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    ¿Qué pasa cuando un Estado se declara independiente?

    ¿Qué pasa cuando un Estado se declara independiente?

    ¿Qué pasa cuando un Estado se declara independiente?

    El mayor hincha de Bosnia y Herzegovina es de origen serbio. “Izet, Izet, Izet me arrodillo ante ti Izet… 2-1… Izet Hajrović… bienvenido al paraíso azul”. Así celebró el comentarista, Marjan Mijajlović, con la garganta rota, el gol contra Eslovaquia que significaba prácticamente la clasificación de Bosnia y Herzegovina para el mundial de Brasil. La independencia de Bosnia y Herzegovina y la guerra que le siguió marcaron su vida, pero dejó su sello en las exitosas retransmisiones de la selección bosnia de fútbol en su camino al Mundial de Brasil. Un reportero dijo: “Bosnia ganó este partido con un entrenador croata, un equipo de bosníacos y un comentarista serbio”. Sin embargo, algunos acusaron al comentarista de hablar con acento de Belgrado. Son las paradojas de un Estado dominado por tres mayorías étnicas (serbios, croatas y bosníacos). Mayorías que parecen integrarse en un equipo de fútbol, pero que parecen desintegrarse dentro de un Estado que se independizó en 1992.

    Los últimos meses han hecho aflorar una vez más la cuestión del independentismo (Escocia, Cataluña, Kosovo, Flandes, Véneto…). Las causas del independentismo son varias y complejas, sin embargo, rara vez se reflexiona sobre sus consecuencias, si, como en el caso de Yugoslavia, efectivamente el independentismo se convierte en una realidad y el Estado se fragmenta en varios pedazos. A estos efectos busquemos qué tienen en común, más allá de sus hechos diferenciales, las repúblicas (y una provincia autónoma –Kosovo) ex yugoslavas una vez formaron sus propios Estados.

    Un mundo en miniatura. Algo tan obvio no debe ser ignorado desde una óptica social: menos territorio, menos patrimonio, menos recursos, menos acontecimientos, menos interacción, menos estímulos, menos que compartir, menos personas con las que identificarse… el mundo se hace más pequeño porque las fronteras son más pequeñas.

    La nación por encima de todo. La prioridad: crear nación. El dramaturgo kosovar Jeton Nezirajlo explica así: “En Kosovo únicamente la cultura que promueve la identidad nacional tiene sitio”. Todo aquello que no encaja en la nueva etnodemocracia no tiene espacio en la agenda pública. Un ejército nacional, una administración nacional, una economía nacional, una educación nacional, una cultura nacional, un futuro nacional. Un verdadero serbio, un verdadero croata o un verdadero bosníaco: el individuo queda ahogado por el peso del proyecto nacional, y la sociedad se reduce a los seguidores de la causa nacional y a los que no lo son.

    Un país de enciclopedia. El Estado no mira hacia el futuro, sino que la elite gobernante e intelectual reciclan y revisan el pasado según sus intereses. Serbia, la Serbia imperial y post-otomana, Bosnia, sus tres genealogías religiosas (ortodoxa, musulmana y católica), Eslovenia, sus raíces europeas antibalcánicas, Macedonia, el Imperio de Alejandro Magno, Croacia, su experiencia como Reino de Croacia dentro de la Monarquía de los Habsburgo o como Estado independiente durante la II Guerra Mundial, o Montenegro, el Reino de Montenegro. El resultado es el recuerdo propagandístico de un país y de una sociedad que ya no existen, con la idea de resolver los problemas de un país y de una sociedad que todavía están por existir.

    Vísteme despacio. Tantas promesas de amanecer nacional, como tiempo que transcurre sin que lo prometido se haga realidad. En el caso de los serbios la metáfora han sido cuatro pasaportes (SFRY, RFY, Serbia y Montenegro y Serbia), pero el resto de ciudadanos de la región también han visto como el reloj de arena de las reformas no terminaba de darse la vuelta. Una crisis que permanece sin que el modelo anterior termine de extinguirse ni el nuevo termine de asentarse. Las nuevas autoridades se excusan en las dificultades inherentes al propio proceso de reconstrucción nacional. Eso no estaba en el programa electoral independentista. Un resultado triple: la apatía como aptitud, el escepticismo como ideología y el descenso general de la calidad de vida.

    Pequeños narcisismos de la diferencia. De una lengua común, inocua para casi todos, el serbocroata, al serbio, al croata, al bosnio y al montenegrino. En el mundo académico croata optaron por forzar sin éxito el vocabulario de antaño para distinguirse del serbio. Su vecino serbio optó por convertir el alfabeto cirílico en el único alfabeto oficial, ignorando que el alfabeto latínico es utilizado en toda la región. El montenegrino o el bosníaco se convirtieron en lenguas estándar, sin apenas reconocimiento entre sus vecinos. Como el idioma, también ocurrió lo mismo con el carácter, las costumbres o la religión: la ofuscación por marcar cuáles son los límites de la identidad nacional.

    República de la denominación de origen. El origen nacional de las figuras cumbre de las ciencias, las artes, la política o los deportes se convirtió en motivo de discusión. No solo de personajes históricos: Njegoš, VukKaradžić, Ivo Andrić, Nikola Tesla, sino también de productos con sello nacional. La reivindicación del origen de la rakija, el ajvar, slatko, čvarci, gibanica, peleas interminables que dividen e instan al sentimiento nacional contra los vecinos. Ingentes recursos se han dedicado a la apropiación e instrumentalización de las celebridades nacionales, mientras que muchos menos se dedican a preservar y difundir su legado.

    Pez pequeño. Mientras Croacia y Eslovenia fueron repúblicas económicamente fuertes dentro de Yugoslavia, hoy son economías periféricas, sujetas “a los términos comerciales de los países más poderosos”, como dice Carlos González Villa. Serbia, Macedonia y Bosnia y Herzegovina son identificados como los restos de un naufragio, y no como un despertar político, económico y cultural. Kosovo es visto como un protectorado internacional. Una vez desaparecida Yugoslavia, cada uno de estos Estados por sí solos no tiene recursos para ser influyentes a nivel internacional, ni en la esfera política ni en la esfera económica ni en la esfera cultural.

    A pie cambiado. Los costes de las independencias se atenúan por la efervescencia psicológica de un nuevo proyecto, pero a la larga se encarecen por las limitaciones de una idea emancipada pero desconectada e inversa a la dinámica multipolar, poliédrica e interconectada del mundo actual. Cada vez más, los proyectos más ambiciosos son supranacionales, entre otras cosas, gracias a las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías. Al respecto: Camión gris de color rojo, Kajmak i marmelada, Bal-can-can, Parada, Falsifikator, etcétera: todas son películas que recurren a la yugoesfera y a los estereotipos heredados de Yugoslavia. Es así que la actual estabilidad regional es, en gran parte, debida al intercambio económico-cultural de base yugoslava —que fue el primer perjudicado con las independencias—, y que ha logrado sobrevivir pese a la realidad molesta de las actuales fronteras territoriales.

    Los aires de la capital. Si los independentismos se fraguaron desde las capitales, esas mismas capitales dejaron de serlo de un país de más de 20 millones. Ahora son las capitales de países pequeños, prácticamente desconocidos para los extranjeros, pero también para sus propios habitantes. Los capitalinos se reunían con los capitalinos de las otras repúblicas, no con la periferia de su propia república. Si existe hoy una división de clases marcada dentro de estos países, es aquella que distingue los que son de la capital y los que no lo son. Las sociedades locales están todavía por encontrar su modelo de ciudadanía y armonía social. Paradójicamente, todavía están por conocerse aunque se declararan en su momento independientes.

    Mismos problemas, otros culpables. La aventura independentista fue fruto de la degeneración y disfuncionalidad del Estado. Los mismos que le dieron la estocada final a Yugoslavia participaron en la fundación de nuevos países, reproduciendo la mala gestión que heredaron del Estado anterior, aunque a una escala menor. Yugoslavias más pequeñas. Los que antes eran yugoslavos imperfectos, ahora son croatas, serbios, eslovenos… también imperfectos. El resultado, aquello que les vinculaba: descenso de la calidad de vida, crisis de valores, movimientos nacionalistas y corrupción institucional, no se han neutralizado con las independencias, sino que ahora solo se tienen así mismos como culpables, y no a las otras repúblicas.

     

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    Crimea: Does “The West“ Now Pay the Price for Kosovo?

    Crimea: Does “The West“ Now Pay the Price for Kosovo?

    EJILThere is a lingering sentiment on this blog (see the posts by Nico Krisch and Christian Marxsen) that “the Kosovo issue” has facilitated the blatant violations of international law recently committed by Russia with regard to Crimea (notably the unlawful annexation of that territory), and that “the West’s” behaviour in the Kosovo context now prevents clear condemnations and robust reactions towards these violations. That view has also been espoused elsewhere (see, e.g., Marcelo Kohen, “L’ Ukraine et le respect du droit international”, Le Temps, 13 March 2014 and Bruno Simma, “The West is hypocritical” (interview), Der Spiegel, 7 April 2014). The basic idea is that “the West” now pays the price for Kosovo, and that such a situation was predictable (and has been predicted) by those who now deplore it, and allows them to think (or even to say): “Well, we warned you from the beginning on, and this is now what comes out of it … so we were right”.

    In this post, I would like to investigate the soundness of this position. We first have to ask what is meant by “the Kovoso issue”. Actually “Kosovo” refers to two events: not only to the sponsoring of Kosovo’s independence in 2008, but also to the possible unlawfulness of NATO’s military intervention of 1999. Both events were politically linked, and they concerned three different core norms of international law: the prohibition on the use of force, territorial integrity/inviolability of boundaries, and the self-determination of peoples.

    In the Crimea crisis, all three norms are again at stake: Russia both relies on its right or even responsibility to intervene with military means to prevent human rights abuses committed against ethnic Russians and Russian citizens (humanitarian type /R2P-type intervention) and on the Crimean (or even Eastern Ukrainian) right to secession based on the right to self-determination whose exercise in Crimea led to a disruption of Ukrainian territorial integrity.

    Did Russia abuse these norms? It did not abuse them in the technical sense of abus de droit. Abuse in its technical sense is present when a norm is being applied properly on its face, but with negative consequences which hurt the legal position of other actors, maybe unforeseen by the authors of the rule. This was not the case in the context of Crimea. So we are speaking of an abuse in a non-technical sense, more in the sense of distortion of facts and misapplication of norms (I will come back to this).

    Generally speaking, the special character of the international legal system, namely the absence of a central authority to determine whether a rule really applied (or has been wrongly asserted), and the near-to-non-availability of robust sanctions requires us to be more vigilant towards the susceptibility to abuse of the norms of the system. So this is a problem of the international legal system at large.

    This means that we should not favour international legal norms that are intrinsically easier or more prone to abuse (in that broad sense) than others. But are there norms which lend themselves more to abuse than others? Yes: Norms, which are so vague that they create large grey zones, or which have a lot of complicated exceptions, seem to be more prone to abuse than others. It is particularly difficult to tell whether they have been properly applied or whether they have just been asserted, although in reality they do not apply.

    However, neither “humanitarian intervention” nor “remedial secession” is vaguer than typical norms of international law. They hinge on massive and persistent human rights violations, on the exhaustion of negotiations and on the failure of milder means. While there is of course a leeway when determining at what point these requirements are met (which type of human rights violations? How long must negotiations for a different solution been conducted, etc.?), this leeway is not unusually broad (in comparison to other norms of international law, e.g. most human rights provisions).

    What is the alternative rule which the critics of “the West’s” behavior in Kosovo would have preferred to be upheld? It is the rule of strict state sovereignty, strict non-intervention, and strict territorial integrity, admitting neither a humanitarian intervention nor a remedial secession. But, importantly, this rule can also be abused (and has often been abused) by the territorial sovereign, by the government in power. Syria and Russia (with regard to Chechnya) are examples for this type of abuse.

    Another point is that the argument of possible abuse is a purely formal one. Should this argument be allowed to override considerations of substance? A norm that is patently important, intuitively “right”, in conformity with the entire system of international law and accepted by all actors (such as the prohibition of genocide and the prohibition on the use of force) should – I submit – not be discarded simply because there is the possibility that one participant in the international legal system might fake facts and then (erroneously) apply that norm.

    With regard to the Russian behavior in Crimea, three points merit attention. First, we must distinguish the fabrication of facts from wrong legal arguments. Russia to some extent distorted the relevant norms’ content (for example by misreading the ICJ’s Advisory Opinion in the Kosovo case and exaggerating its holding). The most important distortion is however a purely factual one. Russia claimed that there were widespread and systematic human rights violations of Ukrainians with Russian ethnicity which warrants secession and also Russian intervention. Because this is simply not true (as verified, e.g. by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Report on the Human Rights Situation in Ukraine of 15 April 2014), the norms on which Russia relied did not apply. This was not a question of their vagueness or inconsistency.

    Second, Russia did not respect the proper legal procedures. Even if the facts − which the Russian media had basically invented − had existed, Russia would still not have been entitled to intervene with military means to support the organization of an uninformed and unfree referendum which led to the territory’s request for joining Russia and the subsequent redrawing of state boundaries.

    Third, Russia does not display any opinio iuris supporting a remedial secession of groups who are grossly discriminated against and politically maginalised, because it consistently denies this allowance to groups (e.g. Chechnyans) within its own state. This shows that the government’s reliance on legal arguments is not guided by any legal conviction but is purely strategic.

    Does it matter, for our assessment of Russian action in Crimea, whether the NATO intervention in Serbia in 1999 without any Security Council mandate had been illegal, and Kosovo’s secession, too? Scholars’ and politicians’ opinion about the lawfulness of the intervention is divided. I tend to view it as a humanitarian intervention, exceptionally tolerable on higher grounds. A well respected expert report qualified it as “illegal but legitimate” (The Independent International Commission on Kosovo, The Kosovo Report: Conflict, International Response, Lessons Learned (OUP, Oxford 2000), at 186).

    The legal qualification of the Kosovo secession is again a different matter. Even if the Kosovo intervention is deemed unlawful, this was too remote to legally taint the Kosovar declaration of independence of 2008. The consent of Yugoslavia (Serbia) to resolution 1224 and the ensuing legal framework erected a legal firewall between the prior possible violations of the prohibition on the use of force and the Kosovo secession nine years later. So the secession must be assessed on its own merits. I tend to qualify it as a “remedial” secession which was exceptionally justified on account of blatant human rights violations, political marginalisation, persistent denial of internal self-determination of Kosovar Albanians, and as the only way out of a stalemate.

    Even those who accept the legitimacy or even legality of the NATO intervention and of the secession under international law must admit that this was not a clear case, but a hard one, bordering on illegality and/or constituting a development of international law. The “non-precedence-talk” by Western actors can halt such a development – if at all – only to the extent that it prevents the ascription of an opinio iuris to those actors. However, the acknowledgment that there was, at those points in time, probably no clear-cut rule, but only one-in-the-making, does not absolve us from making proper legal distinctions. And the common wisdom that the interpretation and possible development of international law is (inter alia) guided by political, including geo-strategic, interests, does not absolve us from this either.

    On the contrary premise that either (or both) the Kosovo intervention or the Kosovo secession was illegal, we indeed have a problem of credibility. Actors who breached the law in a previous case sound hypocritical when they point their finger to another actor’s violations of the law. This is not only a matter of politics, but raises the legal problem of double standards. Applying double standards is extremely pernicious for the rule of law and fairness. One of the core elements of the rule of law is the principle that like cases must be treated alike. However, the principle of equal treatment can not apply in the realm of unlawful behaviour, because this would condemn the supervising actors to perpetuate unlawfulness.

    Also, the principle of tu quoque does not apply to serious violations relating to norms on the protection of the human person (cf. the expression of this principle in Art. 60(5) VCLT) – and these are (inter alia) the ones at stake here.

    All things considered, even if the Kosovo intervention and/or the Kosovo secession were unlawful (a view which I do not espouse), this would not “undo” in any way the unlawfulness of Russian action.

    A final observation: Does it matter whether a legal norm is prone to abuse specifically by powerful players, and does it matter how great the temptation and probability of such an abuse is? From a formal legal point of view, no. The formal rule is the principle of state equality. All states are in an equal way obliged to respect international law, which means that all states are legally prevented from fabricating facts and wrongly applying norms to those facts. That other participants in the system will hesitate to criticize and sanction a powerful law-breaker does not alter this principle.

    From a legal policy point of view, these factors may of course be taken into account. However, lawyers should not, in an act of anticipating resignation towards power politics, refrain from upholding the rule. It is their job to do that, because others will do the rest anyway.

     

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    CIDH presenta Informe Anual

    CIDH presenta Informe Anual

    CIDH23 de abril de 2014. Washington, DC – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presenta hoy su Informe Anual 2013. Los seis capítulos del Informe Anual tienen el objeto de ofrecer información accesible, completa y relevante a todos los usuarios del Sistema Interamericano de Derechos Humanos acerca de su trabajo y recursos, dentro del contexto del Plan Estratégico de la Comisión, a fin de promover el cumplimiento de sus decisiones, asegurar el acceso a las víctimas, administrar de manera eficiente el sistema de peticiones, mantenerse actualizada de la situación de derechos humanos en la región, responder a las necesidades de grupos históricamente marginados, promover los derechos humanos, incentivar la universalización, publicitar su trabajo y buscar recursos para cumplir con su mandato.

    “El Informe Anual no sólo es un mecanismo para dar cuenta de lo que hacemos, sino que además es un informe sustantivo sobre la situación de los derechos humanos en las Américas y un importante mecanismo mediante el cual la Comisión identifica las mejores prácticas estatales y continúa el diálogo respectivo, además de analizar los desafíos regionales en las Américas,” dijo la Presidenta de la CIDH, Tracy Robinson, al presentar el Informe ante el Comité de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente de la OEA.

    El Informe Anual de 2013 es el primero que se prepara de acuerdo a los lineamientos del Reglamento modificado de la CIDH, cuyos cambios sustantivos entraron en vigencia el 1º de agosto de 2013. Dichas reformas tuvieron lugar en el contexto de un dialogo abierto y constructivo, y del proceso de fortalecimiento respecto del SIDH que tuvo lugar entre 2011 y 2013, liderado por el Consejo Permanente y la Comisión.

    El informe consta de seis capítulos. El Capítulo I ofrece un panorama general de las actividades de la Comisión durante el año. El Capítulo II analiza el sistema de casos y peticiones y las medidas cautelares. En 2013, la Comisión recibió y registro más de 2.000 peticiones, la cifra más elevada en la última década. La Comisión sigue dedicando esfuerzos para acortar el periodo de evaluación inicial y priorizar la primera respuesta al peticionario, así como la notificación al Estado en cuestión. Del total de peticiones revisadas en 2013, el 83% no fue abierto a trámite, mientras que el 17% sí lo fue. A finales de 2013, la Comisión tenía aproximadamente 1.753 casos en las etapas de admisibilidad y fondo. Sumado a ello, durante 2013 la Comisión recibió 400 solicitudes de medidas cautelares, 26 de las cuales fueron otorgadas; por otra parte, la Comisión no otorgó 64 de ellas. La mayor parte de las demás solicitudes se hallan en la etapa de solicitar información y aguardar la respuesta, respectivamente, de los peticionarios o de los Estados.

    El Capítulo III, cuyo contenido es nuevo, está dedicado a las actividades de los Relatores Temáticos, lo que otorga mayor visibilidad al continuo trabajo que realizan las y los siete miembros de la Comisión como Relatoras y Relatores. La Sección A del Capítulo IV, por primera vez, ofrece un panorama anual de la situación de los derechos humanos en el hemisferio; por otra parte, la Sección B incluye informes especiales sobre la situación de algunos Estados Miembros. La Sección B refleja la cuidadosa aplicación por parte de la CIDH de los criterios, métodos y procedimientos identificados en el Reglamento reformado. Se halla implícito en este capítulo un nuevo mecanismo que permite a la CIDH supervisar de manera más diligente la situación de un país incluido en el Capítulo IV.B y apoyar los esfuerzos estatales para atenderla mediante una visita de investigación in loco, seguida del respectivo informe. El Capítulo V se ha diseñado para efectuar el Seguimiento de las recomendaciones formuladas en informes sobre países adoptados con anterioridad, mientras que el Capítulo VI ofrece información sobre desarrollo institucional y la administración de la Comisión.

    El Capítulo IV.A ofrece, como parte del mandato de monitoreo de la Comisión, un panorama de la situación de los derechos humanos en el hemisferio durante 2013. En este contexto, destaca cuatro asuntos de preocupación en el hemisferio en 2013: el derecho a la libertad personal de las personas privadas de libertad en Guantánamo, la situación de la libertad de expresión en Ecuador, el derecho a la nacionalidad y a la no discriminación en República Dominicana, y la independencia del Poder Judicial en la región. Asimismo, el Capítulo IV.A examina los avances y desafíos respecto de la ratificación universal de los tratados interamericanos y la incorporación de estándares interamericanos en el derecho interno, además de ofrecer una reseña de leyes para el cumplimiento de tratados internacionales de derechos humanos y la efectiva implementación de las respectivas decisiones y recomendaciones.

    La Presidenta Robinson destacó que “la ratificación promueve la integración de los objetivos de la OEA y asegura que todas las personas en las Américas gocen de la máxima protección de sus derechos”.

    El Capítulo IV.B incluye informes especiales que la Comisión considera necesarios respecto de la situación de los derechos humanos en los Estados Miembros y analiza la situación en Cuba, Honduras y Venezuela. Esta sección ha sido preparada de acuerdo con los criterios específicos y la metodología detallada en la reforma al Reglamento. Estos informes se basan en la mejor información disponible y aseguran que el Estado ha tenido la oportunidad de responder al análisis detallado y de proporcionar información adicional.

    Respecto de Cuba, la Comisión llama la atención sobre las restricciones a los derechos políticos y de asociación, libertad de expresión, circulación libre de ideas, falta de elecciones, falta de independencia del Poder Judicial, así como restricciones a la libertad de movimiento, que durante décadas han generado una situación permanente y sistémica de violación de los derechos humanos de los y las habitantes de Cuba. La información disponible indica que en el curso del año 2013 la situación general de los derechos humanos no ha cambiado y que la severa represión y restricción hacia las y los defensores de derechos humanos persisten. En este informe, la Comisión reitera su preocupación sobre el impacto del embargo económico y comercial impuesto por Estados Unidos contra Cuba en los derechos humanos de los y las habitantes de Cuba, aunque destaca que esto no exime al Estado de sus obligaciones internacionales establecidas en la Declaración Americana.

    En relación con Honduras, la Comisión recibió información durante el año 2013 que apunta a la persistencia de situaciones estructurales que afectan seriamente el uso y goce de los derechos fundamentales. Si bien reconoce los esfuerzos por parte del Estado para abordar temas específicos, la Comisión expresa su especial preocupación sobre la situación de seguridad ciudadana, independencia del Poder Judicial y otras ramas del gobierno, debilidades en la administración de justicia que se reflejan en altos niveles de violencia e impunidad, y la discriminación y marginalización de segmentos de la sociedad. Según la Comisión, con posterioridad al golpe de estado de 2009, las instituciones democráticas continúan siendo frágiles. La Comisión está comprometida en apoyar al Estado en el fortalecimiento de la protección de los derechos humanos.

    En relación con Venezuela, la Comisión reconoce los esfuerzos emprendidos por el Estado para reducir la desigualdad social. Este informe especial destaca una preocupación persistente sobre un pilar de la democracia – la independencia del poder judicial. Este informe también identifica preocupaciones sobre la integridad del sistema de justicia penal, obstáculos que los defensores de derechos humanos enfrentan para llevar a cabo su labor, y limitaciones a la libertad de expresión. La Comisión lamenta de forma profunda la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos, que entró en vigor en 2013. Pese a que la CIDH reconoce como positiva la participación del Estado en las audiencias en cada periodo de sesiones, en el contexto de la jurisdicción de la Comisión establecida por la Carta de la OEA y la Declaración Americana, la CIDH exhorta a Venezuela a revisar su decisión, que elimina para las personas de dicho país la posibilidad de un mecanismo de defensa para proteger sus derechos humanos, y limita los recursos disponibles para estos efectos.

    El Capítulo IV destaca los desafíos graves que la Comisión enfrenta en términos de recursos humanos y financieros. La Comisión agradeció la decisión de la OEA de incrementar de forma modesta su asignación de los fondos generales. Ello constituye una demostración de apoyo a la defensa y promoción de los derechos humanos, ya que el presupuesto general de la organización absorbió una reducción durante el año pasado.

    “La Carta de la OEA describe la misión histórica de las Américas como la de ofrecer a todos los seres humanos una tierra de libertad y un ambiente favorable para desarrollar su personalidad y realizar sus aspiraciones justas. Al proteger y promover los derechos humanos, la Comisión Interamericana ha acompañado a los Estados Miembros en esta misión regional por aproximadamente la mitad de un siglo”, dijo la Presidenta Robinson ante el Comité de Asuntos Jurídicos y Políticos.

    “En el Informe Anual de 2013, los Estados deben notar la atención que la Comisión ha prestado a las recomendaciones adoptadas por los Estados sobre el sistema interamericano de derechos humanos. Deben también reconocer el llamado de la Comisión a los Estados a construir y fortalecer el sistema mediante su cumplimiento con las recomendaciones y decisiones de sus órganos, la ratificación de los instrumentos interamericanos de derechos humanos, y el ofrecerle más para desempeñar su trabajo,” ella agregó.

    La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

    Press Release 43/14
    IACHR Presents Annual Report

    Información de Contacto / Contact Info
    María Isabel Rivero
    Directora de prensa y comunicación de la CIDH / IACHR Press and Communication Director
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    La ONU denuncia el asesinato de cientos de civiles en Sudán del Sur

    La ONU denuncia el asesinato de cientos de civiles en Sudán del Sur

    La ONU denuncia el asesinato de cientos de civiles en Sudán del SurLos rebeldes sursudaneses asesinaron a cientos de civiles cuando entraron en la ciudad petrolera de Bentiu, capital del estado septentrional de Unidad, los pasados 15 y 16 de abril. La misión de Naciones Unidas en el país (UNMISS) ha denunciado este lunes en un comunicado que entre las víctimas hay sursudaneses y extranjeros, y que los insurgentes perpetraron la matanza basándose en criterios étnicos y de nacionalidad.

     Los insurgentes mataron al menos a 200 personas e hirieron a otras 400 solo en la mezquita de Kali-Ballee, donde habían buscado refugio numerosos civiles. Los rebeldes —miembros del Ejército Popular de Liberación de Sudán en la Oposición— hicieron lo mismo en una iglesia católica y en el complejo vacío del Programa Mundial de Alimentos (PMA), donde acabaron con la vida de un número indeterminado de civiles que se habían refugiado en ellas. Entre sus objetivos había distintas tribus y ciudadanos procedentes de la región sudanesa de Darfur.

     Toby Lanzer, el más importante dirigente de la ONU en el país, ha declarado a la agencia France Presse tras su visita a la ciudad que vio “cosas terribles. Había pilas de cuerpos amontonados por las calles en las que fueron ejecutados. La mayoría vestidos de civil”.

     Los investigadores de la ONU han explicado que después de que los rebeldes conquistaron la ciudad el pasado martes, hasta aquel entonces bajo el control de las fuerzas gubernamentales, estuvieron buscando en los siguientes dos días a todos los que creían en su contra.

     Las fuerzas de Naciones Unidas están fotografiando los cadáveres antes de que se entierren, ha añadido Lanzer, y están grabando vídeos que muestran excavadoras cargadas con cuerpos.

     Ateny Wek Ateny, portavoz del presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, ha confirmado el balance de muertos y ha asegurado que el Ejército sursudanés ha enviado un contingente para proteger las instalaciones de la misión de Naciones Unidas.

     La matanza de la semana pasada se añade al ataque perpetrado el pasado jueves por hombres armados contra una una base de la ONU en la localidad de Bor, en el que murieron 48 civiles alojados en el eidificio.

     El conflicto que estalló en Sudán del Sur en diciembre pasado adquirió pronto un tinte étnico debido a que el presidente, Salva Kir, pertenece a la tribu Dinka, y el exvicepresidente y líder rebelde, Riak Machar, a la Nuer. Los rebeldes, sin embargo, atacaron también a civiles Nuer, entre ellos mujeres y niños, que se negaron a participar en las celebraciones por la victoria insurgente.

     La UNMISS ha explicado que ha ayudado a cientos de civiles a huir de Bentiu y que miles fueron escoltados hasta la base del organismo internacional en la zona, donde actualmente están refugiadas 12.000 personas.

     En su nota, la misión de la ONU ha subrayado también a los llamamientos hechos por algunos líderes rebeldes en la radio local para instigar a la violencia, y ha pedido que se investiguen los crímenes cometidos.

     El conflicto, en el que han muerto miles de personas, ha puesto al borde de la guerra civil al joven país, independizado de Sudán en 2011, después de que en diciembre pasado el presidente acusara a Machar de intentar dar un golpe de Estado.

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    El Gobierno de Obama apoya a Argentina en el Supremo de EE UU

    El Gobierno de Obama apoya a Argentina en el Supremo de EE UU

    El Gobierno de Obama apoya a Argentina en el Supremo de EE UUEl Gobierno de Barack Obama alterna los acercamientos y los distanciamientos respecto al de Cristina Fernández de Kirchner, según lo que ella vaya haciendo. Esta vez, el Ejecutivo norteamericano la apoyó. Fue en un juicio en el Tribunal Supremo de EE UU por una demanda del grupo minoritario de acreedores que litiga contra el país sudamericano para develar dónde tiene este activos embargables. Un representante del Gobierno de Obama respaldó la posición de Argentina, que defendía que no corresponde dar esa información porque se trata de bienes protegidos por la inmunidad soberana y que, además, muchos de ellos se encuentran fuera del territorio estadounidense.

     La historia comienza con la mayor suspensión de pagos de un país en la historia – en 2001 – cuando Argentina dejó de abonar en plena crisis una deuda superior a los 80.000 millones de dólares. En 2002, diversos propietarios de títulos públicos argentinos comenzaron a litigar en EE UU y otros países donde se habían emitido. En 2005 y 2010, el 93% de los acreedores aceptó canjear la deuda por bonos que supusieron una quita respecto de la original. Pero el 7% restante sigue litigando, mientras que el Gobierno de Fernández aún no ha puesto en práctica la ley ya votada para la apertura del canje por tercera vez.

     La campaña judicial está encabezada por los llamados fondos buitre. Estos se encargan de comprar en rebajas bonos de países y empresas que están cerca de la bancarrota para después rechazar las reestructuraciones e intentar el cobro del 100% de lo adeudado en los tribunales o en acuerdos extrajudiciales.

     Este lunes, los nueve magistrados del Tribunal Supremo de EE UU escucharon en una sesión al abogado representante del fondo buitre NML, que pide al Bank of America y al estatal Banco de la Nación Argentina que desvelen dónde hay activos embargables del país sudamericano en todo el mundo. Un fallo de primera instancia y otro de segunda en EE UU ordenaron a Buenos Aires que cumpliera con la petición del acreedor. El Tribunal Supremo norteamericano aceptó discutir la cuestión, lo que fue celebrado por Argentina, dado que la mayoría de los casos no suele llegar a debatirse en la máxima instancia de la justicia de la superpotencia. El Gobierno de Fernández sostiene que sus activos se encuentran protegidos por la inmunidad soberana. Algunos de los magistrados del Tribunal Supremo de EE UU reconocieron este lunes que los bienes militares y diplomáticos debían mantenerse protegidos, mientras que otros admitieron que no se podía disponer sobre activos fuera del país. Pero la resolución del tribunal solo se conocerá en unos meses.

     En esta ocasión, la noticia estuvo en el apoyo del Gobierno de Obama a la tesis de Argentina. En los juicios de los fondos buitres contra el país sudamericano en EE UU, la administración demócrata había sostenido ya alguna vez la posición argentina, no por apoyar a Fernández sino para evitar que se sentara un precedente en contra de futuras reestructuraciones de deuda de otros países. Es decir, para impedir que los fondos buitres hicieran caer canjes de títulos públicos.

     Pero el año pasado, el Gobierno de Obama cambió el apoyo por el silencio, como modo de presionar a Argentina para que comenzase a pagar sus deudas a empresas norteamericanas que habían ganado en juicios internacionales. Buenos Aires reaccionó, acordó esos pagos y, en 2014, inició un giro económico que ha merecido el elogio de funcionarios del Gobierno de EE UU. Quizás en ese contexto se pueda entender lo que sucedió este lunes en el Tribunal Supremo norteamericano.

     El representante del Ejecutivo de EE UU en el juicio, Edwin Kneedler, defendió a Argentina al sostener que la petición de información de NML a los bancos violaba la ley de inmunidades extranjeras. Reconoció “preocupación” por los fallos a favor del fondo buitre por el impacto que podrían tener en “otras áreas”, sin especificar cuáles.

     El juicio de este lunes es uno complementario de otra causa más importante por la que NML y otros acreedores demandan a Argentina por el pago de 1.300 millones de dólares. Este caso ya recibió dos fallos favorables a los demandantes y puede obligar a Argentina a caer en suspensión de pagos. No es que el país sudamericano carezca de ese dinero sino que un juez y un tribunal de apelaciones de EE UU han determinado que no podrá seguir pagando sus deudas a los acreedores que canjearon sus tenencias en 2005 y 2010 hasta que no se abonen esos 1.300 millones.

     Argentina se niega a privilegiar a los litigantes pagándoles el 100% de lo demandado cuando la inmensa mayoría de los bonistas aceptó quitas de hasta la mitad del valor de la deuda original. Por eso es que caería en suspensión de pagos de la deuda regularizada, a menos que cambie de posición. Pero antes de que eso suceda, el Gobierno de Fernández ha apelado también en este juicio al Tribunal Supremo de EE UU, que aún no ha determinado si lo analizará.

     Francia, México y Brasil se han presentado en esta causa como amigos de Argentina porque consideran que también puede sentar un mal precedente para otras reestructuraciones de deuda. El Gobierno de EE UU aún no lo ha hecho.

     Si el Tribunal Supremo norteamericano rechaza adentrarse en esta otra discusión, entonces quedarán ratificados los fallos que obligan a Argentina a pagarles primero a los litigantes y después a los que aceptaron los canjes. Entonces, Buenos Aires se enfrentará al dilema de ceder ante los fondos buitres o declararse en suspensión de pagos.

     Pero si el máximo tribunal de EE UU acepta el caso, Argentina ganará más tiempo. Después, sobrevendría el fallo definitivo a favor de los fondos buitres o de Buenos Aires, que sostiene que la cláusula de igualdad de trato a los acreedores – que estaba presente en los títulos originales – implica que todos reciban el mismo dinero en caso de una reestructuración aceptada por la inmensa mayoría de ellos.

     

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    Evo Morales reclama en La Haya el acceso al mar para Bolivia

    Evo Morales reclama en La Haya el acceso al mar para Bolivia

    Evo Morales reclama en La Haya el acceso al mar para Bolivia

    La búsqueda de una salida soberana al Pacífico ha traído este martes a Holanda a Evo Morales, presidente de Bolivia, que ha depositado ante el Tribunal Internacional de Justicia de la ONU (TIJ), la memoria de la demanda presentada en 2013 por su Gobierno contra Chile. La Paz vio taponado su acceso marítimo tras perder la Guerra del Pacífico (1879-1883), librada contra Santiago, con ayuda de Perú, y ha intentado recuperarlo desde entonces. “Hemos esperado 135 años, y en cuestiones de Estado como esta, los bolivianos estamos unidos. Será un orgullo ver salir por fin un barco boliviano de nuestra costa camino de otro país”, ha dicho Morales en La Haya, Sede del TIJ.

    Bolivia pide dos cosas a los jueces internacionales: que le reconozcan su derecho de acceso al mar, y que obliguen a Chile a negociar de buena fe un acuerdo pronto y efectivo para lograrlo. Morales considera además “política de Estado” demandar a Chile, y cuenta con el apoyo de cinco de sus predecesores. “Entendemos y nos solidarizamos con la presidenta chilena, Michelle Bachelet, por todo lo que está ocurriendo en su país, con el incendio y el terremoto. Es verdad también que necesita tiempo para hacerse de nuevo con el cargo, pero el diálogo político y la vía judicial son paralelas”, ha añadido el mandatario boliviano. La Paz y Santiago elaboraron en 2006 una agenda con 13 puntos, que incluía el contencioso marítimo, aunque sin resultado satisfactorio.

    En 1879, Bolivia perdió 120.000 kilómetros cuadrados de territorio y 400 kilómetros de costa tras la guerra del Pacífico. Hasta entonces, llegaba de forma natural al mar, y según la senadora boliviana, Centa Rek López, que ha acompañado a Morales, la opinión pública chilena está dividida por la situación. “Hay un grupo importante de población favorable a que lleguemos al mar. Para la presidenta Bachelet no es una situación fácil, y por eso el Tribunal de la ONU es el foro adecuado para resolver el diferendo”, ha asegurado.De ganar, Chile estaría obligado a negociar la forma de franquear el paso de su vecina hasta el agua porque los fallos del TIJ son vinculantes. Y porque ambos países han reconocido su jurisdicción a través del Pacto de Bogotá de 1948. Dado que la corte de Naciones Unidas se fundó en 1945 para resolver de forma pacífica litigios entre Estados, Morales ha subrayado que la resolución del caso “es muy importante para que haya paz y justicia en América Latina y en el Caribe”.A pesar de su adhesión al Pacto bogotano, Chile sostiene, por el contrario, que las fronteras fueron pactadas en el Tratado de Paz y Amistad de 1904, firmado por ambos países. No ha lugar al caso, dice Santiago, bajo ningún concepto, ya sea histórico o bien jurídico. Es más, según Andrés Chadwick, portavoz oficial de su país “la demanda es ajena al derecho internacional”. La delegación chilena debía recoger hoy la demanda y hacerla llegar enseguida a Santiago.El diferendo limítrofe tiene casi un siglo y medio de antigüedad, pero La Paz aceleró la argumentación de su demanda contra Santiago al ver que Perú llevaba en 2008 a Chile ante el propio Tribunal de Naciones Unidas. Lima quería que delimitase su frontera marítima en el Pacífico, y en 2011, Morales anunció su decisión de apelar al TIJ. Cuando este concedió en enero pasado a Lima una porción de mar hasta ahora en manos chilenas, en unas aguas de inmensa riqueza pesquera, el presidente boliviano se reafirmó en su postura de dejar en manos de los jueces una pugna que sigue enturbiando las relaciones bilaterales con Chile.

     

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Rusia exporta un tercio de las armas adquiridas en el mundo

Rusia exporta un tercio de las armas adquiridas en el mundo

Rusia exporta un tercio de las armas adquiridas en el mundoRusia se consolida en el mundo como gran exportador de armas. La industria bélica de Moscú no se limita a abastecer a su propio Ejército —que está potenciando a través de un intenso programa de rearme a medio plazo—, sino que impulsa sus ventas más allá de las fronteras nacionales. Según los datos de un informe publicado en marzo por el Instituto de Investigación sobre la Paz de Estocolmo (SIPRI, en sus siglas en inglés), entre 2009 y 2013 el Kremlin ha aumentado su cuota en el mercado global hasta alcanzar el 27% de todas las exportaciones mundiales, solo dos puntos porcentuales menos que EE UU, el primer exportador mundial.

La subida de las exportaciones rusas “se debe principalmente a la gran cantidad de material bélico adquirido por India y a las relaciones comerciales con los países que formaban parte de la Unión Soviética, excepto las repúblicas bálticas [Estonia, Letonia y Lituania], miembros de la OTAN y que por ende no tienen relaciones en este ámbito con Rusia”, explica por teléfono Siemon T. Wezeman, investigador del SIPRI.

Entre 2008 y 2013, Nueva Delhi aumentó su gasto militar en un 11%, y es hoy el primer importador del mundo. El 75% de las armas que adquiere proceden de Rusia. A su vez, la venta a las antiguas repúblicas soviéticas en Asia central depende “de la voluntad de Moscú de crear las condiciones para contrarrestar el fortalecimiento de los grupos terroristas afganos”, afirma Wezeman.

El aumento de las exportaciones rusas va sin embargo más allá de Asia. El hecho de que Estados Unidos haya impuesto “un embargo de facto” a la venta de armas a Venezuela ha transformado a Rusia en el primer proveedor del país latinoamericano, ya que “Washington impide también la venta de armas europeas construidas con componentes producidos en EE UU”, matiza.

Moscú ha impulsado sus ventas también en África. Según los datos de otro informe sobre gasto militar publicado el lunes por el SIPRI, el 91% del armamento adquirido por Argelia entre 2009 y 2013 procedía de Rusia.

El país magrebí, junto con Ghana y Angola , es el principal protagonista del crecimiento del presupuesto militar en el continente más pobre del planeta, que subió en un 81% entre 2004 y 2013 aunque Sudáfrica haya disminuido su gasto en defensa. Se trata del incremento más significativo a escala global.

Argel ha aumentado su presupuesto en un 176% desde 2004, mientras en el mismo periodo su PIB ha crecido en un 31%. Una escalada militar que ha hecho que “Marruecos aumentara su gasto por miedo a un vecino tan amenazante”, matiza en conversación telefónica Sam Perlo-Freeman, director del programa sobre gasto militar del SIPRI. En Angola, el presupuesto militar ascendía en 2013 al 4,8% del PIB. En 2002, cuando acababa de salir de la guerra civil, no llegaba al 3%.

Perlo-Freeman vincula la subida del gasto militar tanto en África como en otros continentes con el aumento de las rentas derivadas de la exportación del petróleo. Uno de los motivos de esta relación es que “la venta de crudo genera una entrada de dinero en las arcas públicas ajeno a la recaudación de impuestos, que se puede invertir rápidamente ya que la defensa es parte del presupuesto público”.

El investigador achaca ese crecimiento también a razones políticas: “En Arabia Saudí y en Argelia el rearme representa una estrategia del Gobierno para garantizarse la fidelidad del Ejército”.

En otros países, sin embargo, la lógica del rearme depende del hecho de que la economía se basa casi exclusivamente en sus recursos naturales y no se ponen en marcha planes de desarrollo industrial y productivo. “Chad aseguró que usaría las ganancias de la exportación de crudo para proyectos de desarrollo. No cumplió con lo prometido, y el Banco Mundial dejó de apoyar los planes de construcción de gasoductos en los que participaba”, explica el investigador del SIPRI.

En otros casos, sin embargo, el aumento del gasto militar depende de la creciente participación en operaciones de paz. Ghana, muy activo en este ámbito, ha aumentado su presupuesto militar en un 243% desde 2004 a 2013. “A menudo estos países reciben como reembolso de sus gastos en operaciones internacionales más de lo que desembolsan y reinvierten este dinero [en la compra de armamento]”, aclara Perlo-Freeman.

 

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Rusia se queda sola en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas

Rusia se queda sola en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas

Rusia se queda sola en el Consejo de Seguridad de Naciones UnidasLa décima reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre la crisis de Ucrania desde que las protestas en Kiev lograran expulsar del poder al presidente prorruso Víctor Yanúkovich ha evidenciado el aislamiento al que las maniobras del Kremlin en ese país han sumido a Rusia en el seno de la organización. El encuentro, convocado de urgencia a instancias de Moscú tras el ultimátum lanzado este domingo por el presidente interino ucranio de emplear al Ejército para sofocar la insurgencia en la zona oriental de la nación, ha evidenciado la división que existe entre los argumentos de Moscú y los de las potencias occidentales que han acusado al Gobierno que preside Vladimir Putin de promover la desestabilización del Este de Ucrania con una estrategia similar a la empleada en Crimea. El plazo impuesto por Kiev ha acabado a las 8.00 hora peninsular española sin que por el momento haya habido movimientos significativos.

“Este es el peor ejemplo de inestabilidad, está completamente prefabricada. Ha sido escrita y coreografiada en y por Rusia”, ha señalado la embajadora de EE UU ante Naciones Unidas, Samantha Powell. En la misma línea se han pronunciado sus colegas europeos y buena parte del resto de los Estados que forman parte del Consejo Permanente. “Rusia pretende imponer su voluntad sobre el pueblo de Ucrania empleando la desinformación, la intimidación y la agresión”, ha afirmado el representante británico, Mark Lyall Grant.

El embajador ruso ante la organización, Vitaly Churkin, ha mostrado su preocupación ante el anuncio del presidente ucranio en funciones, Alexander Turchínov, de movilizar al Ejército a primera hora de la mañana del lunes para luchar contra lo que Kiev ha denominado operaciones terroristas por parte de los activistas prorrusos y pidió a Occidente que parara esa amenaza, como horas antes había hecho el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov. Churkin ha tratado de desactivar las acusaciones de terrorismo y de connivencia de Moscú vertidas por el representante de Ucrania ante la ONU, Yuriy Sergeyev. “¿Por qué no acusan de terroristas a quienes se manifestaron y ocuparon edificios públicos el pasado mes de febrero en Kiev?”, ha preguntado Churkin. “Allí también se tomaron sedes administrativas, pero para occidente eso fue un escaparate para la democracia, pero cuando ocurre lo mismo en el Este de Ucrania entonces es terrorismo”.

Con mayor o menor énfasis, la mayoría de los 15 miembros del Consejo de Seguridad ha reconocido la intervención de Rusia en los últimos acontecimientos del Este de Ucrania, llamando la atención sobre los paralelismos con lo sucedido en Crimea. Todos han defendido el derecho a la no injerencia y la necesidad del diálogo para resolver la crisis en Ucrania. “Hacemos un llamado para que todas las partes hagan gala de mesura y eviten la escalada de la tensión y que sigan trabajando en la vía diplomática”, ha señalado el representante de China que, normalmente, se alinea con Moscú en lo que a cuestiones del Consejo de Seguridad se refiere.

A finales de marzo, la Asamblea General de Naciones Unidas votó por mayoría una resolución en la que declaraba la ilegalidad del referéndum de Crimea que evidenció la soledad de Moscú en el seno de la organización. Con todo, Ucrania y el resto de países que promovieron el documento se vieron obligados a eliminar cualquier mención expresa a Rusia para recabar el apoyo de los países miembros, un indicio de que la ONU no tiene un empeño especial por enfrentarse de manera directa con ese país.

Churkin ha querido, también, poner en evidencia el doble rasero de Washington en la crisis de Ucrania, recordando que hace unos meses fue el vicepresidente Joe Biden –que viajará a Kiev el 21 de abril- quien pidió al anterior presidente Yanúkovich que cesara en la represión violenta de los manifestantes. El representante ruso se ha preguntado si hará lo mismo con Turchínov si decide enviar al Ejército a sofocar los desórdenes de los grupos armados prorrusos que se encuentran en el Este de ese país.

La reunión de urgencia del Consejo de Seguridad ha demostrado el abismo que todavía separa a las partes implicadas para llegar a una solución que permita atemperar la tensión en la región, acrecentando el escepticismo de que el próximo jueves la reunión a cuatro entre EE UU, Rusia, Ucrania y la Unión Europea, pueda acercar posturas. El ultimátum ucranio y las amenazas de nuevas sanciones a Rusia por parte de Bruselas y de Washington podrían determinar al Kremlin a no asistir al encuentro.

 

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EEUU comunica a Irán que no dará el visado a su embajador en la ONU

EEUU comunica a Irán que no dará el visado a su embajador en la ONU

EEUU comunica a Irán que no dará el visado a su embajador en la ONULa Casa Blanca ha comunicado a Naciones Unidas e Irán que Estados Unidos no otorgará el visado al embajador designado por Teherán para representar a su país ante la organización internacional debido a sus vínculos con la crisis de los rehenes de 1979. El nombramiento de Hamid Aboutalebi generó una fuerte indignación en el Congreso que se tradujo en una legislación aprobada por unanimidad en ambas cámaras que autoriza al presidente del país a prohibir la entrada al diplomático. En plenas negociaciones sobre el programa nuclear iraní, el Gobierno norteamericano está convencido de que la medida no interferirá en el proceso.

Aboutalebi, uno de los principales asesores del presidente iraní, Hasan Rohaní, ha reconocido que, con 21 años, sirvió como intérprete del grupo de estudiantes que mantuvo secuestrados a 52 personas durante 444 días en la Embajada de EE UU en Teherán. El diplomático ha servido como embajador en Australia, Bélgica e Italia. La Casa Blanca reconoció ayer, a través de su portavoz, Jay Carney, que esa elección no era “viable”.

La designación de Aboutalebi ha logrado poner de acuerdo al Congreso estadounidense que ha visto en su nombramiento un signo de provocación y un síntoma de que, pese a la confianza que la Casa Blanca ha otorgado al nuevo presidente iraní, el país asiático sigue sin ser un socio fiable. Pese al respaldo unánime de la ley que autoriza la denegación de la entrada en EE UU a cualquier embajador con vínculos terroristas que el jueves llegó hasta el Despacho Oval, la Casa Blanca ha eludido afirmar que el presidente Barack Obama vaya a firmarla, alegando que la Administración va a revisar su constitucionalidad.

La legislación estadounidense de 1947 obliga a EE UU a otorgar visados a los representantes de los Estados miembros de Naciones Unidas –una condición necesaria que Washington decidió acatar para garantizarse que la sede principal de la organización se fijara en Nueva York-. El Departamento de Estado ha reiterado en los últimos días que tiene competencia para denegar los visados a aquellos que supongan una amenaza para la seguridad nacional. Obama podría, ha sugerido su portavoz, Jay Carney, firmar la ley que le ha remitido el Congreso incorporando una declaración cuestionando la constitucionalidad de la norma.

Los antecedentes indican que es muy poco probable que la ONU vaya a aceptar la medida de EE UU. En 1988, Washington se negó a otorgarle un visado al líder palestino Yaser Arafat para que pudiera intervenir en la Asamblea General. En respuesta, la organización trasladó la reunión anual a Ginebra y votó una resolución condenando la decisión estadounidense, que sólo contó con los votos en contra de EE UU e Israel y la abstención de Reino Unido.

Los críticos con la denegación del visado a Aboutalebi sostienen que el puesto de embajador ante Naciones Unidas no tiene excesiva relevancia. “Él forma parte de la generación de la crisis de los rehenes que ha evolucionado desde posiciones radicales a defensores de una reforma política y de la reconciliación”, señalaba Barbara Slavin, del Atlantic Council, en un artículo de opinión este jueves en The New York Times.

La Casa Blanca no teme que la denegación de la visa vaya a perjudicar las negociaciones del programa nuclear iraní que está semana ha celebrado su tercera ronda en Viena. “Este es uno más de los puntos que nos enfrentan con Irán, pero no es el único”, señaló Carney el jueves. Un día después, el portavoz de la presidencia ha recalcado que el asunto del visado y el del diálogo son independientes. “Existe un proceso en marcha que está siguiendo adelante de manera eficiente y profesional y no esperamos que se vea afectado por esta decisión”.

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Texas ejecuta a otro mexicano a pesar de un fallo internacional

Texas ejecuta a otro mexicano a pesar de un fallo internacional

Texas ejecuta a otro mexicano a pesar de un fallo internacionalEn sus últimos minutos de vida, el mexicano Ramiro Hernández pidió perdón a la familia del profesor Glen Ernst Lich, “Gracias Dios, estoy yendo contigo”, dijo. Luego, tranquilo, cerró los ojos y se sometió a la inyección letal a las 18:17. A pesar de sus esfuerzos, el Gobierno de México no logró detener la ejecución, profundizando las diferencias políticas con Estados Unidos. En 2004, la Corte Internacional de Justicia ordenó que su caso – junto a otros 50 – debía ser revisados puesto que los acusados no recibieron la asistencia consular necesaria.

Hernández tenía mucho que decir: se despidió de su familia, les dijo que no estuvieran tristes y que él estaba contento. “Lo siento, por lo que hice. Sepan que he sido feliz hasta el final. A la familia de mi patrón, los amo”, aseguró. Minutos antes de morir, incluso le dedicó palabras a los jóvenes y les recomendó “aprender de sus errores”.

Un poco antes de las 18:00 horas, un grupo de personas se congregaron en la Unidad de las Paredes de la Prisión de Huntsville, para seguir la ejecución del mexicano Ramiro Hernández. La mayoría estaba con la organización Texas Death Penalty Abolition Movement.

“Esta ejecución es ilegal e inmoral, no podemos decidir quién vive y quien no”, gritaba la activista Gloria Rubac con un megáfono.

A diferencia de casos anteriores, cuando se ha mantenido el suspenso hasta dar paso a un fallo judicial de última hora, esta vez su destino estaba claro desde las primeras horas del día y Hernández fue declarado muerto a las 18:28.

“Estoy aquí porque es necesario que contemos lo que están haciendo con estas personas. Se me hace injusto, hay gente inocente que pasa por esto y no tiene que ser así. Nadie tiene por qué quitarle la vida a nadie, Dios es el que decide”, aseguró Yanci Escobar. Su esposo, Juan Balderas está condenado a muerte, pero aún no tiene fecha de ejecución.

El hermano de Hernández, Jorge, aseguró a EL PAÍS que Ramiro ha tenido la oportunidad de cerrar el ciclo que se abrió hace 17 años, cuando fue acusado por el asesinato de Glen Ernst Lich y la violación de su esposa Lera en 1997. “Él nos ha dado fortaleza, ha hablado con mi madre y le pidió perdón por el dolor que le ocasionó, es duro, duele, pero me da ánimo pensar en lo tranquilo que está”, explicó.

Jorge contó que hace dos años su hermano se acercó a Dios y eso ha generado un cambio inmenso en él. “Yo veo fotos de él de antes con una sonrisa fingida, porque uno lo conoce se da cuenta de que es una persona distinta. Él dice que vivir es Cristo y morir es ganancia”, dijo.

El retraso mental ha sido uno de los principales argumentos en la defensa de Hernández, pero su familia deja eso en manos de especialistas y no en base a juicios propios. “Para mí, las personas con retraso mental son aquellas que andan vagando con su mente en otra parte. Pero después me di cuenta de que se necesita el diagnóstico de un profesional”, aseguró Jorge.

La abogada de Hernández Sheri Johnson insistió en que la evaluación psiquiátrica no fue profesional y estuvo basada en el racismo en contra de mexicanos. “No se reunieron con él, no hablaron con su familia, el doctor ni siquiera sabía hablar español”, comentó.

Después de que todos los recursos legales fracasaran se esperó hasta último momento la llamada del gobernador Rick Perry, el único con el poder suficiente para detener la ejecución, pero el teléfono nunca sonó.

Entre los testigos por el lado de Hernández, presenciaron la ejecución su abogada Sheri Lynn Johnson, dos de sus hermanos, Jorge y Adelina y su cuñado Roberto Ramírez. Por parte de la víctima Glen Ernst Lich figuró su hijo, Stephen.

Nuevos roces diplomáticos

Hernández es uno entre los nueves mexicanos en Texas, que fueron parte del caso Avena, donde se agruparon 51 personas, apoyadas por el Gobierno de México, que no recibieron asistencia consular antes de ser condenados.
En 2004, la Corte Internacional de Justicia determinó que las cortes estadounidenses deben revisar el proceso legal y en 2008 con el caso “Medellín versus Texas” la Corte Suprema de Estados Unidos determinó que el Congreso debe aprobar legislación para implementar este fallo, pero no se han logrado avances en Washington.

Hernández es el cuarto mexicano incluido en el caso Avena que ha sido ejecutado. En el interior del Gobierno mexicano crece la molestia ya que, a pesar de las instancias internacionales, no hay cambios en Estados Unidos.
El Gobierno de México reiteró “su indignación por la ejecución de ciudadanos mexicanos en contravención a lo ordenado por la Corte Internacional de Justicia y destaca su preocupación por el efecto negativo de esta situación en el régimen internacional de asistencia y protección consular”.

Hace poco más de dos meses, otro mexicano también dentro del Caso Avena – Edgar Tamayo – fue ejecutado también en Texas. En aquella ocasión, el Gobierno texano desoyó la petición del Departamento de Estado, que presionó para que se parara la ejecución. “Lamentamos la decisión de Texas de proceder con la ejecución del señor Tamayo sin revisar ni considerar previamente los tratados internacionales”, afirmó Marie Harf, portavoz del organismo.

El tema se ha tratado en diversas instancias diplomáticas y actualmente están cabildeando a puerta cerrada en el Congreso, aún sin éxito. La oficina del presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes Bob Goodlatte confirmó a EL PAÍS que él, junto a otros legisladores, se reunirá con funcionarios de los gobiernos de Haití, Guatemala y México, donde discutirán temas humanitarios, de control de seguridad, tráfico de drogas e inmigración.

De las 513 ejecuciones que se han realizado en Texas desde el inicio de esta práctica, 274 se han realizado bajo la Administración de Perry. Actualmente hay 274 personas condenadas a muerte en el estado, de ellos 70 son latinos. Desde 1982 hasta ahora se han ejecutado a 90 latinos en Texas.

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CIDH decide crear Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales

CIDH decide crear Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales

CIDH3 de abril de 2014. Washington, D.C. – Teniendo en cuenta el carácter interdependiente e indivisible de los derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió iniciar un proceso para la creación de una Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC).

Este proceso se inicia hoy con la apertura de un fondo especial para recaudar recursos financieros que hagan posible la creación de la Relatoría Especial. La CIDH invita a los Estados Miembros de la OEA a colaborar con aportes a este fondo, el cual también se destinará a financiar las actividades de la Unidad DESC, coordinada por el Comisionado Paulo Vannuchi.

“Esta decisión es histórica”, dijo la Presidenta de la CIDH, Comisionada Tracy Robinson. “Es la primera vez, desde que se estableciera la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión en 1998, que la Comisión adopta la decisión de replicar esa experiencia. Esto refleja la importancia fundamental que la Comisión Interamericana otorga a la protección y promoción de los derechos económicos, sociales y culturales en la región. Una Relatoría Especial implica que el Relator o la Relatora tendrá dedicación a tiempo completo, lo cual permitirá profundizar el trabajo transversal que la Comisión viene realizando en esta materia”.

Coincidiendo con el carácter histórico de la decisión, el Comisionado Paulo Vannuchi, quien coordinará este proceso, explicó que se espera que la Relatoría Especial pueda entrar en funciones a fines de 2015.

“En los últimos años hemos visto avances significativos. Entre 2002 y 2008, unos 40 millones de personas salieron de la pobreza en nuestra región, y se registró cierta reducción en los niveles de desigualdad en la distribución del ingreso”, dijo el Comisionado Vannuchi. “Pero América Latina sigue siendo la región que padece los mayores niveles de desigualdad del mundo, mientras que en Estados Unidos se ha registrado en las últimas décadas un aumento de la desigualdad en la distribución de la riqueza. Estos datos no hacen sino reafirmar la imperiosa necesidad de hacer de la protección de los derechos económicos, sociales y culturales una prioridad, y la decisión de crear una Relatoría Especial así lo refleja”, señaló.

Los derechos económicos, sociales y culturales están contemplados en la Carta de la OEA, la cual consagra importantes metas vinculantes para los Estados relacionadas a los derechos económicos, sociales y culturales, en particular después de la reforma impulsada por el Protocolo de Buenos Aires. En la misma línea, la Declaración Americana reconoce una variedad de derechos económicos, sociales y culturales. Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconoce que “sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos”. Asimismo, en 1988 se adoptó el Protocolo Adicional a la Convención Americana en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San Salvador”, texto que se basó en un borrador preparado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Protocolo de San Salvador reconoce el derecho al trabajo, a condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo, los derechos sindicales, el derecho a la seguridad social, el derecho a la salud, a un medio ambiente sano, a la alimentación, a la educación, y a los beneficios de la cultura, entre otros.

En 2008, la Comisión publicó los “Lineamientos para la elaboración de indicadores de progreso en materia de derechos económicos, sociales y culturales”. Este documento se preparó con la finalidad de ayudar a los Estados Partes del Protocolo de San Salvador a cumplir con el mecanismo establecido en el artículo 19, mediante el cual se comprometieron a presentar informes periódicos respecto de las medidas progresivas que vayan adoptando para asegurar el debido respeto de los derechos consagrados en el mismo. Al respecto se destaca que la CIDH es parte del Grupo de Trabajo encargado de analizar los informes periódicos de los Estados partes del Protocolo de San Salvador y que el mecanismo de seguimiento al Protocolo se encuentra operativo. El Protocolo de San Salvador ha sido ratificado hasta el momento por Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, el Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Suriname y Uruguay.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dado atención al respeto y garantía de los derechos económicos, sociales y culturales en la región a través de sus diversos mecanismos. En 2012, la Comisión creó una Unidad sobre DESC, que estuvo inicialmente a cargo de la Comisionada Rose-Marie Antoine y que desde enero de este año está a cargo del Comisionado Paulo Vannuchi. Asimismo, se ha realizado un proceso de consulta sobre DESC en Argentina, y están planificados procesos similares en Colombia, Brasil, México, Estados Unidos y un país del Caribe.

Asimismo, la CIDH ha publicado diversos informes temáticos sobre DESC, incluyendo “El acceso a la justicia como garantía de los derechos económicos, sociales y culturales”, “Acceso a la información en materia reproductiva desde una perspectiva de derechos humanos”, “El trabajo, la educación y los recursos de las mujeres: la ruta hacia la igualdad en la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales”, “Acceso a servicios de salud materna desde una perspectiva de derechos humanos”, “Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales sobre sus Tierras Ancestrales y Recursos Naturales”, y el recientemente publicado sobre el “Derecho del niño y la niña a la familia”, entre otros.

La Comisión ha celebrado en los últimos años numerosas audiencias temáticas que abordan los DESC. Por ejemplo, en el 150º Período de Sesiones actualmente en curso, se recibió información sobre las condiciones laborales de los trabajadores de la industria avícola y de la carne en Estados Unidos; la alegada práctica de desalojos forzosos que afecta a campesinos y campesinas en Paraguay; las barreras en el acceso a servicios de salud materna en México; la falta de acceso a alimentación adecuada, vivienda y medicinas para los trabajadores migrantes haitianos en República Dominicana; y los obstáculos para la realización de huelgas y otras formas de reivindicación laboral en Venezuela. En el período anterior de audiencias públicas, en octubre y noviembre de 2013, se realizó una audiencia sobre la situación de los derechos económicos, sociales y culturales de campesinos en América Latina donde se recibió información sobre el impacto desproporcionado que las políticas económicas y las crisis tienen sobre las poblaciones rurales. Asimismo, se recibió información en otra audiencia sobre obstáculos y restricciones que afecta el derecho de los trabajadores a sindicalizarse en diversos países de la región.

Con la decisión adoptada hoy, la Comisión Interamericana busca fortalecer y profundizar su trabajo de defensa y protección de los derechos económicos, sociales y culturales de los y las habitantes de las Américas. La CIDH confía en que continuará contando con el apoyo de los Estados Miembros y de la sociedad civil de la región en esta tarea.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

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La OPAQ alaba el compromiso de Argentina contra las armas químicas

La OPAQ alaba el compromiso de Argentina contra las armas químicas

La OPAQ alaba el compromiso de Argentina contra las armas químicasEl director general de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) elogió a Argentina por su compromiso con la Convención sobre ese tipo de artefactos y su apoyo al trabajo que realiza la organización.

09 de abril, 2014 — El director general de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) elogió a Argentina por su compromiso con la Convención sobre ese tipo de artefactos y su apoyo al trabajo que realiza la organización.

Ahmet Üzümcü, visitó ese país esta semana y se reunió con el ministro de Defensa, Agustín Rossi, la subsecretaria para Asuntos Políticos, Carolina Pérez, y el secretario para Asuntos Universitarios, Aldo Caballero, entre otras actividades, según informó la OPAQ este miércoles.

Además, participó en la sesión inaugural de una conferencia regional sobre educación y el uso responsable del conocimiento sobre materiales químicos, organizada por el gobierno argentino en colaboración con la OPAQ.

El director general informó a los representantes gubernamentales sobre la implementación a nivel mundial de la Convención sobre Armas Químicas y las labores para eliminar el arsenal químico de Siria, entre otros asuntos.

En su discurso a los asistentes a la conferencia regional Üzümcü manifestó que la educación y el compromiso están abriendo un frente nuevo en los esfuerzos de la OPAQ para proteger contra los riesgos de las armas químicas.

 

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Ruanda acusa y veta a Francia

Ruanda acusa y veta a Francia

Ruanda acusa y veta a FranciaEn 100 días, entre el 7 de abril y el 4 de julio de 1994, 800.000 hombres, mujeres y niños fueron exterminados en Ruanda. La razón: pertenecían a la etnia tutsi o intentaron oponerse a las matanzas. Al genocidio más rápido de la historia le siguieron dos décadas de cicatrices, impunidad y ocultación. Francia protegió a numerosos sospechosos de haber planificado y ejecutado las masacres, manipuló pruebas y desvió la atención sin pedir excusas. En marzo, una primera condena judicial trató de apaciguar las relaciones bilaterales, y hay 30 casos más en espera de ser juzgados en la Fiscalía del Genocidio en París. Pero Ruanda, el país de las mil colinas, ha vetado la presencia francesa en el 20º aniversario de su tragedia nacional.

El presidente Paul Kagame aprovechó este lunes el discurso oficial del 7 de abril, pronunciado ante 30.000 personas en el estadio Amaharo de Kigali, para afirmar por tercera vez en dos semanas que Francia jugó un papel protagonista en las masacres. Kagame ha concedido entrevistas a la revista Jeune Afrique y al diario Libération. En la segunda afirmó: “Francia y Bélgica tuvieron un papel nefasto en la historia de Ruanda, y contribuyeron al surgimiento de una ideología genocida”.

Pero la acusación más dura estaba en la primera entrevista, del 27 marzo: “Las potencias occidentales querrían que Ruanda sea un país normal. Pero es imposible. Vean el caso de Francia. Veinte años después, el único reproche que admite es que no hizo lo suficiente para evitar el genocidio. Es un hecho, pero esconde lo esencial: el papel directo de Bélgica y Francia en la preparación política del genocidio, y la participación de esta última en su ejecución. Pregunten a los supervivientes de la masacre de Bisesero en junio de 1994, y les dirán lo que hicieron los soldados franceses de la Operación Turquesa. Cómplices seguro, en Bisesero y en la llamada zona humanitaria segura. Pero también actores”.

Las palabras de Kagame, el presidente que encarna la victoria contra los genocidas y el nuevo despertar de Ruanda, han abierto una nueva crisis diplomática entre Kigali y París. El conservador Alain Juppé, ministro de Exteriores en 1994 con François Mitterrand; y Laurent Fabius, el ministro socialista actual, han expresado su malestar, demostrando que el bloque formado por la derecha y la izquierda para silenciar las aberraciones cometidas en Ruanda sigue vigente. El periodista Patrick de Saint-Exupéry, que reveló cómo el Ejército francés toleró tres días de asesinatos masivos en Biserero, tituló su libro sobre aquel episodio con una fórmula elocuente: “Lo inconfesable”.

Kagame tiene razones para estar enfadado con París. El presidente ruandés había invitado a François Hollande a acudir a la conmemoración, que durará, como las matanzas, 100 días. Pero París decidió mandar, contra toda lógica institucional, a Christiane Taubira, ministra de Justicia y única persona de raza negra del Gabinete. Mientras Bélgica no alteró sus planes y enviaba a su ministro de Exteriores, París replicó al ataque de Kagame dejando que fuera su embajador en Kigali quien asistiera a los actos oficiales. Pero este lunes las autoridades locales indicaron que la presencia del embajador no era “deseada”. Poco después, el Elíseo emitió una nota en la que se suma al “pueblo ruandés para honrar la memoria de las víctimas”, y presume de que “la prevención de los genocidios es un elemento central de la acción exterior de Francia”.

El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, que sí estaba en Kigali, reconoció que el genocidio es “una vergüenza” para la ONU: “Debimos hacer más, los cascos azules fueron retirados de Ruanda en el momento en que más se les necesitaba”.

La ausencia de Francia erosiona la imagen de libertador de África que ha intentado construirse Hollande tras intervenir militarmente en Malí y República Centroafricana. Edwy Plenel, director de Mediapart, ha recordado que Francia tardó medio siglo en asumir su responsabilidad directa en el Holocausto, y se ha preguntado por qué Hollande no ha ido a Ruanda a “presentar excusas, pedir perdón y decir la verdad”, admitiendo que “Francia —es decir su presidencia, su Gobierno, su Estado y su ejército—, fue cómplice del genocidio”.

Bélgica hizo ese ejercicio de contrición en el año 2000, y lo repitió en 2004. En 2010, Nicolas Sarkozy reconoció la “ceguera” de Francia, sin ir más allá. Ahora, al no hacer una cosa ni otra, la Francia oficial, dice Plenel, “ha deshonrado al pueblo francés”.

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Ruanda 20 años después. ¿Qué queda?

Ruanda 20 años después. ¿Qué queda?

Ruanda 20 años después. ¿Qué queda?Hace 20 años comenzó el genocidio de Ruanda. ¿Cómo recordarlo? La raíz de este verbo, re-cordis, significa “volver a pasar por el corazón”. ¿Puede recordar quien vivió el genocidio como una serie de partes noticieros en el salón de su casa? ¿Quiere verdaderamente recordar un superviviente del genocidio? La respuesta a las dos preguntas parece un no rotundo, pero el olvido no es una opción. Solo queda aferrarse a los hechos con la esperanza de que contengan alguna enseñanza.

El 6 de abril de 1994, el expresidente Juvenal Habyarimana muere al ser derribado el avión donde viaja. Su asesinato desencadena una vorágine de violencia. El ejército ruandés y las milicias interaharamwe, incitados por el odio étnico que promueven Radio Télévision Libre des Mille Collines (RTLM) y la revista Kangura, matan al 70% de los tutsis en el país. También mueren los hutus que no colaboran en la carnicería, traidores según los diez mandamientos de Hassan Ngeze. Una de las primeras víctimas es precisamente la primera ministra, Agathe Uwilingiyimana, asesinada salvajemente junto a su escolta de cascos azules belgas. El saldo en cien días es de entre 800.000 y un millón de ruandeses muertos.

Detrás de estas cifras late un horror indescriptible. Peor aún, este horror se resiste a que se le extraiga significado. La guerra civil entre el ejército de Ruanda y la principal insurgencia tutsi, el Frente Patriótico Ruandés (RPF), había concluido en 1993 con un frágil acuerdo de paz. La opresión de los hutus por los tutsis, correa de transmisión de las autoridades coloniales belgas en el pasado, no explica una reacción como la que tuvo lugar. Jared Diamond señala que Ruanda en 1994 se había convertido en el país más superpoblado de África, lleno de bocas que alimentar y falto de tierra cultivable. Pero el materialismo histórico tampoco ayuda a entender el sadismo con que se llevaron a cabo las matanzas.

No se puede recordar un genocidio sin reflexionar sobre la brutalidad de la que es capaz el ser humano. Hobbes escribió que el hombre es un lobo para otro hombre, pero sería difícil encontrar en la naturaleza una crueldad tan estúpida y atroz como la que asoló Ruanda. Y no solo Ruanda. La Inquisición, la matanza de San Bartolomé, el Holodomor y los gulags, la solución final, la ESMA: asomarse a estos abismos es exponerse a perder la fe en el ser humano. ¿Cuáles son nuestros grandes logros, el contrapeso a los horrores que los hombres se han inflingido entre sí? Tal vez ese contrapeso no existe. Tal vez la historia de la humanidad es, como escribió Jaime Gil de Biedma de la de España, la más triste: porque termina mal.

La historia de Ruanda es la más triste, porque en ella nadie estuvo a la altura de las circunstancias. La ONU fracasó. Kofi Annan desestimó las advertencias de Roméo Dalaire, comandante de los cascos azules enviados en 1993. Boutros Boutros-Ghali, entonces secretario general de la ONU, había vendido granadas, lanzamisiles y munición al gobierno ruandés durante su mandato como ministro de Exteriores de Egipto. Bélgica, en un ataque de pánico, retiró sus cascos azules y abandonó Ruanda a su suerte. La administración de Estados Unidos, presidida por Bill Clinton, reacia a intervenir tras el fiasco de Somalia, no usó la palabra “genocidio” hasta  el 25 de mayo. François Mitterrand, en uno de los episodios más repugnantes de la política exterior francesa, apoyó  al gobierno genocida. Supuestamente destinada a detener las masacres, la Operación Turquesa estableció un corredor que permitió la fuga de dirigentes hutus a Zaire, hoy República Democrática del Congo (RDC).

La historia de Ruanda es la más triste, porque no acaba en julio de 1994. Las represalias del FPR se cobraron entre 25.000 y 100.000 vidas. Tras hacerse con el poder, las autoridades tutsis emprendieron una campaña contra los criminales de guerra hutus exiliados en la frontera con RDC. Las guerras del Congo se han convertido en el conflicto más sangriento desde la Segunda Guerra mundial: cinco millones de muertos y contando, consecuencia del apoyo de Ruanda a grupos armados rebeldes que han arrasado el país. Paul Kagame, presidente desde 2000, representa las contradicciones de la Ruanda post-genocidio. Aunque es alabado por mandatarios como Clinton y Tony Blair, Kagame ha llevado a cabo una campaña sistemática de asesinatos contra hutus y opositores exiliados. Y se precia de ello. Ante el asesinato de su antiguo colaborador, Patrick Karegeya, Kagame lamentó no haber sido él quién ordenase su muerte. Su deriva autoritaria ensombrece los logros del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (ICTR) y los tribunales Gacaca.

La historia de Ruanda es la más triste, porque no es la última. Las matanzas entre cristianos y musulmanes en República Centroafricana ya han desplazado a 300.000 personas, aunque las intervenciones francesas, tanto allí como en Malí, han estabilizado la situación. Continúa sin estar claro cómo respondería la comunidad internacional ante un nuevo genocidio. Las aventuras en Irak y Afganistán han dejado al público estadounidense sin voluntad de intervenir en el extranjero. Europa, con la excepción  de Francia, es incapaz de desplegar soldados en África. China y Rusia, al menos sobre el papel, se oponen a las intervenciones humanitarias. Y mientras el odio y el miedo al Otro no desaparezcan, persistirá la posibilidad de que ocurran nuevos genocidios. Recordar es frustrante y doloroso, pero el precio del olvido es demasiado alto.

Para más información:

Eric K. Leonard, “La CPI y el futuro de la justicia universal”. Política Exterior 148, julio-agosto 2012.

Steven Hege, “Elecciones y estabilidad en los Grandes Lagos”. Política Exterior 144, noviembre-diciembre 2011.

Mark Raper, “Ruanda: diez años después”. Política Exterior 99, mayo-junio 2004.

Miguel Fernández-Palacios M., “Lo que pasa en el Congo oriental”. Política Exterior 121, enero-febrero 2008.

 

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Activistas prorrusos declaran la República de Donetsk

Activistas prorrusos declaran la República de Donetsk

Activistas prorrusos declaran la República de DonetskHace tiempo que las espadas están en alto contra Kiev en Donetsk y otras ciudades del cinturón rusóhablante del este de Ucrania, pero el desafío se multiplicó este lunes con la declaración de independencia de la región y la convocatoria para el 11 de mayo de un referéndum como el de Crimea, no tanto de autodeterminación como de adhesión inquebrantable a Moscú. La demostración de fuerza prorrusa ha dejado sin aliento al país y al mundo, en un alarde tan coordinado y efectivo que las fuerzas de seguridad no han podido hacer nada para impedirlo.

Entre barricadas y retenes de encapuchados, en caóticas asambleas a voz en grito o a golpe de megáfono, miles de activistas prorrusos que el domingo ocuparon varias sedes gubernamentales Donetsk, Jarkov y Lugansk marcan desde este lunes la pauta en la crisis abierta por el desalojo del poder del presidente Víctor Yanukóvich en febrero.

En respuesta, Kiev avienta, como viene haciendo desde la ocupación de Crimea, el fantasma de una invasión rusa. El pulso entre ambos bandos, de resultado impredecible, tiene a Ucrania de nuevo en vilo cuando aún no se ha recuperado de la inestabilidad provocada por la revolución del Maidán y a menos de dos meses de las elecciones del 25 de mayo. El presidente en funciones del país, Alexandr Turchínov, anunció este lunes medidas antiterroristas contra los prorrusos alzados en Donetsk, Lugansk y Jarkov, la segunda ciudad del país. Tras cancelar un viaje a Lituania, el mandatario coordina los trabajos de las agencias de seguridad para hacer abortar la revuelta.

Según el primer ministro interino, Arseni Yatseniuk, los radicales no son más de 1.500 individuos, apoyados por los servicios secretos rusos para “facilitar la incursión de tropas extranjeras”, que se encontrarían a no más de 30 kilómetros de la frontera con Ucrania, en un nuevo capítulo de la ofensiva destinada a “desmembrar el país”.

Pero las imágenes que repiten las cadenas rusas de televisión —en Crimea no pueden verse los canales ucranios— muestran a varios miles de personas ocupando espacios públicos y organizando la logística necesaria para levantar otro Maidán de signo muy distinto al que que surgió hace cinco meses en Kiev. Tras Donetsk, capital de la región industrial homónima, los partidarios de Moscú se han hecho fuertes también en Lugansk, donde la policía ha cerrado el acceso a la ciudad, y Jarkov, desde donde reclaman un modelo federal para Ucrania y el uso oficial de la lengua rusa. La ocupación de sedes de la Administración no es una novedad desde que se produjo el vuelco en el poder en Kiev, pero sí el hecho que ahora haya surgido de forma generalizada y simultánea.

Las autoridades de la autodenominada República Popular de Donetsk han pedido ayuda militar a Rusia para resistir la presión —y presumiblemente el castigo— de Kiev hasta el 11 de mayo. “Estamos listos para luchar por nuestras ideas, pero sin vuestro apoyo, sin la ayuda del Ejército de Rusia, nos será difícil resistir ante la junta golpista de Kiev”, dijo uno de sus líderes.

En un conflicto en el que cada bando asegura contar con fuerzas de autodefensa e, incluso, con grupos de partisanos preparados para empuñar las armas, esta invitación a Moscú como “fuerza de interposición”, en palabras de los insurrectos, solo puede complicar las cosas.

Como “mitad organización militar, mitad movimiento patriótico” se presentaban hace solo una semana en Donetsk los líderes del prorruso Frente Este, Eduard Akopov, comandante, y Nikolay Solucev, comisario. “¿Que si tenemos armas? ¿Usted qué cree? No hacemos declaraciones sobre eso, que cada cual se imagine lo que quiera”. Con “12.000 miembros activos” —imposible comprobar el dato—, Frente Este es uno de los más radicales, y sus líderes aseguran que, como organización revolucionaria, harán todo lo posible “para animar la revuelta”. Otro grupo prorruso, República de Donetsk, ejecutó y abanderó el domingo la toma del gobierno local en la ciudad, y, aunque defiende los medios pacíficos, su líder, Andrei Purgin, asegura que “están preparados para un escenario distinto. Nos defenderemos por cualquier medio en caso de agresión”, manifestó Purgin a este diario.

Entre los partidarios de las nuevas autoridades de Kiev —cuyo intento de estabilizar la región nombrando gobernadores a varios oligarcas se ha revelado insuficiente—, también hay grupos movilizados, como una célula partisana en las filas del Comité de Fuerzas Patrióticas de la región de Donetsk —donde según el último censo son ucranios el 54% de sus habitantes frente al 47% de rusos—, o incluso las autodefensas entrenadas y dirigidas por Nikolai Yakubovich, enviado especial de Kiev a la región. “De momento son solo grupos civiles, sin armas, entrenados para mantener el orden, pero en caso de agresión obviamente responderemos con medios proporcionales”, explicaba Yakuvobich hace unos días. Según la policía, los asaltantes de la sede de los servicios de seguridad en Lugansk se han hecho con el arsenal depositado en el edificio.

Lo cierto es que, en plena precampaña electoral, y con las heridas aún recientes del Maidán, todos chapotean en la crisis, en una guerra de nervios y propaganda que va in crescendo. El Partido de las Regiones (prorruso) de Yanukóvich sugirió este lunes que se negocie con los separatistas, la denominación de Kiev para aludir a los prorrusos del este; la exprimera ministra Yulia Timoshenko tildó de “artificiales” los focos de resistencia en el este y, mientras la Bolsa de Moscú registraba una brusca caída del 3%, el Kremlin pedía a Kiev que dejara de una vez de acusar a otros de sus propios problemas.

Tras el desalojo de Yanukóvich, el presidente ruso, Vladímir Putin, ha manifestado su firme intención de usar la fuerza para defender a las minorías rusas de Ucrania, el argumento que utilizó para ocupar Crimea. En una reunión con los jefes del FSB (antigua KGB), Putin advirtió ayer que Rusia nunca tolerará una situación como la de Ucrania, “con grupos financiados desde el extranjero para desestabilizar y dar un golpe de Estado”, como el que a su juicio se produjo en Kiev en febrero.

 

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Palestina entregó documentos para adherirse a convenios internacionales

Palestina entregó documentos para adherirse a convenios internacionales

El coordinador especial de la ONU para el Proceso de Paz en Oriente Medio, Robert Serry Foto:ONU/Rick BajornasPalestina entregó hoy a la ONU la documentación requerida para adherirse a trece convenciones y tratados internacionales. El embajador de Palestina, Riyad Mansour, fue el encargado de hacer llegar a la jefa de Gabinete de Naciones Unidas, Susana Malcorra, las correspondientes cartas para esos trámites.

02 de abril, 2014 — Palestina entregó hoy a la ONU la documentación requerida para adherirse a trece convenciones y tratados internacionales. El embajador de Palestina, Riyad Mansour, fue el encargado de hacer llegar a la jefa de Gabinete de Naciones Unidas, Susana Malcorra, las correspondientes cartas para esos trámites.

El coordinador especial de la ONU para el Proceso de Paz en Medio Oriente, Robert Serry, recibió trece cartas correspondientes a esas solicitudes, confirmó el portavoz de la ONU, Farhan Haq y agregó que posteriormente serán revisadas para considerar las siguientes medidas pertinentes.

Entre los tratados a los que Palestina desea adherirse se incluyen las Convenciones de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y Consulares; acerca de los Derechos del Niño; sobre la Eliminación de la Discriminación de la Mujer y la relativa a la Tortura.

Palestina también presentó a los representantes diplomáticos de Suiza y Holanda ante su gobierno documentos para pedir su adhesión a las Convenciones de Ginebra de 1949 y de La Haya sobre usos y costumbres de guerra.

El portavoz subrayó que al firmar las cartas, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, enfatizó que es su intención continuar las negociaciones de paz con Israel iniciadas en julio del año pasado bajo auspicios de la ONU.

“Esperamos que se encuentre la manera de seguir adelante con las negociaciones dentro del plazo de nueve meses fijado que expirará el 29 de abril. La meta sigue siendo alcanzar las bases para negociar un acuerdo de paz amplio sobre el estatuto final”, apuntó Haq.

 

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