases de democracia, transparencia, justa representatividad de los discriminados países del Sur como Miembros Permanentes y No Permanentes, credibilidad, estricto respeto a la Carta de Naciones Unidas; sin dobles raseros, procedimientos oscuros, ni anacrónico veto,” señaló el titular de la diplomacia cubana.

Rodríguez también pidió a la comunidad internacional responder enérgicamente al llamamiento de la ONU para la ayuda a luchar contra la epidemia de ébola en África occidental y condenó las acciones de los Estados Unidos en todo el mundo,incluyendo sus ataques con bombas en Iraq y Siria “en total desprecio de la Organización de las Naciones Unidas.”

Desde el miércoles, los oradores han expresado desde el podio del pabellón renovado de la Asamblea General sus consideraciones sobre el tema “Cumplimiento e Implementación de un Programa de Desarrollo post-2015″,y han hecho numerosas referencias a las crisis en Siria, Iraq, Ucrania y Sudán del Sur.

 

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El ‘clásico’ por la independencia interesa al mundo

El ‘clásico’ por la independencia interesa al mundo

El ‘clásico’ por la independencia interesa al mundoLa prórroga del clásico acaba de comenzar: aprobada la Ley de Consultas y el decreto de convocatoria para el referéndum sobre la independencia, los catalanes votarán sobre si quieren que Cataluña sea un Estado independiente el 9 de noviembre. O no. El gobierno de España, presidido por Mariano Rajoy, tiene previsto presentar un recurso contra la Ley de Consultas y la celebración de referéndum ante el Tribunal Constitucional. Y este, según el artículo 161.2 de la Constitución Española, que regula los conflictos entre las Comunidades Autónomas y el Estado, suspenderá previsiblemente la convocatoria. Los penaltis, por el momento, no aparecen en el horizonte de este agónico Barcelona-Madrid.

 Este partido lleva años, si no siglos, jugándose. Y como cualquier clásico, atrae la atención de espectadores de todo el planeta. Cada club intenta granjearse las simpatías de la comunidad internacional, apelando al juego, la púrpura o los valores. El Consejo Asesor para la Transición Nacional (CATN) ha analizado las perspectivas de internacionalización del proceso de autodeterminación. Según su informe, entre los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas –Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido y Francia–, el más madridista de todos sería Francia, mientras cabría esperar oposición o al menos un reconocimiento lento por parte de Rusia y China. Las simpatías culés corresponderían a las dos potencias anglosajonas, dada su larga tradición liberal en política internacional, aunque en este partido irían con Madrid, preocupados por las repercusiones sobre la estabilidad política que la independencia llevaría aparejadas.

 En el resto de Europa, según el informe del CATN, se declaran madridistas tanto Alemania como Italia, en el primer caso porque predomina una voluntad de unificación (o reunificación) y no de escisión; en el segundo, porque ven en el espejo español un reflejo que no les gusta. Estarían mejor dispuestos a gritar força Barça los países del corredor báltico y la parte central de Europa del Este, siempre y cuando el proceso no crease inestabilidad en la Unión Europea y evitase incitar a determinadas minorías nacionales. En cuanto al espacio escandinavo, estarían pocos impresionados ante el juego blaugrana, en especial suecos y daneses, que lo considerarían “aburguesado”.

 ¿Y América Latina? Pese a su estrecha relación con España, la región no tendría ninguna razón para bloquear el reconocimiento de Cataluña como Estado soberano, según el CATN. “Sin embrago –apunta–, parece aconsejable trabajar a fondo las relaciones con los países hispanoamericanos, sobre todo de la mano del reconocimiento cultural (incluido el deportivo, o centrándonos principalmente en este) de Catalunya en aquel subcontinente”.

 Ignacio Molina, investigador del Real Instituto Elcano, tras analizar el informe del CATN explica que este apenas consigue identificar a Israel, Eslovaquia o las repúblicas bálticas como potenciales aliados, según una discutible afinidad, ya que estos casos —con importantes minorías nacionales y vecinos irredentistas— destacarían por su beligerancia contra la ruptura unilateral de cualquier democracia. “Tampoco se afina mucho al hablar de los países africanos, de quienes se dice que se moverán ‘al compás de Estados Unidos’, lo que resulta irrespetuoso con su soberanía pero también con la realidad empírica: 25 de ellos siguen hoy ignorando a Washington al no reconocer a Kosovo”, añade Molina.

 

 

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El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó la Resolución que condena a los fondos buitre y pide su investigación

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó la Resolución que condena a los fondos buitre y pide su investigación

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República ArgentinaViernes 26 de Septiembre de 2014. Información para la Prensa N°: 254/14

Hoy, 26 de setiembre, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que tiene su sede en la ciudad de Ginebra, Suiza, aprobó la Resolución 27/30 titulada “Consecuencias de la deuda externa y las obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de todos los derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales: las actividades de los fondos buitre.”

El consejo de Derechos Humanos, principal foro para el tratamiento de la cuestión de los derechos humanos en el mundo, está integrado por 47 miembros de las cinco regiones geográficas, los que se encontraban presentes en su totalidad. La votación tuvo como resultado 33 votos a favor de la resolución presentada por la Argentina, 5 en contra y 9 abstenciones.

Los tres ejes de la Resolución son la condena a los fondos buitres, el llamado a participar en las negociaciones para establecer un marco jurídico regulatorio y el mandato al Comité Asesor para que prepare un informe sobre las actividades de los fondos buitre y sus repercusiones para los derechos humanos.

El proyecto resolutivo fue presentado por el Canciller Héctor Timerman.

Se acompaña el texto completo de la Resolución, cuadro de votos y texto de la intervención del Canciller Timerman.

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La Argentina deposita instrumento de ratificación en Naciones Unidas contribuyendo a la entrada en vigor del Tratado sobre el Comercio de Armas

La Argentina deposita instrumento de ratificación en Naciones Unidas contribuyendo a la entrada en vigor del Tratado sobre el Comercio de Armas

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República ArgentinaJueves 25 de Septiembre de 2014. Información para la Prensa N°: 251/14

El Canciller Héctor Timerman formalizó hoy, en nombre del Gobierno argentino, el depósito del instrumento de ratificación del Tratado de Comercio de Armas (conocido como ATT, por su sigla en inglés), ante el Secretario General de las Naciones Unidas en Nueva York.

En una ceremonia en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Argentina junto con otros seis países depositó el instrumento de ratificación, alcanzándose así el número establecido de cincuenta Estados para que el Tratado entre en vigor, lo que sucederá dentro de noventa días.

La Argentina, coautor del Tratado junto con otros seis países, participó activamente en el proceso de negociación y adopción del mismo y fue el primer país en suscribir el instrumento el 3 de junio de 2013, el que obtuvo aprobación parlamentaria el pasado 27 de agosto por Ley 26.971.

El Canciller Timerman ratificó el compromiso argentino con el establecimiento de mecanismos de control de transferencias internacionales de armas que impidan el tráfico ilícito y el desvío de armas, contribuyendo así a evitar muertes en la población civil.

Información para la prensa 251/14

Dirección de Prensa de Cancillería: 4819-7375 / 8296 / 7388

www.cancilleria.gob.ar

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Estados Unidos entra en la guerra civil de Siria

Estados Unidos entra en la guerra civil de Siria

Estados Unidos entra en la guerra civil de SiriaCon los primeros bombardeos en Siria, en la madrugada del martes, Estados Unidos entra en una guerra civil que evitó durante años. Más de 190.000 muertos y más de tres millones de refugiados después, los avances de Estado Islámico (EI) han alterado los cálculos de Washington. En vísperas de la Asamblea General de la ONU, que esta semana congrega en Nueva York a más de 140 líderes mundiales, el presidente Barack Obama autorizó una intervención aérea en las regiones controladas por los radicales suníes.

 La intervención, que cuenta con el apoyo de cinco países árabes, pone fin a tres años y medio de titubeos. Obama, que en agosto ordenó bombardeos en el vecino Irak para frenar los avances del mismo grupo, es un presidente en guerra: excluye de momento el envío de tropas de tierra a Irak y Siria, pero el repliegue de los últimos años y la voluntad de acabar con el estado de guerra perpetua posterior al 11-S está en cuestión.

 Estados Unidos, como anticipó Obama en un discurso a la nación el 10 de septiembre, ataca en Siria, pero el guión es distinto al que se preveía hasta hace poco. El objetivo de los ataques no es, como estuvo a punto de ocurrir en septiembre de 2013, el régimen de Bachar el Asad, sino grupos que se le oponen, como el EI y Jorasan, una organización afiliada a Al Qaeda que, según la Casa Blanca, preparaba un atentado inminente en Europa o EE UU.

 Quienes en 2011, cuando estalló la guerra civil en Siria, planteaban en Washington una intervención lo hacían en el contexto de las primaveras árabes: las revueltas populares contra regímenes autoritarios. La resaca de aquellas revueltas y el auge islamista modifica las prioridades: primero, frenar a los yihadistas que aspiran a crear un califato; Asad, cuya dimisión Obama pidió por primera vez hace tres años, puede esperar.

 Obama autorizó los bombardeos el jueves pasado, tras visitar la sede del Comando Central de EE UU en Florida, responsable de Oriente Próximo y el norte de África en las Fuerzas Armadas norteamericanas. Los ataques llegaron, primero, con misiles Tomahawk lanzados desde portaaviones en el mar Rojo y el golfo Pérsico, y después con cazas, bombarderos y aviones no pilotados, según el Pentágono.

 Los ataques destruyeron objetivos del EI —combatientes, campos de entrenamiento, almacenes, centros de mando y vehículos— cerca de Raqqa, capital de facto de los integristas en Siria, y en otras ciudades el este y el norte del país. Los objetivos de Jorasan se encuentran cerca de la ciudad siria de Alepo, e incluyen campos de entrenamiento, fábricas de municiones y centros de comunicación.

 Bahréin, Jordania, Arabia Saudí, Qatar y Emiratos Árabes Unidos participaron o apoyaron los ataques contra el EI. “La fuerza de esta coalición deja claro al mundo que esta no es sólo una lucha de América”, dijo Obama en Washington antes de volar a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU y en otras reuniones con líderes internacionales.

 Para Obama, es fundamental el mensaje de que la operación contra los insurgentes cuenta con el respaldo de una coalición internacional de más de 40 países —incluidas varias potencias árabes suníes— y que no opone a EE UU contra el EI sino al mundo árabe y musulmán contra el EI.

 Que la intervención haya comenzado justa antes de la gran semana de la ONU —la organización encargada de preservar la legalidad internacional— coloca a Obama en una posición delicada. Al contrario de lo que ocurre en Irak, en Siria no está clara la base legal. Los bombardeos en Irak responden a una invitación del Gobierno de este país. En Siria no existe tal ofrecimiento. EE UU no ha pedido permiso al régimen sirio: se ha limitado informar a su embajador ante la ONU. La Administración de Obama sostiene que, de acuerdo con el artículo 51º de la Carta de la ONU, la defensa de Irak, EE UU y sus aliados ante la amenaza del EI justifica la misión.

 EE UU no ha pedido una autorización al Consejo de Seguridad de la ONU: Rusia, aliada de El Asad, podía vetarla. El presidente tampoco ha requerido un voto al Congreso de EE UU en apoyo a la misión: la Casa Blanca cree que le ampara la autorización a George W. Bush para usar la fuerza contra Al Qaeda tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

 Obama quiere usar la visita a la ONU para reforzar la legitimidad de la operación. Este miércoles pronunciará su discurso anual ante la Asamblea General y presidirá una reunión del Consejo de Seguridad en la que intentará aprobar una resolución para perseguir a los combatientes extranjeros del EI.

 Sin la cooperación abierta del régimen de Bachar el Asad ni tropas de tierra fiables, es una incógnita si la intervención aérea bastará para derrotar al Estado Islámico. “No es posible conocer la duración de estos despliegues y operaciones”, ha admitido Obama ante Congreso. El final de esta guerra no se vislumbra.

 

 

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