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    La Cumbre del Clima termina con un acuerdo de mínimos

    La Cumbre del Clima termina con un acuerdo de mínimos

    La Cumbre del Clima termina con un acuerdo de mínimosLa Cumbre del Clima de Lima aprobó este domingo un documento que implica que, por primera vez en la historia de las negociaciones climáticas, todos los países deben presentar acciones para combatir el calentamiento, de manera que encauza un futuro acuerdo en París 2015, aunque deja muchos frentes abiertos.

    Según el texto adoptado, “La llamada a la Acción de Lima”, todos los países tienen que presentar a Naciones Unidas, antes del 1 de octubre de 2015, compromisos “cuantificables” de reducción de gases de efecto invernadero de una manera “clara, transparente y entendible por todos”.

    Esos compromisos deben ser “ambiciosos” y “justos de acuerdo a las circunstancias nacionales”, y han de ir acompañados de información detallada de las acciones qué va a desarrollar el país para que esa disminución de emisiones se cumpla.

    También se “invita” a los países a que incluyan en sus compromisos cómo van a contribuir a financiar la adaptación a las sequías, subida del nivel del mar o pérdida de cosechas que acarreará el cambio climático; una fórmula lingüística elegante para tranquilizar a los países en desarrollo que se negaban a firmar nada que no hiciera referencia a la adaptación.

    LA ONU ANALIZARÁ LAS MEDIDAS

    El otro gran avance del acuerdo de Lima, alcanzado in extremis en un intenso día de prórroga de las negociaciones, es que, tras la presentación de los compromisos, la ONU analizará el impacto global de esas contribuciones nacionales para determinar si son suficientes para que la temperatura del planeta no suba más de dos grados a finales de siglo, respecto a niveles preindustriales.

    Tras la aprobación del acuerdo, el comisario europeo de Energía y Clima, el español Miguel Arias Cañete, valoró “la flexibidad” que han mostrado los cerca de 200 países reunidos en Lima para que estas negociaciones, que estuvieron bloqueadas hasta apenas dos horas antes de concluir, “salieran adelante”.

    La mayoría de los líderes de las delegaciones nacionales declararon que “La llamada a la Acción de Lima” facilita “una estructura de trabajo para continuar trabajando en el acuerdo de Francia, como dijo el enviado de Cambio Climático de la Administración Obama, Todd Stern.

    NO CONCRETA

    El texto contiene muchas referencias a los “elementos” que deberá contener ese futuro acuerdo de París, pero sin concretarlos, ya que en los trece días que ha durado la reunión quedó claro que, en Lima, el consenso iba ser imposible en torno a esos temas.

    Ese hecho, implica “que quedan muchos frentes abiertos y mucho trabajo por delante el próximo año” para que París sea un éxito, asegura Teresa Ribera, directora de uno de los principales lobbies climáticos europeos, el IDDRI.

    Lima deja abierta, por ejemplo, la fórmula jurídica que tendrá el futuro acuerdo, aunque propone tres opciones: “protocolo”, “instrumento legal” o “resultado acordado”.

    Y habla de que deberá ser un pacto “equilibrado y de equidad”, que contenga “responsabilidades comunes pero diferenciadas”, pero no detalla cómo se va articular esa diferenciación.

    SIN HOJA DE RUTA

    Apela a desarrollar un mecanismo internacional para pérdidas y daños asociados con los impactos del cambio climático, y a implementar la financiación a la adaptación, pero no cuenta cómo ni presenta una hoja de ruta para alcanzar los 100.000 millones de dólares comprometidos por los países en esta última materia para 2020.

    Tampoco aclara qué va a hacer la ONU si al contabilizar los compromisos de reducción que le presenten los países detecta que son insuficientes para que la temperatura global no supere esos dos grados, que podrían convertir el planeta en un lugar “inhabitable” según los científicos.

    El presidente de la Cumbre, el ministro peruano Manuel Pulgar Vidal, despedía la reunión afirmando que La llamada a la Acción de Lima “da esperanza al mundo”, pero, como ha reconocido Christiana Figueres, la secretaria de la Convención de Cambio Climático de la ONU, “queda mucho por hacer” para que el acuerdo de 2015 sea efectivo para afrontar este problema.

     

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    La Corte Penal suspende sus investigaciones en Darfur

    La Corte Penal suspende sus investigaciones en Darfur

    La Corte Penal suspende sus investigaciones en DarfurLa Corte Penal Internacional (CPI) ha decidido suspender las investigaciones sobre presuntos crímenes de guerra cometidos en la región sudanesa de Darfur. Según la fiscal jefe, Fatou Bensouda, la falta de apoyo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para llevar a cabo las pesquisas la obligan “a paralizar el caso para dedicarme a otros más urgentes”. Bensouda ha anunciado su decisión ante la propia ONU, a la que ha pedido “un cambio radical de actitud”. La fiscalía ya ha renunciado a juzgar al presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, por crímenes contra la humanidad. Supuestamente cometidos tras las elecciones de 2007, no ha podido reunir pruebas por falta de colaboración del Gobierno keniano.

    En su comparecencia sobre Darfur, la fiscal ha criticado duramente la “inacción” del Consejo de Seguridad incluso ante denuncias de violaciones en masa. En noviembre, el Gobierno de Sudán pidió a la misión conjunta de efectivos de la propia ONU y de la Unión Africana (Unamid) que cerrara sus oficinas en Jartum, dedicadas a la defensa de los derechos humanos. “Hubo una denuncia de unas doscientas violaciones en la localidad de Tabit que se intentó investigar. Los supuestos causantes fueron soldados sudaneses, pero no se ha podido entrar allí. Este Consejo debería actuar de inmediato”, ha añadido Bensouda. El mayor problema es que China, miembro permanente del mismo, es un aliado tradicional de Jartum y ha vetado hasta la fecha intervenir allí.

    La Corte es la única instancia permanente dedicada a perseguir el genocidio y los crímenes de guerra y contra la humanidad, pero no ha logrado arrestar al presidente sudanés, Omar el Bachir. Acusado de genocidio en 2009, Sudán no reconoce la competencia de la justicia internacional. Otros países que sí forman parte de la CPI, como Chad, tampoco colaboran. Ni siquiera ahora que es miembro no permanente del Consejo de Seguridad. Por su parte, Yoweri Museveni, presidente de Uganda, ha pedido a los demás países africanos que abandonen “una Corte que solo nos persigue a nosotros”.

    El conflicto de Darfur se remonta a 2003, cuando los rebeldes de etnia africana negra denunciaron con las armas la marginación sufrida por parte del Gobierno de El Bachir, de origen árabe. Los milicianos yanyaweed, apoyados por las autoridades, persiguieron a sus compatriotas, y según la CPI, la lucha desembocó en genocidio. En 2005, el Consejo de Seguridad utilizó su prerrogativa de enviar el caso a la Corte para que lo investigara. Según cálculos de la propia ONU, al menos 200.000 personas han muerto en la última década. Otras 430.000 han tenido que abandonar su hogar en lo que va de año. Más de dos millones estaban ya en la misma situación.

    La CPI, en vigor desde 2002, tiene procesos abiertos en seis países, todos ellos africanos: República Centroafricana, Libia, Costa de Marfil, Uganda y República del Congo. Hasta la fecha y tras 12 años de vida del CPI, el único caso cerrado es el del señor de la guerra congoleño Thomas Lubanga condenado a 14 años de cárcel por reclutar niños soldado. Lubanga perdió la apelación sobre su caso el pasado 1 de diciembre.

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    ONU insta a denunciar atropellos de los derechos humanos

    ONU insta a denunciar atropellos de los derechos humanos

    ONU insta a denunciar atropellos de los derechos humanos10 de diciembre, 2014 — El Secretario General de la ONU instó hoy en el Día de los Derechos Humanos a levantar la voz y denunciar a quienes violan esas garantías básicas.

    En un mensaje para conmemorar la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos un 10 de diciembre de 1948, Ban Ki-moon subrayó que esos valores son para todos, independientemente de la identidad, del lugar de nacimiento, el ingreso económico, la opinión u orientación sexual.

    Por su parte, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, destacó que un sinnúmero de personas ha logrado mayor libertad desde que se adoptó esa Declaración.

    Al Hussein dijo que ha ayudado a evitar atropellos, además, muchos, aunque no todos, han logrado librarse de la tortura, el encarcelamiento injustificado, la ejecución sumaria, la desaparición forzada, la persecución y la discriminación, entre otros.

    El Alto Comisionado animó a seguir las actividades planificadas para este Día ya sea en persona o en las redes sociales de modo a exigir los derechos humanos que son universales, indivisibles e inalienables.

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    Por qué hay lugares del mundo que no están en los mapas

    Por qué hay lugares del mundo que no están en los mapas

    Por qué hay lugares del mundo que no están en los mapasEn 1504 un cartógrafo anónimo, posiblemente italiano, hizo un grabado meticuloso del mundo en dos mitades unidas de un huevo de avestruz.

    Este antiguo globo incluía recientes descubrimientos de lejanas tierras como Japón, Brasil y la península arábica. Pero había puntos en blanco, y otros en los que se leía: “Aquí hay dragones”.

    Hoy es posible afirmar que no existen territorios desconocidos habitados por dragones.

    Aun así, no es del todo cierto decir que el planeta en su totalidad está representado.

    Aunque parece haber un mapa para cada lugar, eso no significa que estas representaciones sean completas, precisas o fiables.

    Para empezar, todos los mapas son parciales de acuerdo con el punto de vista, subjetivo, de su creador.

    “Siempre queremos ponernos a nosotros en el mapa”, afirma Jerry Brotton, profesor de estudios renacentistas de la Universidad Queen Mary de Londres y autor del libro “Una historia del Mundo en 12 mapas”.

    “Los mapas plantean tanto preguntas geográficas como existenciales”, añade Brotton.

    “Nos queremos ver en el mapa pero a la vez lo observamos desde arriba, como si fuésemos dioses”.

    Lea: Los mapas más increíbles de la historia

    El verdadero tamaño de África

    Pero los mapas pueden también sobrestimar la valía de sus creadores, o representar algunos lugares mejor que otros.

    El tamaño real de África, por ejemplo, ha sido tradicionalmente subestimado a lo largo de la historia de la cartografía, e incluso ahora, aquellos que no son africanos tienden a pensar que aquél enorme continente es más pequeño de lo que en realidad es.

    Las motivaciones políticas, económicas y religiosas también juegan un papel importante en la objetividad de un mapa.

    Los mapas de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, eran increíblemente propagandísticos, “enseñaban horribles osos rojos”, asegura Brotton. “Los mapas se distorsionaban para enviar un mensaje político”.

    “Un mapa”, afirma este experto, “siempre tendrá una agenda, un argumento, una propuesta de cómo se ve el mundo desde determinada perspectiva”.

    Visión distorsionada

    Incluso los mapas digitales actuales se adhieren a esta máxima, añade el experto.

    Google y otros creadores de mapas convirtieron al mundo en “un enorme navegador de internet”, guiados por intereses comerciales, explica Brotton.

    Pero Manik Gupta, director del producto Google Maps, argumenta que los objetivos principales de su compañía son organizar la información del mundo y hacerla accesible y útil para todos.

    “Nuestro trabajo es asegurar que esta información sea rigurosa y útil. Los usuarios decidirán qué hacer con ella”, dice Gupta.

    Aun así, incluso los mapas digitales se inclinan hacia lo que los usuarios consideran más importante.

    Aquellas áreas que la mayoría califica como menos importantes, como los barrios pobres de grandes ciudades del Tercer Mundo, siguen sin estar adecuadamente representadas.

    Esto implica que algunos mapas de regiones remotas pueden contener errores que pasen inadvertidos durante años.

    Google tiene dos maneras de hacer frente a este problema: enviando a cartógrafos con cámaras de Street View a estos lugares desconocidos y con el lanzamiento de Map Maker, una herramienta creada en 2008 que permite que cualquiera mejore los mapas de Google Maps.

    “Si es importante, entonces es muy probable que los mismos usuarios lo pongan en el mapa”, dice Gupta.

    Lugares negados

    Pero mientras muchas comunidades se han puesto literalmente en el mapa, otras no lo han conseguido.

    “Hay lugares que algunos gobiernos no desean que aparezcan como parte de su paisaje”, dice Alexander Kent, profesor de Geografía de la Universidad de Christ Church en Canterbury, Reino Unido.

    “Lejos de ser alguien objetivo que refleje simplemente lo que hay en el terreno, la persona encargada del mapa tiene el poder de determinar lo que va en él o no”.

    En reconocimiento a este problema, una nueva iniciativa denominada Proyecto de los Mapas Perdidos recluta a voluntarios para rellenar los huecos en los mapas del mundo en desarrollo.

    Aunque todavía es pronto para saber si funciona o no, el proyecto ya ha sido lanzado en Londres y Yakarta para intentar atraer la atención de voluntarios de todo el mundo.

    Una tarea que no acaba nunca

     Pero incluso los mapas más detallados no son inmunes a un problema común: la increíble velocidad de cambio, tanto humano como natural, que caracteriza a la vida en nuestro planeta.

    Algunas ciudades de Asia y África, asegura Gupta, están llevando a cabo tal nivel de construcción que Google Maps no ha sido capaz de mantener el ritmo de actualización.

    Al mismo tiempo los paisajes naturales están en una situación de constante cambio, ahora más que nunca.

    Las islas están siendo devoradas por el mar, grandes superficies de hielo están desapareciendo, las costas se están erosionando y los bosques están siendo deforestados.

    “En el momento en el que terminas de construir el mapa del mundo perfecto ya se quedó anticuado”, afirma Gupta.

    En este sentido, el mundo entero está entonces sin representar, y siempre permanecerá así.

    Una vista de pájaro de una ciudad te dice que está ahí, pero no cómo navegar sus esquinas.

    Un mapa impreso es una reliquia desde el momento en el que sale de la imprenta, ya que es incapaz de tener en cuenta los terremotos, las nuevas carreteras o los cambios en las fronteras.

    Y Google Maps puede darte instrucciones de cómo ir en bicicleta desde Londres hasta Brighton, pero no te de detalles de cómo atravesar una favela en Brasil o las dunas del desierto de Gobi.

    Incluso nuestro mejor mapa dejará huecos por rellenar: la búsqueda por registrar todos los rincones de nuestro planeta es algo que nunca conseguiremos resolver.

     

     

     

    [via El Mundo – lanacion.com]
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    Qué países colaboraron con el programa de torturas de la CIA

    Qué países colaboraron con el programa de torturas de la CIA

    Qué países colaboraron con el programa de torturas de la CIAAlgunos países colaboraron al prestar su territorio para instalar “prisiones secretas”. Otros ayudaron a la CIA a capturar, detener e incluso torturar a los sospechosos de terrorismo. La Agencia de Inteligencia de Estados Unidos desplegó alrededor del mundo una amplia red de alianzas, casi medio centenar, para llevar a cabo, en secreto, su polémico programa torturas en el marco de la “guerra contra el terrorismo” del gobierno de George W. Bush.

    Los países colaboraron principalmente de dos maneras: al permitir la entrega, sin el debido proceso legal, de los sospechosos por terrorismo, o bien proporcionando instalaciones donde los detenidos fueron sometidos a tortura, ya que dentro de Estados Unidos la ley no lo permite.

    Después de intensas negociaciones, los nombres de los países que colaboraron con el programa de la CIA no aparecen en el resumen ejecutivo del informe difundido ayer, tal como pedían la Casa Blanca y la CIA.

    Los países que colaboran fueron sólo identificados en el informe con un código de color, donde cada centro de detención corresponde a un color. Sin embargo, el misterio duró poco. Inmediatamente después de la difusión del informe, periodistas comenzaron a descifrar el código de datos de referencias cruzadas en el reporte del Senado con los informes anteriores sobre las actividades de la CIA en diferentes países.

    Lo que sí muestra el informe es cómo era la relación de Estados Unidos con esos países. Les ofrecía dinero a cambio de su silencio e incluso les pedían a sus contactos en el extranjero que no hablaran sobre los programas de tortura con los embajadores estadounidenses, según The Huffington Post.

    Países con prisiones secretas de la CIA

    El diario The Washington Post descifró el código de colores para revelar países que albergaban prisiones secretas de la CIA:

    • Afganistán (4 cárceles)
    • Polonia
    • Lituania
    • Rumania
    • Tailandia

    Además, según el reporte de la Open Society Justice Initiative de 2013, las instalaciones en Bosnia Herzegovina fueron usadas para “procesar” a los detenidos, pero no queda claro si allí operaba la CIA o el Departamento de Defensa.

    Países con prisiones aliadas con la CIA

    Otros socios extranjeros (incluidos dos gobiernos de los que Estados Unidos se distanció diplomáticamente, Libia y Siria) permitieron a la CIA para llevar a cabo técnicas de interrogatorio en sus propias instalaciones. A partir de informes de la ACLU y la Open Society Justice Initiative, Huffington Post elaboró el siguiente informe:

    • Egipto
    • Siria
    • Libia
    • Paquistán
    • Jordania
    • Marruecos
    • Gambia
    • Somalia
    • Uzbekistan
    • Etiopia
    • Yibuti

    Países que permitieron las entregas

    • Afganistán
    • Austria
    • Australia
    • Albania
    • Alemania
    • Algeria
    • Azerbaiyan
    • Bélgica
    • Bosnia-Herzegovina
    • Canadá
    • Chipre
    • Croacia
    • Dinamarca
    • Djibouti
    • Egipto
    • Emiratos Árabes Unidos
    • Etiopía
    • Finlandia
    • Gambia
    • Georgia
    • Grecia
    • Hong Kong
    • Indonesia
    • Islandia
    • Irán
    • Irlanda
    • Italia
    • Jordania
    • Kenia
    • Libia
    • Lituania
    • Malasia
    • Malawi
    • Mauritania
    • Marruecos
    • Paquistán
    • Polonia
    • Portugal
    • Reino Unido
    • República Checa
    • Rumania
    • Arabia Saudita
    • Somalia
    • Sudáfrica
    • España
    • Sri Lanka
    • Suecia
    • Siria
    • Tailandia
    • Turquía
    • Uzbequistán
    • Yemen
    • Zimbabwe

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    [via El Mundo – lanacion.com]
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    La ONU afirma que las torturas de la CIA no deben quedar “impunes”

    La ONU afirma que las torturas de la CIA no deben quedar “impunes”

    La ONU afirma que las torturas de la CIA no deben quedar “impunes”La difusión del informe del Senado de EE UU sobre las torturas de la CIA en la era Bush ha provocado una reacción de repudio a lo largo del mundo, con mayor o menor intensidad, sin que de momento las duras revelaciones hayan causado represalias contra ciudadanos e intereses norteamericanos, una posibilidad ante la que las embajadas estadounidenses han adoptado preventivamente medidas de seguridad. Berlín, como otras potencias europeas —incluida Gran Bretaña, principal aliado de EE UU en Europa —, ha expresado su rechazo a las prácticas de la inteligencia estadounidense, que juzga de “violación grave de los valores democráticos”, según ha asegurado el jefe de la diplomacia alemana, Frank-Walter Steinmeier. Otros países con problemas con los derechos humanos como China o Irán han cargado contra EE UU. El ayatolá Ali Jameneí, líder espiritual iraní, ha acusado al Gobierno de EE UU de ser el “símbolo de la tiranía contra la humanidad”.

    Alemania. “Tal grave violación de nuestros valores democráticos no se puede repetir”, ha declarado Steinmeier al tabloide Bild, al tiempo que ha saludado la voluntad de Barack Obama de “romper con la política de su predecesor, George W. Bush, y exponer públicamente lo sucedido para que no se vuelva a repetir”.

    Gran Bretaña. El primer ministro británico, David Cameron, ha puesto el acento en que los países occidentales corren el riesgo con el uso de la tortura de perder su “autoridad moral”. “La tortura es un error, siempre es un error. Todos los que queremos ver un mundo más seguro, los que queremos ver derrotado este extremismo, no triunfaremos si perdemos nuestra autoridad moral y aquello que convierte a nuestros países en un éxito”, apuntó Cameron ayer en Ankara, en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro turco, Ahmet Davutoglu.

    Unión Europea. La portavoz de Exteriores la UE Catherine Ray ha condenado “toda forma de tortura y malos tratos, incluso contra el terrorismo”. Ray ha dado la bienvenida a la publicación del informe del Senado de EE UU. El texto, ha expresado, “es un paso positivo para abordar de forma pública y crítica el programa de detención e interrogatorios de la CIA”. La portavoz se ha negado a comentar la participación de países europeos en el programa de la CIA. Según un análisis del documento difundido ayer que hace el diario The Washington Post, la agencia norteamericana tenía centros secretos en tres países de la UE: Polonia, Rumania y Lituania.

    Irán. La tortura a los sospechosos de Al Qaeda muestra que el Gobierno de EE UU es un “símbolo de la tiranía contra la humanidad”, ha escrito en Twitter el líder ayatolá Ali Jameneí, según recoge la agencia France Presse.

    Afganistán. El presidente afgano, Ashraf Ghani, ha convocado una conferencia de prensa extraordinaria para condenar “enérgicamente” las “acciones inhumanas” de la inteligencia estadounidense. “Todos los principios aceptados de derechos humanos y presentes en las leyes de EE UU han sido violados por miembros de la CIA y sus contratistas”, ha criticado Ghani.

    China. La potencia asiática ha instado a EE UU a “corregir sus caminos” y a “reflexionar”, “respetando y acatando las normas de los convenios internacionales”. “China se ha opuesto sistemáticamente a la tortura”, ha afirmado el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Hong Lei. Organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional acusan a China, sin embargo, de múltiples violaciones contra los derechos humanos, como censura de prensa, detenciones sin juicio y persecución de activistas de derechos humanos, periodistas y abogados.

    Naciones Unidas. El alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, Zeid Ra’ad Al-Hussein, ha indicado en un comunicado que no debe haber “impunidad” respecto a las torturas reveladas por el informe. La Convención contra la tortura prohíbe la tortura sin “circunstancias excepcionales”, incluso durante el estado de guerra, dice el texto. “La Convención no deja a nadie fuera, ni los mismos torturadores, ni los responsables políticos ni los funcionarios que dan las órdenes”, apunta.

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Palestina: estatuto de Estado observador acordado por Asamblea de Estados Partes a la Corte Penal Internacional (CPI), por Nicolás Boeglin

La Asamblea de los Estados Partes en el Estatuto de Roma (que establece desde 1998 la Corte Penal Internacional – CPI) se reúne desde el pasado Lunes 8 hasta el próximo 17 de diciembre en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York (ver documento oficial ). En su sesión inaugural, la Asamblea acordó otorgarle a Palestina el estatuto de Estado Observador. El gesto fue reportado tempranamente por una prensa siempre muy alerta sobre estos temas, como la de Israel (ver  nota  del Jerusalem Post). Otra nota más detallada de otro medio israelí (Haaretz) indica por su parte que esta decisión se tomó sin ningún tipo de objeción por parte de los 122 delegados presentes a la cita: el número corresponde al de los Estados Partes al Estatuto de Roma (ver listado oficial) a la fecha (Nota 1).

El artículo 94 del Reglamento de la Asamblea de Estados Partes al Estatuto de Roma prevé que: “Artículo 94: Estados que no tengan la condición de observadores. Al comienzo de cada período de sesiones de la Asamblea, el Presidente podrá, con la aprobación de la Asamblea, invitar a un Estado que no sea Parte ni tenga la condición de observador a designar a un representante para que asista a los trabajos de la Asamblea. Ésta podrá autorizar al representante a hacer una declaración”. En esta condición participan, además de Palestina a partir de esta semana, unos veinte Estados que no son parte al Estatuto de Roma, incluyendo a Estados Unidos y a Rusia.

Se trata de un primer respaldo obtenido por el Estado palestino, que viene a completar un largo y paciente recorrido de las autoridades palestinas ante la CPI en favor de la plena aplicación de justicia penal internacional en su territorio. En efecto, a diferencia de los restantes Estados observadores no Partes a la Asamblea de Estados Partes, Palestina sí ha intentado en el pasado que se investiguen, por parte de la CPI, hechos realizados en su territorio. Lamentablemente, sus intentos no han tenido éxito hasta la fecha, pero ello podría cambiar.

La posición de la Oficina del Fiscal de la CPI

En abril del 2012, y luego de tres largos años de estudio, la Oficina del Fiscal de la CPI rechazó una solicitud para que se investigara por parte de la CPI las acciones armadas de Israel en Gaza (ver comunicado oficial de la CPI de abril del 2012 en  francés  y en  inglés ): el rechazo formalizado en el 2012 se fundamentó en aquel momento en el hecho que Palestina (quién reconoció en enero del 2009 la competencia de la CPI), no ostentaba la calidad de “Estado” reconocido como tal por las Naciones Unidas. Se lee textualmente que para la Oficina del Fiscal de la CPI: “However, the current status granted to Palestine by the United Nations General Assembly is that of “observer”, not as a “Non‐member State” ”.

Obtenido el estatuto de “Estado No Miembro Observador” por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas el 29 de noviembre del 2012 durante una acalorada votación (Nota 2), se pensó que el punto abordado por la Oficina del Fiscal quedaba en parte resuelto. No obstante, con ocasión de la visita del jefe de la diplomacia de Palestina a la CPI en el mes de agosto del 2014, la misma oficina del Fiscal de la CPI señaló la imposibilidad que se investigara lo ocurrido en Gaza en julio/agosto del 2014, precisando que Palestina debía proceder a reconocer la jurisdicción de la CPI (ver comunicado oficial de prensa de la CPI en  francés  y en  inglés  de la Oficina del Fiscal). La actual Fiscal de la CPI consideró oportuno publicar en The Guardian en el mes de agosto del 2014 un artículo en el que rechaza categóricamente la posibilidad de iniciar investigación alguna sobre los hechos acaecidos en Gaza, insistiendo en la necesidad de que Palestina suscriba el estatuto de Roma y reconozca la competencia de la CPI ahora que ostenta el estatuto de “Estado no miembro Observador”.

El temor que despierta el derecho penal internacional

Estas posiciones de la Oficina del Fiscal de la CPI nos recuerdan que el derecho penal internacional es un ámbito del derecho internacional que tiene profundamente preocupado a Israel y a algunos de sus aliados, en particular a su fiel socio norteamericano. Como bien se sabe, el texto del Estatuto de Roma fue aprobado luego de arduas negociaciones en julio de 1998 con 120 votos a favor, 21 abstenciones, y 7 votos contra (China, Estados Unidos, Irak, Israel, Libia, Qatar y Yemen). A diferencia de los demás integrantes de esta extraña coalición de Estados contra la CPI, Estados Unidos (conjuntamente con Israel) firmaron el texto el último día previsto en el texto, el 31 de diciembre del año 2000. El inédito “retiro” de la firma del Estatuto de Roma por parte de Estados Unidos el 6 de mayo del 2002 fue seguido unos meses después por Israel (28 de agosto del 2002). En la carta dirigida al depositario por parte de Israel se lee (ver texto en nota tercera de la sección en la parte baja “End Note” del enlace citado) que: “Israel does not intend to become a party to the treaty. Accordingly, Israel has no legal obligations arising from its signature on 31 December 2000. Israel requests that its intention not to become a party, as expressed in this letter, be reflected in the depositary’s status lists relating to this treaty“. Lo inédito de ambas gestiones – que le darían luego ideas a Sudán unos años después – resulta en el hecho que el derecho internacional nunca previó que un Estado pudiera firmar y luego “retirar” su firma: lo que está previsto, es que una vez firmado y posteriormente ratificado un tratado, un Estado lo pueda denunciar en el momento en que lo estime oportuno. Antes de la administración de G.W Bush, ningún Estado había procedido a semejante gesto con relación a la firma de un tratado.

Además de estas innovaciones técnicas de Estados Unidos y de Israel, el primer Acuerdo Bilateral de Inmunidad (más conocido como ABI) que Estados Unidos suscribió fue con Israel, el 7 de agosto del 2002 (ver texto ) (Nota 3). Posteriormente, Estados Unidos firmaría con más de 100 Estados este peculiar acuerdo bilateral que vacía de contenido varias de las disposiciones del Estatuto de Roma (ver listado elaborado por la Universidad de Georgetown de estos famosos ABIs, eufemísticamente llamados por el Departamento de Estado “Article 98 agreements”). Los especialistas son categóricos sobre la validez de estos tratados bilaterales suscritos por Estados Unidos. Un autor escribió al respecto (ver artículo): “Los Estados Unidos de América argumentan que los acuerdos bilaterales de inmunidad encontrarían fundamento en el artículo 98, numeral 2 del Estatuto de la Corte Penal Internacional. Ello resulta absolutamente falso y no es más que una interpretación conveniente que viene a desvirtuar dicha disposición, que se refiere más bien a la existencia de compromisos o convenios anteriores a la suscripción del Estatuto en 1998, nunca a acuerdos futuros que tuvieran por finalidad proteger a criminales internacionales ni de Estados Unidos de América ni de ningún otro Estado, por lo que en aras de resguardar la integridad de este instrumento una tal disposición sólo puede ser interpretada restrictivamente, particularmente porque así lo impone un método sistemático y teleológico”. En el caso de Costa Rica, los cables Wikileaks revelaron en el 2011 el tipo de presiones y de sanciones que sufrió Costa Rica al oponerse (hasta el final) a suscribir semejante acuerdo con la administración del Presidente G.W. Bush. Un interesante artículo del ex canciller Bruno Stagno (2006-2010) publicado en el 2012 y titulado “Defendiendo la integridad del Estatuto de Roma: los altos y bajos del caso de Costa Rica, 2002-2008” permite dar una idea del tipo de mecanismos usados por Estados Unidos, incluyendo a hacendosos funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) así como un “truco” (p. 15) ideado desde Embajada de Estados Unidos para lograr – a como diera lugar – la firma de dicho acuerdo (ver cable del 23/11/20105). En uno de los cables diplomáticos (ver cable del 9/9/2005) , se lee que el canciller de Costa Rica de la época, Enrique Tovar, expresó”: “For the love of God, this is not the way to treat a country that is your friend”. En otro cable del 2006 (ver cable del 19/01/2006, además de apreciar el esfuerzo desplegado por funcionarios de COMEX sobre el tema, se puede también apreciar el detalle (al final) de uno de los integrantes del futuro gabinete del Presidente Oscar Arias Sánchez.

Los esfuerzos por mantener exacciones cometidas en Palestina fuera del alcance de la CPI

Con relación a Palestina, sus autoridades depositaron formalmente el 21 de enero del 2009 una declaración de aceptación de la jurisdicción de la CPI: nótese que el texto omite precisar la nacionalidad, tanto de las víctimas como la de los “autores y cómplices de actos perpetrados en el territorio de Palestina desde el 1ero de julio del 2002” (traducción libre de : « the Government of Palestine recognizes the jurisdiction of the Court for the purpose of identifying, prosecuting and judging the authors and accomplices of acts commitied on the territory of Palestine since July 2002 » (Nota 4): un reconocimiento de este tipo abre por lo tanto la puerta para investigar las presuntas exacciones cometidas en Palestina, cual sea la nacionalidad de las víctimas y la de sus presuntos autores. Una tesis doctoral publicada en Francia en el 2010 indica que este acto de Palestina en favor de la aplicación de la justicia penal internacional fue considerado por el servicio jurídico del ejército israelí como una nueva forma de terrorismo, desconocida hasta entonces: el «terrorismo legal» (Nota 5). Un cable confidencial de la Embajada de Estados Unidos en Tel Aviv del 23/02/2010 (ver  texto completo ) dado a conocer por Wikileaks en el 2011 evidencia el gran temor que genera a la diplomacia israelí la CPI y la necesidad de contar con el respaldo de Estados Unidos, en los siguientes términos: “Libman noted that the ICC was the most dangerous issue for Israel and wondered whether the U.S. could simply state publicly its position that the ICC has no jurisdiction over Israel regarding the Gaza operation”.

Menos confidencial, recientemente se leyó en un artículo titulado: “US is ‘absolutely adamant’ that Palestine not go to ICC and wreck the peace process — Power” que para la diplomacia de Estados Unidos, “The ICC is of course something that we have been absolutely adamant about. Secretary Kerry has made it very, very clear to the Palestinians, as has the President. I mean, this is something that really poses a profound threat to Israel” (sic). Salvo error de nuestra parte, debe ser la primera vez en la historia del derecho internacional que se afirme públicamente que una jurisdicción penal internacional constituye una verdadera amenaza para un Estado considerado como un aliado: un hecho que amerita ser recalcado y analizado. Algunos podrían ver en esta manifestación pública algo que se asemeja a una confesión. No sería la primera vez que se oyen extrañezas de esta índole de parte de representantes diplomáticos: la edición del The Washington Post  29/11/2012   refiere a otra inédita manifestación pública, esta vez proviniendo de la diplomacia británica: Reino Unido estaba dispuesta a votar en favor del texto que reconoce a Palestina el estatuto de Estado No Miembro Observador, siempre y cuando Palestina diera garantías de no accionar los mecanismos de la Corte Penal Internacional (CPI): “The U.K. suggested that it might vote “yes” if the Palestinian Authority offered assurances that it wouldn’t pursue charges in the International Criminal Court, but apparently came away unsatisfied refiere The Washington Post, un medio usualmente bien informado. Otra extrañeza que, sumada a la anterior y a muchas otras más, nos indica que se busca, por parte de algunos, evitar a toda costa que la justicia penal internacional pueda aplicarse en Palestina.

Palestina: una sombra nada furtiva en Roma

Este esfuerzo no es reciente, sino que se dejó sutilmente entrever durante las negociaciones previas a la adopción del Estatuto de Roma en julio de 1998, texto que establece la CPI. Por ejemplo, durante las discusiones sobre la definición de crímenes de guerra, la delegación de Estados Unidos se opuso férreamente a que esta definición se extendiera al traslado de personas de la Potencia Ocupante en el territorio ocupado. La oposición norteamericana no tuvo mayor éxito y se lee en la definición de los crímenes de guerra finalmente adoptada que (artículo 8 (2) (viii) ) del Estatuto de Roma   que la definición cubre: “El traslado, directa o indirectamente, por la Potencia ocupante de parte de su población civil al territorio que ocupa o la deportación o el traslado de la totalidad o parte de la población del territorio ocupado, dentro o fuera de ese territorio”. Un autor norteamericano indicaba en 1999, al analizar la posición de Estados Unidos sobre este punto preciso que: “Although it is unlikely to face this situation itself, the United States is concerned that this language may be directed against Israel and its settlements in the West Bank” (ver artículo del Profesor Bartram S. Brown publicado en 1999 en el American Journal of International Law (AJIL), p. 865). Leemos en ese mismo artículo antes citado otra gran preocupación de la delegación de Estados Unidos, con relación a muertes de civiles en operaciones militares: “Another part of the article on War Crimes that concerned the United States defines as a war crime the intentional launching of an attack knowing that it will cause excessive collateral damage to civilians” (p. 866). La precitada tesis doctoral francesa, que analiza con mayor detalle la posición de Estados Unidos con relación a la CPI, indica que, en declaraciones posteriores a julio de 1998 dadas por el jefe de la delegación norteamericano David Scheffer, este admitió que durante las negociaciones, Estados Unidos había « endosado» los temores de Israel: « En ce qui concerne Israël enfin, David Scheffer reconnut après Rome que la délégation américaine avait endossé la crainte d´Israël d´être victime d´accusations devant la future Cour en raison de sa politique dans les territoires occupés “ (Nota 6).  

Conclusión:

En el mes de febrero del 2010, eminentes especialistas del derecho internacional publicaron una carta pública en la que consideraban que, desde el punto de vista jurídico, la declaración de aceptación de la competencia de la CPI por parte de Palestina del 2009 sí surtía efectos (ver  texto integral  de esta carta pública en francés): basaban su argumentación en una interpretación del Estatuto de Roma desde un enfoque funcional y teleológico. En agosto del 2014, un grupo de abogados y de expertos británicos presentó similares argumentos con relación a iniciar una investigación en torno a la ofensiva militar israelí en Gaza del 2014 (ver nota de prensa). Tanto en el primer como en el segundo caso, la misma (y temerosa) Oficina del Fiscal de la CPI rechazo cualquier posibilidad de iniciar investigación alguna. Con su decisión, la Asamblea de Estados Partes al Estatuto de Roma viene ahora a acercar un poco más a Palestina a la justicia penal internacional en su largo trajinar ante la CPI.

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Notas

Nota 1: Por parte de América Latina, señalemos que siguen sin ratificar este importante instrumento universal Cuba, El Salvador y Nicaragua y que los últimos Estados en haber recientemente ratificado el Estatuto de Roma son Guatemala (abril del 2012) y Costa de Marfíl (febrero del 2013).

Nota 2: Véase sobre este voto, nuestra breve nota publicada en Alainet el 4/12/2012, disponible aquí.

Nota 3: Remitimos al lector a nuestro breve análisis: BOEGLIN N., “A diez años de la entrada en vigor del Estatuto de Roma: una perspectiva latinoamericana. Breves reflexiones”, Publicado en Perspectivas, 1/12, Sociedad Latinoamericana para el Derecho Internacional (SLADI), Disponible aquí.

Nota 4: Con relación a los efectos de esta declaración de Palestina desde el punto de vista jurídico, véase PELLET A., « The declaration of Palestine and the jurisdiction of the International Criminal Court », 8, Journal of International Criminal Justice, Issue 4 (2010), pp. 981-999.

Nota 5: Véase FERNANDEZ J., La politique juridique extérieure des Etats- Unis à l´égard de la Cour Pénale Internationale, Paris, Pedone, 2010, p. 325.

Nota 6: Véase FERNANDEZ J., op.cit., p. 172.

 

Nicolás Boeglin

Profesor, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)

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Cumbre iberoamericana: Unánime apoyo a la Argentina por Malvinas y fondos buitres

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República ArgentinaMartes 09 de Diciembre de 2014.Información para la Prensa N°: 321/14

Las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno de los países iberoamericanos reunidos en Veracruz, México, brindaron su apoyo a la Argentina en relación a la cuestión Malvinas y a la disputa con los fondos buitres. La Argentina estuvo representada en esta Cumbre por el Canciller Héctor Timerman, quien en su discurso agradeció a todos los países el respaldo brindado.

Por unanimidad, los países iberoamericanos reconocieron a través del “Comunicado Especial sobre reestructuración de Deuda Soberana”, “el derecho de todo Estado de alcanzar acuerdos con sus acreedores que no comprometan su desarrollo ni el bienestar de sus pueblos, en consonancia de su política nacional, sin interferencias ni planteos de grupos minoritarios de tenedores de títulos no reestructurados.” También expresaron “su voluntad de seguir trabajando en mecanismos multilaterales, involucrando a todas las instituciones competentes sobre la reestructuración de la deuda soberana. En particular, destacan, entre otros, el proceso de negociaciones abierto a partir de la Resolución 68/304 de la Asamblea General de Naciones Unidas.”

Este apoyo de los países iberoamericanos es de significativa importancia en momentos en que en Naciones Unidas se están realizando los preparativos para iniciar, a partir del 1 de enero de 2015, la negociación de un marco legal internacional para los procesos de reestructuración de deudas soberanas.

En el “Comunicado Especial sobre la Cuestión de las Islas Malvinas”, los países iberoamericanos reiteraron el histórico respaldo al pedido de que “los Gobiernos de la República Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte reanuden, a la mayor brevedad posible, las negociaciones tendientes a encontrar una pronta solución a la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”

También manifestaron su rechazo a las acciones unilaterales de exploración y explotación de recursos renovables y no renovables que el Reino Unido ha venido llevando adelante en el área en disputa, al recordar  “los llamamientos de la comunidad internacional a abstenerse de adoptar decisiones que entrañen modificaciones unilaterales en la situación de las Islas Malvinas de conformidad con la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que en nada contribuyen para alcanzar una solución definitiva de la disputa territorial.” Además resaltaron que la presencia militar en el área de disputa vulnera las Resoluciones de las Naciones Unidas.

Información para la prensa Nº 321/14

Dirección de Prensa de Cancillería: 4819-7375 / 8296 / 7388

www.cancilleria.gob.ar

 

 

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Estados Unidos destapa la guerra sucia de la CIA en la era Bush

Estados Unidos destapa la guerra sucia de la CIA en la era Bush

Estados Unidos destapa la guerra sucia de la CIA en la era BushEstados Unidos vuelve a asomarse a la guerra sucia de la era Bush, a las prácticas irregulares que definieron la lucha contra los terroristas de Al Qaeda tras el 11-S, dividieron al país y dañaron la imagen de la primera potencia en el mundo. Un informe del Senado publicado este martes denuncia la inefectividad de las torturas de la CIA y los engaños de los responsables de la agencia de espionaje a la Casa Blanca y el Congreso.

El informe ofrece un retrato descarnado de uno de los episodios más oscuros de la historia reciente de EE UU: el programa secreto de detención e interrogatorios que la Administración del republicano George W. Bush puso en marcha tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, en los que murieron casi 3.000 personas.

“Ninguna nación es perfecta”, dijo el presidente Barack Obama tras publicarse el informe. “Pero una de las fortalezas que hace a América excepcional es nuestra voluntad de afrontar abiertamente nuestro pasado, encarar nuestras imperfecciones, hacer cambios y mejorar”.

El ejercicio de transparencia e introspección tiene un precedente en los informes de la Comisión Church en el Senado, que en los años 70 desvelaron las ilegalidades de la CIA, desde el espionaje a opositores del Gobierno en EE UU hasta intentos de asesinato.

La investigación de los demócratas del Senado se lee como un acta de acusación contra la Agencia Central de Inteligencia (CIA), el servicio de espionaje exterior de EE UU. Cuestiona la legalidad de sus acciones. Pone en duda la honestidad de sus directores cuando afirmaban a sus superiores que los llamados métodos de “interrogatorio reforzado” —el eufemismo para describir el ahogamiento simulado o waterboarding— sirvieron para desarticular tramas terroristas o detener a jefes de Al Qaeda. Y describe torturas crueles y condiciones de detención degradantes, más aún de lo que creían los responsables políticos. El informe revela que los jefes de la CIA ocultaron información a los altos cargos de la Administración de Bush, incluido el propio presidente. La CIA aparece como una agencia fuera del control político, mal preparada para combatir a Al Qaeda y proclive a las chapuzas que a veces pusieron en riesgo la seguridad del país en vez de protegerla.

La batalla por las torturas en los años de Bush, que pareció cerrarse cuando Obama llegó a la Casa Blanca en 2009 y prohibió las torturas, se reabre. Los republicanos del Comité de Inteligencia del Senado, que publicaron un contrainforme, alertan de que la difusión del informe de la Cámara (se han desclasificado 528 páginas de un total de 6.000) puede provocar represalias contra ciudadanos e intereses norteamericanos en todo el mundo. También alegan que no pueden entenderse las acciones de la CIA sin el contexto: tras el 11-S, EE UU vivía en la incertidumbre de un segundo atentado y ningún agente quería aparecer como el responsable de no haberlo evitado.

“Merecen muchos elogios”, dice, en alusión a los implicados en el programa, Dick Cheney, vicepresidente con George W. Bush, que en 2001 teorizó sobre la necesidad de combatir el terrorismo desde “el lado oscuro”. “En lo que a mí respecta”, declaró a The New York Times, “deberían ser condecorados, no criticados”. Cheney, como Bush, niega sentirse engañado por los responsables de la CIA, al contrario de lo que asegura el informe.

Las diferencias no acaban aquí. En el prólogo del documento, la demócrata Dianne Feinstein, presidenta del Comité de Inteligencia, se refiere a las prácticas de la CIA como “torturas”, una palabra que Bush y sus colaboradores se resisten a utilizar.

Otra discrepancia es si los interrogatorios permitieron extraer confesiones valiosas. Para Bush y los suyos, sí: contribuyeron a localizar a Osama bin Laden, el líder de Al Qaeda, ejecutado por un comando de EE UU en 2011. El actual director de la CIA, John Brennan, defiende en un comunicado que los métodos de interrogación “ayudaron a abortar planes de ataque”.

El informe de Senado sostiene lo contrario. Obama coincide en que los métodos en cuestión fueron inútiles en los esfuerzos antiterroristas. La incógnita es si, con el informe, EE UU pasará página en un debate que se arrastra desde hace una década. La página judicial lleva años cerrada. Ningún miembro de la CIA ha sido procesado.

Los programas de Bush son ilegales desde hace casi seis años. Pero en muchos aspectos la era Bush no ha terminado. La guerra contra el terrorismo —y el uso de tácticas cuestionadas, como los bombardeos con aviones pilotados a distancia (drones), o las escuchas electrónicas de la NSA— sigue con Obama.

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Seis presos de Guantánamo de baja peligrosidad llegan a Uruguay

Seis presos de Guantánamo de baja peligrosidad llegan a Uruguay

Seis presos de Guantánamo de baja peligrosidad llegan a UruguaySeis presos de la base estadounidense en Guantánamo, Cuba, llegaron la madrugada del domingo a Uruguay a bordo de un avión sanitario. Los reclusos considerados de baja peligrosidad permanecen hospitalizados en Montevideo. El mayor traslado de presos de la base cubana desde 2009 y el primero hacia América del Sur (al menos de pública notoriedad) se produce con varios meses de retraso después de que el presidente de Uruguay, José Mujica, anunciase que esperaría el resultado de las elecciones y el visto bueno del nuevo presidente electo para llevar a cabo la operación. Tabaré Vázquez, ganador de las elecciones del 30 de noviembre, ha dado luz verde cuando se cumple una semana de los comicios. La oposición de centro derecha se mostró contraria al traslado.

El presidente José Mujica advirtió a la televisión pública uruguaya que los seis hombres tendrán estatuto de refugiados y que no se aceptó la exigencia estadounidense de que permanecieran dos años en territorio uruguayo: “El primer día que se quieran ir, se podrán ir”, dijo el mandatario desde Ecuador, donde participa en la cumbre de UNASUR.

Cuatro de los presos son de nacionalidad siria, uno tunecino y uno palestino, todos pendientes de liberación desde el 2009, cuando fueron declarados excarcelables por Estados Unidos debido a su baja peligrosidad. El caso más conocido es el del sirio Jihad Ahmed Mujstafa Diyah, detenido desde hace 12 años sin cargos y sin juicio. Su estado de salud es delicado porque desde 2013 realizó varias huelgas de hambre y fue alimentado por la fuerza con técnicas como insertarle un tubo en la nariz para introducirle líquido.

Los detenidos fueron recibidos en Montevideo por responsables de la embajada estadounidense, del ministerio de Exteriores y del Ministerio de Salud de Uruguay. Según fuentes de la prensa local “saludaron a las autoridades” y se mostraron “emocionados y contentos”. Los expresos de Guantánamo llegaron sin sus familias pero el Gobierno de Uruguay ha afirmado que aceptará que se reúnan con ellos si es su deseo. Con estas liberaciones son 137 los presos que permanecen en Guantánamo.

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Unasur busca abrir una nueva etapa para recobrar relevancia en la región

Unasur busca abrir una nueva etapa para recobrar relevanciaLa Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) pretende que la nueva sede de la organización, inaugurada el viernes en Quito (Ecuador), sirva como punto de inflexión para dar un impulso a la institución, que ha perdido peso político en los últimos años. El anfitrión, Rafael Correa, apeló al simbolismo de la nueva sede, junto al monumento de la Mitad del Mundo. “Estamos en el centro del mundo, donde se adoraba al Dios Inti, donde se celebraba la cosecha y el buen vivir. Desde aquí construiremos la patria nueva, la patria grande”, aseguró Correa en su discurso de bienvenida. Pero Unasur, que nació en 2008 y agrupa a 12 países, necesitará algo más que un nuevo edificio —que consta de 25.000 metros cuadrados y ha costado 44 millones de dólares— para estar en la agenda política global.

La integración es una deuda pendiente del organismo y el propio Correa, parafraseando al expresidente ecuatoriano Eloy Alfaro, dijo que “en la demora está el peligro” y emplazó a los otros mandatarios a recuperar el tiempo perdido. El mandatario ecuatoriano se refirió a la dificultad de avanzar porque todo lo que se decide en el seno de la Unasur debe ser aprobado por unanimidad y esto hace que todos los países tengan capacidad de veto. “Así no podemos avanzar, tenemos que revisar la institucionalidad para ser más eficientes en la construcción de la patria grande”, dijo Correa.

Las palabras del presidente ecuatoriano no dejaron de ser una declaración de buenas intenciones. Durante la reunión que mantuvieron, de manera privada, los mandatarios que acudieron al acto, no se realizaron acuerdos concretos.

En días pasados, el secretario general de Unasur, el expresidente colombiano Ernesto Samper, había recalcado que uno de los primeros desafíos de la organización en esta nueva época será lograr el consenso para implementar un pasaporte único en la región, que facilite la libre circulación de las 400 millones de personas que viven en América del Sur y fortalecer así la ciudadanía sudamericana. Otros proyectos en los que parece haber consenso consisten en crear un centro para discutir controversias y lograr acuerdos de cooperación en el ámbito de la educación, para que sea posible la formación de ciudadanos y profesionales.

En la declaración final de la reunión extraordinaria celebrada un día antes en la ciudad costera de Guayaquil, Samper, además de agradecer a Rafael Correa la construcción de la sede, insistió en la necesidad de trabajar para conseguir espacios de integración regional y extrarregional.

Las expectativas que generó Unasur con su fundación en 2008, gracias principalmente al impulso que le dio el entonces presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, han ido decayendo con el tiempo. Uno de los logros de la institución fue su papel de mediador para que la oposición venezolana y el Gobierno de Nicolás Maduro iniciaran un diálogo tras los disturbios del pasado mes de febrero, aunque este no llegó a buen puerto. Durante su intervención, Samper abogó por la unidad de la región, dedicó palabras al diálogo de paz de Colombia y pidió al presidente Santos que consiga esa paz por todos los latinoamericanos.

Al acto de la inauguración de la nueva sede acudieron los mandatarios de Argentina, Cristina Fernández; Paraguay, Horacio Cartes; Bolivia, Evo Morales; Surinam, Dési Bouterse; Venezuela, Nicolás Maduro; Brasil, Dilma Rousseff; Colombia, Juan Manuel Santos; y, el primer Ministro de Guyana, Sam Hinds. Además, se homenajeó a los expresidentes fallecidos Néstor Kirchner y Hugo Chávez.

La prensa se mantuvo al margen de la inauguración en una carpa montada en los exteriores del edificio, sin posibilidad de acercarse a los invitados por el dispositivo de seguridad que incluyó a la guardia presidencial, policías y militares que rodearon el edificio vanguardista. Dentro del mismo, según información de la Cancillería ecuatoriana, se expuso la carta de Jamaica que escribió Simón Bolívar en 1815 y que hace poco fue encontrada en un archivo histórico de Ecuador y que hasta ahora no ha sido presentada en público.

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ONU crea comité especial para la negociación de reestructuraciones de deuda

ONU crea comité especial para la negociación de reestructuraciones de deuda

ONU crea comité especial para la negociación de reestructuraciones de deuda05 de diciembre, 2014 — La Asamblea General de la ONU aprobó hoy la creación de un comité especial para elaborar un marco jurídico multilateral que regule los procesos de reestructuración de deuda soberana.

En una resolución aprobada por más de dos tercios de los Estados miembros y sólo 16 votos en contra, se estipula el establecimiento de ese comité para discutir las modalidades de las negociaciones de reestructuración en 2015.

Según el documento, el comité deberá presentar a la Asamblea General un borrador con las medidas propuestas para septiembre del año entrante.

En las negociaciones podrán participar todos los Estados miembros y observadores de la ONU.

El texto fue promovido por el Grupo de los 77 más China, cuyo presidente en turno, el embajador de Bolivia ante la ONU, Sacha Llorentty Soliz, calificó la medida como histórica.

En conferencia de prensa tras la adopción de la resolución, Llorenty Soliz destacó la importancia de la misma.

“No puede ser que por encima de los intereses de la humanidad estén los intereses especulativos de algunos que quieren aprovecharse a toda costa, y enriquecerse aún a pesar del subdesarrollo de nuestros pueblos”, dijo.

El diplomático boliviano subrayó que en este momento, los fondos especulativos afectan a Argentina, pero recordó que pueden perjudicar a cualquier otro país, incluso si es desarrollado, en cualquier momento.

Por su parte, la embajadora de Argentina ante Naciones Unidas, Cristina Perceval describió la trascendencia de la medida.

“Es una resolución histórica porque significó dotar a la Asamblea General de las Naciones Unidas, órgano democrático por excelencia donde todos tenemos voz y voto, de la capacidad y la necesidad de debatir también la agenda económica y de los asuntos financieros que afectan a los Estados soberanos, pero que también a nivel regional y global son obstáculos tangibles, verificables para avanzar hacia algo que todos hemos acordado, que nos merecemos y queremos, como son los Objetivos de Desarrollo Sustentable”, enfatizó.

Sobre la alusión a que la Asamblea General no era el lugar idóneo para discutir este tema, Llorentty Soliz afirmó que era el escenario ideal y recordó que mientras en ese órgano cada Estado tiene un voto, ese no es el caso del Fondo Monetario Internacional (FMI), instancia a la que algunos países proponían acudir.

El diplomático recordó que los 16 países que se opusieron a la resolución, constituyen el 8,29% de los votos en la Asamblea General y, sin embargo representan el 45.73 % del FMI.
Argentina libra una batalla con varios fondos especulativos o “buitres” que se negaron a aceptar el acuerdo de reestructuración negociado entre el país y más del 90% de sus acreedores.

El litigio data de 2008, cuando un fondo de cobertura compró 48 millones de dólares en bonos por una fracción de su valor nominal para luego, junto con otros tenedores de deuda, negarse a participar en la reestructuración y demandar al país en una corte de Estados Unidos para obtener el 100% del valor de los instrumentos más los intereses.

En junio pasado, el tribunal falló a favor del fondo demandante y bloqueó los pagos de Argentina a los acreedores que aceptaron la reestructuración.

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La Corte Penal renuncia a juzgar al presidente de Kenia

La Corte Penal renuncia a juzgar al presidente de Kenia

La Corte Penal renuncia a juzgar al presidente de KeniaLa Corte Penal Internacional (CPI) ha renunciado a juzgar al presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, por crímenes contra la humanidad supuestamente cometidos tras las elecciones de 2007. La fiscalía le acusaba de ser responsable indirecto de la muerte de unos 1.300 civiles (otro medio millón perdió su hogar) pero no ha podido reunir suficientes pruebas para demostrarlo. La decisión de abandonar el caso se produce poco después de que los jueces le dieran una semana a la fiscal jefe, Fatou Bensouda, para poner en orden el expediente. Kenyatta niega los cargos, pero la fiscalía asegura que sus testigos ha sido amenazados y sobornados por grupos afines al acusado, jefe de Estado en ejercicio. El fiasco daña la credibilidad de la Corte, acusada de fijarse solo en los delitos cometidos en África.

Kenyatta habría sido el primer mandatario de su categoría en comparecer ante la CPI desde su apertura, en 2002. Acusado hace dos años, la fiscalía también ha denunciado la falta de colaboración de las autoridades y organismos oficiales kenianos en la búsqueda de datos esenciales para acusarle. “Las pruebas no han mejorado hasta el extremo de poder demostrar, más allá de toda duda razonable, la supuesta responsabilidad criminal de Uhuru Kenyatta. Dado que la Corte ha rechazado conceder a la fiscalía una prórroga hasta que el Gobierno de Kenia cumpla con sus obligaciones relativas al Estatuto de Roma (texto fundacional de la Corte), retiramos los cargos”, dice Fatou Bensouda, en la nota remitida a los jueces. También añade que “está facultada, y así lo admite la Sala (que debía procesar) para presentar nuevas acusaciones en el futuro, si consigue sustentarlas”.

Kenyatta estaba acusado de las matanzas étnicas desatadas tras los comicios de 2007, ganados por Mwai Kibaki. Kenyatta llegó al poder en 2013, y era su aliado y miembro de la misma etnia, los kikuyu, que suman un 17% de la población. Es, además, hijo de Jomo Kenyatta, padre fundador y primer presidente del país. Según los fiscales, el presidente actual habría financiado a un grupo guerrillero, los Mungiki, para castigar a otros clanes. Kenia es una de las democracias más estables y ricas de África, pero los observadores internacionales de la UE denunciaron irregularidades y pidieron “una investigación independiente”. Kibaki se habría beneficiado de un millón de votos considerados fraudulentos. Raila Odinga, jefe de la oposición en aquel momento, cifró en 300.000 las papeletas manipuladas, ya que la diferencia entre ambos rondó al final dicha cifra.

El pasado octubre, la Corte, con sede en La Haya, rechazó su petición de seguir las vistas por teleconferencia desde Nairobi. El viaje se convirtió en un acontecimiento mediático, ya que llegó acompañó de un nutrido grupo de seguidores. También hizo una demostración de su fuerza al declarar que dejaba temporalmente al mando del país a William Ruto, su vicepresidente. “No quiero que se juzgue la soberanía de 40 millones de compatriotas”, aseguró. Ruto, sin embargo, debía responder de los mismos cargos ante la propia Corte.

Aparte del golpe personal que supone para la fiscal jefe una retirada de esta clase, la situación perjudica a la Corte misma. Tampoco ha conseguido llevar a juicio a Omar el Bachir, presidente sudanés. Le acusa de genocidio en Darfur, pero no dispone de policía propia, y depende de la buena voluntad de los Estados que la forman para arrestar a los presuntos criminales.

La Corte Penal es la única instancia permanente para juzgar el genocidio y los crímenes de guerra y contra la humanidad, e investiga hoy casos en Uganda, República Centroafricana, Libia, Costa de Marfil, República de Congo, Malí, Kenia y la propia Sudán. La fiscal Bensouda, nacida en Gambia, asegura que solo acude “allí donde se cometen las peores violaciones de los derechos humanos”.

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Escocia logra una histórica cesión de autonomía fiscal

Escocia logra una histórica cesión de autonomía fiscal

Escocia logra una histórica cesión de autonomía fiscalLa comisión creada por el Gobierno británico para acelerar la entrega de más poderes a Escocia presentó este jueves sus conclusiones. Se trataba de cumplir el compromiso solemne ante el pueblo escocés, adquirido por los principales partidos británicos, presionados por el aumento del sí en las encuestas de los días previos al referéndum de independencia del pasado 18 de septiembre, que acabó ganando el no. El dictamen recomienda que el Parlamento escocés tenga competencia para recaudar y fijar los tipos y los tramos del total del impuesto sobre la renta, lo que le da un control directo sobre cerca de 13.000 millones de euros. Supone un paso más allá, por ejemplo, de las competencias de las comunidades autónomas españolas (excepto País Vasco y Navarra), que tienen cedido el 50% del impuesto.

El acuerdo —descrito por Lord Robert Smith, el parlamentario que preside la comisión, como un “logro sin precedentes”— supone la mayor transferencia de competencias de la historia del país y la más profunda reforma del sistema tributario británico moderno.

Pero el documento —de 28 páginas— no satisface las aspiraciones de los nacionalistas escoceses y resulta injusto para muchos representantes de otros territorios. Lejos de cerrar un proceso, abre definitivamente el complejo y trascendental debate sobre la organización territorial de un estado formado por cuatro naciones, como lo definió el primer ministro David Cameron después de la victoria del no en el referéndum.

Edimburgo tendrá, además, capacidad para crear nuevas prestaciones sociales en áreas transferidas. Podrá disponer del primer 10% de lo que se recaude de IVA en Escocia y controlará la tasa por pasajero en los aeropuertos escoceses. Se transferirá también la gestión sobre las fincas de la corona en suelo escocés y la concesión de licencias para extracción de petróleo por fractura hidráulica (fracking), un asunto que preocupa al amplio sector ecologista de los votantes del Partido Nacional Escocés (SNP). Además, el Parlamento de Holyrood tendrá todas las competencias para regular las elecciones regionales, incluida la de permitir que voten los jóvenes de 16 y 17 años, como sucedió en el referéndum.

Las recomendaciones de la comisión Smith, acordadas por los cinco partidos representados en el Parlamento escocés, serán utilizadas por el Gobierno británico como base para avanzar en la devolución de poderes. Según el calendario comprometido por el ex primer ministro laborista Gordon Brown, un acuerdo de mínimos debía alcanzarse antes del 30 de noviembre. El Ejecutivo de Cameron tendrá ahora que tener listo un borrador de legislación, sobre la base de estas recomendaciones de la comisión Smith, que será publicado el 25 de enero, para que se apruebe por el Parlamento de Westminster surgido después de las elecciones generales de mayo. Los partidos se han comprometido a sacar la legislación adelante gane quien gane los comicios.

La reacción en el resto de Reino Unido no se hizo esperar. Autoridades de la administración local, pertenecientes a todos los partidos, solicitaron un proceso de devolución semejante para Inglaterra, un territorio que representa el 85% de la población del país pero que es el único que no tiene instituciones legislativas y de gobierno propias. En una carta conjunta, alcaldes laboristas y conservadores de distintas ciudades inglesas, incluido el regidor de Londres, Boris Johnson, pidieron al Gobierno de Cameron que ponga en marcha otra comisión para acordar “un paquete de medidas comparable para el gobierno local en Inglaterra”. Las asambleas nacionales de Gales e Irlanda del Norte también han expresado sus deseos de profundizar en la transferencia de competencias.

Cameron dijo que se siente “encantado” con el documento presentado por Smith en Edimburgo. “Estamos cumpliendo nuestra promesa al pueblo de Escocia”. Y añadió que antes de Navidad tendrá listo su plan sobre lo que se conoce como “votos ingleses para leyes inglesas”, el espinoso asunto que ya apuntó el día después de la victoria del no en el referéndum. Se trata de que, al devolver más competencias a Escocia se excluya a los diputados escoceses en Westminster de las decisiones sobre asuntos cuyas competencias estén transferidas. Algo que permitiría a los conservadores eliminar de un plumazo la oposición de decenas de diputados escoceses, mayoritariamente de izquierdas, a leyes tan importantes como la de presupuestos. Los laboristas se oponen aduciendo que eso crearía dos categorías de diputados. Una postura que no les genera mucha popularidad en algunas regiones inglesas. Por eso sí defienden, igual que los liberaldemócratas, la devolución de competencias a Inglaterra.

El Partido Laborista también se había opuesto históricamente a la devolución total del impuesto sobre la renta, temiendo precisamente que sirviera de pretexto para excluir los votos de los diputados escoceses de las decisiones que no les afectaran. Pero han cambiado de opinión, después de la dramática caída en las encuestas del partido de Ed Miliband, que cedería al SNP la mayoría de los 41 diputados escoceses que ahora tiene en Westminster, vitales para poder gobernar. “Hemos escuchado a los escoceses durante el referéndum: querían cambio, pero un cambio real dentro de Reino Unido”, declaró a la BBC Jim Murphy, candidato al vacante liderazgo laborista en Escocia.

El Gobierno escocés, por su parte, celebra los nuevos poderes, pero considera que el paquete de competencias que propone la comisión Smith no es suficiente. Los nacionalistas del SNP en el Gobierno han experimentado un espectacular auge en intención de voto en las encuestas, en parte por la explotación del sentimiento de traición por el incumplimiento de las promesas de los partidos de Westminster.

La flamante líder nacionalista y ministra principal, Nicola Sturgeon, definió la propuesta como “básicamente decepcionante”. “El 70% de nuestros impuestos siguen siendo fijados en Westminster, que controla también el 85% de la seguridad social”, dijo en Holyrood. “Este Parlamento es responsable de menos de la mitad del dinero que gasta. No es el autogobierno prometido”.

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Cataluña, sujeto político y jurídico soberano

Cataluña, sujeto político y jurídico soberano

Cataluña, sujeto político y jurídico soberanoTenemos derecho a esperar del Estado respeto a la convocatoria de un referéndum para que la sociedad catalana tome una decisión. En caso de encontrarnos con una puerta permanentemente cerrada, será legítimo actuar unilateralmente y de manera pacífica.

En nuestros días, las demandas de soberanía de las naciones sin Estado, particularmente por lo que respecta al derecho de secesión, constituyen un reto de gran complejidad para las modernas democracias. El diseño institucional de estas se sigue basando en una asunción que no se suele cuestionar: la de que las fronteras de los Estados coinciden con la de pueblos soberanos, léase “naciones”, “naciones cívicas”, “patrias constitucionales” y demás términos para denominar lo mismo: la unidad de soberanía, el colectivo que ostenta “el poder absoluto y perpetuo” en el Estado, por decirlo con palabras de Jean Bodin. Mientras las partes en los conflictos políticos respetan esa asunción básica, los conflictos en sí mismos pueden irse canalizando con mejor o peor suerte dentro de las instituciones del Estado democrático. Portugal puede experimentar graves tensiones internas en cuanto a cuál ha de ser el rumbo que ha de tomar este castigado país, pero nadie cuestiona que ese rumbo lo deba decidir la mayoría del país (otra cosa es qué mecanismos se consideran adecuados para determinar qué es lo que quiere la mayoría).

Conflictos democráticos como el que hoy se plantea en Cataluña ofrecen, en cambio, una imagen distinta. Lo que se cuestiona no es una decisión tomada por la mayoría de la comunidad política, ni si esa decisión ha sido realmente tomada por la mayoría, sino cuál es esa comunidad política dentro de la cual debe operar la regla de la mayoría.

Aquellos que, independentistas o no, defendemos el derecho a decidir del pueblo catalán, particularmente sobre la independencia, consideramos que es dentro de aquel donde cobra sentido la pregunta “¿Qué desea la mayoría?”. Por contra, aquellos que niegan a Cataluña este derecho a decidir consideran que el pueblo soberano es el conjunto de la sociedad española. En este artículo trataré de resumir qué es lo que desde la teoría política y el Derecho Internacional se nos dice sobre el derecho de secesión, y por qué creo que las aportaciones más relevantes y razonables procedentes de estos campos avalan la petición, ampliamente mayoritaria entre la sociedad catalana, de que se celebre una consulta democrática sobre la independencia en Cataluña.

También intentaré describir, muy someramente, el papel que, a mi juicio, puede jugar una Cataluña independiente dentro de Europa y del mundo democrático: un papel modesto, pero relevante, como agente de estabilidad en el sur de Europa, dinamizadora económica de la región, puente entre la Europa central y la mediterránea, y promotora de valores como la paz y la defensa de los derechos humanos.

El derecho de secesión: entre la teoría y la práctica

A grandes rasgos, podemos distinguir entre tres tipos de teorías sobre el derecho de secesión: aquellas que consideran que este derecho pertenece únicamente a los grupos que sean víctimas de severas injusticias (teorías de causa justa), aquellas que ven este derecho como propio de cualquier colectivo territorial que desee ejercerlo (teorías asociativas), y las que finalmente lo consideran un derecho reservado a grupos con una determinada identidad cultural (teorías adscriptivas). Todas estas teorías del derecho de secesión tienen sus puntos fuertes y sus debilidades. No es mi intención hacer una disertación al respecto, sino señalar que el derecho de Cataluña a decidir probablemente estaría respaldado por las tres. En el caso de las teorías adscriptivas, qué duda cabe de que Cataluña cuenta con una identidad cultural diferenciada de la del resto de España, comenzando por la lengua propia del país, que es el catalán. Por lo que respecta a las asociativas, el nexo es aun más evidente: una mayoría aplastante de la sociedad catalana considera que el futuro de Cataluña se debe decidir en Cataluña, y que el debate sobre la independencia deben resolverlo los catalanes mediante referéndum. Finalmente, el ligamen con las teorías de causa justa es menos evidente, ya que las versiones más restrictivas de estas suelen limitar el derecho de secesión a colectivos víctimas de violaciones serias de derechos humanos; no obstante, su máximo exponente, Allen Buchanan, refiriéndose explícitamente a Cataluña, ha incluido recientemente el maltrato económico y la autonomía insuficiente como dos buenas razones que podrían justificar la secesión de Cataluña, según aparece en el prólogo a la reciente edición española de su primer libro sobre el tema.

A pesar de esta triple justificación del derecho de secesión de Cataluña, lo cierto es que los argumentos más habituales en el discurso del independentismo, sobre todo en los últimos tiempos, están más bien relacionados con la visión asociativa de este derecho. Es decir: si Cataluña tiene derecho de secesión es, simplemente, porque una mayoría de sus ciudadanos así lo consideran. Se trata, pues, de una concepción eminentemente democrática del derecho de secesión, que entronca con la idea de Ernest Renan de la nación como “plebiscito diario”. La mayoría de los independentistas catalanes entendemos la nación como un resultado de la voluntad popular, y no al revés. Precisamente por eso, la mayoría vemos la diversidad cultural, particularmente la introducida por la inmigración, no como algo extraño a la nación, sino como algo natural en una tierra de acogida como la nuestra, un elemento que enriquece a la nación y la hace progresar. Para nosotros lo importante no es de dónde vienen nuestros ciudadanos, sino hacia dónde quieren ir.

Si descendemos del plano de los principios al de la realidad jurídica internacional, encontramos un escenario bastante más confuso. Como es sabido, el derecho de autodeterminación, frecuentemente identificado con el derecho de secesión (aunque ya veremos que hay otras lecturas), es un derecho reconocido por las Naciones Unidas. Históricamente, sin embargo, este derecho ha sido definido ad hoc, adaptándolo a las circunstancias de cada momento. En realidad, casi siempre ha sido un instrumento jurídico pensado para liquidar imperios en decadencia: los imperios europeos continentales después de la Primera Guerra mundial, los imperios coloniales después de la Segunda, y el imperio soviético tras la guerra fría.

Como consecuencia, el problema elemental que el derecho de autodeterminación trataba de resolver (a saber, la inseguridad jurídica en que se suelen desenvolver los procesos de secesión) está todavía irresuelto. En este sentido, la reciente sentencia del Tribunal de Justicia Internacional (TIJ) sobre Kosovo ha servido para arrojar luz no sobre la cuestión de cuándo un proceso de independencia es legal (en eso, el Tribunal admite que existe un vacío jurídico), sino sobre la cuestión de cuándo es ilegítimo: solo lo es si se produce con violencia, o por procedimientos no democráticos, o sin haber intentado previamente agotar las vías de diálogo con el Estado matriz.

Estas conclusiones guardan un claro paralelismo con las de la opinión del Tribunal Supremo de Canadá (TSC) en 1998 sobre el derecho de secesión de Quebec: aún negando que esta nación tenga derecho a la autodeterminación en el mismo sentido en que lo tienen las colonias de ultramar, éste afirmó que el gobierno canadiense no podría ignorar una expresión democrática clara en favor de la independencia por parte de una mayoría clara de quebequenses, so pena de violar valores como el principio democrático o el respeto a los derechos de las minorías, entre otros. En un escenario de independencia unilateral de Quebec, afirmaba el TSC, el reconocimiento de la comunidad internacional probablemente dependería de la actitud previa de los gobiernos quebequense y canadiense, de manera que aquel que se hubiese negado a dialogar con el otro sería seguramente penalizado. La misma búsqueda de un marco razonable para encauzar un posible proceso de secesión la encontramos en el caso de Escocia, donde el gobierno escocés y el británico han llegado a un acuerdo para celebrar un referéndum a fin de conocer la voluntad de los escoceses respecto a la secesión.

Es obvio que este tipo de acuerdos razonables, escapando del paradigma de la indivisibilidad de los Estados, tampoco se ajustan al derecho clásico de autodeterminación. Por eso preferimos hablar de “derecho a decidir”: no son nuestras características como pueblo, sino nuestro carácter de comunidad política que se autogobierna democráticamente, lo que nos confiere derecho a replantearnos nuestros lazos con otras comunidades. Como dice el profesor Jaume López, no es que “porque somos nación, podemos decidir”, sino que “porque podemos decidir, somos nación”. A mi entender, el ejercicio de este derecho es una consecuencia natural de considerar que los Estados están al servicio de la ciudadanía, y no al revés. El Estado español tiene derecho a esperar que seamos razonables en el ejercicio de este derecho a decidir, trazando un proceso de diálogo y negociación de cara a la secesión en caso de que esta sea la voluntad de la mayoría de la sociedad catalana. Nosotros, por otro lado, tenemos derecho a esperar del Estado respeto tanto a la convocatoria de un referéndum para que la sociedad catalana tome una decisión, como respeto a la decisión en sí. En caso de que, como ya está sucediendo hoy, nos encontremos con una puerta permanentemente cerrada por parte del gobierno de Madrid, nos consideraremos con plena legitimidad para actuar unilateralmente, de manera pacífica y mediante procedimientos democráticos. Nuestro deseo, qué duda cabe, es evitar en la medida de lo posible este último escenario, pero eso depende de la voluntad de diálogo de Madrid y, lamentablemente, nada nos invita al optimismo en ese sentido.

Cataluña como República independiente

Hay dos sentidos básicos en que podemos decir que un pueblo es “soberano”. Uno, el más evidente, es cuando este pueblo dispone de un Estado propio. El otro es cuando un pueblo, siendo parte de un Estado más grande, ve reconocido su derecho a constituirse en Estado independiente. Hasta ahora ya he dicho por qué creo que Cataluña es soberana en este segundo sentido: tiene derecho a decidir sobre su independencia a la manera negociada y dialogada que se les reconoce a Quebec y Escocia, pero en caso de que el Estado español continúe negándose a negociar y a dialogar, pasará a tener derecho a decidir sobre su independencia a la manera unilateral que el TIJ sancionó para el caso de Kosovo. Un derecho a decidir que, sea de la primera manera o de la segunda, ejerceremos de manera pacífica y democrática. Aclarado este punto, me gustaría finalizar con algunos apuntes sobre el carácter y el papel que, a mi juicio, puede tener una Cataluña soberana en el primer sentido de la palabra: como Estado independiente.

Para empezar, una Cataluña independiente será una República. Lo será en el sentido vulgar del término, como país democrático en que el cargo de jefe del Estado es electivo en lugar de hereditario. Pero hay un segundo sentido, aún más importante, en que una Cataluña independiente será, aspirará a ser, una República: nuestro país puede y debe ser un referente en materia de transparencia, rendición de cuentas, radicalidad democrática y protección de los ideales clásicos de Libertad, Igualdad y Fraternidad, dada nuestra singular historia. Por una parte, llevamos tres siglos con el Estado en nuestra contra; por tanto, sabemos tanto de la importancia de tener un Estado democrático como de la necesidad de marcar límites a su poder. Por otro lado, somos de los pocos sitios del Estado español donde el capitalismo nació y se desarrolló a la par que en el resto de Europa, y por tanto valoramos el dinamismo de la economía de mercado tanto como conocemos, y aborrecemos, sus excesos en materia de desigualdad y sostenibilidad. Esta desconfianza hacia los excesos del poder político, económico o de cualquier otra clase se encuentra fuertemente incardinada en la cultura política, claramente republicana en ese sentido, de nuestro pueblo.

Esto mismo es lo que nos lleva a pensar que Cataluña puede ser un puente entre, por así decirlo, “las dos Europas”. Por un lado, siendo parte de la Europa mediterránea, experimentamos un sufrimiento enorme como consecuencia, entre otras cosas, de una mal llamada y peor entendida austeridad, en que la factura de la crisis la pagan los que menos responsabilidad han tenido en ella, mientras entidades financieras irresponsables se lavan las manos y son incluso recompensadas con rescates e indemnizaciones que nada tienen que ver con la austeridad. Por otro lado, nuestra capacidad de luchar contra los efectos de esta crisis se ve castrada por un Estado que dilapida nuestra riqueza en nombre de una mal llamada y peor entendida solidaridad, de manera que comprendemos las preocupaciones del norte de Europa en el sentido de que los esfuerzos de cohesión social en el seno de la Unión Europea se realicen de manera ordenada y con espíritu de eficiencia, tratando de fomentar el desarrollo en lugar de la dependencia y el clientelismo público.

Nuestra pequeña República puede contribuir, por tanto, a fomentar la estabilidad y el desarrollo en una región del globo que ahora mismo es el epicentro de graves tensiones. Cataluña se está constituyendo en sujeto político y jurídico soberano recorriendo el camino que va del derecho a decidir a la constitución en República independiente en el seno de la UE. Nuestro horizonte es el de ser socios fiables de los países democráticos, con los que queremos comerciar e intercambiar conocimientos en paz y en libertad, empezando por España. Queremos, así mismo, implicarnos a fondo, en la medida de nuestras modestas posibilidades, en la gobernanza global, en el mantenimiento de la paz, la lucha contra las desigualdades entre Norte y Sur, el desarrollo sostenible, la promoción de la democracia y la defensa de los derechos humanos. Cumpliremos con nuestras responsabilidades en todos estos ámbitos y lo haremos dialogando con todos los países, tratando de llegar a soluciones justas y razonables para los retos comunes de este siglo. Nuestro único límite, nuestra línea roja, es el respeto a la voluntad democráticamente expresada de nuestro pueblo, porque la democracia es la esencia misma de la nueva nación soberana que estamos construyendo en este rincón de Europa.

Por Oriol Junqueras, presidente de Esquerra Republicana de Catalunya y alcalde de Sant Vicenç dels Horts. @junqueras

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Reconocimiento de Palestina: realidad y deseo

Reconocimiento de Palestina: realidad y deseo

Países que reconocen el Estado palestinoDesde 1988, 134 Estados han reconocido a Palestina como Estado, el último de ellos Suecia. Es decir, un 70% de los países miembros de las Naciones Unidas consideran a Palestina como a un igual. En las últimas semanas, los parlamentos de Reino Unido, Francia y España han instado a sus gobiernos a que den el paso, aunque ninguno está obligado a ello. Sobre el terreno, la situación se deteriora sin remedio, ajena a los deseos de paz que llegan desde la comunidad internacional.

De los elementos que constituyen un Estado –territorio, población, organización política y soberanía–, el más etéreo –la soberanía– es a la postre el más problemático. Sin soberanía, no hay territorio ni población que gobernar: el poder está en manos de otro. De ahí el adjetivo que suele acompañar a los protagonistas de la sociedad internacional: Estados soberanos. Asociada a la soberanía va el reconocimiento internacional, esto es, que tus pares te acepten como tal.

Un Estado puede existir como sujeto del derecho internacional y de las relaciones internacionales sin necesidad de ser reconocido por otros Estados. Recordemos el caso de China. Hasta 1971, el Estado reconocido mayoritariamente por la comunidad internacional y con asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU no fue la República Popular China, sino la República de China, más conocida como Taiwán. Hoy, solo 22 países reconocen a Taiwán como Estado independiente. Ninguno de ellos tiene relaciones diplomáticas con China.

El caso de Palestina parece intentar demostrar lo contrario. Que un Estado puede existir sin los elementos clásicos –territorio, población, gobierno y soberanía– mientras tenga los accesorios, como el reconocimiento. Estaríamos ante un Estado virtual, posmoderno, un no Estado. Porque los denominados Territorios Palestinos Ocupados son eso, territorios bajo un régimen de ocupación militar. Ni independientes, ni soberanos, ni contiguos ni viables. Una distopía, en resumen.

Mientras tanto, la cruda realidad sobre el terreno continúa su deterioro. En los últimos meses, Israel ha sumado un millar de detenidos más en Cisjordania y ha ampliado la construcción de viviendas en Jerusalén este. La tensión social aumenta en la Ciudad Santa, mientras se producen atentados de lobos solitarios contra civiles israelíes. En el último de ellos murieron cuatro rabinos, un policía israelí y los dos palestinos que perpetraron el ataque contra una sinagoga del barrio ultraortodoxo de Har Nof. El 23 de noviembre, un palestino de 32 años moría en Gaza por disparos del Ejército israelí, la primera víctima en la Franja desde que el 26 de agosto se firmó un alto el fuego entre Israel y las milicias palestinas al final de la Operación Margen Protector. La familia del joven afirma que estaba buscando pájaros cantores, mientras fuentes militares sostienen que se aproximó a la valla “de forma sospechosa”, no atendió lo tiros al aire de advertencia y por eso la patrulla disparó “a sus pies”.

Ese mismo día, el Consejo de Ministros israelí aprobaba el primer borrador de una norma que consagra el carácter judío del país, por encima incluso del democrático. La Ley Básica, que proclama el Estado-nación judío, aún debe aprobarse en la Knesset. “Es un proyecto radical que lleva a la teocracia”, ha sentenciado la ministra israelí de Justicia, Tzipi Livni. Además de esa primacía de los valores judíos, no garantiza literalmente la igualdad entre todos los ciudadanos y elimina el árabe como lengua cooficial. El 24,6% de la población de Israel (1,9 millones de habitantes) no profesa el judaísmo. Casi un millón y medio son árabes.

En verde, países que han reconocido a Palestina. CC BY-SA 3.0

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